Archivo mensual: abril 2013

20 años de feminicidio son suficientes!

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Si quieres enfrentar un problema no le des vuelta, asume las consecuencias: hace 20 años empezó una lucha contra el feminicidio en México. Mujeres trabajadoras que salían a las fabricas maquiladoras de Ciudad Juárez,  a trabajar en tres turnos, por lugares sin servicios públicos, transportándose en autobuses por largos recorridos desde sus lugares de descanso hasta las zonas industriales, con bajos salarios pero mayores a los que obtenían en sus lugares de origen, divirtiéndose los fines de semana en la zona de recreo más grande de la frontera hoy completamente desolada, fueron las primeras víctimas de una violencia sexual que creció al amparo de la impunidad y de una violencia feminicida, machista, misógina, alentada por funcionarios y medios de comunicación insensibles a los derechos de mujeres jóvenes que desafiaron los roles establecidos, se lanzaron como migrantes hacia Estados Unidos, fueron detenidas por la política migratoria yanqui y la complicidad del gobierno mexicano. El feminicidio como una política del asesinato de las mujeres. Si, una política diseñada, estructurada, planeada, implementada por un sistema de complicidades que permitió al feminicida contar con el respaldo de una sociedad profundamente desestructurada, así como de policías, agentes ministeriales, jueces y periodistas corruptos que obtenían ganancias altas mientras más exhibían los cuerpos destrozados, en aquel momento denominadas “muertas de Juárez”. 20 años han pasado desde entonces. Hace unos días mujeres de diversas partes del país se reunieron para recordarlo y hacer un balance de qué es lo que ha pasado en este desangrado país donde mueren cotidianamente mujeres víctimas de esta violencia feminicida. Ahora tenemos un panorama que sucintamente nos muestra que “A diario, son asesinadas de cuatro a cinco mujeres en el país. En las 32 entidades federativas se cometieron 4 mil 379 feminicidios, de 2007 a 2009, revelan los registros oficiales de defunción. La cifra supera los crímenes contra el género femenino ocurridos durante los tres primeros años de los gobiernos de Salinas, Zedillo y Fox; además, contrasta con los 4 mil 419 registrados en 17 entidades, de 2007 a 2012, que contabilizó la Comisión Especial de la Cámara de Diputados. Éste ha sido el año más violento para las mujeres respecto del periodo 1985-2009, pues se contabilizaron 1 mil 858 asesinatos, descubre el estudio Feminicidio en México. Aproximaciones, tendencias y cambios, 1985-2009. Elaborado por la Comisión Especial para Conocer y Dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios en el país, de la LXI Legislatura. En Morelos la documentación de casos se remonta al primer estudio realizado en el año 2005 en colaboración con Marcela Lagarde, que está disponible en el Congreso de la Unión. Actualmente su tipificación en el Código Penal ha significado un paso legal pero sin otras medidas es insuficiente. En este sentido, cuando denunciamos que durante el año 2013 van 15 feminicidios en Morelos y exigimos la Alerta de violencia de Género, somos severamente atacadas por el gobierno que trata de minimizar las muertes violentas de mujeres y utiliza argumentos muy similares al gobierno anterior. No hay medidas que se estén tomando para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en Morelos. El Feminicidio es creciente en Morelos a la par que la impunidad. Los hechos son más crueles: ¿Es responsabilidad solamente de las autoridades enfrentar el feminicidio? Por supuesto que no. Sería reducir todo a un problema de legalidad o de autoridad. No es nuestra opinión en ese sentido. Hemos dicho y analizado que son procesos estructurales de una sociedad capitalista en crisis, donde la violencia feminicida es una demostración palpable de la barbarie a la que hemos llegado. Y en ese sentido hay responsabilidad social, cultural, política, de toda la población. ¿Cómo entender que el feminicidio vaya en aumento a plena luz del día? Porque existe temor para denunciar, prevalece el silencio impuesto socialmente, la complicidad y la justificación de los que consideran culpables a las mujeres en cualquier circunstancia. La soledad en medio del temor. Prevalece la lógica de que dentro del domicilio pueden estar matando a alguien y nadie debe meterse. Es parte de una forma de relación social insolidaria que se va imponiendo ante el fundado temor de verse implicado en acusaciones legales o venganzas que nadie desea. Impunidad es lo que prevalece en  la mayoría de los casos documentados en lo que va de 2013. Y es aquí donde la autoridad no cumple su función: pueden pasar meses y años y no se integran adecuadamente las carpetas de investigación. No hay pruebas periciales, no hay investigación científica, no hay estudios criminalísticos. Eso en cuanto a la procuración de justicia. Pero, en el gobierno existe una instancia de coordinación para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que no da resultado alguno. Las muertes de las mujeres continúan en Morelos. Ese dato de la realidad va más allá de las declaraciones demagógicas de funcionarios que descalifican las voces críticas que reclamamos un alto al feminicidio. insistimos: Alerta de violencia de Género ya!

