Archivo mensual: agosto 2013

Por la vida y la libertad con perspectiva feminista.

Juliana G.Quintanilla, Marco Aurelio Palma Apodaca

Apuestan a la desmemoria, nosotras no olvidamos. Aunque pasen los años seguimos luchando por justicia para las mujeres. Es un compromiso desde que fundamos hace 24 años la comisión Independiente de Derechos Humanos, luchamos por la vida y la libertad con perspectiva feminista. No hay respeto a los derechos humanos con feminicidio por esa razón insistimos en que se debe aplicar la alerta de violencia de genero. El caso de Celia Muñoz ocurrido en octubre de 2002, es un paso significativo en la justicia para que no se mantenga la impunidad.

Saludamos este resolutivo judicial en contra de un feminicida que pretendió eludir la acción de la justicia. Han pasado muchos años y la familia no ha sanado las heridas. No hay reparación del daño posible. No se recupera la vida arrancada con violencia. Pero es un paso favorable, angustiantemente lento y retardado, pero paso al fin, en la consecución de la justicia.  Por ello, hoy más que nunca ratificamos que la justicia debe ser pronta y expedita, para evitar revictimizar a las víctimas y familiares, y sobre todo avanzar en las medidas de prevención que impidan la repetición del feminicidio. Este caso nos impulsa a seguir exigiendo que se tomen todas las medidas posibles, establecidas en la Alerta de Violencia de Género, contemplada en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo hemos documentado ampliamente en Morelos.

Cuando el Congreso del Estado de Morelos aprobó la tipificación del feminicidio en el artículo 213 Quinto del Código penal para el estado señaló que: “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acrediten cualquiera de las siguientes hipótesis (…)” El tema no se reduce al incremento de penalidad (de 30 a 70 años) sino a todo el proceso que se debe seguir, que características, cuales causas, que son desde el punto de vista jurídico lo que debe quedar suficientemente claro para hacer justiciable el hecho. Hay una corriente de pensamiento que pone énfasis en el castigo solamente y no en el análisis de lo que significa socialmente, para poder sancionar efectivamente, pero sobre todo tomar medidas de no repetibilidad que es, en última instancia, el significado profundo de la justicia y la lucha contra la impunidad. Desde la perspectiva de creación de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres, el ámbito penal (la tipificación del feminicidio en este caso) es como el último eslabón de una cadena que tiene sus inicios en otros terrenos: injusticia, desigualdad, explotación, opresión, discriminación. La realidad es tan, pero tan oprobiosa, que hay que analizarla en toda su brutalidad, para preparar mejor las estrategias que nos permitan incidir en ella y transformarla.

La culpabilidad y sentencia que la familia Muñoz ha reclamado con dolor y mucha fuerza sobre todo con la exigencia de que la justicia se haga presente en el caso de Celia Muñoz, ocurrido en octubre de 2002, en Jiutepec, 11 años después hay un paso significativo en la justicia para que no se mantenga la impunidad. Se tiene preso al acusado, existen pruebas fehacientes, hoy se ha ratificado la sentencia. como se expresa en el expediente,  ello de conformidad a los establecido en el Código Penal y Civil de la época en el Estado, así como a lo que ordena el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales de protección en materia de los Derechos Humanos de las Mujeres firmados y ratificados por el gobierno de la Republica”

A principios del mes de Julio del presente año, el Cuarto Tribunal Colegiado del 18º Circuito en el Estado, ordenó a la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Supremo Justicia del Estado de Morelos, cumplir con la respectiva ejecutoria de Amparo Directo (724/2012), emitiendo dicho Tribunal Local otra nueva resolución (Toca Penal: 1770/11- 8) siendo en el sentido de que nuevamente se ACREDITO en definitivo el cuerpo del delito de HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de Celia Muñoz Rodríguez, siendo penalmente responsable Goven Hernández Martínez y se le impuso de nueva cuenta una sanción privativa de su libertad de 27 años y 6 meses. En este caso las pruebas que se tomaron en cuenta no fueron desvirtuadas durante el proceso: por lo que estas formaron convicción de la existencia de la comisión del ilícito y las mismas a criterio del juzgador por igual arrojan datos suficientes y eficaces para acreditar que el ahora condenado realizó actos tendientes a privar de la vida. En ese sentido existen indicios suficientes que acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad en dicho femenicidio.

