Alerta de Género e indolencia oficial.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

La Organización de Naciones Unidas cuestionó a México, por su inoperancia para frenar la violencia contra las más de 800 mil mujeres y niñas que son víctimas de la explotación sexual y  ratificó que  sus informes evidencian que en los  últimos años fueron asesinadas al menos 38 mil jóvenes, adultas y niñas en México.  Los datos son contundentes. Sin embargo, gobernadores de todos los partidos, las directoras de los institutos de las mujeres y congresistas se niegan a avalar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género que exige la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia.  Se han cubierto todos los requisitos y los han rechazado. El procedimiento legal está claramente establecido en la Ley: La declaratoria de Alerta de Violencia de Género es un mecanismo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, que solicita acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. Gobernación es una dependencia del Ejecutivo Federal. Y tratándose de formalidades el Gobernador del Estado y todas las dependencias deben cumplir y hacer cumplir la ley para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, eso no ocurre en Morelos. Insistiremos en esta medida y otras más. Conocemos todo el procedimiento burocrático. Claro que damos la lucha legal para modificar protocolos, pero no vamos a dejar de exigir la Alerta para que se tomen todas las medidas que eviten más muertes de mujeres. Se trata de la vida de las mujeres, rechazamos el burocratismo de las autoridades y su insensibilidad para tomar todas las medidas que se requieren para la Alerta de violencia de Género. Sobre todo ahora que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SNPASEVM) rechazó emitir la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el estado de Hidalgo. Organizaciones civiles de la entidad ingresaron la petición, con el objetivo de que se garantice un mecanismo de protección colectiva ante los 93 asesinatos de mujeres registrados de 2009 a 2011 en el estado. Durante la votación llevada a cabo el 19 de abril, todas las instancias de la administración pública federal votaron en contra y sólo Baja California, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Yucatán se pronunciaron en favor de la Alerta en Hidalgo. El Instituto de Mujeres de Morelos voto en contra de la Alerta de Género, guardando un ominoso silencio ante la negativa del gobierno federal, cuando se presentaron pruebas que demuestran una situación generalizada de violencia contra las mujeres en Hidalgo, además de cumplir con todos los requisitos que establece el reglamento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que se implemente dicho mecanismo en un estado. Anteriormente, Oaxaca, Guanajuato, Estado de México y Nuevo León solicitaron al SNPASEVM la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, sin embargo, también les fue negada. Padecemos como  una aberración sistemática la enfermedad legaloide y de constante reglamentación. Bastaría que las autoridades, todas, de todos los niveles, en todos los encargos, de todas las entidades,  cumplieran  con el artículo primero de la Constitución Mexicana. Para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), y en medio del feminicidio que azota a Hidalgo, Guanajuato, Morelos y Oaxaca, el Senado solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) que informe por qué no ha implementado este mecanismo estipulado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV). La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., exige al presidente de la Republica, que se emita la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en el estado, damos cuenta de 310 feminicidios en los últimos 11 años. Las autoridades estatales están realizando un trabajo deficiente en las investigaciones prevalece la indiferencia institucional para esclarecer los asesinatos de mujeres, cuando es detenido un presunto agresor, lo que ha permitido que los jueces se justifiquen de no tener los elementos suficientes para consignar.

Las organizaciones del Pacto por la Soberania Alimentaria sumaron en su agenda esta lucha, y esperamos escuchar miles de voces este Primero de Mayo. Para que no queden en la impunidad y no haya una sola mujer que sufra violencia feminicida en Morelos, pedimos la solidaridad firmando y enviando la petición a Peña Nieto, la pueden encontrar en la plataforma de WWW.Avaaz.org. Ese es el contenido fundamental de nuestro mensaje.  Es imprescindible cambiar las estructurales sociales, jurídicas y políticas opresivas, explotadoras y discriminatorias que provocan esta violencia sistemática contra los derechos humanos en general y de las mujeres en este caso de violencia feminicida. La Comisión Independiente denuncia que estos hechos conllevan a la ruptura del Estado de Derecho y dan cuenta de la incapacidad del gobierno estatal para garantizar la vida de las mujeres, el feminicidio en Morelos, representa violencia institucional al infringir lo estipulado en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así, en un crimen de Estado.

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