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EXIGIMOS AL EJECUTIVO FEDERAL SE EMITA LA DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS

15 de Abril del 2013

 ENRIQUE PEÑA NIETO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESENTE:

 La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, con domicilio en Privada de las Flores 16, Colonia San Anton, en Cuernavaca, Morelos con teléfono 7773185568, por este medio nos dirigimos a usted para exponerle la siguiente solicitud urgente y de la que solicitamos una pronta respuesta.

El Feminicidio en el Estado de Morelos es una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a los largo de los años. Del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos; en el 2006 fueron 20; en el 2007 el número de casos aumento a 29; en el 2008 la cifra de feminicidios creció a 31; en el 2009 se documentaron 36; hasta octubre del 2010 fueron 40; en el 2011 la cifra se repitió quedando en 40 y en el 2012 sumaron 39. En lo que va del 2013[1] son ya 15. Mientras que son 25[2] los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio (Yecapixtla, Cuernavaca, Puente de Ixtla, Tepoztlan, Emiliano Zapata, Ayala, Zacatepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Jonacatepec, Huitzilac, Temixco, Jiutepec, Miacatlan, Axochiapan, Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango, Atlatlahucan, Mazatepec,Tlayacapan, Tepalcingo, Tetecala, Tlaltizapan).

La mayoría de las mujeres asesinadas fue en su hogar, el resto se desconoce, pero sus cuerpos fueron hallados en la calle, en baldíos, barrancas, en una construcción, en el río, en cuartos de hotel o en casas de secuestro. Todas ellas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron humillaciones; fueron golpeadas hasta la muerte. Todas quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas, amenazadas, vivieron la más extrema impotencia de indefensión.  Atender la violencia feminicida es un reclamo de toda la sociedad, y en particular, de todas las personas allegadas (amistades y familia) que se quedan con un gran vacío y sin justicia.

Ante esta violencia extrema contra las mujeres y niñas en el Estado de Morelos, no se han hecho acciones efectivas para la prevención, tratamiento, combate y erradicación de este delito en la entidad, pese a que hay cifras claras y estadísticas[3]que permiten conocer la gravedad del problema.

 

Y más aún, cuando Morelos cuenta con su propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde el 2007, que establece los principios y criterios que deben orientar las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en materia de prevención, atención y acceso a la justicia.

 

Sin embargo la respuesta ante esta problemática por parte del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, de la Presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso y de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado ha sido nula[4]. Mientras que por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), de la Secretaria de Seguridad Publica (SSP) y del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos (IMEM)no tienen información en concreto del tema y por tanto no están llevando ninguna tarea tendiente a eliminar la situación de riesgo que viven hoy en día las morelenses[5].

En este sentido, ningún gobierno está o debe estar eximido de asumir la responsabilidad que le demanda la ley y la ciudadanía. Por lo que es  Urgente que nadie cierre los ojos ni voltee la vista hacia otro lado cuando está creciendo gravemente la violencia contra las mujeres y acentuándose en su forma extrema, el feminicidio. Que se consuma porque las autoridades omisas, negligentes y/o coludidas con agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional, al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuir a la impunidad. Puesto que en Morelos lejos de disminuir los casos de feminicidios,vemos como se acrecientan.

Estos hechos conllevan la ruptura del Estado de Derecho y visibilizan la incapacidad del Gobierno Estatal para garantizar la Vida de las Mujeres. Por tanto, los feminicidio representan una Violencia Institucional al violar lo estipulado en los Artículos 18[6], 19[7] y 20[8] de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así en un crimen de Estado.

Ante lo cual y con base en el CAPITULO V DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES en su Articulo 24[9], Fracciones I[10] y III[11] de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, solicitamos se EMITA la DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS.