Este caso nos impulsa a seguir exigiendo que se tomen todas las medidas posibles, establecidas en la Alerta de Violencia de Género, contemplada en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo hemos documentado ampliamente en Morelos.

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El Feminicidio ante el Poder Judicial: ¿Justicia pronta?

Cuando ocurre la muerte violenta de una mujer se desencadenan hechos y acciones que dañan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y terminan afectando las relaciones humanas en el conjunto de la sociedad. Poner un alto a la impunidad en los feminicidios puede contribuir a revertir esta situación. El caso del feminicidio de Celia Muñoz, asumido como uno de los que se incluyeron en la campaña de Amnistía Internacional contra la violencia hacia las mujeres, es un claro ejemplo de esta lucha.

Cuando el Congreso del Estado de Morelos aprobó la tipificación del feminicidio en el artículo 213 Quinto del Código penal para el estado señaló que: “Comete el delito de feminicidio quien por razones de género, prive de la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se acrediten cualquiera de las siguientes hipótesis (…)” El tema no se reduce al incremento de penalidad (de 30 a 70 años) sino a todo el proceso que se debe seguir, que características, cuales causas, que son desde el punto de vista jurídico lo que debe quedar suficientemente claro para hacer justiciable el hecho. Hay una corriente de pensamiento que pone énfasis en el castigo solamente y no en el análisis de lo que significa socialmente, para poder sancionar efectivamente, pero sobre todo tomar medidas de no repetibilidad que es, en última instancia, el significado profundo de la justicia y la lucha contra la impunidad. Desde la perspectiva de creación de una cultura de respeto a los derechos de las mujeres, el ámbito penal (la tipificación del feminicidio en este caso) es como el último eslabón de una cadena que tiene sus inicios en otros terrenos: injusticia, desigualdad, explotación, opresión, discriminación. La realidad es tan, pero tan oprobiosa, que hay que analizarla en toda su brutalidad, para preparar mejor las estrategias que nos permitan incidir en ella y transformarla.

La culpabilidad y sentencia que la familia Muñoz ha reclamado con dolor y mucha fuerza sobre todo con la exigencia de que la justicia se haga presente en el caso de Celia Muñoz, ocurrido en octubre de 2002, en Jiutepec, 11 años después hay un paso significativo en la justicia para que no se mantenga la impunidad. Se tiene preso al acusado, existen pruebas fehacientes, hoy se ha ratificado la sentencia, como se expresa en el expediente:  “Que con todos y cada uno de los elementos de prueba y convicción se acredita el cuerpo del delito de la muerte violenta u Homicidio calificado de Celia Muñoz Rodríguez, y en el mismo sentido se tiene plena y legalmente confirmada de manera definitiva la responsabilidad penal en contra del procesado Goven Hernández Martínez en la comisión del delito antes referido,  ello de conformidad a los establecido en el Código Penal y Civil de la época en el Estado, así como a lo que ordena el apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos Convenios, Tratados e Instrumentos Internacionales de protección en materia de los Derechos Humanos de las Mujeres firmados y ratificados por el gobierno de la Republica”

