LOS DERECHOS HUMANOS, LA TAREA PENDIENTE DE LOS GOBIERNOS ELECTOS[1]

Nuestra labor y trayectoria nos ha llevado  además, a atestiguar tanto avances y compromisos asumidos, como abusos y acciones incumplidas en materia de derechos humanos.

No obstante, en los últimos años se ha constatado que sucesos como desapariciones forzadas, feminicidios, discriminación en el sistema de justicia, discriminación por parte de las autoridades e instituciones públicas, abusos de las fuerzas de seguridad pública, agresiones a defensoras y defensores, omisión de las autoridades en la implementación efectiva de medidas de protección, afectaciones a derechos laborales, abusos contra las personas migrantes, violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas; por mencionar algunos, han aumentado en  frecuencia y gravedad.

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la agudización de la violencia contra las mujeres. De acuerdo con el informe de ONU mujeres, la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidios, aumentó 68%  entre los años 1985 a 2006. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, por su parte,  registró en los últimos cuatro años 3139 muertes violentas contra mujeres, en tan sólo 13 Estados del país. Lo anterior, sin contar que en Chihuahua la discriminación de género se traduce en la forma de violencia extrema a la que fueron sometidos  cuerpos de mujeres (tortura, mutilación, quemaduras, violencia sexual, entre otras). Adicionalmente, se han identificado graves problemáticas que impactan en el acceso a la justicia para mujeres, como los feminicidio, las desapariciones de mujeres y niñas, y la criminalización de las mujeres en varios estados del país por ejercer su derecho a decidir sobre una maternidad libre y voluntaria.

Otro tema de preocupación consiste en el aumento considerable de actos ocasionados por las autoridades mexicanas que afectan derechos básicos de las personas transmigrantes,  migrantes (internas y externas), solicitantes de asilo y refugiadas.  También llamamos su atención sobre la grave situación de secuestros de personas migrantes en tránsito, sobre la vulnerabilidad intrínseca en que se encuentran las y los niños y adolescentes migrantes no acompañados, y de aquellas personas que trabajan en el sector de servicios y en trabajos informales, centros de entretenimiento en donde viven en condiciones de sobre explotación laboral o son víctimas de trata de personas.

Por otra parte, la situación de vulnerabilidad y discriminación en la que viven los pueblos indígenas en México, es reflejo del desprecio, el despojo, la explotación y represión que a lo largo de los años el Estado ha ejercido contra quienes ahora se ubican en los peores índices de desarrollo humano. La falta de implementación adecuada de un marco legal, incluyendo la reforma Constitucional al Artículo 1, agrava el problema estructural de la discriminación en un contexto donde, los derechos de los pueblos indígenas son considerados oficialmente protegidos por estas normas, pero las instituciones replican patrones históricos de discriminación.

La falta de políticas públicas que atiendan estas causas estructurales de la pobreza extrema que generen una verdadera política benefactora y de desarrollo, no solamente asistencialista, se mantiene como el mayor obstáculo para erradicar la marginalización y discriminación.

Ahora bien, en lo que respecta al tema ambiental, debe decirse que en México, la destrucción ecológica, la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, la explotación irracional de recursos naturales y la contaminación de agua y aire, entre otros, son situaciones que vulneran no solo nuestro derecho a un medio ambiente sano sino una serie de derechos humanos vinculados. A pesar de la existencia de una gran variedad de leyes y normas en materia ambiental su aplicación y efectividad es deficiente y en ocasiones nula.

En un clima adverso para el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, muchos de nuestros colegas han sido objeto de amenazas, hostigamiento, criminalización, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y homicidio. Creemos fundamental que las propuestas que sean impulsadas desde las organizaciones sean vistas también como una obligación que tiene el Estado mexicano de garantizar un ambiente de trabajo propicio para la defensa de los derechos humanos y de impulsar acciones que pongan fin a la impunidad.

Finalmente hacemos hincapié sobre la falta de mecanismos para una verdadera participación en espacios de diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas por parte del gobierno en coordinación con la sociedad civil.  En este sentido, es necesario un reconocimiento del Estado Mexicano de la labor de defensores y defensoras de derechos humanos, en el marco de una democracia participativa.  Ante lo anteriormente expuesto, hacemos un llamado para que hagan un compromiso explicito en relación con el respeto a los derechos humanos y los deberes que tiene el Estado mexicano, frente a las obligaciones que éste ha adquirido a través de la suscripción y ratificación de los distintos instrumentos internacionales, en el entendido de que los derechos humanos constituyen el parámetro de legitimidad de cualquier Estado democrático.

Adicionalmente, les instamos a que lejos de abordar el tema de derechos humanos como una bandera política o un mecanismo para incrementar la simpatía, fijen posturas y compromisos claros, accesibles y permanentes en los asuntos cruciales que constituyen una agenda mínima para asegurar la vigencia de los mismos. Pues el respeto a los derechos humanos no debe ser una dádiva ni un elemento marginal de sus programas de gobierno, sino un componente transversal que oriente la acción gubernamental de forma integral; sobre todo ante una coyuntura como la presente, marcada por una emergencia nacional por la crisis de violencia y la falta de justicia.


[1] Estrada Muñoz, Paloma y José Martínez Cruz. 2012. https://cidhmorelos.wordpress.com/

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