Asimismo, apelamos a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, 1979); a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Belem do Para” (1994); y los demás Convenios Internacionales Firmados y Ratificados por el Gobierno Mexicano tendientes a proteger y promover los Derechos Humanos de las Mujeres y de la sociedad en su conjunto.

 

 

Atentamente,

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos  A. C.

 

 

______________________

Juliana G. Quintanilla, Coordinadora General.

 

 

______________________

José Martínez Cruz, Coordinador de Comunicación.

 

 

______________________

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de Derechos de las Mujeres.

 

 

______________________

Marco Aurelio Palma Apodaca, Coordinador Jurídico.

 

 

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Entre remodelaciones y sabotajes el ALM


Marco Aurelio Palma Apodaca 

EL MERCADO ALM Y SU IDENTIDAD¿Otro incendio más? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando los reiterados y oscuros intentos por desaparecer nuestras únicas fuentes de empleo y de sobrevivencia?

Es una realidad que por años se ha tratado de aniquilar nuestro mercado regional, el mismo que aún refleja en sus construcciones y demás formas la identidad y cultura de nuestro pueblo y que por su historia de cerca ya de medio siglo, el mismo ha llegado a convertirse en un referente de visita obligada para turistas nacionales y extranjeros que llegan a conocerlo de manera personal y directa, descubriendo en el mismo los más variados rasgos culturales que aportamos cotidianamente todas las distintas generaciones de comerciantes tanto mestizos como indígenas del ALM. No se nos puede escapar el hecho de decir que estos elementos sociales se confrontan y resisten diariamente a las variadas formas y embates del Capitalismo, tal como los fríos centros comerciales tipo Wal Mart. En dicho contexto señalamos que un ejemplo representativo de la actual tendencia oficial y privatizadora y de abandono de los espacios públicos lo marca sin duda el caso especifico del Mercado López Mateos, es decir la indiferencia institucional ha contribuido poco a poco y en forma notoria a que el ALM hoy se encuentre en un estado general de crisis, tanto de tipo material como administrativa. Sus condiciones e infraestructura en lo general presentan un considerable deterioro; nunca se ha mostrado la sincera preocupación de las Autoridades anteriores y actuales por invertir RECURSOS ECONÓMICOS PÚBLICOS que ayuden a resolver en gran medida dicha problemática. Pasan los meses y los años y tampoco se nota ni se brinda el adecuado mantenimiento a sus instalaciones; tal pareciera que nunca se quisiera transformar dicho estado actual de las cosas, para que en un momento dado se lograra tener el pretexto sobrado y perfecto para entregarlo total o gradualmente a la iniciativa privada. Hoy más que nunca mantenemos el fuerte compromiso de defender nuestro mercado popular, que no significa otra cosa más que defender de algún modo los preciados espacios públicos que aun tiene Cuernavaca. Por dichos motivos no debemos permitir más actos de sabotajes en sus instalaciones, áreas y diferentes espacios del Mercado López Mateos, tal como el reciente incendio (que contó con varias explosiones casi al mismo tiempo y precisamente en puntos estratégicos a determinadas distancias con el obscuro objetivo de que explotaran varios tanques de gas y un estacionario de gran capacidad que se encuentra todavía en el techo de una conocida tortillería) logrando arder en llamas 16 puestos de comerciantes semifijos en la noche del miércoles 3 de abril. Hoy más que nada debemos de estar atentos al seguimiento de las respectivas investigaciones emprendidas por la Procuraduría de Justicia del Estado, exigiendo que las mismas sean apegadas a la verdad y conforme a derecho, apoyadas en Peritajes que no reflejen fallas o resulten incorrectos (ya que esa noche del incendio y al siguiente día por omisiones y negligencia de algunos funcionarios y cuerpos policíacos se contamino en cierto nivel el lugar de los hechos, es decir no hubo el debido reguardo del área acordonada, al extremo de que varios peatones caminaron en medio del área de siniestro y algunos de los comerciantes llegaron a abrir y limpiaron sus locales con la suerte de que tal vez algún indicio o evidencia pudo haber sido borrado). Es bastante difícil que se logre al final esclarecer los causas del siniestro y ya en un momento dado y si es el caso se pueda lograr ubicar y aprehender a los responsable materiales e intelectuales del incendio, y  conseguir que a las y los afectados se les reparen los daños causados en sus puestos y mercancías; que hasta la fecha no han sido indemnizados y tampoco se les ha brindado el apoyado económico que hace pocos días les prometió tanto el Gobierno del Estado como el Municipio, solo los han traído “a vuelta y vuelta” y en un laberinto burocrático. En el mismo sentido el “Movimiento 17 de Mayo” del ALM ha denunciado los actos de sabotajes que pretenden minar el activismo político de los grupos sociales de comerciantes democráticos.

