Archivo mensual: julio 2013

Emiten Fallo condenatorio por homicidio calificado en juicio oral.

El fallo condenatorio por homicidio calificado del joven José Alfredo Popoca Torres fue emitido de manera unánime por el Tribunal de Justicia Alternativa, en el juicio oral seguido en contra del hasta hoy presunto culpable. La sentencia será emitida en la sesión convocada para el día 6 de agosto a las 11 horas en la sede ubicada en el centro de Cuernavaca.

Fue un juicio en donde se aportaron todos los elementos de prueba por parte de familiares, testigos y peritos que presentó el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Homicidios de la PGJ, no dejando lugar a duda que el autor fue Alfredo “N” de quien nos reservamos apellidos hasta la emisión de la condena correspondiente.

Ante la constante presencia de familiares de la víctima, acompañados de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, quienes en todo momento aportaron pruebas y se desempeñaron como coadyuvantes en el juicio aún cuando fue necesario hacer públicas exigencias ante autoridades para que este caso no quedara en la impunidad como ha ocurrido en otros casos, finalmente se establecieron todos los elementos para determinar que en efecto se trató de un homicidio calificado ocurrido el 26 de septiembre de 2012, en el Bar Debraye, en el centro de la ciudad de Cuernavaca.

Fueron 8 testigos, 3 de los cuales señalaron directamente al acusado de haber disparado con el arma homicida, así como los peritos determinaron la causa de muerte por proyectil de arma de fuego, las fotos y el video para la identificación del cadáver y las pruebas de balística que constituyeron indicios irrefutables con el casquillo, cartucho, ojiva deformada y pistola, así como la propia declaración que rindió de manera espontánea y sin presiones que el acusado realizó ante los jueces, donde corroboró cada una de las hipótesis, ya que aún cuando quiso argumentar en su defensa que había estado en riesgo su vida, no lo acreditó y solo confirmó haber estado ahí, haber usado y disparado el arma, amagado al personal y posteriormente ser detenido con el arma usada.

Aún cuando la defensa del acusado consideró que no se corroboraron del todo las hipótesis del Ministerio Público, los jueces desestimaron los alegatos para considerar que dicho homicidio ocurrió en riña como lo pretendió justificar la defensa para tratar de disminuir la sentencia que será emitida la próxima semana.

Tanto la familia de José Alfredo Popoca Torres como la Comisión Independiente de Derechos Humanos esperamos que la sentencia sea proporcional al daño causado, tal como lo establece el Código Penal vigente para el estado de Morelos, ya que, en este caso como en todos los que ocasionan un daño a las víctimas en sus derechos humanos, mantenemos la exigencia de justicia para que se terminen los niveles de impunidad que son factor fundamental de la existencia de un clima de violencia e inseguridad que no garantiza la vida y la libertad de las personas. La pérdida de la vida de José Alfredo, de 24 años de edad, también deja un daño emocional muy grande tanto en su familia como en su pequeño hijo que queda huérfano a sus 6 años de edad. Estos elementos deberán ser tomados en cuenta en la audiencia de individualización de sentencia y reparación del daño que se llevará a cabo el día 6 de agosto de 2013.

Agradecemos el seguimiento que la opinión pública y los medios de comunicación han tenido a este juicio oral y mantendremos el seguimiento hasta la emisión de la sentencia.

Cuernavaca, Morelos, 31 de julio de 2013.

 

Atentamente.

 

Familia Popoca Torres y

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Alerta de Violencia feminicida contra impunidad

Paloma Estrada Muñoz, Juliana G. Quintanilla

Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009″, en esos 24 años fueron asesinadas 34.176 mujeres. Entre el 2010 y el 2011 desaparecieron 3.000 mujeres. Y  529 homicidios de enero de 2011 a junio del 2012. La alerta de violencia de género es un mecanismo visible que establece la ley, pero fija también obligaciones de política pública y de revisar los mecanismos institucionales que son el corazón de esta norma. En Morelos más de 3 mil firmas avalan la petición y se han emitido dos puntos de acuerdo en el Congreso de la Unión y en el Congreso del Estado.  En el país crece esta violencia. Cuando se solicitó la Alerta en el Estado de México, entre 2005 y 2011 sumaban 922 los asesinatos contra mujeres en esa parte del país y en más de 55% de los casos se desconocían la relación de la víctima con el victimario. Entre 2011 y 2012 fueron asesinadas en la entidad 563 mujeres. De ellas, 115 se catalogaron como feminicidios y dentro de esta categoría, 60% fueron encontradas en la vía pública: baldíos, zanjas y montes.

Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. Sobrevivir a un ataque de esta naturaleza es poco probable. Sin embargo, hay quien vive para contarlo y denunciarlo: Recibió 7 heridas de navaja por parte del padre de sus hijos y sobrevivió. Luego de 8 meses de permanecer preso el agresor feminicida quedó en libertad, fue acusado de homicidio en grado de tentativa, sin tipificarlo como violencia feminicida tal como lo establece el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El caso de Izayani es una muestra de la impunidad que prevalece en la violencia feminicida en Morelos. Es la historia de una mujer que se atrevió a denunciar públicamente la agresión ante la falta de justicia, luego de encontrarse al borde de la muerte. Los hechos fueron conocidos de manera pública en un reportaje de noticiero local y presentados ante la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, luego de que los juzgados de juicios orales decidiera poner en libertad al agresor, lo que coloca en situación de vulnerabilidad y alto riesgo para la mujer que se atrevió a denunciar penalmente a su atacante, por lo que brindarle apoyo y solidaridad es una tarea impostergable para evitar que se presente una nueva situación de violencia en su contra. Durante el juicio oral le concedieron la libertad absoluta sin restricción alguna al declararlo inocente de todos los cargos, diciendo que las pruebas eran insuficientes para mostrar que él había sido el que ocasionó las heridas. Fue liberado el 21 de junio de 2013. “Tengo miedo de que me vuelva a intentar matar o a quitarme a mis hijos con la ayuda de su mañoso abogado que dice tener muchas influencias con los jueces. Más miedo me dio cuando me enteré que cerca de mi domicilio ocurrió otro caso similar y también lo liberaron en el juicio oral hace un par de semanas.” Su denuncia pública concluye diciendo: “Ayúdenme por favor, no quiero morirme, mis hijos me necesitan, todavía siento que hay personas que en sus manos está mi bienestar y la de mis hijos, tengo esperanza que a pesar de la corrupción y la injusticia que vivimos también hay quienes me ayudarán. Hoy vivo para contarlo, hay muchas mujeres que ya no. Basta ya de impunidad, corrupción e injusticia”.

Una conclusión se desprende de este caso: las autoridades no aplican la ley ni los procedimientos para proteger la vida y la libertad de las mujeres. Contrariamente, para aplicar la Alerta de Violencia de Género, exigen a las organizaciones que nos apeguemos estrictamente a los procedimientos burocráticos que señala la ley con un contenido excesivo de reglamentación, que mientras se demuestra todo lo ahí solicitado siguen desapareciendo y muriendo mujeres asesinadas. A eso se le llama violencia institucional. Esto fue lo que analizamos ampliamente con diputadas federales de la Comisión sobre Feminicidio, del Congreso de la Unión, donde se está revisando el procedimiento legal para la emisión de esta alerta, ya que según cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema. En los últimos seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60% de ellas fueron encontradas en vía pública y 40% murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o concubinos. A la fecha se han rechazado también las alertas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México. Ante este panorama no vamos a abandonar la exigencia de que en Morelos se emita esta alerta de violencia de género, se trata de la vida y la libertad de las mujeres, de eso se trata.

