Archivo mensual: junio 2013

Estado omiso, estado feminicida

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

 La Alerta de Género es un conjunto de acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, sea ejercida por individuos o por la comunidad. Es una medida establecida legalmente, para prevenir que sigan ocurriendo crímenes contra mujeres. Se legisló. Se estableció, pero no se aplica en la práctica. ¿Por qué? ¿Conoce usted una razón suficiente para no tomar medidas que permitan preservar la vida de las mujeres que son asesinadas? No la hay. ¿O sí? Profundicemos un poco. Ayer leemos: encuentran tres personas en Huitzilac. Calcinados. 2 mujeres, un hombre. ¿Quiénes son? Ningún dato. ¿Por qué se llega a tal extremo de crueldad? Ninguna valoración. ¡Ocurrió un hecho que estremece las conciencias de cualquier persona y no hay una sola reacción de quien tiene la obligación legal, jurídica, política, de hacerlo! Solo datos que permiten orientar a la opinión pública hacia aceptar el hecho como algo derivado del crimen organizado, dicen. ¿Será? La duda es porque el gobierno montó un escenario político para negar la gravedad de que mueran en número creciente las mujeres en Morelos. Y en el Estado de México. Y en Ciudad Juárez. Y en todo el país.

Pero la realidad es inocultable. Las mujeres mueren violentamente cuando deberían vivir en libertad y con seguridad. Murieron. Calcinadas. Para no dejar huella. Terrible. No hay forma de aceptar tan aterradora realidad. O si: “No es necesaria la alerta de género” le hicieron decir a una diputada que forma parte de una comisión que tiene la encomienda de luchar contra el feminicidio. La convencieron, dice. Y otra funcionaria explica: “Son sólo 17 feminicidios” en 2013. ¿Lo son? ¿Acaso hay carpetas de investigación que tipifiquen estos casos como feminicidios? Lo dudamos. Un día después, el mismo Procurador, que negó datos al IMIPE cuando los solicitamos, dice: “son entre 17 y 18” feminicidios. “¿Entre?” Nada preciso. No importa. El titular dice: 17. Una más o una menos, lo mismo da. Si, ya está tipificado claramente en el Código Penal en Morelos, donde establece 6 causales de feminicidio. ¿Se aplican? No. No hablamos de memoria. Hemos revisado expedientes. No hay tal tipificación. Es verdad que ya los medios de comunicación utilizan el término de feminicidio, pero la Procuraduría aún no. Ni el Gobernador, quien ridiculizó el término de feminicidio, y esbozó una amplia sonrisa de aquel ministro que nos recordara Benedetti.

36,606 mujeres han muerto violentamente en nuestro país desde 1985 a 2010, según documenta la responsable de vigilar el mecanismo de la CEDAW (Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en México) ante funcionarias federales que debieran utilizar toda la fuerza del Estado para garantizar la vida y la libertad de las mujeres: “Pandemia”, fue el término que

 

utilizó. ¡A ese nivel! ¿Y acaso se inmutaron? Parece que no. En lugar de implementar la Alerta de Género al día siguiente, suspendieron la sesión del Sistema que tiene la atribución legal de resolverlo, con los 32 Institutos de la Mujer a nivel nacional, a pesar que existe un Amparo concedido por el Poder Judicial que mandata aplicar esta alerta en el Estado de México, con mucho el caso más grave de feminicidio en el país. ¿Lo harán? ¡Imposible! Nos dice Sara Lovera, feminista y periodista de larga trayectoria, documentando lo ocurrido en el estado de donde proviene Peña Nieto. “Estado Feminicida”, concluye al respecto Andrea Medina, abogada feminista excepcional que fundamentó la exigencia de lo que se traduciría en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Campo Algodonero, que condenó al Estado mexicano a reabrir investigación, sancionar, reparar el daño y reconocer negligencia por la muerte de mujeres en Ciudad Juárez. Si, una condena total a quienes tienen atribuciones legales que no utilizan.