¿Hasta cuándo vamos a seguir con ese temor fundado de que ocurra otro sabotaje más en forma de incendio? ¿Por qué y siempre de manera casual han ocurrido todos los incendios en el mercado, en horarios nocturnos donde la gran mayoría de las y los comerciantes nos vamos a nuestras casas a dormir, y siempre en el contexto de una posible reubicación de comerciantes ó de la realización de cualquier tipo de mega-obras ó construcciones impulsada por parte del Gobierno? ¿Hasta cuándo vamos a continuar con este nivel de estrés permanente que se genera al momento de que cualquier Gobierno trata de IMPONER algún Proyecto de Remodelación para el ALM?

Esta cadena de circunstancias, sin lugar a dudas nos duele y causa una serie de agravios a los derechos fundamentales de las clases populares que luchamos “día a día” por sobrevivir. Hoy es necesario continuar fortaleciendo la unidad y la organización en torno a la defensa del patrimonio e identidad del ALM. Dicho Mercado no requiere, ni necesita ser reubicado de manera impositiva a otro lugar. Nuestro Mercado debe seguir en pie, más firme y más solidario.

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Municipios indígenas y policía comunitaria.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía y libre determinación están especificados en la Constitución, en la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Todos ellos, instrumentos legales vigentes en México, donde la Constitución en su artículo 2 de nuestro ordenamiento supremo así como el artículo 2 bis, de nuestra Constitución Local que dispone: “El Estado reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación de sus pueblos y comunidades indígenas…”

En Morelos los pueblos indígenas existen en todos los municipios. Mayoritariamente nahuas, y de otros pueblos, que existen en este territorio  antes de que se constituyera formalmente el Estado de Morelos. Pero hasta el momento no hay municipios indígenas reconocidos en la Constitución estatal. El gobierno del Estado ha anunciado la posibilidad de creación de municipios indígenas.  Sin embargo, los datos que aporta el gobierno de 31 mil 388 indígenas, dista mucho de la realidad, cercana a 360 mil personas. No es solamente la lengua originaria la que identifica a los pueblos indígenas, sino la identidad cultural, la organización social comunitaria, la relación con la tierra comunal, los usos y costumbres que tienen formas  propias de trabajo comunitario y normas de justicia que incluye el funcionamiento de rondas y vigilancia comunitaria. El gobierno actual planteó en su campaña la formación de 6 municipios indígenas, sin embargo, aún no queda claro el proceso que se ha de seguir para su pleno reconocimiento. Es una larga lucha la que los pueblos originarios han realizado para ser reconocidos como municipios autónomos. El último municipio creado en Morelos en 1977 fue el de Temoac, que incluye los pueblos indígenas de la cabecera, Amilcingo, Huazulco y Popotlán, pero no se le dio reconocimiento como municipio indígena.  Xoxocotla  tiene una larga historia de lucha por su reconocimiento, pero el cacicazgo imperante en Puente de Ixtla ha sido el principal obstáculo a superar. En Hueyapan, se luchó contra la discriminación que impidió por más de 50 años contar con un presidente municipal de Tetela del Volcán que fuera de esta comunidad indígena de las faldas del Volcán Popocatepetl. Tetelcingo elaboró un proyecto de municipio autónomo en 1996 que se presentó ante el Congreso del Estado y se trató de frenar su lucha transformándolo en Delegación.  En 1998, la Comisión Independiente de Derechos Humanos en convocatoria conjunta con los pueblos,  realizaron encuentros indígenas en Cuentepec, Santa Catarina, Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan, Tetelcingo y Temoac, que culminaron en la elaboración de una Iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígena que se presentó en un Foro en el Congreso y se entregó a la Legislatura, sin que se discutiera y aprobara. Finalmente se aprobó la Ley Indígena en Morelos y es vigente desde 18 de enero de 2012. A los pueblos originarios se les ha negado derechos en la práctica y se les pretende someter.