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Acoso laboral y amenazas a periodistas

José Martínez Cruz, Marco Aurelio Palma Apodaca

Cuando las y los periodistas se encuentran en la mira de amenazas, violencia, hostigamiento, el panorama de la libertad de expresión se ensombrece. En lo que va del sexenio de Peña Nieto ha habido cuatro asesinatos de periodistas, tres desaparecidos y nueve ataques contra medios de comunicación, registrando el peor arranque en cuanto a ataques a la libertad de expresión y la profesión periodística. Existe una ley y un mecanismo de protección a periodistas, una reforma a la constitución y hay más violencia, no baja el número de ataques contra periodistas. El sexenio de Calderón es hasta el momento, el más violento para la prensa y los medios de comunicación en la historia reciente, el último año de su mandato, se contabilizaron un total de 258 agresiones a la libertad de expresión, en el marco del ejercicio periodístico, hacia el derecho de libertad de expresión, desde asesinatos y desapariciones hasta los actos más sutiles de intimidación como método para inhibir el ejercicio del periodismo.
Diversas organizaciones de derechos humanos y de periodistas hemos impulsado desde el 2008, la creación de un mecanismo para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos. El grave panorama que viven trabajadores de los medios de comunicación en el país, se expresa en el asesinato de tantos periodistas, desaparecidos, perseguidas y amenazados. Resulta paradójico que periodistas que defienden derechos laborales de otros trabajadores, mediante notas y reportajes, carezcan de esos mismos derechos. Derechos elementales, no los fantasiosos del supuesto Cuarto Poder: salario profesional, estabilidad en el empleo, horarios de trabajo, prestaciones sociales, derecho a la organización colectiva. En Morelos es recurrente el despido de periodistas de diversos medios, quienes, igual que cuando sufren amenazas en su vida, quedan desprotegidos. 
Hay claros ejemplos que ilustran lo anterior, con despidos masivos, o con quienes son sustraídos de sus actividades regulares para protegerlos ante un posible atentado. Nuestro organismo desde el 2010, pedimos la intervención de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República (Rosario Ibarra de Piedra) ante los constantes ataques de funcionarios y al efecto se tomaran las medidas conducentes de protección y hostigamiento laboral sufridas, en la Institución Pública del Sistema Morelense de Radio y Televisión que dependía del Congreso del Estado de Morelos, y en el mismo sentido solicitamos darle seguimiento a esta grave situación que vive el gremio del periodismo en el Estado de Morelos, demandamos en su momento “las medidas cautelares” y las responsabilidades especificas por parte del Gobierno del Estado de Morelos y la Comisión de Radio y Televisión del Congreso del Estado de Morelos, particularmente a la Senadora en su momento, le pedimos su respectiva colaboración toda vez que las quejas elevadas por el personal del SMRT al Congreso, cayeron en oídos sordos de Diputados. Ninguno de los diputados de la anterior legislatura asumió la defensa al grado que actualmente se ventila ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Demanda por hostigamiento laboral, que se tradujo en congelarlos, reubicarlos o despedirlos. Al respecto la SCJN ha definido el acoso laboral de la siguiente forma: Se han identificado una serie de conductas o comportamientos que son indiciarios de la existencia del acoso moral y/o psicológico en el trabajo. 
Entre éstos encontramos: conductas que pretenden atentar contra la reputación de la víctima o contra el ejercicio de su trabajo, y conductas que traten de manipular la comunicación en información con los demás compañeros o superiores. Dichas conductas tienen como resultado, por lo general, daños a la salud laboral y a la dignidad del trabajador. Comúnmente encontramos que son actos repetitivos, sistemáticos o recurrentes, pero no debe fijarse un periodo mínimo para hablar de la existencia de acoso laboral. No disparen al periodista, respeten sus derechos, es la consigna.

http://www.jornadamorelos.com/2013/7/22/politica_nota_06.php

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Juicio oral: los derechos de la víctima.

 El jueves 18 de julio de 2013 se llevará a cabo el juicio oral para determinar la responsabilidad del imputado en el homicidio calificado de José Alfredo Popoca Torres, establecido en la causa penal JC/536/2012, en contra del imputado que actualmente se encuentra detenido.

Los hechos ocurrieron el día 26 de septiembre  de 2012 en el bar Debraye en pleno centro de Cuernavaca, a un costado de Palacio de Gobierno, que sabemos sigue funcionando con normalidad.