Estado omiso y negligente. Negligencia criminal, decimos, porque la cifra feminicida aumenta en Morelos en 2013 y es un agravio a sus vidas perdidas irremediablemente, a sus familiares que se quedan con el dolor a cuestas, a la sociedad que se ve confrontada con una realidad que termina golpeando a todas y todos.

Dos realidades: mientras el gobierno de Morelos busca legitimar su negativa a la alerta de violencia de género, mujeres sindicalistas analizan seriamente las consecuencias del feminicidio creciente. De acuerdo con el estudio Violencia feminicida en México, los asesinatos motivados por el género tuvieron un repunte entre 2007 y 2010, años en los que aumentaron 106.2% respecto de otros periodos. Desde el año pasado, la ONU recomendó al gobierno mexicano, a través de la Cedaw, la plena aplicación de la LGAMVLV y del Programa Nacional para Prevenir, Atender y Sancionar y Erradicar la Violencia; activar un Banco Nacional de Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, con la participación de los 32 estados; invertir más recursos humanos y técnicos, hay muchos procedimientos, muchos mecanismos, muchas comisiones, hay que simplificar para la ruta de acceso a la justicia. La antropóloga y feminista Marcela Lagarde llamó a la sociedad civil a retomar los informes “sombra” (alternos) de la CEDAW como una herramienta para avanzar en el logro de la igualdad sustancial entre mujeres y hombres, ya que éstos además proponen soluciones específicas contra la violencia de género. Recordó que la desigualdad es lo que causa la violencia brutal contra las mujeres, y apuntó que la LGAMVLV no tiene como objetivo castigar, si no crear una política integral de Estado para el combate de la violencia contra las mujeres.

http://www.jornadamorelos.com/2013/6/24/politica_nota_06.php

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Feminismo y la lucha contra la violencia

Urgente defender derechos de las mujeres

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

No es fácil tener conciencia feminista. Educación, conciencia, organización, tres elementos necesarios para lograrlo. El 19 de junio se realizará un taller con mujeres sindicalistas. Será un momento para reflexionar sobre la forma de continuar la lucha histórica por los derechos a la vida y la libertad. Los temas acordados con las compañeras trabajadoras que dirigen Comités Ejecutivos y delegaciones sindicales del Stunam, Telefonistas, magisterio de bases democráticas y activistas del SME, son de interés general de la sociedad, aún si hay autoridades que minimizan sus alcances, por lo que educarnos en el conocimiento y en la definición de acciones para ejercer estos derechos es de gran importancia, como son los Convenios y Tratados Internacionales, la Cedaw, la Convención de Belém Do Pará y Beijing, la investigación sobre la violencia feminicida en Morelos, la Ley General y Local de Acceso de las Mujeres…

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Feminismo y la lucha contra la violencia

