Archivo mensual: agosto 2013

Por la vida y la libertad con perspectiva feminista.

Juliana G.Quintanilla, Marco Aurelio Palma Apodaca

Apuestan a la desmemoria, nosotras no olvidamos. Aunque pasen los años seguimos luchando por justicia para las mujeres. Es un compromiso desde que fundamos hace 24 años la comisión Independiente de Derechos Humanos, luchamos por la vida y la libertad con perspectiva feminista. No hay respeto a los derechos humanos con feminicidio por esa razón insistimos en que se debe aplicar la alerta de violencia de genero. El caso de Celia Muñoz ocurrido en octubre de 2002, es un paso significativo en la justicia para que no se mantenga la impunidad.

Saludamos este resolutivo judicial en contra de un feminicida que pretendió eludir la acción de la justicia. Han pasado muchos años y la familia no ha sanado las heridas. No hay reparación del daño posible. No se recupera la vida arrancada con violencia. Pero es un paso favorable, angustiantemente lento y retardado, pero paso al fin, en la consecución de la justicia.  Por ello, hoy más que nunca ratificamos que la justicia debe ser pronta y expedita, para evitar revictimizar a las víctimas y familiares, y sobre todo avanzar en las medidas de prevención que impidan la repetición del feminicidio. Este caso nos impulsa a seguir exigiendo que se tomen todas las medidas posibles, establecidas en la Alerta de Violencia de Género, contemplada en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo hemos documentado ampliamente en Morelos.

Cuando el Congreso del Estado de Morelos aprobó la tipificación del feminicidio en el artículo 213 Quinto del Código penal para el estado señaló que: “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acrediten cualquiera de las siguientes hipótesis (…)” El tema no se reduce al incremento de penalidad (de 30 a 70 años) sino a todo el proceso que se debe seguir, que características, cuales causas, que son desde el punto de vista jurídico lo que debe quedar suficientemente claro para hacer justiciable el hecho. Hay una corriente de pensamiento que pone énfasis en el castigo solamente y no en el análisis de lo que significa socialmente, para poder sancionar efectivamente, pero sobre todo tomar medidas de no repetibilidad que es, en última instancia, el significado profundo de la justicia y la lucha contra la impunidad. Desde la perspectiva de creación de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres, el ámbito penal (la tipificación del feminicidio en este caso) es como el último eslabón de una cadena que tiene sus inicios en otros terrenos: injusticia, desigualdad, explotación, opresión, discriminación. La realidad es tan, pero tan oprobiosa, que hay que analizarla en toda su brutalidad, para preparar mejor las estrategias que nos permitan incidir en ella y transformarla.

La culpabilidad y sentencia que la familia Muñoz ha reclamado con dolor y mucha fuerza sobre todo con la exigencia de que la justicia se haga presente en el caso de Celia Muñoz, ocurrido en octubre de 2002, en Jiutepec, 11 años después hay un paso significativo en la justicia para que no se mantenga la impunidad. Se tiene preso al acusado, existen pruebas fehacientes, hoy se ha ratificado la sentencia. como se expresa en el expediente,  ello de conformidad a los establecido en el Código Penal y Civil de la época en el Estado, así como a lo que ordena el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales de protección en materia de los Derechos Humanos de las Mujeres firmados y ratificados por el gobierno de la Republica”

A principios del mes de Julio del presente año, el Cuarto Tribunal Colegiado del 18º Circuito en el Estado, ordenó a la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Supremo Justicia del Estado de Morelos, cumplir con la respectiva ejecutoria de Amparo Directo (724/2012), emitiendo dicho Tribunal Local otra nueva resolución (Toca Penal: 1770/11- 8) siendo en el sentido de que nuevamente se ACREDITO en definitivo el cuerpo del delito de HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de Celia Muñoz Rodríguez, siendo penalmente responsable Goven Hernández Martínez y se le impuso de nueva cuenta una sanción privativa de su libertad de 27 años y 6 meses. En este caso las pruebas que se tomaron en cuenta no fueron desvirtuadas durante el proceso: por lo que estas formaron convicción de la existencia de la comisión del ilícito y las mismas a criterio del juzgador por igual arrojan datos suficientes y eficaces para acreditar que el ahora condenado realizó actos tendientes a privar de la vida. En ese sentido existen indicios suficientes que acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en dicho femenicidio.

