Amparos contra la reforma laboral

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

 El 10 de enero concluye el plazo legal de amparos contra la reforma laboral. Nos hemos sumado a las voces que señalan que es altamente lesiva de los intereses de millones que sólo tienen su trabajo para sobrevivir. Por ello, hoy apuntamos que todas las personas podemos interponer amparos individuales, grupales o por sindicato, para defender los derechos humanos laborales ganados durante décadas de lucha de la clase trabajadora. No solo los que tienen un patrón pueden interponer los amparos, sino la ciudadanía, ya que se violan derechos constitucionales, y si no se tiene un empleo formal hoy, mañana se puede ver afectado por esta reforma al solicitar un nuevo empleo, donde ya no obtendrá prestaciones.

Dicha reforma, se puede impugnar mediante el formato que se encuentra en la página electrónica: www.amparoreformalaboral.org en la que podrán encontrar el formato de amparo, un manual para documentarlo, el juzgado donde deberán presentarlo,  según su ubicación geográfica y cómo darle seguimiento. El amparo debe presentarse antes del 10 de enero de 2013, fecha en que concluye el término de ley para impugnar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo.

La reforma laboral debe derogarse porque es restrictiva, regresiva y violatoria de los derechos de toda la clase trabajadora. Esa ley, lo que hace, es impedir que se nos otorgue un salario digno por nuestro trabajo capaz de solventar nuestras necesidades.

Al aplicarse, la reforma laboral profundizará, todavía más, el trabajo precario en todas sus dimensiones, abaratando la mano de obra en beneficio único de los patrones. Quienes promovieron y votaron la aprobación de la reforma mienten cuando pretenden  hacernos creer que ha habido grandes avances en materia laboral.

La realidad que enfrenta la clase trabajadora mexicana se refleja en un aumento en el desempleo, que rebasa ya la tasa de 15 por ciento, casi el triple de lo que indican las cifras oficiales. En la informalidad, dice la propaganda gubernamental, se encuentran 14.1 millones de personas, pero si se considera a aquellos que no tienen acceso a instituciones de salud o a las prestaciones mínimas de ley, el número asciende a 31.1 millones.

Aún si tomamos en cuenta las cifras oficiales existe un rezago acumulado de más de 4.6 millones de puestos de trabajo. Cada año se requieren 1.1 millones y apenas se crearon en promedio 335 mil plazas formales cada año, de las cuales una gran proporción son empleos tercerizados o precarios, como ejemplo: sólo 34.9 por ciento de los ocupados tiene acceso a servicios de salud.

Si tenemos en cuenta que el universo de trabajadores tercerizados o subcontratados se encuentra por debajo de las condiciones laborales de quienes son contratados directamente, la situación se agrava dada la progresión exponencial de este tipo de contratación, más de 40 por ciento de los nuevos puestos en los últimos 15 años, puesto que con este fenómeno se promueve una marginalización creciente de los trabajadores mexicanos.

El salario remunerativo es otra de las grandes deudas,  ya que en el sexenio de Calderón el desplome del poder adquisitivo de los salarios superó 25 por ciento. El precio del kilogramo de tortilla se elevó 70.5 por ciento; el de huevo blanco más del 120 por ciento; arroz, 47.8 por ciento; frijol bayo, 127.3 por ciento, y el litro de aceite vegetal, 83 por ciento. En 2006 con un salario mínimo se podían comprar siete kilos de tortilla, hoy alcanza para cinco. En relación con el huevo, 14 por ciento de la población ha dejado de comprarlo por su alto costo y 64 por ciento redujo su consumo.

De todo este oscuro panorama las personas mas afectadas son las del sector juvenil. De los 36.6 millones de mexicanos jóvenes, 19.5 por ciento no estudia ni trabaja y 5.1 millones vive en pobreza extrema. Sólo uno de cada tres jóvenes que ha buscado empleo lo consigue en el sector formal; de los empleados casi la mitad trabaja en condiciones precarias, sin prestación alguna. Del total de desempleados, 57 por ciento pertenecen a este sector. Son precisamente las juventudes mexicanas quienes resultan más afectadas con la reforma laboral impuesta por patrones en complicidad con el gobierno y la mayoría del Poder Legislativo. Con los contratos de capacitación y a prueba, el pago por hora y la multifuncionalidad, se les condena a una vida sin certeza en el empleo, a saltar de “chambita en chambita”, con sueldos de miseria, sin acceso a la salud y sin prestaciones que les den certeza a futuro.

Detener esta ofensiva empresarial requiere actuar jurídica y socialmente, organizados y movilizados, para defender los derechos laborales, colectivos, del pueblo trabajador.

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