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

No es fácil tener conciencia feminista. Educación, conciencia, organización, tres elementos necesarios para lograrlo. El 19 de junio se realizará un taller con mujeres sindicalistas. Será un momento para reflexionar sobre la forma de continuar la lucha histórica por los derechos a la vida y la libertad. Los temas acordados con las compañeras trabajadoras que dirigen Comités Ejecutivos y delegaciones sindicales del Stunam, Telefonistas, magisterio de bases democráticas y activistas del SME, son de interés general de la sociedad, aún si hay autoridades que minimizan sus alcances, por lo que educarnos en el conocimiento y en la definición de acciones para ejercer estos derechos es de gran importancia, como son los Convenios y Tratados Internacionales, la Cedaw, la Convención de Belém Do Pará y Beijing, la investigación sobre la violencia feminicida en Morelos, la Ley General y Local de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como la campaña por la vida y la libertad de las mujeres mediante la emisión de la Alerta de Violencia de Género.
Las mujeres trabajadoras hemos luchado por hacer valer nuestros derechos. Nadie nos los ha otorgado gratuitamente. Una referencia de la lucha de mujeres sindicalistas en Morelos está ampliamente documentada en el libro “La Izquierda y los Movimientos Sociales en Morelos. Desde Abajo”, editado por Convergencia Socialista y disponible en nuestras oficinas en Privada de las Flores 16, San Antón. Somos sindicalistas, activistas, feministas, defensoras de derechos humanos, que sabemos lo que significa organizarnos para defender esos derechos. Nuestros salarios son menores de los obtenidos por los hombres que realizan el mismo trabajo. No es justo. Hemos avanzado en contratos colectivos a no sufrir discriminación, hostigamiento y violencia sexual. Falta hacerlo realidad. Sobre todo ahora que sufrimos las modificaciones a la ley laboral para golpear y eliminar las conquistas laborales. Sabemos que conseguir respeto a nuestros derechos en la familia, en la escuela, en los centros de trabajo, en las calles y lugares públicos, requiere que tengamos información y nos organicemos. Porque vemos que la violencia feminicida está cobrando cada día un mayor número de vidas de mujeres y nos termina afectando a todas, esta es una razón por la que nos hemos pronunciado por el establecimiento de medidas como la Alerta de Violencia de Género. No podemos permanecer indiferentes y por ello tenemos la determinación de exigir respeto a la vida y la libertad de todas las mujeres.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. y otras organizaciones de mujeres trabajadoras, sindicalistas, feministas, periodistas, defensoras de derechos humanos de Morelos y de otras partes del país así como la solidaridad desde otros países, hemos llevado a cabo una serie de acciones de denuncia, documentación, solicitudes legales, movilizaciones y protestas ante diversas instancias para detener urgentemente estos niveles de violencia y degradación de la vida humana en general y de las mujeres específicamente ante ataques que se dan en el ámbito privado y público en el Estado de Morelos.
Ante todo lo anterior, la respuesta del gobierno de Morelos ha sido el ataque sistemático y descalificación del derecho de petición y del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lejos de realizar las acciones concretas que significa una situación que al minimizarla significa que las mujeres sigan muriendo violentamente, llegando al extremo de liberar en juicio oral a un feminicida, quien le provocó la muerte a una mujer en un rio luego de una agresión física y verbal ante testigos, consideran que se trató de un “accidente”! Por todo lo anterior, es claro que mientras las mujeres sigan muriendo violentamente en Morelos, será responsabilidad del autor material y de la omisión criminal de un gobierno incapaz de tomar las medidas establecidas en la propia ley que está obligado a cumplir y hacer cumplir.
Ante esta situación, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, mujeres sindicalistas del Stunam-Morelos, STRM-Sección 10, SME-División Cuernavaca, MMB, estamos convocando y haciendo extensiva la invitación para que llevemos a cabo un programa de formación en materia de derechos de las mujeres. Este taller será el 19 de junio, de 10 a 13 horas.
Con ello buscamos compartir, elaborar y promover acciones en defensa de los derechos de las trabajadoras, así mismo profundizar en el quehacer para favorecer en la defensa de los derechos de las mujeres, en específico para contribuir en la eliminación de la violencia. Es una apuesta feminista hacia el futuro construyendo organización en el presente.

cidhmorelos@gmail.com

http://www.jornadamorelos.com/2013/6/17/politica_nota_08.php

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¿Cuántas vidas se pudieron haber preservado? ¡No aplicar Alerta de Violencia de Género es negligencia criminal!

Una joven mujer trabajadora de Temixco fue violentamente privada de la vida al salir de su trabajo. Una mujer fue herida mortalmente en una gasolinera por un sujeto que la mató ante otras personas y huyó ante todos. Fueron dos feminicidios más que elevan la cantidad a 26 mujeres que han sufrido muertes violentas en Morelos en menos de 6 meses en Morelos. ¿Cuántas muertes violentas de mujeres se pudieron haber evitado si se implementaran todas las medidas que se prevén en la Alerta de Violencia de Género establecida en el capítulo V de la violencia feminicida y de la Alerta de Violencia de Género, en su artículo 24, fracciones I y III de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia?

