Archivo mensual: noviembre 2013

25 de noviembre en la memoria y el futuro por construir.

Ni un feminicidio más!

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

 ImagenLas hermanas Miraval no murieron, fueron víctimas de feminicidio avant la letre. Se enfrentaron al poder del gobierno dictatorial que las eliminó físicamente, pero no pudo impedir que su ejemplo se transformara en millones de voces protestando en las calles del mundo contra la violencia feminicida. No pidieron homenaje alguno, solo actuaron de acuerdo a su conciencia de dignidad. En Morelos el 25 de noviembre se pretende desnaturalizar con campañas rositas o naranjas, para ocultar el alto grado de feminicidio impune. No lo van a lograr los perpetradores de la violencia patriarcal institucionalizada. No lo vamos a permitir quienes entendemos que la vida y la libertad implican lucha independiente y sin claudicaciones ante el poder.

En un contexto determinado por la desigualdad social, la cultura de la impunidad, el debilitamiento y la corrupción enquistada en las estructuras del Estado que impacta sobre…

Ver la entrada original 840 palabras más

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

25 de noviembre en la memoria y el futuro por construir.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

 ImagenLas hermanas Miraval no murieron, fueron víctimas de feminicidio avant la letre. Se enfrentaron al poder del gobierno dictatorial que las eliminó físicamente, pero no pudo impedir que su ejemplo se transformara en millones de voces protestando en las calles del mundo contra la violencia feminicida. No pidieron homenaje alguno, solo actuaron de acuerdo a su conciencia de dignidad. En Morelos el 25 de noviembre se pretende desnaturalizar con campañas rositas o naranjas, para ocultar el alto grado de feminicidio impune. No lo van a lograr los perpetradores de la violencia patriarcal institucionalizada. No lo vamos a permitir quienes entendemos que la vida y la libertad implican lucha independiente y sin claudicaciones ante el poder.

En un contexto determinado por la desigualdad social, la cultura de la impunidad, el debilitamiento y la corrupción enquistada en las estructuras del Estado que impacta sobre un trasfondo sociocultural ya de por sí altamente misógino y violento para las mujeres, hasta el punto que México, es responsable de haber puesto sobre el tapete global la problemática y el concepto de “feminicidio”, nos encontramos con que la peligrosidad e insostenibilidad de la situación para las mujeres se ha redoblado, concretándose en cifras terribles a nivel nacional. Así, en los últimos seis años el saldo es de 4,112 feminicidios en el país y, tan solo en los últimos dos, de 4 mil mujeres desaparecidas. A lo que cabe añadir otros datos inquietantes, como la frecuencia de una mujer violada cada cuatro minutos o el hecho de que 7 de cada 10 mexicanas afirma haber padecido algún tipo de violencia física, sexual o psicológica. 52 feminicidios en Morelos durante 2013. Violación tumultuaria y muerte de una menor de 16 años que no será juzgado por feminicidio ante falta de aplicación de protocolo de investigación festinado una semana antes!

