Educar para transformar.

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca

La inmensa mayoría de las educadoras son mujeres. Profesoras, maestras, en las aulas y en las casas. Asociado a su papel como madres, en realidad tiene una historia de construcción cultural asociada al patriarcado y a la división social de roles de género acordes a un sistema que niega derechos a las mujeres, por lo que este trabajo de educación no se reconoce y la muestra es que no se paga o es muy mal remunerado,  se achaca a las mujeres todos los problemas derivados de la descomposición del tejido social. Este tema viene  precisamente por la lucha que actualmente llevan a cabo las trabajadoras de la educación por el respeto a sus derechos laborales ante la modificación de los artículos 3, 73 y 123 de la Constitución. Es verdad que participan hombres y mujeres en esta lucha, sobre todo de secciones sindicales donde se ha logrado avanzar en procesos democráticos, como en Guerrero con la CETEG, en Michoacán con la Sección 18 y en Oaxaca con la Sección 22 del SNTE, y en la sección 19 del SNTE en Morelos desde las diversas expresiones sindicales donde las profesoras también promueven la lucha, tanto en un proyecto de educación alternativo que enfrente la privatización como en una educación científica, laica, gratuita y critica que tanta falta hace para forjar una pedagogía de la liberación como ya lo enunciara Paulo Freire desde la experiencia comunitaria.En este contexto político-económico internacional  y nacional de crisis capitalista y de ofensiva contra las condiciones laborales de la mayoría de la población trabajadora, que se vive día a día, en que se han impuestos recientemente la reforma laboral y la del 3ro y 73 constitucional. La primera, que precariza las condiciones general de trabajo y cancela de tajo derechos gremiales  de miles de trabajadoras y trabajadores ubicados en el apartado A de la Ley Federal  del Trabajo, pero que trasciende también a los ubicados en el apartado B.  La segunda que atenta contra la gratuidad de la educación pública y derechos laborales de más de un millón de personas dedicadas a la educación. La actual reforma a los artículos 3ro y 73 constitucional y las leyes secundarias expuestas recientemente tanto por  los poderes   formales del estado como por los organismos empresariales, es la consumación de un proceso de imposición, acuerdos, pactos y alianzas cupulares registrados desde hace  20 años,  hoy se está concretando con el uso desmedido de la violencia institucional a través de millonaria campaña contra los maestros, que se oponen a estas leyes y la propagan por medios de comunicación poco éticos, empeñados en la acumulación de poder y dinero. La campaña mediática exhibe resultados de un examen estandarizado, que desde su origen ha sido elaborado para países con economías capitalistas altamente desarrolladas, estas campañas no dicen cómo afecta la desigual distribución de la riqueza, el capital contenido en unas cuantas manos, mientras miles de mujeres y hombres  campesinos y trabajadores emigran buscando mejores condiciones de vida, que no se invierte en la construcción de más escuelas, tampoco difunden que no hay presupuesto para la formación de más maestros y maestras,  y callan ante políticos saqueadores que se han beneficiado a costillas del pueblo, mientras miles de niños, niñas y adultos siguen privados de oportunidades educativas.  Ante la falta de argumentos convincentes, los promotores y defensores de la “reforma educativa” recurren a la mentira permanente con conceptos como calidad educativa y competencias, términos propios de las empresas, como si las escuelas en lugar de formar sujetos de bien para la sociedad, tuvieran ahora la obligación de proveer al mercado laboral, mano de obra barata, adiestrada en la obediencia ciega y sin sentido crítico, para ser mejor explotados. Es en este sentido que cobra relevancia las movilizaciones magisteriales  convocadas para el 15 de mayo en todo el país y en Cuernavaca. Comprender su importancia es necesario para evitar descalificar su protesta y reconocer que en verdad están educando mediante la lucha, que no son criminales como los han exhibido mediáticamente, y que el derecho a la educación debería concretarse en cumplimiento de demandas como el respeto a las escuelas Normales como formadoras de docentes, la cancelación de cuotas escolares y aumento al 12% del PIB  del presupuesto a educación pública, y una evaluación integral, formativa, democrática y transparente a docentes, autoridades y políticas educativas, sin ingerencia del capital privado. Son demandas que cuentan con el apoyo de la sociedad que merece una educación como práctica de la libertad.

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