A principios del mes de Julio del presente año el Cuarto Tribunal Colegiado del 18º Circuito en el Estado, ordenó a la Tercera Sala del Primer Circuito del Tribunal Supremo Justicia del Estado de Morelos, cumplir con la respectiva ejecutoria de Amparo Directo (724/2012), emitiendo dicho Tribunal Local otra nueva resolución (Toca Penal: 1770/11- 8) siendo en el sentido de que nuevamente se ACREDITO en definitivo el cuerpo del delito de HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de Celia Muñoz Rodríguez, siendo penalmente responsable Goven Hernández Martínez y se le impuso de nueva cuenta una sanción privativa de su libertad de 27 años y 6 meses. A partir de que el respectivo Juzgador estimó que se desprenden datos aptos, suficientes y eficaces para tener por comprobado que el día 15 de octubre de 2002, el referido acusado después de discutir con su esposa, a ella le disparó de manera dolosa en tres ocasiones con un arma de fuego causándole la muerte en forma inmediata. En este caso las pruebas que se tomaron en cuenta no fueron desvirtuadas durante el proceso: por lo que estas formaron convicción de la existencia de la comisión del ilícito y las mismas a criterio del juzgador por igual arrojan datos suficientes y eficaces para acreditar que el ahora condenado realizó actos idóneos tendientes a privar de la vida a Celia Muñoz. Es de comentar que el sentenciado Goven Hernández en todo momento negó los hechos que se le imputan (al grado de decir que anduvo divagando por varios Estados de la República por temor de ser denunciado de los hechos y que en realidad estuvo huyendo por aproximadamente tres años y medio). Así mismo en ese sentido existen indicios suficientes que acreditan el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, y en consecuencia dicho Tribunal de Justicia del Estado es que procedió a ratificar la sentencia condenatoria en su contra, al igual en este caso se acreditó el calificativo de tradición y de alguna manera el condenado tácitamente reconoce su participación en dicho femenicidio. Así también y respecto a la condena y monto fijado por el juzgador por concepto de reparación del daño a favor de los deudos es procedente la condena del sentenciado al pago de la reparación del daño solicitado y de conformidad con el artículo 20 apartado B fracción IV de la Constitución Federal por un total de $ 30, 257 .00 que el sentenciado debe cubrir a los causahabientes de la víctima.

Saludamos este resolutivo judicial en contra de un feminicida que pretendió eludir la acción de la justicia. Han pasado muchos años y la familia no ha sanado las heridas. No hay reparación del daño posible. No se recupera la vida arrancada con violencia. Pero es un paso favorable, angustiantemente lento y retardado, pero paso al fin, en la consecución de la justicia.  Por ello, hoy más que nunca ratificamos que la justicia debe ser pronta y expedita, para evitar revictimizar a las víctimas y familiares, y sobre todo avanzar en las medidas de prevención que impidan la repetición del feminicidio en una sociedad harto adolorida, por lo que este caso nos impulsa a seguir exigiendo que se tomen todas las medidas posibles, establecidas en la Alerta de Violencia de Género, contemplada en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como lo hemos documentado ampliamente en Morelos.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.  

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En defensa soberanía energética: La energía como derecho humano universal.

 No a la privatización de la Electricidad y el Petróleo.  

ANTE LA INICIATIVA PRIVATIZADORA de EPN, mutilando los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución, para cumplir al pie de la letra las exigencias de un sector de la oligarquía mexicana y del imperio del norte y sus trasnacionales energéticas.¡ LA PATRIA NO SE VENDE, LA PATRIA SE DEFIENDE! La entrega y discusión de la reforma energética a las cámaras de diputados y senadores abre una nueva coyuntura política en México que puede ser utilizada de forma favorable para el conjunto del movimiento popular. Estamos convocando a todas las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales a participar en las jornadas nacionales de lucha en defensa del petróleo y la energía eléctrica nacionalizada, contra la ofensiva del capital y los partidos que firman el Pacto por México de los de arriba. Realizaremos en el mes de Agosto  caravanas populares con las demandas de la Huelga de pagos y recolección de firmas en apoyo de la iniciativa ciudadana de reforma energética. Pueden organizarse desde cualquier territorio y podrían confluir con la movilización del 29 de Agosto.

Estas jornadas de lucha se llevarán a cabo con movilizaciones en fechas importantes como el 1, 8 y 12 de septiembre, con actos políticos, marchas, asambleas y actividades de información y organización a todos los sectores de la población ante el inminente albazo legislativo que se pretende dar, ya que las iniciativas privatizadoras de los partidos del Pacto de los de Arriba sólo encubre las reales coincidencias de abrir Pemex y la CFE para entregarlas a manos del capital privado. El primero de septiembre habrá protestas en diversas partes del país y se hará una actividad en torno al Congreso de la Unión. El 8 de septiembre se realizará una asamblea-mitin nacional en el zócalo de la Ciudad de México. El 12 de septiembre se llevará a cabo una gran marcha nacional en el DF y actos de protesta en diversas regiones del país.