Las consecuencias para las mujeres de la práctica y la lógica de la guerra que representa el paroxismo del sistema de valores patriarcal, afectan a todos los ámbitos de su existencia. Por una parte, se han registrado numerosos casos de asesinatos, agresiones y violaciones, a veces multitudinarias, perpetradas por elementos del ejército, la policía federal, delincuentes o conocidos de la víctima. Asimismo, en algunas de las contiendas entre bandas rivales se ha recurrido al feminicidio como instrumento recíproco de intimidación al enemigo. Además, es hecho probado que la presencia de soldados supone un incremento de la demanda en servicios sexuales y una mayor vulnerabilidad de las mujeres respecto a la posibilidad de caer víctimas de trata, o de esclavitud sexual y/o laboral en manos de organizaciones criminales, muchas veces paso previo, por cierto, al feminicidio. Una gran parte de las desapariciones de mujeres, incluyendo niñas, parece estar relacionada con esta industria criminal, fundada en la objetivación patriarcal y posterior mercantilización del cuerpo. Las redes de trata reclutan a sus víctimas a través de diversos mecanismos que van desde la captación fraudulenta, la compra-venta de personas, hasta el secuestro, generalmente de mujeres jóvenes, procedentes de ámbitos pobres o muy pobres y, en muchos casos, migrantes centroamericanas en tránsito hacía EEUU. Al respecto, existen datos referentes a que hay 200,000 mexicanas explotadas sexualmente en el extranjero y cerca de 50,000 extranjeras explotadas en México. Por otra parte, la feminización de la pobreza incide en el aumento de la migración femenina. El racismo y clasismo sustentados por la profunda desigualdad social, hace a las mujeres pobres e indígenas más vulnerables tanto ante las dinámicas de la violencia estructural ejercida a través de la implantación de las políticas neoliberales que amenazan garantías sociales como la salud o el trabajo, la autonomía alimentaria, el medio ambiente o la explotación tradicional de las tierras. Asimismo, las barreras lingüísticas y culturales, fruto de una concepción centralista y homogénea del Estado, dificultan enormemente su acceso en condiciones a la educación o a la justicia. En la “lógica de guerra”, los actores –Estado, criminales, grupos paramilitares–se confunden hasta el punto de darse el caso de no poder llegar a discernir quién es el perpetrador de algunas agresiones, convergen a su vez, con una situación de impunidad histórica y sistemática que alcanza cuotas de 99% .En el caso del feminicidio y otros delitos con víctimas mujeres, aparte de factores propios a la ineficiencia estructural del sistema de justicia, inciden actitudes alevosas y con claro sesgo misógino que buscan tanto la invisibilización del delito a efectos de simulación estadística o, de manera directa, la protección cómplice al perpetrador, recurriendo con frecuencia a la difamación, la doble victimización e incluso a la criminalización de la víctima. Este estado de cosas ha impactado ostensiblemente sobre la labor y los riesgos afrontados por los y las defensoras de derechos humanos; quienes aparte de la violencia implícita al contexto cotidiano deben convivir con los riesgos específicos de una labor que, en gran medida, se desarrolla en contraposición a los intereses de los diversos poderes fácticos. Además, la sofisticada y siniestra cultura de la simulación tradicionalmente característica de los gobiernos contribuye a invisibilizar estos riesgos y, sobre todo, a no garantizar derechos estipulados por las propias leyes nacionales, así como recomendaciones o medidas cautelares de protección dictadas por organismos internacionales vinculantes; aparte de mantener en la impunidad y sin la debida impartición de justicia la mayoría de las agresiones cometidas. Las defensoras más golpeadas han sido las que trabajan en relación con los derechos de las mujeres y por una vida libre de violencia, mayoritariamente, en el ámbito relacionado con el feminicidio y la impunidad. La cifra, nuevamente, nos obliga a insistir en el papel fundamental que desempeña con carácter específico la misoginia estructural, sustentada por el patriarcado en lo relacionado con la violencia hacia las mujeres. La compleja red de complicidades entre los diversos poderes fácticos contribuye a opacar el sistema de justicia, las responsabilidades últimas tras estos actos.
Acabar con el feminicidio impune es el mejor motivo para seguir los pasos de resistencia y reclamo de justicia de las hermanas Miraval.

