Halcones y paramilitares: 10 de junio no se olvida!

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

El 10 de junio de 1971 el grupo paramilitar los Halcones reprimió una manifestación estudiantil en la que murieron y desaparecieron decenas de jóvenes que exigían demandas democráticas en México, luego del movimiento de 1968 que culminó el 2 de octubre. La respuesta fue la Masacre del Jueves de Corpus Christi. ¿Qué ha cambiado de entonces a la fecha en la sociedad y en las formas de gobernar?  Hay seguramente muchas preguntas que serán respondidas de diferente manera dependiendo del lugar que se ocupe. El gobierno dirá que vivimos en pluralidad democrática y que se respeta la libertad de expresión. Entre la juventud existe un desconocimiento de lo ocurrido, pero hay sectores estudiantiles que recuperan la memoria histórica y toman como referencia esta fecha para cuestionar el autoritarismo, el poder y represión gubernamental. Quienes empezamos a participar políticamente en esas fechas tenemos el compromiso de valorar la perspectiva de dichos acontecimientos para que no sea arrojada al barril sin fondo de la historia oficial. Lo que detonó el movimiento fue un ataque a la autonomía universitaria.  A finales de 1970 se modificó la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la que se propuso una mayor participación de los estudiantes y maestros para elegir al rector. En 1971 llegó Héctor Ulises, pero el gobierno estatal en desacuerdo redujo el presupuesto a la institución y obligó a que se aprobara una nueva ley en la que se eliminaba la autonomía, es decir, el poder de decisión de la comunidad universitaria sobre la institución. Los universitarios comenzaron una huelga.  De inmediato se expresó el apoyo estudiantil. La UNAM y el Poli respondieron y convocaron a una manifestación masiva en apoyo a la UANL el jueves 10 de junio de 1971. El 30 de mayo renunció el gobernador Eduardo Elizondo Lozano, en aquella época era potestad del presidente, entonces  Luis Echeverría, de poner o quitar gobernantes,  la gran mayoría decidió seguir con la manifestación convocada pues el país padecía más de un solo problema: la falta de libertad de expresión, la farsa democrática y la represión a movimientos populares. La marcha comenzó en el Casco de Santo Tomás, seguiría por la calzada México-Tacuba para llegar al Zócalo capitalino, pero el cuerpo de granaderos de la policía impidió el paso, mientras desplegaron al grupo de Los Halcones. Ahí ocurrió la Masacre. La manifestación inició alrededor de las cinco de la tarde en las inmediaciones de la estación Normal del metro. Sin embargo, a unos cuantos minutos estalló una granada y después aparecieron grupos armados, tanques antimotines, camiones de bomberos y patrullas, además de francotiradores, produciéndose un enfrentamiento, el cual duró aproximadamente dos horas. Al anochecer, 70 cuerpos de estudiantes fueron encontrados, además de algunos lesionados. Muchos fueron desaparecidos. Los paramilitares venían armados con varas de bambú, palos de kendo y pistolas, con lo que desataron un tiroteo contra los estudiantes, incluso llegaron hasta el hospital Rubén Leñero para dar el tiro de gracia contra algunos heridos. La versión oficial incluía un supuesto intento de golpe de Estado. Se obligó a renunciar a funcionarios, pero hubo impunidad. En septiembre de 2005, integrantes del Comité 68 presentaron una queja ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington, argumentando impunidad para investigar el caso en México. La queja incluyó una extensa documentación del caso contra Echeverría y Moya, copia de los fallos judiciales, un video, recortes periodísticos y otros materiales para que la CIDH pueda reconstruir los hechos y revisar la respuesta judicial y gubernamental a esos sucesos, pero no prosperó.  Lejos de que el gobierno aprenda la lección, ahora Peña Nieto insiste en criminalizar movimientos y protestas sociales. En la exposición de motivos de la reforma al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Extinción de Dominio, el Ejecutivo destaca la adición al artículo 139 para señalar de manera expresa que las manifestaciones que realicen grupos sociales en el ejercicio de sus derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional con el fin de presionar a la autoridad para que tome una determinación, “sin atentar contra bienes jurídicos de las personas”, no se considerarán terrorismo. Aunque la Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa, se ha comenzado a analizar también en el Senado, ya que preocupa tal condicionamiento que abre las puertas a la criminalización de la protesta, así como el establecer en el Código Penal que las agresiones contra integrantes de agencias extranjeras que operan en México se considerarán como terrorismo, con una penalidad de hasta 40 años. Justamente lo contrario de lo que se anuncia de “no considerar como actos terroristas las manifestaciones, plantones y otras formas de protesta social”! Por ello, habrá diversas movilizaciones este 10 de junio y si quieres saber más te recomendamos el documental Halcones, terrorismo de Estado una producción de la casa productora Canal 6 de julio.

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