La privatización está en marcha desde hace años. No basta ahora reducir todo a reformas secundarias o a oponerse a nuevas privatizaciones apechugando las que ya impusieron. La perspectiva de lucha que se requiere tiene que ser más radical y no puede ser otra que pelear por la renacionalización de la industria petrolera, eléctrica y minera. Cancelar en consecuencia, todas las concesiones privatizadoras que se han impuesto estos años en este terreno. Se habla de una crisis energética, pues los combustibles fósiles siguen siendo los más utilizados y tienden a agotarse. No es casual el embate militar de Estados Unidos contra el Medio Oriente, región rica en petróleo. Tampoco es coincidencia que los organismos internacionales estén presionando a México para que privatice el petróleo. El riesgo no sólo está en la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), sino del petróleo en sí; es decir, la reforma consiste no en vender los activos de Pemex, sino más bien en privatizar los hidrocarburos. Pemex se quedaría con los pozos que ya tiene hasta secarlos y el capital extranjero explotaría los nuevos pozos. El alegato es que el Estado no tiene recursos para explotar los nuevos yacimientos y el gas natural. Esto es falso, por concepto de exportación de crudo México recibió 21 mil 258 millones de dólares en 2004 y 46 mil 788 millones de dólares en 2012. Pemex no requiere inversión privada, pues hay plantas que trabajan entre el 50 y el 80% de su capacidad y se les puede hacer trabajar al 100%. Lo que se hace primero que todo es someter a Pemex a una brutal agresión fiscal que puede llegar al 165% del valor de todas las exportaciones de la empresa. Ninguna empresa en el mundo es sometida por su gobierno a tal ataque fiscal. La idea central es inducir un estado de déficit crónico de Petróleos Mexicanos y eso es lo que han venido haciendo, lo hace el aparato estadunidense por la vía del Banco Mundial desde instituciones como la Secretaria de Hacienda. Lo que tenemos es la presencia cada día más extensa de contratistas privados extranjeros, realizando actividades que antes realizaban direcciones generales de Petróleos Mexicanos. Ese tipo de contratos, ese tipo de operaciones tendrían continuidad en los próximos seis años. Un cambio constitucional sería la legalización de las operaciones que ya están en curso, por eso es inadmisible. Ellos vendrían a operar dentro del proceso constitucional, pero siguiendo el proceso de privatización de facto. Por el contrario, es necesario cancelar en consecuencia, todas las concesiones privatizadoras que se han impuesto estos años en este terreno. Obviamente ninguno de los partidos legales en México,  está a favor de una perspectiva de esta naturaleza que va en defensa y recuperación de la soberanía nacional, así como de los intereses del pueblo trabajador sacrificados durante todos estos años de dominio de la oligarquía neoliberal. Defender Pemex del saqueo y del proceso privatizador deberá estar acompañado de la demanda de renacionalizar el petróleo, acabar con la corrupción y lograr que la energía eléctrica sea un derecho humano al que toda la población tenga derecho, a la vez que avancemos hacia la constitución de una nueva empresa que preste el servicio de energía eléctrica en el centro del país y se recontrate a los compañeros trabajadores del SME.

Por todo ello, nos movilizaremos desde ya en las fechas señaladas y participaremos en las asambleas y foros, con una campaña por la Huelga de pagos en contra de las altas tarifas de CFE, en contra de la privatización y por una iniciativa de ley ciudadana que exija el acceso a la energía eléctrica como un derecho fundamental para todos los mexicanos. Recibir la energía eléctrica debe de ser un derecho para el ciudadano y una obligación del Estado proporcionarlo. La electricidad en la actualidad es tan indispensable como lo es el agua, ya que gran parte de las herramientas diarias funcionan con electricidad, privar a una persona de la energía eléctrica es quitarle los medios para su subsistencia y la posibilidad de una vida digna.

 Este 12 de agosto de diversos puntos del país salieron marchas motorizadas de contingentes de la CNTE contra la reforma educativa, que culminará el día 15 en la ciudad de México con una mega marcha, concentrándonos en Cuautla el 13 de agosto para participar en el mitin de la caravana. El MMB realizará mitin en zócalo de Cuernavaca a las 5 pm. La caravana continuará su ruta hacia México. La marcha se realizará el día jueves 15, punto de concentración para Guerrero, Morelos y un sector de Oaxaca: Metro general Anaya. La marcha parte al  zócalo a las 11:00 hrs. 

Atentamente.

Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales

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Golpes institucionales a la clase trabajadora: Niegan amparos laborales.