1 comentario

Archivado bajo Uncategorized

Por una vida libre de violencia

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.
La justicia y la verdad son elementos fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a proteger la vida y la libertad. El feminicidio es la forma extrema de esta violencia, por lo que es necesario tomar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres. En Morelos miles de voces hemos exigido que se establezca la Alerta de Violencia de Género ante el feminicidio creciente. Y no dejaremos de exigirlo ante instancias nacionales e internacionales ante un gobierno que mantiene un doble discurso. La reciente publicación del Decreto por el que se Establecen las Medidas Emergentes Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Morelos, es producto de una exigencia amplia de personas y organismos sociales que se han sumado al reclamo para que se atienda y aplique la alerta de violencia de género en el estado de Morelos. En campaña oficial ha sido presentado como si se tratara de un “gesto de buena voluntad” y un compromiso del gobierno estatal. La investigación que fundamentamos desde la cidhmorelos es la solicitud a la que el Instituto Nacional de las Mujeres hace referencia en su documento dirigido al Ejecutivo Estatal, aún cuando este no la mencione.
Estas medidas emergentes sin embargo no sustituyen las acciones que establece la Alerta de Violencia de Género. De hecho, el INM no ha desechado nuestra solicitud, sino que ha pedido que se ajuste a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así que no bajaremos la guardia y llamamos a la población a redoblar esfuerzos en esta exigencia, de tal manera que no haya un solo feminicidio más en Morelos. Si bien es cierto que ninguna medida emergente debe ser rechazada, hay que ubicarlas en su justa dimensión, para evitar que se transforme en un recurso para inhibir la participación y exigencia de la población. Si bien los Protocolos de Investigación del Feminicidio desde hace dos años ya existen y no se aplican, las bases genéticas se vienen anunciando desde años atrás igual que las bases de datos que deberían estar en Plataforma México desde un lustro atrás, los centros de justicia urgen porque se anuncian con bombo y platillo pero no se ven resultados y los refugios para víctimas de trata de personas no funcionan si no se ataca la base de la explotación misma y proliferan estos negocios capitalistas, la cero tolerancia a servidores públicos omisos debiera empezar por los propios jefes, y la condena total a la violencia debería evitar negarla imponiendo una “nueva narrativa” que invisibiliza las causas de la violencia feminicida. Si se trata de crear mecanismos para dar certeza a la información oficial, no puede empezar con negar la cantidad creciente de feminicidio, ya que en Morelos lejos de disminuir se mantiene en los más altos niveles. Como demostramos en el “Informe de Investigación de 13 años de feminicidio imparable en Morelos” para fundar nuestra solicitud de Alerta de Violencia de Género, de los 530 casos de feminicidio ocurridos entre el año 2000 y el 2013, 35 de estos corresponden hasta junio de este año. En ese momento el gobierno del Estado minimizó y ridiculizó los esfuerzos que realizamos para que se implementara la Alerta de Violencia de Género, llegando al extremo de adjudicar al propio INM una versión falsa en el sentido de que este decía que la Alerta era innecesaria en Morelos. Desafortunadamente para la vida de muchas mujeres, lo que ha ocurrido entre junio y noviembre es una muestra que la omisión y negligencia repercute en la pérdida de más vidas humanas, ya que en estos 4 meses y medio han ocurrido otros 19 feminicidios, elevándose a 54 feminicidios en Morelos durante 2013: En Axochiapan uno, Cuautla 5, Ayala 2, Cuernavaca uno, Zacatepec uno, Jantetelco uno, Jiutepec 4, Tetecala uno, Zapata uno, y Yautepec 2, todo ello hasta inicios de noviembre. Es cierto que toda muerte violenta de mujeres en principio debe ser considerada feminicidio, como lo establece el Protocolo de Investigación del feminicidio vigente en la PGJ y ahora reconocido en el Periódico Oficial por el propio Ejecutivo Estatal, pero si se constatan las declaraciones públicas de funcionarios del más alto nivel de la PGJ, de la SSP, del IMM y del propio Gobernador y Secretario General de Gobierno, dirán que los casos de feminicidio son mucho menos que los que en la realidad han ocurrido. Por ello, incrementar de 30 a 40 años como el mínimo de penalidad y máximo de 70 años, para quien cometa feminicidio, también puede resultar una medida inoperante si se mantiene la impunidad y no se tipifican los casos de muertes violentas como feminicidios. Es el caso de feminicidio en grado de tentativa que se cometió contra de joven mujer cuyo victimario fue exonerado en primera instancia y condenado a solo 6 años de prisión en la casación del juicio. Y es verdad que no es un caso privativo del Estado de Morelos. Es una violencia feminicida que ocurre en todo el país y en la mayor parte del mundo. Lo cual, de ninguna manera justifica inacción y menos aún que sólo con cambiar de color se pretenda enviar el mensaje de “cero tolerancia” como el gobierno asegura. El feminicidio se combate desde sus causas. Algunas de ellas reconocidas por los propios organismos internacionales de los que México forma parte. Así pues, no se trata sólo de “buena voluntad”, sino de instrumentar políticas públicas en donde sean las propias mujeres y la sociedad toda la que participe y sea tomada en cuenta para que el feminicidio en Morelos pueda ser absolutamente eliminado. Si se puede. En verdad. Se trata de una apuesta de un futuro mejor. (Agradecemos a quienes denunciaron suplantación de identidad ante el ataque cibernético que sufrimos en nuestra dirección electrónica. Es un burdo intento de fraude que denunciamos. Estamos tomando las medidas pertinentes para evitar confusiones. Gracias)

Deja un comentario

Archivado bajo articulos, derechos de las mujeres, Uncategorized, violencia contra mujeres

Ser mujer y asumir la lucha por los derechos humanos.