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. y otras organizaciones de mujeres trabajadoras, sindicalistas, feministas, periodistas, defensoras de derechos humanos de Morelos y de otras partes del país y la solidaridad de diversos países, hemos llevado a cabo una serie de acciones de denuncia, documentación, solicitudes legales, movilizaciones y protestas ante diversas instancias para detener urgentemente estos niveles de violencia y degradación de la vida humana en general y de las mujeres específicamente ante ataques que se dan en el ámbito privado y público en el Estado de Morelos.

Este es un recuento somero de las acciones para exigir la emisión de la Alerta de Violencia de Género:

–          Entregamos un documento al gobierno de Marco Adame Castillo en el momento en que se llegó al más alto índice de violencia feminicida en Morelos, en agosto de 2012. Solo el silencio cómplice fue la respuesta. Tenemos acuse de recibido sellado. Ningún funcionario panista respondió al derecho de petición constitucional. Negligencia criminal, es su responsabilidad.

–          Enviamos documento al gobierno de Graco Ramírez Garrido Abreu una vez que tomó posesión, alertando sobre los niveles de violencia para que se tomaran medidas. No obtuvimos respuesta alguna.

–          Ante el silencio oficial, una coordinación de organizaciones solicitamos por escrito al Gobernador y diferentes dependencias e instancias, informes sobre el diagnóstico y las medidas que estaban tomando para garantizar el derecho a la vida y la libertad de las mujeres. Ante su negativa a informar, nos vimos precisadas a solicitar esta información a través del IMIPE, obteniendo únicamente la confirmación de la ausencia de medidas.

–          Solicitamos al gobierno federal, mediante escrito dirigido a Enrique Peña Nieto el 16 de abril de 2013, solicitando la emisión de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

–          Recibimos notificación de la Dirección de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República del envío de nuestra solicitud a la Secretaría de Gobernación federal.

–          La Secretaría de Gobernación, dio respuesta burocrática a la solicitud de Alerta de Violencia de Género.

–          Entregamos documentos para su conocimiento al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Emilio Alvarez Icaza, al Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Javier Hernández Valencia y al Juez Baltazar Garzón, quienes realizaron importantes pronunciamientos favorables a la aplicación de la Alerta de Violencia de Género ante el gobierno del Estado, cuestionando severamente la falta de cumplimiento de Tratados Internacionales para proteger los derechos de las mujeres.

–          Hicimos entrega de documentación sobre violencia feminicida en Morelos al Encargado de la Oficina para México con sede en Londres de Amnistía Internacional, Rupert Knox, quien manifestó su solidaridad durante la presentación del Informe de Amnistía Internacional realizado en la Ciudad de México.

–          Durante la manifestación más grande de la clase trabajadora en Morelos, el primero de mayo, se obtuvieron cientos de firmas y se incluyó la exigencia de Alerta de Violencia de Género por parte de sindicatos y organizaciones adheridas al Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

–          Se sumaron periodistas, sindicalistas, feministas, abogadas y defensoras de derechos humanos del país a esta lucha y se continúan recabando firmas a través de plataformas y redes sociales con alcance internacional.

Ante todo lo anterior, la respuesta del gobierno de Morelos ha sido el ataque sistemático y descalificación del derecho de petición y del cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lejos de realizar las acciones concretas que significa una situación que al minimizarla significa que las mujeres sigan muriendo violentamente, llegando al extremo de que un caso de juicio oral contra feminicida terminó liberando a quien fue la pareja sentimental que le provocó la muerte en un rio al considerar que se trató de un “accidente” luego de una agresión física y verbal ante testigos!

Por todo lo anterior, es claro que mientras las mujeres sigan muriendo violentamente en Morelos, será responsabilidad del autor material y de la omisión criminal de un gobierno incapaz de tomar las medidas establecidas en la propia ley que está obligado a cumplir y hacer cumplir.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Halcones y paramilitares: 10 de junio no se olvida!

