A Sangre y fuego…

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

 Las protestas contra Peña Nieto en Morelos se llevaron a cabo de manera unitaria entre el Pacto por la Soberanía Alimentaria, Morena y #Yosoy132, fortaleciendo un polo de lucha independiente hoy más necesario que nunca, ante la grave situación política nacional. Lo que observamos este 1º de diciembre del 2012 en los alrededores del Palacio Legislativo, en Bellas Artes, en las inmediaciones del Zócalo, en Reforma, fue un operativo policiaco-militar, en el que el gobierno federal tomó el control de las fuerzas represivas, para cercar, reprimir y arrestar a los estudiantes del movimiento estudiantil #YoSoy132 y organizaciones sociales. Lo que vimos este día funesto fue un operativo montado no para evitar protestas sino para reprimir al movimiento opositor en su protesta legitima. El primer día empieza a cumplir lo prometido: pacificar el país con represión, acallar las protestas, impedir que se escuchen gritos denunciado el fraude o exigiendo democracia.

Decenas de heridos e intoxicados, al menos siete de ellos de gravedad y uno con exposición de masa encefálica, 92 detenidos y un número indefinido de desaparecidos es el saldo de la violenta jornada de represión de este 1 de diciembre, en el marco de las protestas por la toma de la presidencia de Enrique Peña Nieto.

La llegada del PRI representa la continuidad neoliberal de los gobiernos panistas y la estrategia de guerra de Calderón como lo anuncia el nombramiento que hizo Peña del General Naranjo, artífice de la paramilitarización y del Plan Colombia en aquella nación y ahora asesor principal de “seguridad” del nuevo gobierno.

Peña Nieto representa la profundización y perfeccionamiento de una política  que será de continuidad de la “guerra contra la delincuencia organizada”, guerra que, en los seis años de gobierno de Calderón, dejó más de 100 mil homicidios dolosos y más de 10 mil desapariciones forzadas, que permanecen en la impunidad y que se verán incrementados en los próximos años, de continuar con esta política de seguridad nacional. Durante estos años, el incremento alarmante de casos de desapariciones forzadas en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, y en contra de personas que no tienen un activismo político, evidenciando con ello que la desaparición forzada es una política del Estado mexicano.

 

Lo grave es que este gobierno dará continuidad a esa estrategia de combatir, no al narcotráfico, si no al pueblo y a las organizaciones que se manifiestan y organizan para defender los derechos humanos en el país. La continuidad de esta política traerá consigo el incremento de crímenes de lesa humanidad, como ya lo estamos viviendo. El PRI ha sido uno de los principales responsables de cometerlos. Aún siguen en total impunidad más  de 1200 casos de desapariciones forzadas que se cometieron durante el periodo de la guerra sucia,   y que miles de familias siguen exigiendo que se encuentre a los desaparecidos y se castigue a los criminales. EPN representa a ese partido de antaño, que no ha cambiado, a ese  gobierno represivo, autoritario, que ha marcado la historia de nuestro país por las graves violaciones a los derechos humanos que ha cometido.

 

Con este gobierno se bañó de sangre a nuestro país, también se prepararon las reformas llamadas “estructurales”, las cuales, como sabemos no traerán beneficios para el pueblo, traerán consigo una mayor pobreza y la legalización de aquello que era ilegal, con la finalidad de acotar la libertad del pueblo a manifestarse y organizarse, violando así, el derecho que tenemos a la protesta social.

 

Los miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por Calderón, hasta ahora, se quedan en la impunidad, pero es nuestro deber y derecho exigir el juicio y el castigo para él y sus cómplices, por ello debe ser enjuiciado y castigado en instancias internacionales.

Las manifestaciones de rechazo a la llegada de Peña Nieto son una muestra de la inconformidad que se vive en el país por la sistemática violación a los derechos fundamentales del pueblo, y es evidencia del contexto que se avecina. Por esta razón, es importante que las organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares y familiares de victimas en el país, nos mantengamos al tanto, alertas de lo que ocurra, para denunciar y exigir de manera unida y organizada, que nuestros derechos humanos sean respetados.

 

Por si alguien lo dudara, ha regresado el PRI, con todo su autoritarismo represivo, conquistando a la autodenominada “izquierda” institucional, funcional al sistema y al régimen, para hacer “acuerdos nacionales”, dispuesto a seguir el remate de lo común y lo público al capital extranjero, encarrerado para imponer nuevas contra-reformas al pueblo mexicano, formando sus grupos de choque paramilitares, ensayando ya el mando único contra los estudiantes para luego aplicarlo en la ocupación del territorio vendido a las mineras o a otros megaproyectos de despojo y saqueo de las riquezas del país. No lo lograrán.

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