Juliana G. Quintanilla
Estaban escuchando música por su celular cuando acabaron con sus
vidas. Eran dos mujeres menores de edad. En una colonia obrera,
Tlahuapan, en Jiutepec. Su velorio coincidió con el Miquixtli.
Inadvertidas para las autoridades, ocupadas en festinar los éxitos del
Mando Único en materia de secuestros. Ni una palabra por ellas, ni por
los feminicidios que se han acumulado crecientemente. Son los dos
casos de feminicidio más recientes en Morelos. Entre 2001 y 2010 se
documentaron en México 14991 feminicidios.  Tan sólo 10 entidades
concentraron 80% de esos casos. Y dos de ellas el 45%. A diario sin
asesinadas de 4 a 5 mujeres en el país. De 2000 a 2013 se documentaron
en Morelos 520 feminicidios. No es casual que México haya sido
reprobado en materia de derechos humanos en el Examen Periódico
Universal (EPU) de la ONU.

El pasado 23 de octubre en el marco de la segunda evaluación del
Examen Periódico Universal (EPU), México recibió 176 recomendaciones
de países miembros del Consejo de Derechos Humanos. 33 de las 176
recomendaciones se enfocan en materia de los derechos humanos de las
mujeres, lo que equivale al 18%. EQUIS presentó un informe sombra en
el marco del EPU específicamente sobre el acceso a la justicia para
las mujeres y participó en un informe conjunto con otras
organizaciones de la sociedad civil. Destacamos algunas de las
recomendaciones más relevantes en materia de acceso a la justicia para
las mujeres que si hicieran a México: Reforzar la capacitación a
policías y operadores/as de justicia en el tema de violencia contra
las mujeres con el fin de mejorar la respuesta de las autoridades
Mexicanas; Instalar pronto ‘Centros de Justicia para las Mujeres’
adicionales para mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio
nacional; Redoblar sus esfuerzos para combatir la impunidad y la
corrupción en todo el país a través de la creación de una institución
federal de lucha contra la corrupción, con la capacidad de procesar y
a través de la asignación de recursos suficientes para investigar y
perseguir los crímenes contra las mujeres, niñas y niños; Continuar
los esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia
contra las mujeres y llevar a los responsables ante la justicia,
mientras se garantiza su igualdad de acceso a la justicia y la mejora
de los servicios de apoyo, en particular para las mujeres indígenas;
Así como adoptar un programa integral para combatir la violencia y la
discriminación, con especial atención a las mujeres indígenas.

Y podrían ser más. Por ejemplo, proteger a las mujeres que son
despedidas por discriminación al padecer una enfermedad crónica
degenerativa. En Morelos está el caso de Tania Guadalupe Jasso
Blancas, quien en una carta dirigida al Gobernador Graco Ramírez
(dicha petición circula en
http://www.change.org/es/peticiones/sr-graco-ramírez-gobernador-constitucional-del-estado-de-morelos-evitar-la-discriminación-laboral-por-enfermedad),
esta denunciando que ha sido separada de su trabajo por tener cáncer
de huesos. Y pese a que existe una campaña de prevención y detección
oportuna de cáncer de mama, misma que es para proteger derechos de las
mujeres, Tania Guadalupe es discriminada y violentada en sus derechos
humanos laborales. Por lo que como sociedad y como mujeres debemos
pedir congruencia política y el respeto pleno a los derechos de las
mujeres.