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

El 10 de junio de 1971 el grupo paramilitar los Halcones reprimió una manifestación estudiantil en la que murieron y desaparecieron decenas de jóvenes que exigían demandas democráticas en México, luego del movimiento de 1968 que culminó el 2 de octubre. La respuesta fue la Masacre del Jueves de Corpus Christi. ¿Qué ha cambiado de entonces a la fecha en la sociedad y en las formas de gobernar?  Hay seguramente muchas preguntas que serán respondidas de diferente manera dependiendo del lugar que se ocupe. El gobierno dirá que vivimos en pluralidad democrática y que se respeta la libertad de expresión. Entre la juventud existe un desconocimiento de lo ocurrido, pero hay sectores estudiantiles que recuperan la memoria histórica y toman como referencia esta fecha para cuestionar el autoritarismo, el poder y represión gubernamental. Quienes empezamos a participar políticamente en esas fechas tenemos el compromiso de valorar la perspectiva de dichos acontecimientos para que no sea arrojada al barril sin fondo de la historia oficial. Lo que detonó el movimiento fue un ataque a la autonomía universitaria.  A finales de 1970 se modificó la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la que se propuso una mayor participación de los estudiantes y maestros para elegir al rector. En 1971 llegó Héctor Ulises, pero el gobierno estatal en desacuerdo redujo el presupuesto a la institución y obligó a que se aprobara una nueva ley en la que se eliminaba la autonomía, es decir, el poder de decisión de la comunidad universitaria sobre la institución. Los universitarios comenzaron una huelga.  De inmediato se expresó el apoyo estudiantil. La UNAM y el Poli respondieron y convocaron a una manifestación masiva en apoyo a la UANL el jueves 10 de junio de 1971. El 30 de mayo renunció el gobernador Eduardo Elizondo Lozano, en aquella época era potestad del presidente, entonces  Luis Echeverría, de poner o quitar gobernantes,  la gran mayoría decidió seguir con la manifestación convocada pues el país padecía más de un solo problema: la falta de libertad de expresión, la farsa democrática y la represión a movimientos populares. La marcha comenzó en el Casco de Santo Tomás, seguiría por la calzada México-Tacuba para llegar al Zócalo capitalino, pero el cuerpo de granaderos de la policía impidió el paso, mientras desplegaron al grupo de Los Halcones. Ahí ocurrió la Masacre. La manifestación inició alrededor de las cinco de la tarde en las inmediaciones de la estación Normal del metro. Sin embargo, a unos cuantos minutos estalló una granada y después aparecieron grupos armados, tanques antimotines, camiones de bomberos y patrullas, además de francotiradores, produciéndose un enfrentamiento, el cual duró aproximadamente dos horas. Al anochecer, 70 cuerpos de estudiantes fueron encontrados, además de algunos lesionados. Muchos fueron desaparecidos. Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y pistolas, con lo que desataron un tiroteo contra los estudiantes, incluso llegaron hasta el hospital Rubén Leñero para dar el tiro de gracia contra algunos heridos. La versión oficial incluía un supuesto intento de golpe de Estado. Se obligó a renunciar a funcionarios, pero hubo impunidad. En septiembre de 2005, integrantes del Comité 68 presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington, argumentando impunidad para investigar el caso en México. La queja incluyó una extensa documentación del caso contra Echeverría y Moya, copia de los fallos judiciales, un video, recortes periodísticos y otros materiales para que la CIDH pueda reconstruir los hechos y revisar la respuesta judicial y gubernamental a esos sucesos, pero no prosperó.  Lejos de que el gobierno aprenda la lección, ahora Peña Nieto insiste en criminalizar movimientos y protestas sociales. En la exposición de motivos de la reforma al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Extinción de Dominio, el Ejecutivo destaca la adición al artículo 139 para señalar de manera expresa que las manifestaciones que realicen grupos sociales en el ejercicio de sus derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional con el fin de presionar a la autoridad para que tome una determinación, “sin atentar contra bienes jurídicos de las personas”, no se considerarán terrorismo. Aunque la Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa, se ha comenzado a analizar también en el Senado, ya que preocupa tal condicionamiento que abre las puertas a la criminalización de la protesta, así como el establecer en el Código Penal que las agresiones contra integrantes de agencias extranjeras que operan en México se considerarán como terrorismo, con una penalidad de hasta 40 años. Justamente lo contrario de lo que se anuncia de “no considerar como actos terroristas las manifestaciones, plantones y otras formas de protesta social”! Por ello, habrá diversas movilizaciones este 10 de junio y si quieres saber más te recomendamos el documental Halcones, terrorismo de Estado una producción de la casa productora Canal 6 de julio.