El capital cuenta con el poder judicial a su servicio. Los jueces actúan como abogados patronales, al considerar que los amparos promovidos por sindicatos para buscar la inconstitucionalidad de la reforma laboral son limitados e improcedentes. El Estado mexicano ha abdicado de su obligación de defender los derechos laborales y ha privilegiado el fortalecimiento del aparato represivo. Elevar las ganancias capitalistas es su objetivo, no los derechos sociales. Por eso imponen condiciones que van legalizando la esclavitud asalariada en todo el mundo del trabajo.

Fueron más de dos millones de amparos impugnando la modificación anticonstitucional de cerca de 300 artículos de la Ley Federal del Trabajo, que por su sola entrada en vigor afectan los derechos humanos y los derechos laborales adquiridos de los trabajadores en general, estos amparos son legítimos porque la Ley Federal del Trabajo (LFT) contiene artículos contrarios a los derechos humanos laborales y a tratados internacionales. La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos desde los primeros meses de este año, nos hemos dado a la tarea y compromiso social de seguir el trámite legal de los amparos interpuestos contra la reciente reforma laboral propatronal de origen priistas y panista, y violatoria de derechos humanos, así como de la Constitución Federal y de cientos de Tratados Internacionales en materia de mundo del trabajo. Por lo que a nuestra organización defensora de los derechos fundamentales corresponde, en días pasados el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con Residencia en el Distrito Federal, nos notificó un formal acuerdo y en el mismo nos informa que no pertenecemos a la clase trabajadora, que si bien solo tenemos un “Interés Simple” y no notan que se vea afectada nuestra actual esfera Jurídica, pues a criterio del respectivo Juez no resultamos ser trabajadores y trabajadoras y en consecuencia nuestros derechos que ahora reclamamos vía amparo no están siendo afectados a raíz de la entrada en vigor de la referida Ley laboral de tintes neoliberales. En síntesis resulta que para dicho funcionario no somos parte agraviada, que nuestra aseveración de que nos consideramos trabajadores/as, ya que para el Juez debemos comprobar que somos subordinados y tener un patrón. Cuánta ironía y falta de visión de un Juez, al no considerar que la inmensa mayoría de la clase trabajadora vivimos con precarios salarios, por lo que nuestro interés económico es de sobrevivencia y no de obtención de ganancias. Recordemos que fueron precisamente los 4 mil trabajadores de Nissan los que, aun comprobando trabajar al servicio de una empresa trasnacional, les negaron el amparo laboral.

Es dicho contexto por demás rigorista y para el Juzgador los peticionarios/as del referido amparo Indirecto (1847/2013), debimos haber acreditado el llamado “Interés Jurídico o Legitimo”, es decir evidenciar formalmente que en realidad somos subordinados a un patrón y en consecuencia como solo acreditamos el “Interés Simple”, mas no desde la óptica del juez el “Interés Legitimo”, por lo que se actualiza la causal de improcedencia, así mismo no se supera el requisito de procedibilidad para emprender el examen de constitucionalidad de Leyes esgrimido lo que conduce (según el Juzgado) a sobreseer e impide al juzgador analizar el fondo del asunto. De esta manera consiguen impartir una justicia a modo, sin proteger los derechos laborales que están constitucionalmente obligados.

Es lamentable que se siga manteniendo por parte del poder judicial ese tipo de tendencia. Y más aun en el caso de los demás millones de amparos que se interpusieron. Es preocupante que ni siquiera entra al fondo de estudio del asunto  y muy negativo que de una manera simple y llana los declaren improcedentes. Está claro que esta acción jurídica de millones de trabajadoras y trabajadores puso en evidencia la necesidad de mantener la movilización social ante un poder capitalista-empresarial que cuenta con lacayos a su servicio antes que jueces con autonomía. Que nuestros esfuerzos no son vanos, y que el único camino sigue siendo la lucha organizada de la clase trabajadora para hacer que se respeten los derechos laborales como derechos humanos, por ello  buscamos la unidad en el movimiento con los que efectivamente de una manera u otra están luchando o se oponen al proyecto privatizador. Desde la calle y en la movilización y construyendo organización seguiremos protestando contra la reforma laboral neoliberal y luchamos también contra la privatización y a favor de una renacionalización de la industria petrolera, eléctrica, del gas, y minera de México. Ese es el camino de lucha a seguir.

