¿Fin del arraigo o simulación?

 

Paloma Estrada Muñoz y José Martínez Cruz

Más de un centenar de organizaciones de derechos humanos expresamos una vez más nuestro rechazo a la figura del arraigo y en lo particular a la postura adoptada por la mayoría calificada de las y los legisladores en la Cámara de Diputados, el pasado martes 30 de abril, cuando se aprobó en pleno  modificaciones al párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Dichas modificaciones reducen el plazo por el cual se podrá ordenar el arraigo contra una persona, así como establecer algunos controles al actuar de la autoridad que a la fecha no existen. Igualmente, reformaron el párrafo décimo del mismo artículo, para ampliar el plazo de retención ministerial hasta por 7 días, esto ante la presunta comisión de delitos en los que la propia Constitución establece que procede la prisión preventiva oficiosa. El pleno en la cámara sostiene erróneamente que la reforma es un “avance”. Según ellos este supuesto mayor “control” de la figura debería satisfacer a las organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, y daría cumplimiento a las nueve recomendaciones de organismos internacionales que han instado al Estado mexicano a eliminar el arraigo a nivel federal y local. La iniciativa presentada por los grupos parlamentarios del PRI y el PAN no fue sometida a discusión ni a un voto libre, su proceso legislativo está viciado y plagado de irregularidades. Resulta preocupante que las y los legisladores no atendieran las recomendaciones internacionales, y que dejaran a las víctimas sin la posibilidad de una reparación integral por la destrucción de su reputación, vínculos familiares, empleo, salud, entre otros daños que ocasiona la aplicación del arraigo. El arraigo, independientemente de su duración, viola los derechos humanos. En un estado democrático de derecho no podemos seguir permitiendo el uso de esta figura, limitada o no. Tampoco podemos tergiversar el contenido de una propuesta limitada de origen, argumentando que es un “mal menor” adecuado a las agendas políticas y acuerdos partidistas. Peor aún, las y los legisladores buscan pasar de forma inadvertida una reforma que tendrá serias repercusiones sobre la vigencia de los derechos humanos en México: se permitirá al Ministerio Público retener hasta por 7 días a presuntos responsables del ilícito de delincuencia organizada y hasta por 5 días a presuntos responsables de otros delitos graves, sin que se les lleve a comparecer ante juez. En la actualidad, la retención ministerial con duración de 2 a 4 días ya consiste en una etapa que fomenta y facilita las violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades ministeriales, tales como la fabricación de pruebas y los malos tratos, incluida la tortura. La tardía puesta a disposición ante un juez ha sido denunciada por instancias internacionales, quienes han hecho notar los distintos abusos y violaciones de derechos humanos cometidas en dicho plazo, además de que carece de alguna función legítima ya que el Ministerio Público debe siempre investigar antes de detener a una persona, o bien detenerla bajo flagrancia. De ser este último el caso, no resulta necesario retener a una persona por varios días pues ya existirían los elementos suficientes para ser consignada. Con la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, toda detención por delitos graves terminaría convirtiéndose en un arraigo de una semana sin necesidad de una orden judicial. De acuerdo a cifras de Human Rights, en el sexenio pasado agentes o servidores públicos del Ejército, la Marina y de las fuerzas policiales a nivel municipal, estatal y federal, cometieron “gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluyendo numerosos casos de desapariciones forzadas, en total impunidad, sin que las víctimas hayan contado con un recurso efectivo para hacer valer su defensa”. Los arrestos arbitrarios, según datos oficiales, alcanzaron unos 620 mil casos durante el gobierno de Calderón, de los cuales al menos 500 mil personas fueron liberadas por falta de pruebas. Esto demuestra que el 80 por ciento fueron detenidos sin haber realmente un propósito, un objetivo. Aquí juega un papel, creo, muy pernicioso la figura del arraigo, que lo que hace es darle la posibilidad a los agentes de detener y luego investigar, contrario a los principios elementales del derecho penal y del debido proceso. ¿Quién paga, quién responde por eso? Nadie. Esa gente, probablemente muchos de ellos, fueron objeto, además, de abusos en el proceso de detención, torturas, tratos crueles, inhumanos. Estados Unidos interviene en México a través de la Iniciativa Mérida, cerrando los ojos a las denuncias de violaciones a los derechos humanos, torturas, desapariciones forzadas y uso del arraigo. El Relator Especial de las Naciones Unidas Christof Heyns urgió al Gobierno mexicano a que fortalezca la estructura del país en términos de protección de los derechos humanos en general y del derecho a la vida en particular para reducir la necesidad del uso de la fuerza. También recomendó reducir el involucramiento de las fuerzas militares en labores policíacas. Dijo que numerosas iniciativas han sido anunciadas o se encuentran ya en proceso de implementación, dirigidas a que el país deje de depender de las fuerzas militares para labores de seguridad interna. No hay solución fácil, pero será particularmente importante disminuir la participación de los militares en labores policíacas; asegurar que cortes civiles juzguen a miembros de las fuerzas militares acusados de haber cometido violaciones de derechos humanos, incluyendo homicidios contra civiles; y establecer estándares claros y ampliamente conocidos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes del orden público. El Relator Especial llamó la atención de manera particular al problema de la impunidad. Todas y cada una de las vidas perdidas deben ser investigadas con el mismo rigor y cada perpetrador debe ser aprehendido y juzgado. Perseguir este objetivo servirá no solamente para disminuir la impunidad, sino también para restablecer el valor que la sociedad demanda. Es importante señalar, que el 10 de mayo, para las madres, es un día muy significativo para nuestra cultura, pero para las madres a las que les han arrebatado a sus hijas e hijos es un día, un año más y el dolor de su ausencia forzada hace más intensa la herida. Esperan el amanecer con la esperanza de saber de los seres queridos, llega la noche y les vuelven a hablar en el silencio del corazón, con la única certeza del amor y la esperanza de encontrarlos. Por ello, invitamos a que se sumen a la Segunda Marcha de la Dignidad Nacional “MADRES BUSCANDO A SUS HIJOS E HIJAS, BUSCANDO LA JUSTICIA”, hagamos puentes de comunicación y caminos para que regresen. Ni simulación en el arraigo ni impunidad en violaciones a los derechos humanos.

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