Este juicio oral se llevará a cabo una vez que se han desahogado las audiencias intermedias ante el Juez de Control de proceso, donde las partes tuvieron la oportunidad de presentar todas las pruebas pertinentes, mismas que fueron ampliamente presentadas por los familiares de la víctima, José Alfredo Popoca Torres y sustanciados por el Fiscal de Homicidios adscrito al Ministerio Público de la PGJ de la entidad, sin que se hubiese presentado prueba de descargo alguna por parte de la defensa jurídica del imputado, por lo que es de esperar que los tres jueces encargados de llevar a cabo el juicio oral determinen la responsabilidad y fijen la sentencia correspondiente.

En este sentido, familiares de la víctima, José Alfredo Popoca Torres han contribuido con todos los elementos de prueba y solicitaron en su momento a través de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos que se revisaran pruebas fundamentales como los videos del lugar donde muestran sin lugar a dudas la responsabilidad del imputado en la comisión del delito.

Aún cuando se dio la anuencia de familiares para que se llevara a cabo el juicio abreviado, una vez que la defensa del imputado lo había solicitado, este no se realizó en su momento procesal, lo que en la práctica significa únicamente el alargamiento innecesario de un juicio oral que prolonga durante meses la realización del mismo, lo que muestra que aún no quedan suficientemente claros los procedimientos para el desahogo de este tipo de mecanismos. Aún más, la familia ha expresado siempre su interés en coadyuvar en el proceso, apersonándose permanentemente ante las instancias de procuración de justicia, sin que se le haya acreditado legalmente la coadyuvancia desde el ministerio público para su reconocimiento ante el juez de control, lo que es una irregularidad que debiera ser subsanada en la propia audiencia de mérito.

Ante este homicidio, la familia igualmente debería obtener el apoyo completo de la justicia para que no quede en la impunidad. La verdad histórica y la verdad jurídica deben ir de la mano para no revictimizar a la víctima. Eso es lo que exigimos que quede claro en este juicio oral.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Alerta de Violencia de Género: Un compromiso con las morelenses.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz

La vida y la muerte no se pueden banalizar. El feminicidio es tan grave que no se puede permanecer indiferente. Las mujeres mueren violentamente en Morelos: 35 en lo que va del 2013. Y ninguna medida para enfrentarlo es inútil. Es necesario sumar voces, palabras, hechos, acciones, para detener, prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Este es el sentido del Punto de Acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Morelos, por unanimidad, en su sesión del 11 de julio reciente. Esto en consonancia con el mismo resolutivo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 26 de junio pasado. El Congreso de Morelos pidió al Instituto Nacional de la Mujer (INM), iniciar el procedimiento para emitir la alerta de género en Morelos, debido al número de crímenes violentos de mujeres, cuya tendencia va a la alza en los últimos meses y no hay política pública que lo evite. Desde hace meses la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDH), feministas, sindicalistas de la UNAM, del MMB y telefonistas, periodistas, abogadas, y cerca de 3 mil personas más han exigido lanzar la alerta de género. Como organización defensora de los derechos humanos hemos documentado la violación sistemática extrema. Por ejemplo, del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios, para el 2006 bajó a 20; para el 2007 la tendencia subió con 20 casos (hasta el 19 de septiembre); en el 2008 la cifra de feminicidios creció a 37. La tendencia no cambió y en el 2009 se documentaron 39, en el 2010 la situación preocupó pues los casos llegaron a 48; en el 2011 casi se duplico y cerró en 80 y el año más crítico fue el 2012 al contabilizarse 94 y en la misma dirección apunta en éste año 2013, donde se llevan contados 35 feminicidios. Con estos antecedentes los legisladores locales decidieron en votación unánime, exhortar al INM, en su carácter de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, analice y establezca la alerta de violencia de género en Morelos. Otros argumentos que expresaron las y los legisladores morelenses es que 25 de 33 municipios de la entidad forman parte del mapa del feminicidio. Del mapa sobresale que el mayor número ocurrieron en sus hogares, otro grupo importante de cuerpos fueron arrojados en la calle, en baldíos, barrancas, en una construcción, en el río. Otras mujeres murieron en cuartos de hotel o en casas de secuestro. Todas ellas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron humillaciones; golpeadas hasta la muerte, dice el mapa. El diagnóstico sobre el feminicidio establece que previo a ser asesinadas las mujeres vivieron aislamiento aterradas, amenazadas,  y atravesaron la más extrema impotencia de indefensión. El diputado Héctor Salazar Porcayo consideró necesario que ninguna autoridad cierre los ojos ni voltee la vista hacia otro lado cuando está creciendo gravemente la violencia contra las mujeres y acentuándose en su forma extrema. Acusó omisión y negligencia de algunas autoridades coludidas con agresores, donde incluso, los funcionarios obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de la violencia. También pidieron a la comisión permanente del Congreso de la Unión dar seguimiento al exhorto hecho al Instituto Nacional de las Mujeres.