 

Atentamente.

 

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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La Defensa Integral de los Derechos Humanos

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Si se viola un derecho humano se ponen en riesgo todos los demás. Los derechos humanos son integrales. No se pueden dividir. Atañen al concepto fundamental de dignidad. Y la dignidad es lo que permite a las y los seres humanos vivir con conciencia, justicia, libertad, igualdad, sin opresión ni explotación, sin discriminación ni violencia.

En Morelos la lucha por los derechos humanos para todas y todos, forma parte de las luchas sociales desde los años 70s. Tiene fechas históricas importantes: agosto de 1977 permitió unir las luchas sindicales de los obreros textiles de la Sección 51 con 27 organizaciones integrantes del Frente Pro Derechos Humanos garantías Constitucionales y Libertades Democráticas. Lejos estaba aún de que la reforma constitucional incorporara los derechos laborales como parte de los derechos humanos. Sin embargo, ya este frente tenía claro que esos derechos estaban claramente contenidos en leyes y convenciones, y sobre todo, que eran conquistas mediante luchas, movilizaciones, huelgas y diversas formas de protesta de la clase obrera con el apoyo y participación de otros sectores oprimidos y explotados del pueblo. En esos días estalló la huelga en Textiles Morelos y duró 124 días con un plantón en el zócalo de Cuernavaca. Desde las homilías del obispo Méndez Arceo hasta los paros de solidaridad y manifestaciones multitudinarias, se vivieron momentos extraordinarios de lucha en contra de las políticas autoritarias y represivas del gobierno priísta de la época.

Mucha agua ha pasado debajo de los puentes desde esa época, y esas experiencias muestran que los derechos no son producto de la buena voluntad de los de arriba, sino producto de la lucha y del esfuerzo y exigencia desde abajo. Una sociedad de derechos, pregonada como lema por el gobierno de Graco en Morelos, esta lejos de abrevar en esas luchas, pues toma distancia y repite las mismas formas autoritarias ya conocidas.  

Cinco ejemplos: Los sindicatos se encuentran en medio de la ofensiva neoliberal para destruir sus contratos colectivos, la estabilidad en el empleo y generalizar la informalidad y la subcontratación. En Morelos existen 560 mil trabajadoras y trabajadores informales, y con el programa de incorporación de estos a la formalidad, se estableció un convenio entre el gobierno estatal y federal para lograr que un poco más de 6 mil sean inscritos en el IMSS durante 2013, lo que equivale al 1.2% del total, así que en 100 años se alcanzará la meta!

Pobreza: Según las estadísticas del INEGI, el número de personas en pobreza aumentó en 500 mil personas, pasando de 53 millones 800 mil a 54 millones 300 mil, lo que no informan es que las 300 familias de empresas capitalistas tienen el equivalente al ingreso de 60 millones!La pobreza es una forma de violencia del Estado contra su ciudadanía y un signo de la falta de cumplimiento con sus obligaciones frente a la población. El asistencialismo no permite erradicar los problemas estructurales que aquejan al país, las políticas públicas no deben estar alejadas del enfoque de derechos humanos para poder garantizar el pleno goce de los mismos. La pobreza está directamente relacionada con la situación laboral de las y los mexicanos, las pocas oportunidades laborales y las pésimas condiciones de trabajo. En 2012 el desempleo se situó en 5.12 por ciento siendo la población juvenil la más afectada. La pobreza está relacionada con el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud y a la vivienda y, a su vez con el incremento de la violencia en el país.

Violencia: Las cifras de las muertes violentas en México están a la alza de manera tal que según la misma fuente llegaron a 121 mil en el sexenio nefasto de Calderón, y en Morelos sigue creciendo el feminicidio y los asesinatos de jóvenes casi niños. En Morelos el número de homicidios va en aumento; el año pasado se registraron 671, en lo que va del 2013 son ya 456 homicidios; mientras que en el 2006 la cantidad fue de 141, según INEGI.

Represión: el gobierno utiliza dos estrategias frente a movimientos sociales, una de ellas es el sometimiento y la cooptación para frenar las denuncias de no cumplimiento de acuerdos y las demandas de la sociedad. La otra es la criminalización de esos movimientos sociales, donde se incluyen hostigamientos, amenazas, denuncias penales, estigmatización y persecución contra activistas, como ocurrió en Huexca y hoy en Tepoztlán.