Este caso nos impulsa a seguir exigiendo que se tomen todas las medidas posibles, establecidas en la Alerta de Violencia de Género, contemplada en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo hemos documentado ampliamente en Morelos.

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El Feminicidio ante el Poder Judicial: ¿Justicia pronta?

Cuando ocurre la muerte violenta de una mujer se desencadenan hechos y acciones que dañan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y terminan afectando las relaciones humanas en el conjunto de la sociedad. Poner un alto a la impunidad en los feminicidios puede contribuir a revertir esta situación. El caso del feminicidio de Celia Muñoz, asumido como uno de los que se incluyeron en la campaña de Amnistía Internacional contra la violencia hacia las mujeres, es un claro ejemplo de esta lucha.

Cuando el Congreso del Estado de Morelos aprobó la tipificación del feminicidio en el artículo 213 Quinto del Código penal para el estado señaló que: “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acrediten cualquiera de las siguientes hipótesis (…)” El tema no se reduce al incremento de penalidad (de 30 a 70 años) sino a todo el proceso que se debe seguir, que características, cuales causas, que son desde el punto de vista jurídico lo que debe quedar suficientemente claro para hacer justiciable el hecho. Hay una corriente de pensamiento que pone énfasis en el castigo solamente y no en el análisis de lo que significa socialmente, para poder sancionar efectivamente, pero sobre todo tomar medidas de no repetibilidad que es, en última instancia, el significado profundo de la justicia y la lucha contra la impunidad. Desde la perspectiva de creación de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres, el ámbito penal (la tipificación del feminicidio en este caso) es como el último eslabón de una cadena que tiene sus inicios en otros terrenos: injusticia, desigualdad, explotación, opresión, discriminación. La realidad es tan, pero tan oprobiosa, que hay que analizarla en toda su brutalidad, para preparar mejor las estrategias que nos permitan incidir en ella y transformarla.

La culpabilidad y sentencia que la familia Muñoz ha reclamado con dolor y mucha fuerza sobre todo con la exigencia de que la justicia se haga presente en el caso de Celia Muñoz, ocurrido en octubre de 2002, en Jiutepec, 11 años después hay un paso significativo en la justicia para que no se mantenga la impunidad. Se tiene preso al acusado, existen pruebas fehacientes, hoy se ha ratificado la sentencia, como se expresa en el expediente:  “Que con todos y cada uno de los elementos de prueba y convicción se acredita el cuerpo del delito de la muerte violenta u Homicidio calificado de Celia Muñoz Rodríguez, y en el mismo sentido se tiene plena y legalmente confirmada de manera definitiva la responsabilidad penal en contra del procesado Goven Hernández Martínez en la comisión del delito antes referido,  ello de conformidad a los establecido en el Código Penal y Civil de la época en el Estado, así como a lo que ordena el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales de protección en materia de los Derechos Humanos de las Mujeres firmados y ratificados por el gobierno de la Republica”

A principios del mes de Julio del presente año el Cuarto Tribunal Colegiado del 18º Circuito en el Estado, ordenó a la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Supremo Justicia del Estado de Morelos, cumplir con la respectiva ejecutoria de Amparo Directo (724/2012), emitiendo dicho Tribunal Local otra nueva resolución (Toca Penal: 1770/11- 8) siendo en el sentido de que nuevamente se ACREDITO en definitivo el cuerpo del delito de HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de Celia Muñoz Rodríguez, siendo penalmente responsable Goven Hernández Martínez y se le impuso de nueva cuenta una sanción privativa de su libertad de 27 años y 6 meses. A partir de que el respectivo Juzgador estimó que se desprenden datos aptos, suficientes y eficaces para tener por comprobado que el día 15 de octubre de 2002, el referido acusado después de discutir con su esposa, a ella le disparó de manera dolosa en tres ocasiones con un arma de fuego causándole la muerte en forma inmediata. En este caso las pruebas que se tomaron en cuenta no fueron desvirtuadas durante el proceso: por lo que estas formaron convicción de la existencia de la comisión del ilícito y las mismas a criterio del juzgador por igual arrojan datos suficientes y eficaces para acreditar que el ahora condenado realizó actos idóneos tendientes a privar de la vida a Celia Muñoz. Es de comentar que el sentenciado Goven Hernández en todo momento negó los hechos que se le imputan (al grado de decir que anduvo divagando por varios Estados de la República por temor de ser denunciado de los hechos y que en realidad estuvo huyendo por aproximadamente tres años y medio). Así mismo en ese sentido existen indicios suficientes que acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y en consecuencia dicho Tribunal de Justicia del Estado es que procedió a ratificar la sentencia condenatoria en su contra, al igual en este caso se acreditó el calificativo de tradición y de alguna manera el condenado tácitamente reconoce su participación en dicho femenicidio. Así también y respecto a la condena y monto fijado por el juzgador por concepto de reparación del daño a favor de los deudos es procedente la condena del sentenciado al pago de la reparación del daño solicitado y de conformidad con el artículo 20 apartado B fracción IV de la Constitución Federal por un total de $ 30, 257 .00 que el sentenciado debe cubrir a los causahabientes de la víctima.

