A 24 años de la desaparición forzada de José Ramón en Cuautla: Ni perdón, ni olvido, justicia!

De José Ramón a la actualidad hay una historia de desapariciones que lacera la dignidad humana.El 16 de diciembre de 2012 se cumplen 24 años de la desaparición  de José Ramón García Gómez en Cuautla. Hasta la fecha no hay esclarecimiento total del caso, aún cuando se encuentran presos tres policías, acusados de su desaparición forzada durante los gobiernos priistas de Salinas de Gortari y de Antonio Riva Palacio, quien ahora se desempeña como asesor político del gobierno de Graco Ramírez.

Cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez en 1988 se iniciaba el terrible sexenio de Salinas de Gortari que significó más de 600 asesinatos de activistas de oposición. Fue necesario realizar una marcha por la vida a Gobernación, huelgas de hambre, mítines y foros internacionales, intervención de Amnistía Internacional y la creación de una Fiscalía Especial, para enjuiciar a los responsables directos pero no así a los que ordenaron la creación de una policía represiva y una política violatoria a los derechos humanos, mismos que siguen impunes. El PRI-Gobierno manchado de sangre. El mismo que regresa hoy a los Pinos producto del enésimo fraude electoral que tiene a 13 jóvenes y una mujer enfermera injustamente presos políticos, lo que demuestra una política criminal de Estado que tiene repercusiones graves entre la población. No puede haber justicia si no se establece plenamente la verdad de lo ocurrido. José Ramón no era terrorista como lo presentaron los informes policiacos. De José Ramón nunca se ha localizado, ni vivo ni muerto, sus familiares emigraron o han muerto, sin despejar una duda lacerante sobre lo ocurrido con él. Ante los miles de desaparecidos en México durante la absurda guerra de Calderón, estos ejemplos muestran que es necesario seguir exigiendo el respeto pleno a la vida y la libertad, entendiendo el binomio verdad-justicia como parte sustancial de la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país. Una desaparición forzada ocurre cuando una autoridad (o un particular actuando con la protección de una autoridad) detiene a alguien, luego niega tal detención y no da información sobre la suerte o paradero de la persona afectada, con lo que la sustrae de la protección de la ley. La tipificación debe cumplir con todos los elementos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; incluyendo todos los elementos del delito reconocidos por los tratados internacionales y por el derecho internacional consuetudinario: la imprescriptibilidad y el carácter permanente del delito, la imposibilidad de conceder indultos o amnistías, la imposibilidad de considerar la obediencia a superiores como justificación de este crimen y una protección especial a ciertos sectores como migrantes, indígenas, niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. En estos momentos es importante hacer un recuento de los daños, para sumar a la memoria colectiva, y no olvidar los crímenes cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón.  Según datos recientes más de 25 mil personas han sido desaparecidas, más de 100 mil han sido asesinadas y más de 1 millón y medio han sido desplazados de manera forzada, así como también existen más de 45 mil huérfanos a consecuencia de la violencia desatada por  la supuesta  “Guerra contra el narco”. El Sexenio de Calderón, nos deja  miles de violaciones a los derechos humanos que permanecen en la impunidad, violaciones que por su gravedad constituyen Crímenes lesa humanidad que conllevan la completa responsabilidad para el Estado, porque este no sólo no ha sido capaz de respetar los derechos más fundamentales, sino que también con su omisión y aquiescencia permite que estos crímenes se sigan cometiendo y se sumen a los miles más que permanecen sin castigo desde hace más 40 años.  

Por ello, en el marco del aniversario de la desaparición de José Ramón, no dejamos de externar nuestro repudio y rechazo a estos crímenes de lesa humanidad, a seguir denunciando al Estado mexicano por la sistemática violación de los derechos humanos y exigir el juicio y castigo para Felipe Calderón y sus cómplices, así como lo exigimos contra Salinas, Echeverría y Riva Palacio.

Conocemos los antecedentes de Enrique Peña Nieto, y eso nos obliga a estar alertas, a no permitir estigmatizar a las personas que haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta social, sale a las calles a manifestar su inconformidad. Pues no es el pueblo el que ejerce la violencia, es el Estado, quien de manera sistemática violenta todos los días nuestros derechos fundamentales,  y quien ejerce la violencia para cerrar cada vez más los espacios de manifestación y disidencia, lo que hace es criminalizar la protesta social. La protesta social es un derecho humano y el Estado es quien está obligado a garantizarlo y también es nuestra obligación ejercerlo y hacerlo respetar. Por ello, debemos continuar la lucha para lograr la libertad de los 14 que aun se encuentran detenidos del primero de diciembre y en general para lograr el respeto de los derechos humanos de todo el pueblo, porque el derecho a no ser detenido desaparecido sea una realidad y los desaparecidos sean presentados con vida y los responsables sean castigados. Conforme lo establecen los tratados internacionales vinculantes suscritos y ratificados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida. Además del carácter de delitos permanentes que tienen las desapariciones, otro motivo por el cual es indispensable que se investiguen y juzguen los casos ocurridos durante el gobierno anterior es que algunas personas que fueron obligadas a confesar mediante torturas aún se encuentran encarceladas por delitos que no cometieron. El clima de violencia, miedo, falta de solidaridad que crea la militarización tiene un efecto de control social y de una suerte de “limpieza social” cuando resulta que la mayoría de las víctimas de esta guerra son pobres, jóvenes y mujeres, estigmatizados como delincuentes, sicarios o narcos. El clima de miedo estimula o busca justificar los llamados a más represión, control militar o policiaco, reformas legales que incremente penas y también la venganza en vez de la justicia. Siendo diferentes los casos derivados de la represión política contra la disidencia, como son los desaparecidos que reclamamos, de los casos actuales derivados de la llamada guerra contra la delincuencia, hay un punto de continuidad. El salvajismo, la crueldad y el cinismo que vemos en la actualidad están alimentados por la impunidad que ha prevalecido en relación a los casos del periodo anterior. Por lo anterior es que el problema es político, de responsabilidad y voluntad políticas y no simplemente de nuevas leyes.  Los crímenes de lesa humanidad lo son desde antes y los derechos violados de las víctimas son derechos sin necesidad de reagruparlos y “volver a reconocerlos”. La descomposición social y política y de instituciones del Estado que se vive actualmente hace que, aunque hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, la impunidad, falta de voluntad política de la autoridad en todos sus niveles, la corrupción y complicidad frente a este delito de lesa humanidad y las demás violaciones a derechos humanos convierte avances legales, en gestos que son utilizados por el poder para ponerse una máscara y hacerse propaganda como respetuoso y preocupado por la vigencia de estos derechos, al mismo tiempo que los atropella y viola sistemáticamente. Por ello, en Morelos es fundamental que se apruebe la tipificación de la desaparición forzada por el Congreso del estado y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares. Será la forma de reconocer que a 24 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales.

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