Violencias de todo tipo sufren las mujeres, estructural o
culturalmente, sobre todo aquella que empieza en la casa y estalla en
lugares públicos, en la escuela, en la calle, en la ruta o en el
trabajo, en zonas alejadas de la ciudad o en pleno corazón urbano. Por
ello hemos mantenido una campaña permanente para que se tomen las
medidas emergentes y extraordinarias para preservar la vida y la
libertad de las mujeres. Sin embargo, en cinco años de funcionamiento
del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, nunca ha sido declarada una alerta de género en
ningún estado. La solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género se da cuando se considere que en un territorio determinado se
perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres o cuando exista
un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos de
las mujeres. La declaración de Alerta por Violencia de Género tiene
por objeto fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese
de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas
por la existencia de un agravio comparado a través de acciones
gubernamentales federales y de coordinación con las entidades
federativas y erradicar la violencia feminicida en un territorio
determinado. Resulta que quienes integran al Sistema son
representantes de los gobiernos estatales, y han votado en contra de
las solicitudes, en aras de no convertir a sus estados en el primero
en decretar la Alerta, y ante el temor de ser señalados políticamente.
No les ha preocupado en lo más mínimo que de 1985 a 2009 hayan sufrido
muerte violenta 34 mil 176 mujeres y que entre 2008 y 2009 aumentaron
los homicidios un 69%. La brutalidad es mayor en los últimos años. El
caso de Izayani, quien logró sobrevivir a la violencia feminicida de
su ex pareja hoy finalmente preso luego de ser exonerado en primera
instancia, es otro ejemplo. Hemos sostenido que el feminicidio de Doña
Petra Benítez Barrios debería ser investigado de acuerdo a los
protocolos de la PGJ para investigar feminicidios, y no ha sido así.
¿Cuántas recomendaciones más espera el Estado mexicano, en sus
diversos niveles de gobierno, para tomar las medidas que permitan a
las mujeres respirar libremente, sin el temor de sufrir una violencia
creciente que tarde o temprano cobra más víctimas de feminicidio?

La alerta de violencia de género en Morelos es urgente y necesaria.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

MERCADOS POPULARES LUCHAN CONTRA REFORMA HACENDARIA.

Marco Aurelio Palma Apodaca

EL gobierno de Peña Nieto en su esfuerzo por concretar las llamadas reformas estructurales pasa por alto los intereses y bolsillos de los sectores populares. Es el caso de la recién aprobada Reforma Hacendaria en el Congreso de la Unión. La misma sin duda  significa otro duro golpe a la clase trabajadora, específicamente al estar instituyendo un nuevo, complicado y desigual sistema recaudador de impuestos denominado “régimen de reincorporación” que no es otra cosa más que un “régimen general” diseñado para las grandes empresas y grandes contribuyentes. Así lo han señalado integrantes del movimiento 17 de mayo del mercado ALM, quienes se ha manifestado junto con otros comerciantes a nivel estatal y nacional, toda vez que esta medida represiva estaría sustituyendo por completo el régimen especial de REPECOS (Régimen de Pequeños Contribuyentes) en donde la mayoría de los 9.2 millones de pequeños comerciantes de espacios, establecimientos y locales comerciales incluyendo a los diversos mercados tradicionales de todo el país saldrían afectados al desaparecer lisa y llanamente de la Ley de la materia, el llamado Capitulo de los REPECOS, figura no tan agresiva desde el punto de vista fiscal y recaudatorio, que en cambio sí se acerca más a la medida de las posibilidades económicas del pequeño comerciante; pero que hoy desafortunadamente la mayoría de los Diputados y Senadores de la mano de tecnócratas de escritorio y demás funcionarios con altísimos sueldos, pagados irónicamente con nuestros mismos impuestos, han cambiado las cosas en sentido negativo y sin consultarnos. En dicho contexto pretenden que paguemos más impuestos de forma irracional y excesiva tal como si fuéramos unos exitosos empresarios con abundantes ganancias. ¿El Gobierno Federal pretende darnos: “Un trato igual a los desiguales”, al extremo de que con esta reforma se tendrían que dar a los clientes facturas electrónicas, usando y pagando por internet? Las y los compañeros que  vendan verduras, carne, pollo, pan, tortillas, artesanías o pequeñas cosas en los mercados populares deberán tener forzosamente una computadora ¿Cómo le vamos a hacer? ¿A cada comerciante le van a regalar su computadora? ¿Acaso tendrán que tomar cursos y manejar un sofisticado lenguaje?

Consideramos que se trata de una reforma por demás lesiva ya que de aplicarse en la práctica estaría significando la quiebra de muchos comerciantes quienes no cuentan con la capacidad económica para cubrir dichos gastos y pagar hasta un especialista o Contador Público, tocando igual suerte a las y los comerciantes que provienen de pueblos y comunidades indígenas que viven al día y que apenas sobreviven con lo que venden en sus puestos y lugares de trabajo.