Saludamos este resolutivo judicial en contra de un feminicida que pretendió eludir la acción de la justicia. Han pasado muchos años y la familia no ha sanado las heridas. No hay reparación del daño posible. No se recupera la vida arrancada con violencia. Pero es un paso favorable, angustiantemente lento y retardado, pero paso al fin, en la consecución de la justicia.  Por ello, hoy más que nunca ratificamos que la justicia debe ser pronta y expedita, para evitar revictimizar a las víctimas y familiares, y sobre todo avanzar en las medidas de prevención que impidan la repetición del feminicidio en una sociedad harto adolorida, por lo que este caso nos impulsa a seguir exigiendo que se tomen todas las medidas posibles, establecidas en la Alerta de Violencia de Género, contemplada en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo hemos documentado ampliamente en Morelos.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.  

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En defensa soberanía energética: La energía como derecho humano universal.

 No a la privatización de la Electricidad y el Petróleo.  

ANTE LA INICIATIVA PRIVATIZADORA de EPN, mutilando los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, para cumplir al pie de la letra las exigencias de un sector de la oligarquía mexicana y del imperio del norte y sus trasnacionales energéticas.¡ LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE! La entrega y discusión de la reforma energética a las cámaras de diputados y senadores abre una nueva coyuntura política en México que puede ser utilizada de forma favorable para el conjunto del movimiento popular. Estamos convocando a todas las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales a participar en las jornadas nacionales de lucha en defensa del petróleo y la energía eléctrica nacionalizada, contra la ofensiva del capital y los partidos que firman el Pacto por México de los de arriba. Realizaremos en el mes de Agosto  caravanas populares con las demandas de la Huelga de pagos y recolección de firmas en apoyo de la iniciativa ciudadana de reforma energética. Pueden organizarse desde cualquier territorio y podrían confluir con la movilización del 29 de Agosto.

Estas jornadas de lucha se llevarán a cabo con movilizaciones en fechas importantes como el 1, 8 y 12 de septiembre, con actos políticos, marchas, asambleas y actividades de información y organización a todos los sectores de la población ante el inminente albazo legislativo que se pretende dar, ya que las iniciativas privatizadoras de los partidos del Pacto de los de Arriba sólo encubre las reales coincidencias de abrir Pemex y la CFE para entregarlas a manos del capital privado. El primero de septiembre habrá protestas en diversas partes del país y se hará una actividad en torno al Congreso de la Unión. El 8 de septiembre se realizará una asamblea-mitin nacional en el zócalo de la Ciudad de México. El 12 de septiembre se llevará a cabo una gran marcha nacional en el DF y actos de protesta en diversas regiones del país.