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Intimidaciones en el Día de la Libertad de Expresión en Morelos.

La libertad de expresión es un derecho y este se defiende todos los días. Es un derecho de la sociedad en su conjunto,  Este derecho no debe estar ligado a quienes ejercen el poder,  no debe ser un privilegio de quienes tienen dinero y poder!

En un ambiente de pluralidad y diversidad de opiniones y hechos, debe haber el reconocimiento pleno de ese derecho establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”

Ningún periodista debe sufrir amenazas, despidos, desapariciones y asesinatos por transmitir esa realidad, como lo establece este artículo.

Si un funcionario amenaza e insulta la inteligencia, ¿por qué lo tienen que difundir todos los medios? Si una familia pobre es asesinada, ¿por qué todos los medios deben  callarlo?

Ejercer un derecho en las calles, plazas, no debe significar sufrir censura en medios masivos.

En Morelos se han cometido asesinatos de periodistas sin que sean debidamente esclarecidos hasta la fecha, lo que implica que al mantenerse en la impunidad siempre habrá la posibilidad de que se repitan hechos ominosos como los que se presentan en diversos estados de la república y que han sido documentados por organizaciones defensoras de la libertad de expresión: México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido. Asimismo, ciertos medios de comunicación frecuentemente son blanco de ataques armados y de amenazas, en especial en el norte del país. Datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) indican que en todo el mundo más de 600 periodistas han sido asesinados en los últimos diez años y tan solo un crimen de cada diez ha terminado con la condena del culpable.

Recientemente en Morelos tenemos diversos casos de periodistas que han sufrido intimidaciones y agresiones por parte de policías y funcionarios. En el caso de Yautepec ha sido el propio jefe de la policía quien ha impedido la labor de fotógrafos, negando su paso para cubrir información sobre hechos de violencia.

En Cuernavaca, periodistas han sido intimidados legalmente por su labor informativa, siendo llamados por autoridades judiciales a declarar cuando políticos sienten afectada su imagen al ser denunciados sus ilícitos.

Sin libertad de expresión se impone el autoritarismo y la antidemocracia. Por ello, los medios de comunicación abiertos, plurales e independientes del poder, deben ser instrumentos indispensables para que se refleje la diversidad de opiniones y hechos de una sociedad, que aspira a que mediante la democracia y el respeto a los derechos humanos de todas y todos se resuelvan los graves problemas que se viven cotidianamente.

Por una cultura de respeto a los derechos humanos

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C. 

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Feminicidio, migrantes, desaparecidos, abusos ¿hasta cuándo?

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Feminicidio: El 31 de mayo de 2013 la Comisión independiente de Derechos Humanos de Morelos realizamos una actividad en el zócalo de Cuernavaca para seguir recabando firmas en la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género y dirigirlas a la presidencia de la República. Hasta el momento hemos recopilado más de mil firmas que entregaremos en las oficinas del Palacio Nacional, con la respuesta que estamos preparando al documento que nos han enviado de la Secretaría de Gobernación sobre nuestra solicitud enviada a Peña Nieto. La respuesta ciudadana ha sido amplia y solidaria, además de firmar, aportando testimonios de casos de violencia de diferente tipo contra mujeres de distintas edades que ven la necesidad de que se tomen medidas por parte de las autoridades y que se avance realmente en una cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres, ya que si bien está claramente establecido en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no ha habido ni la voluntad ni los programas institucionales para aplicarlos y hacerlos valer en la práctica. Como parte de un balance positivo de esta campaña es que instancias internacionales han asumido un compromiso con el seguimiento de los casos que les hemos documentado, por lo que consideramos que con la participación consciente y organizada de la población se puede construir nuevas relaciones sociales, donde no prevalezca ni el machismo, ni la misoginia que lleva a los niveles de violencia feminicida que se ha venido denunciando.