Fueron precisamente los municipios de Tepoztlán, Tlayacapan, Yecapixtla y Tepalcingo, los que interpusieron controversias constitucionales en el año 2002 ante la SCJN en contra de la reforma indígena que no incluyó los Acuerdos de San Andrés firmados entre el EZLN y el gobierno federal. Un debate que muestra los límites en la comprensión del significado de los derechos de los pueblos indígenas está precisamente en torno al surgimiento de formas de organización comunitaria para la seguridad de los habitantes de estos pueblos. Se ha descalificado como si fuera ilegal la existencia de policías comunitarias, bajo la lógica del mando único y el monopolio del uso de la fuerza por parte del gobierno, cuando las atribuciones legales están contempladas en el Convenio 169 de la OIT en el sentido de garantizar la autonomía y libre determinación. Y en Morelos existen formas de participación comunitaria a través de las rondas electas, destacando el caso de Ocotepec, donde todos sus integrantes son electos en asamblea y no son designados por el ayudante municipal. En los casos de Tetelcingo, Huazulco, Ocuituco, Tetela del Volcán, Tenextepango y otras comunidades que han decidido formar rondas comunitarias, el tema se ha querido circunscribir al uso o no de armas exclusivas del ejército, cuando lo fundamental es reconocer el derecho a participar en una verdadera seguridad ciudadana y no seguir en la lógica de la profesionalización de policías que se alejan cada vez más del pueblo y vuelven sus armas contra la población más que contra quienes cometen delitos.

Hay que tomar como referencia precisamente que Las zonas de Costa Chica y Montaña de Guerrero eran de las más inseguras del estado antes de 1995. En estas comunidades no se gastó ni un solo peso del millonario “México Seguro” ni del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni se compraron armas porque se usaron las que de por sí los campesinos cargan para sus labores del campo: viejas pistolas, escopetas y rifles de cacería. En Morelos, la diferencia es clara, ya que aún no existen todos los mecanismos para el establecimiento de formas alternativas de justicia como el que se lleva a cabo en Guerrero, pero en lugar de atacar estos procesos, el gobierno debería reconocer el aporte que se realiza mediante una mayor participación de la población en conseguir una seguridad en donde el gobierno ha demostrado no sólo ineficacia, sino incapacidad para superar corrupción, complicidad y autoritarismo. Si no es así, ¿acaso respetará verdaderamente la decisión de conformar municipios autónomos?

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LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA, EN LOS AMPAROS PARA ANULAR LA REFORMA LABORAL VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS.

