LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA, EN LOS AMPAROS PARA ANULAR LA REFORMA LABORAL VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS.

Marco Aurelio Palma Apodaca
El pasado 9 de enero las y los integrantes de la Comisión
Independiente de Derechos Humanos de Morelos, en nuestro carácter de
defensores y defensoras de los derechos humanos y siendo también parte
de la clase trabajadora de este país, específicamente regidos por el
apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Federal, nos dimos a
la tarea y compromiso social de promover y seguir el trámite
correspondiente ante el Juez Sexto de Distrito con sede en este
Estado, en busca del Amparo y Protección de la Justicia Federal contra
diversos artículos contenidos en la recién aprobada y regresiva
reforma laboral de corte pro-patronal y que es además violatoria de
los derechos humanos, ante tal situación los quejosos/as (en el Amparo
Indirecto 34/2013-IV) manifestamos por escrito que nos sentimos
agraviados toda vez que tales son reformas y adiciones legales
disminuyen eminentemente nuestros derechos adquiridos como clase
trabajadora violando directamente disposiciones tanto Constitucionales
como Convencionales. La contrarreforma que hoy se impugna aparece
respectivamente en el decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación del día 30 de noviembre de 2012 y que de acuerdo a su
transitorio Primero entro en un vigor el día 1 de diciembre de 2012.
Es importante mencionar que los artículos que hoy se impugnan son
autoaplicativos, toda vez que por su sola entrada en vigor nos causan
agravio y afectaciones a los quejosos.
Ya que su contenido transgrede derechos constitucionales y
convencionales afectando nuestra esfera jurídica propia, asimismo
restringe derechos humanos laborales como clase trabajadora
permitiendo y precarizando las condiciones de trabajo.
Es de importancia mencionar que el pasado 6 y 10 de junio de 2011,
México cambió su sistema de justicia tradicional o un modelo de
vanguardia mediante el reconocimiento de los derechos humanos como
derecho positivo vigente en términos del artículo primero de nuestra
Carta Magna, que dicho sea de paso hace un apartado novedoso en
materia Constitucional mexicana al transformar el antaño termino de
garantías individuales por derechos humanos y sus garantías, donde
deberán promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos
acorde con los principios de universalidad interdependencia
indivisibilidad y progresividad. Así mismo y lo concretó al presente
asunto de los Amparos, es demostrar la afectación que sufre en general
la clase trabajadora en su esfera jurídica pues como se sabe esta
clase subsiste única y exclusivamente de su fuerza de trabajo es decir
de la energía y capacidades humanas que son implementadas por el
patrón quien tiene los medios de producción con el objeto de
transformar o crear bienes y servicios obteniendo una ganancia
denominada por la teoría clásica como “Plusvalía”, entonces el derecho
del trabajo en pro de la persona humana tiene como naturaleza
fundamental generar las condiciones mínimas que tiene la clase
trabajadora para su subsistencia y reconocimiento no simplemente como
clase sino como lo que son, seres humanos en lucha legítima por la
subsistencia, por ello los derechos laborales humanos aparecen como
conquistas y necesidades de la clase trabajadora, por tanto cualquier
pérdida o menoscabo de tales derechos resultan inadmisibles en el
orden jurídico de un Estado Social Democrático de derecho al que
aspira ser el Estado Mexicano, por ende las y los trabajadores al
partir de los preceptos constitucionales de los tratados
internacionales no pueden admitir una modificación del derecho laboral
a menos que este conlleve aspectos progresivos, en otras palabras que
mejoren su situación frente al desgaste que sufren tal como lo señalan
las premisas constitucionales contenidas en los artículos 5 y 123
Constitucional. Así pues los derechos adquiridos por la clase
trabajadora resultan irrenunciables, y está en su legítimo derecho de
defensa cuando alguna reforma o modificación implique la pedida
menoscabo de los logros de clase, de tal manera que estos son derechos
inalienables de la clase trabajadora reconocidos en el ámbito nacional
e internacional entonces resulta grave la pérdida o menoscabo de
cualquiera de estos derechos como pretende dicha reforma legal
retrógrada que ha sido aprobada por el poder legislativo y publicada
por el titular del ejecutivo ya que omiten dar cabal cumplimiento
principalmente al artículo primero constitucional. En cuanto a la
promoción, protección, garantismo del derecho del trabajo acordes con
los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y
progresividad en especial este último es violado flagrantemente y por
ello nos hoy nos dolemos ya que la reforma pretendida es retrógrada y
anula la posibilidad de progresividad en materia de derechos humanos
laborales, y en consecuencia los respectivos Juzgados Federales tienen
la obligación por mandato constitucional y convencional de prevenir
investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos
laborales.