La privatización está en marcha desde hace años. No basta ahora reducir todo a reformas secundarias o a oponerse a nuevas privatizaciones apechugando las que ya impusieron. La perspectiva de lucha que se requiere tiene que ser más radical y no puede ser otra que pelear por la renacionalización de la industria petrolera, eléctrica y minera. Cancelar en consecuencia, todas las concesiones privatizadoras que se han impuesto estos años en este terreno. Se habla de una crisis energética, pues los combustibles fósiles siguen siendo los más utilizados y tienden a agotarse. No es casual el embate militar de Estados Unidos contra el Medio Oriente, región rica en petróleo. Tampoco es coincidencia que los organismos internacionales estén presionando a México para que privatice el petróleo. El riesgo no sólo está en la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino del petróleo en sí; es decir, la reforma consiste no en vender los activos de Pemex, sino más bien en privatizar los hidrocarburos. Pemex se quedaría con los pozos que ya tiene hasta secarlos y el capital extranjero explotaría los nuevos pozos. El alegato es que el Estado no tiene recursos para explotar los nuevos yacimientos y el gas natural. Esto es falso, por concepto de exportación de crudo México recibió 21 mil 258 millones de dólares en 2004 y 46 mil 788 millones de dólares en 2012. Pemex no requiere inversión privada, pues hay plantas que trabajan entre el 50 y el 80% de su capacidad y se les puede hacer trabajar al 100%. Lo que se hace primero que todo es someter a Pemex a una brutal agresión fiscal que puede llegar al 165% del valor de todas las exportaciones de la empresa. Ninguna empresa en el mundo es sometida por su gobierno a tal ataque fiscal. La idea central es inducir un estado de déficit crónico de Petróleos Mexicanos y eso es lo que han venido haciendo, lo hace el aparato estadunidense por la vía del Banco Mundial desde instituciones como la Secretaria de Hacienda. Lo que tenemos es la presencia cada día más extensa de contratistas privados extranjeros, realizando actividades que antes realizaban direcciones generales de Petróleos Mexicanos. Ese tipo de contratos, ese tipo de operaciones tendrían continuidad en los próximos seis años. Un cambio constitucional sería la legalización de las operaciones que ya están en curso, por eso es inadmisible. Ellos vendrían a operar dentro del proceso constitucional, pero siguiendo el proceso de privatización de facto. Por el contrario, es necesario cancelar en consecuencia, todas las concesiones privatizadoras que se han impuesto estos años en este terreno. Obviamente ninguno de los partidos legales en México,  está a favor de una perspectiva de esta naturaleza que va en defensa y recuperación de la soberanía nacional, así como de los intereses del pueblo trabajador sacrificados durante todos estos años de dominio de la oligarquía neoliberal. Defender Pemex del saqueo y del proceso privatizador deberá estar acompañado de la demanda de renacionalizar el petróleo, acabar con la corrupción y lograr que la energía eléctrica sea un derecho humano al que toda la población tenga derecho, a la vez que avancemos hacia la constitución de una nueva empresa que preste el servicio de energía eléctrica en el centro del país y se recontrate a los compañeros trabajadores del SME.

Por todo ello, nos movilizaremos desde ya en las fechas señaladas y participaremos en las asambleas y foros, con una campaña por la Huelga de pagos en contra de las altas tarifas de CFE, en contra de la privatización y por una iniciativa de ley ciudadana que exija el acceso a la energía eléctrica como un derecho fundamental para todos los mexicanos. Recibir la energía eléctrica debe de ser un derecho para el ciudadano y una obligación del Estado proporcionarlo. La electricidad en la actualidad es tan indispensable como lo es el agua, ya que gran parte de las herramientas diarias funcionan con electricidad, privar a una persona de la energía eléctrica es quitarle los medios para su subsistencia y la posibilidad de una vida digna.

 Este 12 de agosto de diversos puntos del país salieron marchas motorizadas de contingentes de la CNTE contra la reforma educativa, que culminará el día 15 en la ciudad de México con una mega marcha, concentrándonos en Cuautla el 13 de agosto para participar en el mitin de la caravana. El MMB realizará mitin en zócalo de Cuernavaca a las 5 pm. La caravana continuará su ruta hacia México. La marcha se realizará el día jueves 15, punto de concentración para Guerrero, Morelos y un sector de Oaxaca: Metro general Anaya. La marcha parte al  zócalo a las 11:00 hrs. 

Atentamente.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales

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Golpes institucionales a la clase trabajadora: Niegan amparos laborales.