Marco Aurelio Palma Apodaca
El pasado 9 de enero las y los integrantes de la Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en nuestro carácter de
defensores y defensoras de los derechos humanos y siendo también parte
de la clase trabajadora de este país, específicamente regidos por el
apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Federal, nos dimos a
la tarea y compromiso social de promover y seguir el trámite
correspondiente ante el Juez Sexto de Distrito con sede en este
Estado, en busca del Amparo y Protección de la Justicia Federal contra
diversos artículos contenidos en la recién aprobada y regresiva
reforma laboral de corte pro-patronal y que es además violatoria de
los derechos humanos, ante tal situación los quejosos/as (en el Amparo
Indirecto 34/2013-IV) manifestamos por escrito que nos sentimos
agraviados toda vez que tales son reformas y adiciones legales
disminuyen eminentemente nuestros derechos adquiridos como clase
trabajadora violando directamente disposiciones tanto Constitucionales
como Convencionales. La contrarreforma que hoy se impugna aparece
respectivamente en el decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación del día 30 de noviembre de 2012 y que de acuerdo a su
transitorio Primero entro en un vigor el día 1 de diciembre de 2012.
Es importante mencionar que los artículos que hoy se impugnan son
autoaplicativos, toda vez que por su sola entrada en vigor nos causan
agravio y afectaciones a los quejosos.
Ya que su contenido transgrede derechos constitucionales y
convencionales afectando nuestra esfera jurídica propia, asimismo
restringe derechos humanos laborales como clase trabajadora
permitiendo y precarizando las condiciones de trabajo.
Es de importancia mencionar que el pasado 6 y 10 de junio de 2011,
México cambió su sistema de justicia tradicional o un modelo de
vanguardia mediante el reconocimiento de los derechos humanos como
derecho positivo vigente en términos del artículo primero de nuestra
Carta Magna, que dicho sea de paso hace un apartado novedoso en
materia Constitucional mexicana al transformar el antaño termino de
garantías individuales por derechos humanos y sus garantías, donde
deberán promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos
acorde con los principios de universalidad interdependencia
indivisibilidad y progresividad. Así mismo y lo concretó al presente
asunto de los Amparos, es demostrar la afectación que sufre en general
la clase trabajadora en su esfera jurídica pues como se sabe esta
clase subsiste única y exclusivamente de su fuerza de trabajo es decir
de la energía y capacidades humanas que son implementadas por el
patrón quien tiene los medios de producción con el objeto de
transformar o crear bienes y servicios obteniendo una ganancia
denominada por la teoría clásica como “Plusvalía”, entonces el derecho
del trabajo en pro de la persona humana tiene como naturaleza
fundamental generar las condiciones mínimas que tiene la clase
trabajadora para su subsistencia y reconocimiento no simplemente como
clase sino como lo que son, seres humanos en lucha legítima por la
subsistencia, por ello los derechos laborales humanos aparecen como
conquistas y necesidades de la clase trabajadora, por tanto cualquier
pérdida o menoscabo de tales derechos resultan inadmisibles en el
orden jurídico de un Estado Social Democrático de derecho al que
aspira ser el Estado Mexicano, por ende las y los trabajadores al
partir de los preceptos constitucionales de los tratados
internacionales no pueden admitir una modificación del derecho laboral
a menos que este conlleve aspectos progresivos, en otras palabras que
mejoren su situación frente al desgaste que sufren tal como lo señalan
las premisas constitucionales contenidas en los artículos 5 y 123
Constitucional. Así pues los derechos adquiridos por la clase
trabajadora resultan irrenunciables, y está en su legítimo derecho de
defensa cuando alguna reforma o modificación implique la pedida
menoscabo de los logros de clase, de tal manera que estos son derechos
inalienables de la clase trabajadora reconocidos en el ámbito nacional
e internacional entonces resulta grave la pérdida o menoscabo de
cualquiera de estos derechos como pretende dicha reforma legal
retrógrada que ha sido aprobada por el poder legislativo y publicada
por el titular del ejecutivo ya que omiten dar cabal cumplimiento
principalmente al artículo primero constitucional. En cuanto a la
promoción, protección, garantismo del derecho del trabajo acordes con
los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y
progresividad en especial este último es violado flagrantemente y por
ello nos hoy nos dolemos ya que la reforma pretendida es retrógrada y
anula la posibilidad de progresividad en materia de derechos humanos
laborales, y en consecuencia los respectivos Juzgados Federales tienen
la obligación por mandato constitucional y convencional de prevenir
investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos
laborales.
En contradicción a lo antes planteado la reforma a la Ley Federal del
Trabajo que hoy se impugna frente al artículo 123 Constitucional es
regresiva, pues elimina derechos ya reconocidos ejercidos y gozados
por las y los trabajadores mexicanos de tal manera que las
responsables reducen derechos fundamentales como el de estabilidad en
el empleo, nivel de protección de salario, condiciones de trabajo y
demás prestaciones que artículo constitucional de referencia contenía.
Con dicha contrarreforma se viola además en perjuicio de los quejosos
el derecho humano a la dignidad humana como base de los derechos
fundamentales, como lo prevé el artículo primero Constitucional
que presupone que el ser humano debe tener los medios para su
subsistencia, y que ésta sea en consecuencia una subsistencia digna en
donde pueda desarrollar sus cualidades, así como sus derechos
económicos culturales y sociales
Sin embargo con las reformas de las que hoy nos dolemos las
autoridades responsables imponen en forma negativa, la precarización
del empleo a través de la flexibilización laboral consistente en modos
de empleo que contravienen las bases fundamentales el artículo 123
constitucional de justicia social y equilibrio entre los factores de
la producción al imponer modelos unilaterales
y discrecionales de duración de la relación de trabajo, condiciones y
salarios por parte del patrón con la ausencia de un estado tutelar de
los derechos fundamentales del trabajo. Contrario a lo señalado en la
exposición de motivos en la contrarreforma no producen mayores empleos
sino sólo la precarización de los mismos, amén de que con las diversas
modalidades de contratación la Seguridad Social se convierte en letra
muerta y lo mismo ocurre con la antigüedad en el trabajo. En el caso
concreto se actualiza la instrumentalización de los trabajadores al
legalizar el subcontratismo pues torna a las y los trabajadores en
mercancías y bajo esa condición pierden toda dignidad y derechos.
También resulta incongruente que las responsables pretendan abatir el
desempleo de los jóvenes y mujeres fundado en reformas legales que por
sí mismas no generan empleos y los que se lleguen a crear, carecerán
de estabilidad en el empleo
reiterando que son regresivas dado que acotan este derecho
fundamental, al aplicar las nuevas modalidades de contratación
temporal y que lo único que generan es empleos precarios y que a su
vez implican salarios y condiciones de trabajo precarios y por ende
más pobreza, como se ha acreditado en los países que han promovido
reformas laborales como España y Grecia.
La regresiva reforma al igual no toma en cuenta las normas
internacionales que prevén la no discriminación, equidad de género y
eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, entre
otras la CEDAW, Principios de Montreal, y Convención de Belem Do Pará,
toda vez que dichos instrumentos internacionales estipulan y obligan
al Estado mexicano a crear los mecanismos efectivos para el goce y
ejercicio de los derechos fundamentales laborales de las mujeres, así
como una política integral legislativa y económica que elimine las
limitaciones a sus derechos. En dicho contexto es justo y pertinente
que los Juzgados Federales de referencia, en su oportunidad declaren
la inconstitucionalidad e inconvencionalidad respecto de las
disposiciones combatidas y que por tanto deberán quedar sin efecto
alguno para las y los quejosos tanto en su aplicación actual como
futura debiendo restituírsenos en el goce y ejercicio de nuestros
derechos fundamentales respecto de todas esas disposiciones
De todo lo anterior y de esta primera etapa y específicamente del
trámite de nuestro Amparo Indirecto número 34/2013-IV, que se radico
en el Juzgado Sexto de Distrito de Morelos, decimos que dicho recurso
legal de forma positiva fue admitido tal como lo señala el respectivo
acuerdo Judicial del pasado 10 de Enero, así también en este 18 de
febrero dicho Juzgado Federal, comunica (su llamada “INCOMPETENCIA
DECLINADA”) que en virtud y en acatamiento a la correspondiente
Circular: CAR 01/CCNO/2013, que determina que los Juicios de Amparo
contra el decreto que reforma, adiciona y derogan diversas
disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, tal como el destino de
nuestro Amparo firmado por la CIDHMOR, deberán enviarse a los Juzgados
Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región
con residencia en el Distrito Federal, para la continuación de su
respectiva sustanciación y resolución, esperando que se dicte
sentencia, en lo cual nos concedan el Amparo y Protección de la
Justicia Federal  para los efectos de declarar la inconstitucionalidad
e in-convencionalidad de los artículos impugnados, de la Ley Federal
del Trabajo, de tal manera que en términos estrictamente
constitucionales debe ser anulada, por ello se acude en estos momentos
a dichos Juzgados de Control Constitucional en uso legítimo de nuestro
interés jurídico y defensa de clase.