En contradicción a lo antes planteado la reforma a la Ley Federal del
Trabajo que hoy se impugna frente al artículo 123 Constitucional es
regresiva, pues elimina derechos ya reconocidos ejercidos y gozados
por las y los trabajadores mexicanos de tal manera que las
responsables reducen derechos fundamentales como el de estabilidad en
el empleo, nivel de protección de salario, condiciones de trabajo y
demás prestaciones que artículo constitucional de referencia contenía.
Con dicha contrarreforma se viola además en perjuicio de los quejosos
el derecho humano a la dignidad humana como base de los derechos
fundamentales, como lo prevé el artículo primero Constitucional
que presupone que el ser humano debe tener los medios para su
subsistencia, y que ésta sea en consecuencia una subsistencia digna en
donde pueda desarrollar sus cualidades, así como sus derechos
económicos culturales y sociales
Sin embargo con las reformas de las que hoy nos dolemos las
autoridades responsables imponen en forma negativa, la precarización
del empleo a través de la flexibilización laboral consistente en modos
de empleo que contravienen las bases fundamentales el artículo 123
constitucional de justicia social y equilibrio entre los factores de
la producción al imponer modelos unilaterales
y discrecionales de duración de la relación de trabajo, condiciones y
salarios por parte del patrón con la ausencia de un estado tutelar de
los derechos fundamentales del trabajo. Contrario a lo señalado en la
exposición de motivos en la contrarreforma no producen mayores empleos
sino sólo la precarización de los mismos, amén de que con las diversas
modalidades de contratación la Seguridad Social se convierte en letra
muerta y lo mismo ocurre con la antigüedad en el trabajo. En el caso
concreto se actualiza la instrumentalización de los trabajadores al
legalizar el subcontratismo pues torna a las y los trabajadores en
mercancías y bajo esa condición pierden toda dignidad y derechos.
También resulta incongruente que las responsables pretendan abatir el
desempleo de los jóvenes y mujeres fundado en reformas legales que por
sí mismas no generan empleos y los que se lleguen a crear, carecerán
de estabilidad en el empleo
reiterando que son regresivas dado que acotan este derecho
fundamental, al aplicar las nuevas modalidades de contratación
temporal y que lo único que generan es empleos precarios y que a su
vez implican salarios y condiciones de trabajo precarios y por ende
más pobreza, como se ha acreditado en los países que han promovido
reformas laborales como España y Grecia.
La regresiva reforma al igual no toma en cuenta las normas
internacionales que prevén la no discriminación, equidad de género y
eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, entre
otras la CEDAW, Principios de Montreal, y Convención de Belem Do Pará,
toda vez que dichos instrumentos internacionales estipulan y obligan
al Estado mexicano a crear los mecanismos efectivos para el goce y
ejercicio de los derechos fundamentales laborales de las mujeres, así
como una política integral legislativa y económica que elimine las
limitaciones a sus derechos. En dicho contexto es justo y pertinente
que los Juzgados Federales de referencia, en su oportunidad declaren
la inconstitucionalidad e inconvencionalidad respecto de las
disposiciones combatidas y que por tanto deberán quedar sin efecto
alguno para las y los quejosos tanto en su aplicación actual como
futura debiendo restituírsenos en el goce y ejercicio de nuestros
derechos fundamentales respecto de todas esas disposiciones
De todo lo anterior y de esta primera etapa y específicamente del
trámite de nuestro Amparo Indirecto número 34/2013-IV, que se radico
en el Juzgado Sexto de Distrito de Morelos, decimos que dicho recurso
legal de forma positiva fue admitido tal como lo señala el respectivo
acuerdo Judicial del pasado 10 de Enero, así también en este 18 de
febrero dicho Juzgado Federal, comunica (su llamada “INCOMPETENCIA
DECLINADA”) que en virtud y en acatamiento a la correspondiente
Circular: CAR 01/CCNO/2013, que determina que los Juicios de Amparo
contra el decreto que reforma, adiciona y derogan diversas
disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, tal como el destino de
nuestro Amparo firmado por la CIDHMOR, deberán enviarse a los Juzgados
Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región
con residencia en el Distrito Federal, para la continuación de su
respectiva sustanciación y resolución, esperando que se dicte
sentencia, en lo cual nos concedan el Amparo y Protección de la
Justicia Federal  para los efectos de declarar la inconstitucionalidad
e in-convencionalidad de los artículos impugnados, de la Ley Federal
del Trabajo, de tal manera que en términos estrictamente
constitucionales debe ser anulada, por ello se acude en estos momentos
a dichos Juzgados de Control Constitucional en uso legítimo de nuestro
interés jurídico y defensa de clase.

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