El capital cuenta con el poder judicial a su servicio. Los jueces actúan como abogados patronales, al considerar que los amparos promovidos por sindicatos para buscar la inconstitucionalidad de la reforma laboral son limitados e improcedentes. El Estado mexicano ha abdicado de su obligación de defender los derechos laborales y ha privilegiado el fortalecimiento del aparato represivo. Elevar las ganancias capitalistas es su objetivo, no los derechos sociales. Por eso imponen condiciones que van legalizando la esclavitud asalariada en todo el mundo del trabajo.

Fueron más de dos millones de amparos impugnando la modificación anticonstitucional de cerca de 300 artículos de la Ley Federal del Trabajo, que por su sola entrada en vigor afectan los derechos humanos y los derechos laborales adquiridos de los trabajadores en general, estos amparos son legítimos porque la Ley Federal del Trabajo (LFT) contiene artículos contrarios a los derechos humanos laborales y a tratados internacionales. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos desde los primeros meses de este año, nos hemos dado a la tarea y compromiso social de seguir el trámite legal de los amparos interpuestos contra la reciente reforma laboral propatronal de origen priistas y panista, y violatoria de derechos humanos, así como de la Constitución Federal y de cientos de Tratados Internacionales en materia de mundo del trabajo. Por lo que a nuestra organización defensora de los derechos fundamentales corresponde, en días pasados el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con Residencia en el Distrito Federal, nos notificó un formal acuerdo y en el mismo nos informa que no pertenecemos a la clase trabajadora, que si bien solo tenemos un “Interés Simple” y no notan que se vea afectada nuestra actual esfera Jurídica, pues a criterio del respectivo Juez no resultamos ser trabajadores y trabajadoras y en consecuencia nuestros derechos que ahora reclamamos vía amparo no están siendo afectados a raíz de la entrada en vigor de la referida Ley laboral de tintes neoliberales. En síntesis resulta que para dicho funcionario no somos parte agraviada, que nuestra aseveración de que nos consideramos trabajadores/as, ya que para el Juez debemos comprobar que somos subordinados y tener un patrón. Cuánta ironía y falta de visión de un Juez, al no considerar que la inmensa mayoría de la clase trabajadora vivimos con precarios salarios, por lo que nuestro interés económico es de sobrevivencia y no de obtención de ganancias. Recordemos que fueron precisamente los 4 mil trabajadores de Nissan los que, aun comprobando trabajar al servicio de una empresa trasnacional, les negaron el amparo laboral.

Es dicho contexto por demás rigorista y para el Juzgador los peticionarios/as del referido amparo Indirecto (1847/2013), debimos haber acreditado el llamado “Interés Jurídico o Legitimo”, es decir evidenciar formalmente que en realidad somos subordinados a un patrón y en consecuencia como solo acreditamos el “Interés Simple”, mas no desde la óptica del juez el “Interés Legitimo”, por lo que se actualiza la causal de improcedencia, así mismo no se supera el requisito de procedibilidad para emprender el examen de constitucionalidad de Leyes esgrimido lo que conduce (según el Juzgado) a sobreseer e impide al juzgador analizar el fondo del asunto. De esta manera consiguen impartir una justicia a modo, sin proteger los derechos laborales que están constitucionalmente obligados.

Es lamentable que se siga manteniendo por parte del poder judicial ese tipo de tendencia. Y más aun en el caso de los demás millones de amparos que se interpusieron. Es preocupante que ni siquiera entra al fondo de estudio del asunto  y muy negativo que de una manera simple y llana los declaren improcedentes. Está claro que esta acción jurídica de millones de trabajadoras y trabajadores puso en evidencia la necesidad de mantener la movilización social ante un poder capitalista-empresarial que cuenta con lacayos a su servicio antes que jueces con autonomía. Que nuestros esfuerzos no son vanos, y que el único camino sigue siendo la lucha organizada de la clase trabajadora para hacer que se respeten los derechos laborales como derechos humanos, por ello  buscamos la unidad en el movimiento con los que efectivamente de una manera u otra están luchando o se oponen al proyecto privatizador. Desde la calle y en la movilización y construyendo organización seguiremos protestando contra la reforma laboral neoliberal y luchamos también contra la privatización y a favor de una renacionalización de la industria petrolera, eléctrica, del gas, y minera de México. Ese es el camino de lucha a seguir.

 

Atentamente.

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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