Alerta por la vida y la libertad de las mujeres.

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G. Quintanilla

La muerte de ella no fue muerte natural, fue del sistema social que no combate, ni erradica el feminicidio. La vida y la libertad de las mujeres en Morelos están en riesgo. El feminicidio es una cruel realidad. Cuando presentamos el informe sobre 530 casos de feminicidio del 2000 al 2013 para fundamentar la solicitud del establecimiento de la Alerta de Violencia de Género ante el Sistema Nacional para Implementar todas las medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra los derechos de las mujeres, señalamos que cada retraso en la aplicación de estas medidas extraordinarias significaba nuevas pérdidas de vidas humanas. Ese mismo día encontraron el cuerpo de una mujer en Axochiapan, mutilado terriblemente. Al día siguiente, mientras informábamos en el Congreso del Estado sobre esta solicitud que cumple en demasía los requisitos establecidos en los artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en este documento de 320 cuartillas, nos enteramos de que hallaron el cuerpo sin vida de una mujer de 70 años en pleno centro histórico de Cuautla. Cada día que pasa los círculos concéntricos de la violencia feminicida se expanden y golpean con fuerza, hasta el momento, en 31 de 33 municipios de la entidad. Nuestra sociedad y las instituciones del Estado constituyen, todavía, el entramado social, normativo y político que tolera, permite y contribuye a la persistencia de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, la sociedad avanza en ámbitos cada vez mayores, en la transformación de algunas características de las relaciones de género, las prácticas y las normas sociales, las concepciones del mundo y de la vida acordes con principios de igualdad entre mujeres y hombres y de libertad, también de las mujeres. El Estado en su conjunto ha avanzado menos que la sociedad. Requiere una profunda reforma democrática con perspectiva de género que erradique el androcentrismo de sus instituciones, de las leyes y de la relación con la sociedad, y permita su transformación en un potente garante del marco legal, de las acciones y las vías equitativas para garantizar las libertades y la vigencia de los derechos sociales, sexuales, políticos y culturales. Urge un nuevo contrato social de género,  para construir las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad de género requiere la participación plural y creativa de las personas protagonistas sociales y políticas, en particular de las mujeres, y una profunda transformación cultural libre, capaz de convertir la legitimidad de la violencia contra las mujeres y la violencia como atributo de género de los hombres, en algo ajeno a las mentalidades, los valores y las normas, atentatorio de las relaciones de convivencia. Para contribuir con mayor incidencia a las transformaciones mencionadas es necesario reconocer la violencia de género como un obstáculo al desarrollo y a la democracia, y un atentado a las mujeres, y emprender una verdadera política de Estado que permita generalizar los avances sociales de género y  armonizarlos en el Estado mismo. Es urgente reconocer la violencia feminicida como un gravísimo problema que atenta contra la vida de las mujeres, crea una situación de inseguridad generalizada para las mujeres en la convivencia social, fractura el Estado de derecho y coloca al país fuera de la vía del desarrollo con democracia. Un país en el que las mujeres no tienen seguridad ni en su casa ni en los espacios públicos y en el que están expuestas de manera cotidiana a formas amenazantes de violencia no es un país democrático, porque no se respetan los derechos humanos. Es un país en el que priva la simulación al exigir a las mujeres rendimiento económico, social, cultural y político como si estuvieran en condiciones de igualdad, y como si la violencia no se cerniera de manera permanente sobre ellas. La simulación se extiende al Estado al pretender que la ciudadanía de las mujeres está vigente y éstas gozan de derechos que, en la práctica, no son exigibles; porque la ley es injusta con las mujeres al tratarlas como objeto de uso y no como sujetas de derecho, al no considerar como delitos todas las formas de violencia; al atenuar la violencia contra ellas si está precedida por emoción violenta del agresor o es justificada por la falta de honorabilidad o las faltas a la moral por parte de la víctima; al considerar a las mujeres culpables o provocadoras de los delitos que se cometen contra ellas; y al llamarlas a la conciliación con los agresores aun cuando está en riesgo su integridad y su vida. La simulación se produce porque la ley no se aplica por igual y prevalece la injusticia hacia las mujeres. Un país en el que un gran número de homicidios de mujeres queda en la impunidad por discriminación institucional o que impide a las mujeres acceder a la justicia, es un país donde hay violencia institucional contra las mujeres. Dicha violencia se produce intencionalmente cuando se trata a las mujeres como ciudadanas de segunda y con prejuicio, así como cuando las instituciones son desbordadas por su atraso, por su falta de profesionalismo o de recursos, por su incapacidad o por corrupción e implicación delictiva. No aplicar la Alerta es permitir que sigan muriendo mujeres sin hacer lo legalmente necesario, lo institucionalmente posible, lo éticamente justo y lo imprescindible políticamente. Se trata de la vida y la libertad de las mujeres. 

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