2 de octubre y la memoria indómita.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

“Hasta que la justicia se siente entre nosotros”, escribió Rosario Castellanos en un estremecedor poema sobre el 2 de octubre. 45 años después la impunidad, la militarización, la represión, la violación de derechos humanos, la antidemocracia, la criminalización de las y los jóvenes y el feminicidio, las desapariciones, las y los presos políticos, nos muestran que aún falta mucho para lograr que así sea.

El 2 de Octubre de 1968 se llevó a cabo una de las matanzas más sangrientas en la historia de nuestro país ejecutada por el gobierno. El número de muertos no se sabe con precisión, fuentes oficiales refieren no más de 50 mientras que investigadores afirman que fueron más de 300.

“¿Qué vimos? Era como una zona de guerra. Había un silencio especial, pesado, se podía agarrar. En la plaza había basura, ropa, manchas de sangre tapadas con periódico, sangre aún fresca mezclada con agua. Había llovido.” La tarde del 2 de octubre de 1968, después de que desde un helicóptero que sobrevolaba la Plaza de las Tres Culturas arrojara una luz de bengala, empezaron los disparos del Ejército en contra de los miles de estudiantes, hombres y mujeres que colmaron el lugar, en demanda de mayor libertad de expresión, a unas cuantas semanas de que se celebraran en México las Olimpiadas.También dispararon sus armas los integrantes de la “Brigada Blanca”, vestidos éstos de civil, pero identificados por portar un guante blanco como distintivo. En esa trágica tarde fueron disparados 15 mil proyectiles y hubo 300 muertos, además de 700 personas heridas y cinco mil estudiantes detenidos, participaron ocho mil militares de varios cuerpos destacados en la acción, 300 medios armados entre tanques, medios blindados y jeeps con ametralladoras. Todo esto para reprimir una manifestación pacífica. 

Iniciado el movimiento el 26 de julio, el 2 de agosto la UNAM, el IPN, la Escuela Nacional de Maestros, la ENAH y Chapingo conforman el Consejo Nacional de Huelga, el cual después de varios movimientos en otras partes del país fructificaba en el CNH como una organización con carácter nacional estructurado al cual otras universidades se fueron incorporando con protestas en otras partes del país, incluyendo Cuernavaca en la UAEM. El 13 de septiembre se realizó otra marcha de protesta al ingreso del ejército al IPN y a la UNAM. El pliego petitorio que se elaboró el 4 de agosto por el Consejo Nacional de Huelga fue; 1) libertad a los presos políticos, 2) destitución de los generales Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea y del teniente coronel Armando Frías. 3) extinción del cuerpo de granaderos. 4) Derogación de los artículos 145 y 145 bis del código penal (delito de disolución social), 5) indemnización a las familias de los muertos y a los heridos víctimas de las agresiones en los actos represivos iniciados el viernes 26 de julio, 6) deslinde de las responsabilidades de los actos de represión y vandalismo realizados por las autoridades a través de los policías, los granaderos y el ejército.

La Operación Galeana del Ejército dispuso de una fuerza de entre cinco y diez mil elementos que les permitiera posicionarse en cuatro puntos estratégicos para evitar la huída de los manifestantes estableciendo un doble cerco de militares vestidos de civil, pertenecientes al Batallón Olimpia para capturar a los organizadores del evento. A las 18:00 el ejército estaba ya apostado en sus tres ubicaciones previstas. Hay referencia al despliegue de efectivos y equipo militar. Contaban con cerca de 300 tanques ligeros, unidades de asalto, jeeps y transporte militar, con lo que cercaron las inmediaciones de la Plaza. No se trataba de una maniobra solo de disuasión –con una fuerza lo suficientemente grande como para inspirar temor y desalentar que, de forma violenta fueran atacados-, sino que tenían munición suficiente para emprender una acción ofensiva de gran envergadura. Quien dio la orden que dispusieran de esa cantidad de munición tiene tanta responsabilidad en la masacre, como quien dispuso que el ejército se ocupara en tareas de policía, frente a una población civil inerme que era un grupo nacional del pueblo mexicano.

La masacre dura más de dos horas. A partir del momento en que se producen los primeros disparos, se generaliza rápidamente una intensa balacera. En ese tiempo la dirigencia del CNH fue detenida y, hasta el día de hoy, es incompleta la lista real de heridos, muertos y desaparecidos. Algunos de los dirigentes del Consejo Nacional de Huelga, varias mujeres y hombres fueron capturados en el Edificio Chihuahua, cuyos departamentos son desocupados violentamente por unidades del ejército, del ‘Batallón Olimpia’ y de la policía de la Federal de Seguridad. Otros dirigentes fueron detenidos en la plaza. Todos, ellos y ellas, conducidos al lugar donde se concentraron a los demás detenidos. Posteriormente cientos fueron trasladados al Campo Militar Número Uno. Se calcula que fueron más de 2,000 personas las aprehendidas en Tlatelolco. La Operación Galeana y la coordinación interinstitucional desplegada muestran que hubo una decisión de Estado de masacrar a la población allí reunida. Que esta población fue considerada como el núcleo activo del grupo nacional que debía ser aniquilado en aras de la estabilidad del sistema autoritario que se buscaba modificar. El genocidio se cometió para acallar la disidencia asesinando, hiriendo, llevando a prisión, mandando al exilio a quienes identificaron que podían suscitar consenso social para movilizar a la sociedad. Este es el saldo de la noche más violenta que viviera el movimiento estudiantil; en que se consumó la decisión del Estado Mexicano por erradicar de tajo la expresión pacífica y democrática de este grupo nacional que emergió a la palestra de la historia para iniciar un nuevo tiempo en la conciencia del pueblo, en nuestro país. Ni perdón ni olvido. Se cometió un crimen de Estado y el Estado mismo ha permitido que quede impune. Por eso, fue importante que a los 10 años de esa fecha, se organizara una marcha donde Rosario Ibarra jugó un papel importante para no olvidar a las y los desaparecidos, lo que abrió el camino para que, en la memoria colectiva, el 2 de octubre no se olvide. Hoy a 45 años de la masacre, debemos exigir la salida del ejército de las calles, que no se le siga utilizando en tareas que no le corresponden como lo hizo Calderón y lo está haciendo Peña Nieto, lo que ha generalizado la violencia criminal e institucional, así como las desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos. Porque no olvidar el 2 de octubre es exigir verdad histórica, alto a la impunidad y garantías de no repetición de crímenes de lesa humanidad que aún siguen siendo una herida abierta en la memoria del pueblo mexicano.

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