Alerta de Violencia de Género: Ante los  siete homicidios de género que por día ocurren en México, y las 16 mil violaciones sexuales registradas en 2012, se encuentra la omisión de las autoridades locales y de las instancias judiciales responsables de impartir justicia. De 1985 a 2010, 36 mil 606 mujeres fueron asesinadas, y lo más grave es que de ese total 6.3 por ciento eran menores de cinco años. Al respecto, Marcela Lagarde desmintió las versiones de algunas titulares de institutos estatales de las Mujeres que han señalado que la Alerta de Violencia de Género (AVG) podría desaparecer de la Ley General debido a su “inoperatividad” a seis años de existencia de la norma. Pues ella señala que la AVG es un mecanismo ligado a la violencia feminicida y ésta incluye todo tipo de muertes violentas contra las mujeres, incluidas las maternas y por abortos inseguros, por lo que no se puede eliminar un mecanismo pensado para erradicar este tipo de violencia. La AVG fue diseñada como un mecanismo para casos de urgencia, ya que el Estado Mexicano no respondía en su obligación de asegurar a las mujeres su derecho a vivir libres de violencia. Actualmente cuando se presenta una solicitud de AVG es porque los gobiernos locales ya fallaron y no cumplieron con el Estado de Derecho.

Son algunos de los temas en materia de derechos humanos que muestran que el paso de los años no siempre significa un avance en su reconocimiento, a pesar de que estos deben ser la base mínima de las garantías humanas cubiertas por los Estados. Por lo que es necesario mantener una lucha constante por difundirlos y crear una cultura de respeto a los mismos. Pues si se viola un Derecho Humano se ponen en riesgo el Estado de Derecho.

http://www.jornadamorelos.com/2013/8/5/politica_nota_07.php

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Feminicidio: negativa a los derechos conquistados por la lucha feminista

La vida y la libertad de las mujeres están en el centro de la violencia feminicida. Las mujeres mueren violentamente a manos de quienes ejercen un poder de manera impune. En las relaciones sentimentales se impone la lógica del control, del sometimiento, de la imposición de roles y papeles establecidos, donde el hombre mantiene toda clase de privilegios y pretende que las mujeres sean relegadas a la subordinación y a la dependencia, y si alguien se atreve a desafiar este orden social establecido por el sistema, entonces paga las consecuencias con su propia vida. En el capitalismo se establecen relaciones cosificadas, donde el poder del dinero, de la clase, del género, termina subordinando los más tiernos sentimientos humanos a la lógica enajenante de las relaciones mercantilizadas y cosificadas, en la pura lógica material del poseer y someter a quien no se le reconocen derechos ni capacidad de decidir. Los derechos se conquistan mediante la lucha. Es lo que han hecho las mujeres a través del feminismo. El feminicidio pretende hacer retroceder las ruedas de la historia para seguir manteniendo a las mujeres relegadas a un segundo plano de la vida y de su papel dentro de la sociedad. Es una estrategia del terror que pretende paralizar la voluntad y capacidad de decidir de las mujeres para que no defiendan sus derechos elementales a la vida y la libertad. Feminicidio es el homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer. Y pudo haber sido precedido por ciertas características, como por ejemplo: tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes; cuando exista o haya existido una relación de pareja o de carácter conyugal entre la víctima y el agresor; cuando se haya realizado por violencia familiar o cuando la víctima se haya encontrado en estado de indefensión, como una incapacidad física, psicológica o emocional para repeler el hecho. Muchos, sino es que todos los crímenes que se cometen de forma cotidiana contra las mujeres, cumplen con los requisitos anteriores para configurarlos como feminicidios, sin embargo, la mayoría de los casos no son considerados así. Sobran los pretextos, pero la realidad es una, las autoridades se niegan a cumplir la ley y tipificar esos delitos como feminicidios. Las razones son múltiples: no hay homologación en las leyes federales y estatales, falta de reglamentos, corrupción, impunidad, incoherencia, pues aunque en teoría todoas y todos somos “iguales” ante la ley, en la práctica no es así, ya que  el machismo prevalece dentro del sistema de justicia, aunado a la ineptitud de algunos servidores públicos, a la falta de interés, indolencia y mil cosas más. La impunidad es el principal motor que promueve estos asesinatos, pues en la mayoría de los casos no se lleva a los culpables ante la justicia, pues así lo han reconocido las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer y el propio Estado mexicano. 

