La paz no es la seguridad militarizada.

Paloma Estrada Muñoz y Marco Aurelio Palma Apodaca

La paz armada no significa seguridad ciudadana. Quienes quieren la paz mediante la militarización de la seguridad pública están en el poder económico y político. La estrategia de Mando Unico que incluye un esquema militar antes que una seguridad ciudadana, no puede terminar con una delincuencia que se encuentra metida hasta el tuétano de las instituciones encargadas de brindar esa protección. El gobierno estatal ha demostrado que no está interesado en cambiar de orientación, profundizando la estrategia diseñada por el gobierno de Calderón y actualizada por el asesor permanente de Peña Nieto, el General Colombiano, Oscar Naranjo. Sí es posible una estrategia diferente, fincada en la seguridad ciudadana con respeto a los derechos humanos, pero que este gobierno de Graco no está dispuesto ni interesado en asumir. Eso explica que no se acepte la urgencia de una Alerta de Violencia de Género contra el feminicidio creciente: el cuerpo de las mujeres como parte de una concepción de botín de guerra, ya que “la guerra  en México es el resultado de la interrelación y compenetración entre el dominio del orden delincuencial, que constituye una fuerza armada de carácter ilegal y el dominio del orden legal, en todos los niveles de los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, con el uso legal pero muchas veces ilegítimo de la fuerza.  Los dos dominios han mostrado tener la misma capacidad de ejercer la violencia en el territorio ya que, según los registros del Equipo Bourbaki, cada uno de ellos es responsable de por lo menos la mitad del costo humano que esta guerra produce”, como señala un estudio del Colectivo Angela Esperanza.

En una guerra la primera baja es la verdad. El gobierno miente con datos. Se manipulan estadísticas. ¿Cuántas historias de dolor hay tras las personas asesinadas, torturadas, violadas, secuestradas, desaparecidas, víctimas de feminicidio?  El Estado reprime a la sociedad civil y a los “desconocidos” más que a los que cometen delitos: genera acciones que provocan cinco veces más muertos en la sociedad que contra policías y militares, y casi cuatro veces más que los que realiza contra grupos delictivos.

Entre  las bajas que producen policías y militares existen  aquellos miembros de la sociedad que luchan para defender sus derechos y los de su colectividad, una cuota de exterminio selectivo, sin embargo, con la imagen actual de violencia social, el asesinato de activistas queda más invisibilizado que antes, en Morelos está el caso de Doña Petra Benítez Barrios y su familia. Por otro lado, esa forma de ejercicio del poder en el país, genera crecientes acciones ilegales, produciendo muertos y desaparecidos tanto en el ámbito delictivo, social y también entre funcionarios públicos y candidatos, como lo demuestran las denuncias hechas  por Human Rights Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México, acerca de las desapariciones forzadas, que señalan estas bajas como producto de una actuación ilegal de parte de las fuerzas del orden legal.

Los mecanismos de esta guerra se sustentan en la idea de la “paz armada”, que consiste en sobreponer la idea de seguridad a la de paz, a partir de una siembra constante de la inseguridad en la población. Hablar de paz para mantener la guerra, muestra la coincidencia política entre Peña Nieto y Graco.

En este modelo de paz y seguridad pública militarizada, las Fuerzas Armadas y policiales se hacen presentes en mayor extensión e intensidad: campos militares en zonas estratégicas como “Los Lagartos”, cientos de patrullas, creación de cuerpos armados especiales como la “Gendarmería”, compra de armamento más sofisticado, detenciones, retenes y desapariciones arbitrarias que escapan cada vez más del control de la sociedad civil y política y avanzan con celeridad e impunidad, a pesar del anuncio de crear Fiscalía y ley de víctimas.

Como dice Rosario Ibarra, quienes detentan el poder no quieren avanzar ni un milímetro en la justicia para las víctimas. El poder está manipulando y expropiando a la sociedad civil del concepto de paz, para vaciarlo de su contenido de justicia, que es la única que da sentido a la paz: que aparezcan los desaparecidos, que haya justicia, dignidad y verdad  para los muertos y que pare la guerra.  

Es necesario denunciar el carácter del exterminio y de la impunidad, que solo se explica por la omisión y complicidad del gobierno, que siguen sin responder a las personas amenazadas, en su búsqueda de seguridad, de justicia: de que se detenga el feminicidio, de que se garantice la seguridad cotidiana en todos los ámbitos de la vida social con pleno respeto a los derechos humanos.

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