Desapariciones, feminicidio, represión: violencia institucional.

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla

¿Cómo se borra de la memoria colectiva acontecimientos tan graves como las desapariciones forzadas y el feminicidio? Mediante una estrategia del terror: utilizando todos los medios al alcance de quienes ejercen un poder por encima de cualquier control desde abajo. ¿Lo logran? No. La memoria es un poderoso resorte para catapultar las razones que mueven a la sociedad para no perecer bajo los más crueles regímenes autoritarios, represivos, fascistas, burocráticos, sin verdadera democracia participativa.

Ahí están nuevamente las madres de las y los desaparecidos: en huelga de hambre cuando sus fuerzas ya flaquean pero su deber y convicción las mantiene en pie de lucha exigiendo que les devuelvan a sus hijas e hijos. Sus rostros ajados por el tiempo no muestran amargura ni resentimiento, sino una especie de heridas restañadas por el amor y la solidaridad de quienes las apoyan en todo para seguir adelante. Han pasado los años, los días, las horas, los minutos, sin tener noticias de ellos desde que se los llevaron fuerzas policiacas y militares para arrojarlos en cárceles inmundas como las del Campo Militar Número Uno.  Una lucha sin cuartel ni descanso, evocando por su nombre a los desaparecidos, su memoria es un arma, su recuerdo anima la exigencia de que si ¡vivos se los llevaron, vivos los queremos! Ellas no han tenido miedo a las represalias, pero en muchas ocasiones el desconocimiento sobre la caracterización del delito de desaparición y la ausencia de instancias cercanas y confiables a las cuales acudir, han ocasionado que muchas familias opten por no denunciar sus casos, por lo que no hay una cifra precisa del número total de desapariciones forzadas a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo con los datos que manejan diversas organizaciones de derechos humanos, podría haber más de 1200 desaparecidos por razones políticas (desde 1968 a la fecha), y un número indeterminado, pero no menor a tres mil, de desaparecidos civiles. La falta de justicia para las víctimas de desaparición forzada es del 100%. Las más de seiscientas denuncias penales que se han presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por desaparición forzada han sido incorrectamente tipificadas como “privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro”, delito que sólo puede cometer un particular. En el ámbito de los derechos humanos, la desaparición forzada está clasificada como un delito de lesa humanidad de carácter múltiple, continuo, imprescriptible y pluriofensivo. Las desapariciones forzadas cometidas “de forma masiva y sistemática” están consideradas en todo el mundo como crímenes contra la humanidad, a los cuales se les aplican jurisdicciones y sanciones específicas. Esta argucia favorece el deslinde institucional, por consiguiente, ningún servidor público ha sido consignado ni sentenciado por el delito de desaparición forzada. La impunidad para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas es absoluta. Más de 70 mil detenidos – desaparecidos de todo tipo de personas se cuentan en México en lo que va de tres administraciones presidenciales, incluida la actual de Peña Nieto, donde, de diciembre a la fecha, yacen 68 luchadores sociales sin paradero en 15 Estados del país, principalmente Guerrero.  No existe voluntad política por parte del Estado mexicano para legislar en materia de desaparición forzada y únicamente se mediatiza el descontento de las víctimas mediante la creación de fiscalías que no cuentan con presupuesto. Es un agravio la existencia de miles de detenidos-desaparecidos sin que el Gobierno federal asuma su responsabilidad por comisión, omisión o aquiescencia en la detención-desaparición y en la no presentación de las víctimas de ese delito de lesa humanidad. En ese sentido, la detención-desaparición de luchadores sociales y activistas de los derechos humanos es una actividad enfocada a disuadir la resistencia de las organizaciones frente al abuso de poder y la represión. En el periodo que va del gobierno de Peña Nieto se han seguido cometiendo desapariciones forzadas, algunas de carácter selectivo contra defensores de derechos humanos. Entre febrero y mayo de este año se ha documentado la desaparición de 13 luchadores sociales. También la violencia feminicida crece. La trata de personas está ligada directamente a los sistemas de explotación sexual y la venta como mercancías. En la más absoluta impunidad. Como el feminicidio que no es reconocido en su gravedad, a pesar de que en Morelos se han documentado casos del 2000 al 2013, por lo que el día 4 de septiembre del 2013 en la Ciudad de México, daremos a conocer de manera pública y entregaremos de manera formal, el documento de análisis de 13 años de feminicidio, que fundamenta nuestra solicitud DE DECLARATORIA DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS, contenido en 300 páginas, y que será entregado a la Presidencia de la República y a otras instancias federales, así como a organismos internacionales. Si, algo muy grave ocurre cuando el gobierno es incapaz de asumir su responsabilidad de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, cuando no solo deja de aplicar los instrumentos legales para evitar que continúe la desaparición, sino que la aplica a través de militares, marinos y policías federales, como se ha demostrado por organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo se recuerda a las personas desaparecidas? ¡Con el corazón apretando por dentro!

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