Operativo y migrantes: Detuvieron en Cuernavaca a 7 migrantes guatemaltecos en una acción de la SSP en hoteles y moteles y fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La información publicada en diversos medios de comunicación y dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública indica que estos hechos ocurrieron durante un operativo donde fueron detenidas 12 personas en diferentes hoteles y moteles de Cuernavaca y Jiutepec, Sin embargo, en el caso de los migrantes guatemaltecos, 5 hombres y dos mujeres, únicamente se da a conocer el dato de que carecían de documentos legales, sin que se mencione explícitamente que hubiesen incurrido en algún ilícito, por lo que, de acuerdo a los procedimiento legales, no deberían ser consignados ante el Ministerio Público Federal, sino remitidos al Instituto Nacional de Migración para que determinara su situación legal, toda vez que ninguna persona es ilegal en cualquier lugar del mundo. Esta acción de la SSP incurre en violación de derechos humanos establecidos claramente en la constitución, que señala: nadie puede ser molestado en sus personas y domicilios si no hay orden judicial o flagrancia en algún delito. Para la Comisión independiente de Derechos Humanos de Morelos, la necesidad de que se garantice la seguridad ciudadana no debe significar que se criminalice a personas migrantes y se les presente como delincuentes en operativos que devienen en redadas violatorias de los más elementales derechos humanos. Las prácticas abusivas contra migrantes han significado una condena internacional al Estado Mexicano, de ninguna manera se debe utilizar la fuerza policiaca represiva cuando se debe abordar desde un análisis integral sobre causas económicas, sociales y políticas, no sólo criminógenos. Al respecto, Amnistía Internacional ha señalado al respeto: “El completo fracaso de las autoridades para recopilar y publicar datos (como los informes de abusos contra los migrantes, las investigaciones llevadas a cabo, los autores de crímenes perseguidos, los funcionarios sancionados y el número de migrantes desaparecidos), es un claro indicio de la falta de prioridad y de atención a los abusos que sufren los migrantes en tránsito por México. Las únicas medidas federales preventivas y de investigación parecen limitarse a la labor de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, indocumentados y Órganos, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR. Esta unidad tiene un mandato muy amplio y los abusos cometidos contra los migrantes no son su prioridad.” La impunidad de estos graves abusos permanece en la norma, por ello es inaceptable que se criminalice a las y los migrantes en esta clase de operativos.

Otro operativo y protestas: Luego de que la policía detuvo a 15 mototaxistas en Atlacholoaya, el pueblo indígena se

indigna y protesta masivamente
 y retiene a 5 policías federales, por lo que llegan de la S
ecretaria de Seguridad 

P

ublica
a negociar la liberación de los policías. El origen fue la inseguridad y
un

 menor secuestrado 

que 

fue rescatado

, hasta un día después en Temixco donde fue localizado por denuncia anónima. Las detenciones arbitrarias y la represión no ayudan a resolver la inseguridad. El respeto a los derechos humanos debe formar parte de la seguridad ciudadana. 
Una cosa es clara: mientras haya abusos de autoridad, los pueblos se levantarán en defensa de sus derechos, ¿acaso no lo entiende el gobierno?

 

Desaparecidos: La marcha que partió de Bucareli, en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, concluyó con un mitin frente al gobierno capitalino, luego de recorrer la plancha del Zócalo. “¡Vivos se los llevaron!, íVivos los queremos!”, fue el reclamo unísono de los padres y familiares de personas desaparecidas, acompañados por diversas organizaciones, mientras enarbolaban pancartas con fotografías de sus seres queridos.

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