Las palabras suman. Más cuando van acompañadas de acciones. Recordamos aquí la opinión del representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México,  Javier Hernández Valencia, en un foro denominado Mesa para la Construcción de Consensos sobre Derechos Humanos, realizado en Morelos expresó: “Hay una demanda que se ha hecho pública desde hace días, sino semanas, tal vez hasta meses, en la que se ha puesto el tema de debate el feminicidio en Morelos. Déjeme decirle una cosa señor secretario (de Gobierno Jorge Messeguer Guillén) es una curiosa experiencia para mí como funcionario internacional, encontrar en muchos escenarios internacionales que la voz oficial del Estado mexicano, la integralidad del Estado no sólo la Federación, hablan de las bondades de ley y por supuesto de la institucionalidad que se ha construido alrededor de ella. Y, sin embargo, en los dos años y medio que llevo acá, encuentro que la ley tiene un candado, porque la percepción desde los gobernantes de la declaración de la alerta de género es como si fuera un baldo, como si fuera un error, y se evita entonces poner a disposición y movilizar lo que en la institucionalidad se ha construido para ser más eficaces por evitar el costo político de ser, la primera entidad en la cual se declare la alerta de género. Es como si fuera un pecado de origen, en el que nadie quiere caer y eso ha atado de manos, de pies, vendado de ojos, amordazado, taponado los oídos a nuestra construcción institucional”.

En palabras de Marcela Lagarde: La alerta de violencia de género es un conjunto de acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia  feminicida en un territorio determinado sea ejercida por individuos o por la comunidad. Palabras si, palabras tan necesarias para definir lo que significan las acciones a realizar. Sabemos que es fundamental que todas las medidas planteadas para prevenir, investigar, informar y documentar el feminicidio, permitan avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres. Si quienes tienen el poder en sus manos no lo hacen, actuarán con omisión y negligencia criminal, porque la impunidad es responsabilidad de las autoridades y como sociedad tenemos la tarea histórica de cambiar este sistema para construir un mundo donde quepan los derechos humanos de todas y todos. ¡Por la Vida y la Libertad de las Mujeres!…

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Derechos de la niñez: no violencia ni explotación.