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ONG calcula en 50 mil casas solas en Morelos

Casos de vivienda irregular provocan que los grupos hagan las labores del Estado para obtener ganancias

Pedro Tonantzin/Corresponsal

06/04/2013 06:38

 

En la localidad de Xochitepec, Morelos, hay fraccionamientos en los que es visible el abandono. Las autoridades atribuyen esto al temor por los actos de la delincuencia. Foto: Pedro Tonantzin

En la localidad de Xochitepec, Morelos, hay fraccionamientos en los que es visible el abandono. Las autoridades atribuyen esto al temor por los actos de la delincuencia. Foto: Pedro Tonantzin

CUERNAVACA, 6 de abril.— La Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos indicó que la construcción anárquica de viviendas ha tenido como consecuencia que haya casi 50 mil de éstas abandonadas en el estado, cuyas unidades habitacionales se vuelven territorios sin ley.

José Martínez Cruz, representante de la ONG, explicó que la falta de servicios, las malas condiciones en su construcción y la ausencia de la autoridad han provocado que “grupos ilegales” se hagan cargo de cobrar cuotas de mantenimiento, vigilancia y sustituyan a las autoridades municipales.

Los fraccionamientos construidos en Morelos sin control tienen en su mayoría graves problemas de legalidad, “muchos tienen falta de servicios, tienen malas construcciones, hay denuncias, se requiere de políticas públicas de vivienda, para más que construir viviendas usar las que actualmente están abandonadas”.