En lo que se refiere a los feminicidios, la  violencia institucional y la impunidad también están presentes,  muchas veces desde antes de que las mujeres sean asesinadas y  aún después de perpetrado el homicidio, dejando a cientos o miles de familias en el abandono y en la desesperanza. Casi nunca encuentran la justicia que merecen. Según el informe “Feminicidio en México. Aproximación, tendencias y cambios, 1985-2009″, en esos 24 años fueron asesinadas 34,176 mujeres. Entre el 2010 y el 2011 desaparecieron 3,000 mujeres. Se han cometido 529 homicidios de enero de 2011 a junio del 2012. Y de acuerdo a las cifras dadas a conocer por Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la discriminación contra las Mujeres (CEDAW) en México seis mujeres mueren al día por crímenes de violencia extrema. En los últimos seis años han muerto en el país más de mil 500 mujeres, 60% de ellas fueron encontradas en vía pública y 40% murieron en sus hogares a manos de sus parejas, esposos o concubinos. Vemos pues, como en el país crece esta violencia. Son historias de mujeres que mueren violentamente por el hecho de ser mujeres. Sobrevivir a un ataque de esta naturaleza es poco probable. Mientras que las autoridades no aplican la ley ni los procedimientos para proteger la vida y la libertad de las mujeres. Pues la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México establece que las autoridades deben otorgar protección a las mujeres inmediatamente después de que conozcan de hechos o delitos de violencia contra ellas. Sin embargo, Gobernadores de todos los Partidos, las directoras de los Institutos de las Mujeres y Congresistas se niegan a avalar la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, que es un mecanismo jurídico que solicita acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad y tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos. La Alerta implica realizar las ‘‘acciones inmediatas’’ que se soliciten –entre ellas la investigación, revisión de expedientes, incremento de vigilancia policiaca y mejoría en las diligencias ministeriales. Está descrita, mandatada y legislada desde 2007. La sistemática negativa de emitir dicha alerta, representa violencia institucional al infringir lo estipulado en los artículos 18, 19 y 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Convirtiéndose así, en un crimen de Estado. El año pasado,  el comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) emitió una recomendación al país en la que advierte que existen ‘‘obstrucciones’’ para aplicar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género, pues a la fecha se han rechazado las Alertas en los estados de Chihuahua, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León, Hidalgo y Estado de México.

En Morelos, más de 2 mil firmas avalan la petición y se han emitido dos puntos de acuerdo, el primero en el Congreso de la Unión y el segundo por el Congreso del Estado.  Sin embargo y contrariamente, para aplicar la Alerta de Violencia de Género se exige que las organizaciones que la hemos solicitado,  nos apeguemos estrictamente a los procedimientos burocráticos que señala la ley, en un contenido excesivo de reglamentación. Mientras se demuestra todo lo ahí solicitado, siguen desapareciendo y asesinando a las mujeres. Ejerciendo con esa medida Violencia Institucional. Esto fue lo que analizamos ampliamente con Diputadas Federales de la Comisión sobre Feminicidio, del Congreso de la Unión, donde se está revisando el procedimiento legal para la emisión de esta Alerta.

Así vemos como ningún nivel de gobierno trabaja de forma comprometida por la seguridad de las mujeres, ni tampoco toma acciones  para prevenir y garantizar la integridad de las mexicanas. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto Federal como de cada Estado, obliga a las autoridades a presentar un programa de prevención y atención para la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo que las autoridades deberían estar trabajando para llevar a cabo acciones emergentes, porque los derechos de las mujeres están siendo violentados de forma grave e insostenible y eso no debe permitirse.

Es innegable la existencia de una violencia extrema, estructural y sistemática contras las mujeres, sus cuerpos y su dignidad, enmarcada en una cultura machista y misógina. Ante este panorama no vamos a abandonar la exigencia de que en Morelos y en otras partes del país se emita esta Alerta de Violencia de Género, se trata de la vida y la libertad de las mujeres.

 (*) Integrantes de la @cidhmorelos

http://rebelion.org/noticia.php?id=171952

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