Día con día crecen los reportes y evidencias que muestran las difíciles situaciones a las que se enfrentan niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe, donde la pobreza tiene rostro infantil y de mujer. La violencia contra la niñez continúa en ascenso; son humillados, golpeados, víctimas de abuso sexual por los propios adultos que forman parte de sus vidas. Estudios recientes confirman que la región de América Latina y el Caribe cuenta con elevados índices de violencia. El Caribe se ubica en el primer lugar en lo que se refiere a homicidios en el mundo (30 por 100,000 anualmente); Sudamérica en el tercer lugar (26 por 100,000) y Centroamérica en el quinto (22 por 100,000). Asimismo, alrededor del 28.7% de las víctimas de homicidio en América Latina son adolescentes entre los 10 y 19 años de edad y 6 millones de niños y niñas sufren abusos severos, incluyendo abandono, y 80,000 niños y niñas menores de 18 años mueren todos los años por abuso por parte de sus propios padres. En nuestro país, México, se ha documentado la existencia de 3 millones de menores de edad que sufren explotación laboral sin protección legal alguna. Aunado a lo anterior, en la mayoría de los países no se ha explicitado la prohibición del castigo corporal en la legislación; se observa un incremento de la población en los sistemas de justicia juvenil y en procesos de institucionalización (encierro) por razones administrativas. En la última década el crimen organizado trasnacional ha involucrado a niños, niñas y adolescentes en diversas formas, convirtiendo su condición de desprotección en fuente de ganancias a través de la trata con fines de explotación sexual, reclutamiento forzado y como víctimas inocentes de confrontaciones armadas. Niñas, niños y adolescentes han sido considerados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como “objetos de tutela” en contraste con la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU,1989) que los reconoce como “sujetos de derechos”, con ciudadanía plena que establece el derecho a ser escuchados en todos los temas que les afectan, a no ser discriminados por su edad. Asimismo exige que los Estados asuman el “Interés superior del niño” por encima de cualquier valoración en la toma de decisiones. Organizaciones defensoras de los derechos de las y los niños con quienes compartimos esfuerzos desde la CIDHM, han expresado claramente la necesidad de incluir los siguientes derechos: • GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA de niñas, niños y adolescentes, incluyendo las pautas de crianza violentas, las prácticas tradicionales nocivas y todas las formas de abuso y explotación. Garantizar un mayor acceso a los servicios a las víctimas de la violencia. Incrementar las acciones afirmativas y de protección frente a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en exclusión social: pobres, migrantes, indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, trabajadoras, callejeras, etcétera. • GARANTIZAR EL DERECHO A LA NO DISCRIMNACIÓN Y RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL de niñas, niños y adolescentes de los pueblos indígenas, afrodescendientes y con discapacidad. • GARANTIZAR ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LAS NIÑAS para superar la desigualdad de género desde la infancia y adolescencia. Incorporar a los niños, niñas y adolescentes en la lucha por la equidad de género dentro de las escuelas, las comunidades y la familia. • GARANTIZAR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN de niñas, niños y adolescentes en la toma de decisiones, particularmente con la creación de mecanismos de participación en los procesos de formulación, ejecución y evaluación de la agenda de desarrollo Post-2015 y su aplicación en cada país. • GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD que además del acceso universal priorice la permanencia en un entorno seguro y propicio para la construcción de ciudadanía infantil y adolescente, realizando acciones afirmativas, específicamente con las niñas, la primera infancia y personas con discapacidad. • GARANTIZAR EL DERECHO A UNA VIDA SALUDABLE sustentado en el acceso y calidad de los servicios de salud, que respondan al reto de lograr una cultura de nutrición y a los desafíos de la desnutrición y la obesidad. • GARANTIZAR EL DERECHO A UN CUIDADO DE CALIDAD, VIVIR EN FAMILIA Y COMUNIDAD reduciendo el número de niñas y niños que viven en instituciones (incluyendo aquellos afectados por situaciones de emergencia y desplazamiento), fomentando alternativas de protección integral, orientadas por las Directrices de la ONU para la atención de niños y niñas en cuidados alternativos y que prioricen la reunificación familiar, adopción y acogimiento familiar. • PROMOVER UNA GOBERNANZA INCLUYENTE sustentada en la rendición de cuentas y asignación presupuestaria apropiada para los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que cuente con mecanismos formales para la participación activa de niñas, niños y adolescentes, organizaciones sociales, academia y empresas socialmente responsables. Todo ello con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes tengan el derecho a un proyecto de vida digno en un marco amplio de inclusión social y buen vivir. (REDIM)

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La paz no es la seguridad militarizada.

