La inseguridad en Morelos requiere medidas urgentes.

Llevar a cabo un cambio de estrategia para combatir violencia, impunidad y corrupción.

Un pacto desde arriba para legitimar prácticas nocivas debe ser combatido con un pacto social desde abajo.

Las expectativas de la sociedad morelense ante el nuevo gobierno están sufriendo un paulatino desencanto, debido a la continuidad sin ruptura de las mismas políticas que ya han demostrado plenamente su fracaso para garantizar seguridad y tranquilidad social y derecho a una vida digna, por lo que es necesario plantear una alternativa que no surgirá de otro lado sino de la sociedad civil organizada desde abajo. Lejos de planteare una nueva visión, el gobierno de Morelos se ha sumado de manera acrítica a un pacto propuesto por la vieja oligarquía priista que regresa al poder para seguir imponiendo su visión capitalista, neoliberal, represiva y antidemocrática.

No podemos dejar de mirar la naturaleza del Estado contemporáneo y el contexto del país para poder hablar de pendientes (y objetivos) en derechos humanos.

Los firmantes del pacto revelan quizá el principal problema para un estado de derecho democrático en México, esto es, el monopolio del poder político concentrado en los partidos, y los intereses
particulares que representan. En lugar de proponer un modelo de democracia deliberativa donde se garantice el derecho de la participación política de la población desde lo local, con representaciones reales de la diversidad política y social del país, se propone fortalecer el modelo oligárquico donde unos cuantos deciden (y del que todos los partidos se benefician), a cambio de candidaturas ciudadanas sin representación, y la reglamentación a la iniciativa ciudadana y a la consulta popular.

En lugar de ofrecer fortalecer la independencia del poder judicial, de dotar de autonomía a la procuración de justicia y eliminar el monopolio de la acción penal para destrabar la politización de la justicia y la impunidad, ofrece un solo código penal y un sólo código de procedimientos penales, a cambio agilizar la implantación del modelo de justicia oral y acusatorio.

En lugar de proponer dejar de abusar de la prisión preventiva propone la construcción de más cárceles, a cambio de un sistema de cumplimiento de penas menores por servicios comunitarios.

En lugar de proponer una política de seguridad con un enfoque preventivo y ciudadano, insiste en el uso de la fuerza, concentra el poder policiaco y crea una policía militarizada “como un cuerpo de
control territorial que permita el ejercicio de la soberanía del Estado”, a cambio de “una ley sobre el uso legítimo de la fuerza” (compromiso 28), “la ley de víctimas” (compromiso 27) y reforzar mecanismos de protección a defensores (compromiso 29).

Las políticas frente al crimen no parecen que vayan a cambiar con la nueva administración.  El otro gran frente de lucha de defensoras y defensores en el país, es el derivado de la violencia si no generada al menos alimentada por el Estado.

Frente al Pacto signado desde las alturas del poder, debemos empujar por un pacto social desde abajo que ponga en el centro la defensa de los derechos humanos.

Es claro que se requiere analizar las declaraciones de intención, como los pasos concretos que este gobierno da, pero, de ninguna manera bajar el nivel de exigencia que hemos mantenido y que, consideramos, está en la base del premio que se otorga a todas las organizaciones que formamos parte de la REDTDT.

El tema de la inseguridad en Morelos, visto en la perspectiva de las declaraciones de intención gubernamental y la práctica real, nos lleva a sacar la conclusión siguiente:

La sociedad en Morelos no puede esperar 18 meses para terminar con el flagelo de los asesinatos cotidianos, que durante este año superan la cantidad de 500, de feminicidio ya superior al del año pasado, de violencia criminal contra jóvenes y para estupor social, de niños menores de 16 años hasta el grado de afectar a bebés. Pero si la violencia criminal es grave, el hecho de mantener el mismo esquema policiaco y militarista no ayuda en nada a corregir, superar o combatir realmente el problema de la violencia y la inseguridad mediante la impunidad y la violencia institucional que afecta cada vez más a personas a quienes no se les respeta la presunción de inocencia, se les detiene arbitrariamente, se les exhibe como integrantes de bandas de secuestradores, se les estigmatiza públicamente, se les somete a torturas y a privación ilegal de la libertad y, cuando alcanzan la libertad por falta de elementos para procesar, ninguna autoridad es llamada a cuentas por los abusos cometidos.

La omisión del gobierno actual es grave en casos que involucran a la Procuraduría en temas delicados que se tratan de ocultar, pero que muestran la grave corrupción que atraviesa a las diversas instituciones y ponen en riesgo a un número creciente de personas. No se trata solo de un problema delictivo, sino de los mecanismos que garantizan impunidad y corrupción.

Ante ello, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos considera que es urgente:

Primero: Para dar certidumbre a la sociedad morelense, se requiere esclarecer inmediatamente todas las detenciones arbitrarias que se han estado presentando por parte del Ejército y la policía, violando la presunción de inocencia.

Segundo: Asumir la responsabilidad de iniciar un proceso de verdadera autonomía de la procuración de justicia, para que no se quede simplemente en un intento fallido de elegir una nueva terna que siga sin siquiera cumplir los requisitos mínimos.

Tercero: Esclarecer ante la opinión pública el estado que guarda el estado de Morelos en materia de seguridad pública y niveles de incidencia de los delitos y crímenes cometidos, con esquemas de participación social que permitan aplicar políticas sociales y modificar las estrategias que no han dado resultados, desmilitarizando y combatiendo frontalmente la impunidad y la corrupción.

Cuarto: La omisión en el cumplimiento de las responsabilidades oficiales implica que desde el poder legislativo se establezcan los contrapesos que la sociedad necesita frente a un gobierno que incumple con lo fundamental de sus responsabilidades para garantizar seguridad pública, derecho a la vida y la libertad, con respeto a los derechos humanos de todas y todos los morelenses.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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