Deben adoptarse medidas inmediatas en estas unidades habitacionales, explicó, “porque de otra manera efectivamente pueden ser utilizadas por personas que las necesiten y puedan llegar y meterse o bien por gente que quiera delinquir, y que pueda tener incluso a algunas personas privadas de la libertad”.

“En efecto deja una tierra de nadie, en donde pueden ser utilizadas precisamente por personas, que al amparo de esa indefinición se meten y las pueden utilizar para cometer ilícitos, ése es un problema que, digamos, está de origen.”

Dentro de estos fraccionamientos funcionan grupos con impunidad y complicidad con las autoridades, para crear autogobiernos y aplicar impuestos sin autorización, “no hay control de la autoridad y de alguna forma se mantienen al margen; los servicios públicos ellos los proporcionan, en efecto, pero con el objetivo de la maximización de las ganancias”.

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Feminicidio creciente en Morelos a la par que la impunidad.

¿Cuál es la explicación oficial del crecimiento de la violencia feminicida en Morelos para negarse a aplicar la alerta de género?

Ninguna. Por el contrario, asegura que sin necesidad de alerta de género, se están tomando todas las medidas para defender los derechos de las mujeres.

Los hechos son más crueles: el día de ayer ocurrieron otros dos feminicidios, uno en Yautepec y otro en Temixco. Uno en la calle, de una joven mujer.  Otro en su domicilio, asesinada cruelmente a manos de su esposo.

En ambos hay un elemento fundamental coincidente: fueron asesinadas brutalmente por su condición de mujeres. En ambos prevalece la lógica de la violencia machista de quien sabe que la inmensa mayoría de los crímenes permanece en la impunidad. No hay castigo para el agresor, señal para que el hecho se repita y se saque la conclusión social de que se pueden seguir cometiendo esta clase de hechos de violencia criminal en contra de las mujeres en Morelos.

¿Es responsabilidad solamente de las autoridades enfrentar el feminicidio? Por supuesto que no. Sería reducir todo a un problema de legalidad o de autoridad. No es nuestra opinión en ese sentido. Hemos dicho y analizado que el tema de la violencia feminicida tiene que ver con procesos estructurales de una sociedad capitalista en crisis, donde la violencia feminicida es una demostración palpable de la barbarie a la que hemos llegado. Y en ese sentido hay responsabilidad social, cultural, política, de toda la población.

¿Cómo entender que el feminicidio vaya en aumento a plena luz del día? Porque existe temor para denunciar, prevalece el silencio impuesto socialmente, la complicidad y la justificación de los que consideran culpables a las mujeres en cualquier circunstancia. En el caso de Temixco, los hechos ocurrieron cerca de medio día. ¿Acaso nadie escuchó los gritos desgarradores de una mujer que sufrió lesiones mortales?  ¿Cómo es que se asegura que se debió a “una riña que tuvieron como pareja” si acaso una discusión puede ser escuchada pero no unos gritos de muerte? La soledad en medio del temor. Prevalece la lógica de que dentro del domicilio pueden estar matando a alguien y nadie debe meterse. Es parte de una forma de relación social insolidaria que se va imponiendo ante el fundado temor de verse implicado en acusaciones legales o venganzas que nadie desea.

En el caso de Yautepec, las informaciones publicadas en los medios de comunicación dan cuenta de los pormenores de cómo iba vestida y se saca la conclusión inmediata de que se dedicaba al trabajo sexual, por lo que queda la sensación en quien lo lee de que: “algo habrá hecho”.

Impunidad es lo que prevalece en ambos casos. No solo en estos dos feminicidios en Temixco y Yautepec. En la mayoría de los 13 casos documentados en lo que va de 2013. Y es aquí donde la autoridad no cumple su función: pueden pasar meses y años y no se integran adecuadamente las carpetas de investigación. No hay pruebas periciales, no hay investigación científica, no hay estudios criminalísticos. Eso en cuanto a la procuración de justicia. Pero, en el gobierno existe una instancia de coordinación para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que no da resultado alguno. Las muertes de las mujeres continúan en Morelos. Ese dato de la realidad va más allá de las declaraciones demagógicas de funcionarios que descalifican las voces críticas que reclamamos un alto al feminicidio. No bajamos la guardia: Alerta de Género ya!

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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