Paloma Estrada Muñoz y Marco Aurelio Palma Apodaca

La paz armada no significa seguridad ciudadana. Quienes quieren la paz mediante la militarización de la seguridad pública están en el poder económico y político. La estrategia de Mando Unico que incluye un esquema militar antes que una seguridad ciudadana, no puede terminar con una delincuencia que se encuentra metida hasta el tuétano de las instituciones encargadas de brindar esa protección. El gobierno estatal ha demostrado que no está interesado en cambiar de orientación, profundizando la estrategia diseñada por el gobierno de Calderón y actualizada por el asesor permanente de Peña Nieto, el General Colombiano, Oscar Naranjo. Sí es posible una estrategia diferente, fincada en la seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, pero que este gobierno de Graco no está dispuesto ni interesado en asumir. Eso explica que no se acepte la urgencia de una Alerta de Violencia de Género contra el feminicidio creciente: el cuerpo de las mujeres como parte de una concepción de botín de guerra, ya que “la guerra  en México es el resultado de la interrelación y compenetración entre el dominio del orden delincuencial, que constituye una fuerza armada de carácter ilegal y el dominio del orden legal, en todos los niveles de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, con el uso legal pero muchas veces ilegítimo de la fuerza.  Los dos dominios han mostrado tener la misma capacidad de ejercer la violencia en el territorio ya que, según los registros del Equipo Bourbaki, cada uno de ellos es responsable de por lo menos la mitad del costo humano que esta guerra produce”, como señala un estudio del Colectivo Angela Esperanza.

En una guerra la primera baja es la verdad. El gobierno miente con datos. Se manipulan estadísticas. ¿Cuántas historias de dolor hay tras las personas asesinadas, torturadas, violadas, secuestradas, desaparecidas, víctimas de feminicidio?  El Estado reprime a la sociedad civil y a los “desconocidos” más que a los que cometen delitos: genera acciones que provocan cinco veces más muertos en la sociedad que contra policías y militares, y casi cuatro veces más que los que realiza contra grupos delictivos.

Entre  las bajas que producen policías y militares existen  aquellos miembros de la sociedad que luchan para defender sus derechos y los de su colectividad, una cuota de exterminio selectivo, sin embargo, con la imagen actual de violencia social, el asesinato de activistas queda más invisibilizado que antes, en Morelos está el caso de Doña Petra Benítez Barrios y su familia. Por otro lado, esa forma de ejercicio del poder en el país, genera crecientes acciones ilegales, produciendo muertos y desaparecidos tanto en el ámbito delictivo, social y también entre funcionarios públicos y candidatos, como lo demuestran las denuncias hechas  por Human Rights Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México, acerca de las desapariciones forzadas, que señalan estas bajas como producto de una actuación ilegal de parte de las fuerzas del orden legal.

Los mecanismos de esta guerra se sustentan en la idea de la “paz armada”, que consiste en sobreponer la idea de seguridad a la de paz, a partir de una siembra constante de la inseguridad en la población. Hablar de paz para mantener la guerra, muestra la coincidencia política entre Peña Nieto y Graco.

En este modelo de paz y seguridad pública militarizada, las Fuerzas Armadas y policiales se hacen presentes en mayor extensión e intensidad: campos militares en zonas estratégicas como “Los Lagartos”, cientos de patrullas, creación de cuerpos armados especiales como la “Gendarmería”, compra de armamento más sofisticado, detenciones, retenes y desapariciones arbitrarias que escapan cada vez más del control de la sociedad civil y política y avanzan con celeridad e impunidad, a pesar del anuncio de crear Fiscalía y ley de víctimas.

Como dice Rosario Ibarra, quienes detentan el poder no quieren avanzar ni un milímetro en la justicia para las víctimas. El poder está manipulando y expropiando a la sociedad civil del concepto de paz, para vaciarlo de su contenido de justicia, que es la única que da sentido a la paz: que aparezcan los desaparecidos, que haya justicia, dignidad y verdad  para los muertos y que pare la guerra.  

Es necesario denunciar el carácter del exterminio y de la impunidad, que solo se explica por la omisión y complicidad del gobierno, que siguen sin responder a las personas amenazadas, en su búsqueda de seguridad, de justicia: de que se detenga el feminicidio, de que se garantice la seguridad cotidiana en todos los ámbitos de la vida social con pleno respeto a los derechos humanos.

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