Tenemos que recordar que el pequeño comerciante es el último eslabón de la cadena económica, y también el contacto más directo con la gente de pie y los consumidores de la clase social con el menor poder adquisitivo; por consiguiente serán quienes resientan más en sus bolsillos el impacto económico que causaría tal contrarreforma, ya que comprometería de alguna manera al comerciante a cargarle y cobrarle al cliente dichos impuestos que obligarían a declarar. Queda claro como los gobernantes hacen las cosas sin pensar en los pobres y tratan ahora de imponernos más cargas e impuestos en forma injusta. ¡Ya no lo podemos permitir! Es necesario continuar fortaleciendo los procesos de organización y participación conjunta y poner un alto por completo a todas y cada una de las contrarreformas y medidas neoliberales impulsadas por el Gobierno Federal desde el “Pacto por México”, que solo atentan contra el patrimonio social y familiar. Tenemos que seguir promoviendo la movilización local y nacional como hasta ahora se ha hecho, en coordinación amplia en la lucha jurídica interponiendo Amparos en forma colectiva, por ser medidas totalmente anticonstitucionales. Hacer uso del derecho a defender nuestros derechos humanos. La lucha política es fundamental. ¡Ahora es la hora de Luchar!    

cidhmorelos@gmail.com

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Ante las medidas emergentes no dejaremos de exigir Alerta contra feminicidio en Morelos.

La justicia y la verdad son elementos fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, a proteger la vida y la libertad. El feminicidio es la forma extrema de esta violencia, por lo que es necesario tomar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres. En Morelos miles de voces hemos exigido que se establezca la Alerta de Violencia de Género ante el feminicidio creciente. Y no dejaremos de exigirlo ante instancias nacionales e internacionales ante un gobierno que mantiene un doble discurso. La reciente publicación del Decreto por el que se Establecen las Medidas Emergentes Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en el Estado de Morelos, ha sido presentado como si se tratara de un “gesto de buena voluntad” y un compromiso del gobierno, cuando en realidad es producto de una exigencia amplia de personas y organismos sociales que se han sumado al reclamo para que se atienda y aplique la alerta de violencia de género en el estado de Morelos. La investigación que fundamentamos desde la cidhmorelos es la solicitud a la que el Instituto Nacional de las Mujeres hace referencia en su documento dirigido al Ejecutivo Estatal, aún cuando este no lo mencione.

Estas medidas emergentes no pueden sustituir las que establece la Alerta de Violencia de Género. De hecho, el INM no ha desechado nuestra solicitud, sino que ha pedido que se ajuste a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así que no bajaremos la guardia y llamamos a la población a redoblar esfuerzos en esta exigencia, de tal manera que no haya un solo feminicidio más en Morelos. Si bien es cierto que ninguna medida emergente debe ser rechazada, hay que ubicarlas en su justa dimensión, para evitar que se transforme en un recurso para inhibir la participación y exigencia de la población. Si bien los Protocolos de Investigación del Feminicidio desde hace dos años ya existen y no se aplican, las bases genéticas se vienen anunciando desde años atrás igual que las bases de datos que deberían estar en Plataforma México desde un lustro atrás, los centros de justicia urgen porque se anuncian con bombo y platillo pero no se ven resultados y los refugios para víctimas de trata de personas no funcionan si no se ataca la base de la explotación misma y proliferan estos negocios capitalistas, la cero tolerancia a servidores públicos omisos debiera empezar por los propios jefes, y la condena total a la violencia debería evitar negarla imponiendo una “nueva narrativa” que invisibiliza las causas de la violencia feminicida. Si se trata de crear mecanismos para dar certeza a la información oficial, no puede empezar con negar la cantidad creciente de feminicidio, ya que en Morelos lejos de disminuir se mantiene en los más altos niveles. Como demostramos en el “Informe de Investigación de 13 años de feminicidio imparable en Morelos” para fundar nuestra solicitud de Alerta de Violencia de Género, de los 530 casos de feminicidio ocurridos entre el año 2000 y el 2013, 35 de estos corresponden hasta junio de este año. En ese momento el gobierno del Estado minimizó y ridiculizó los esfuerzos que realizamos para que se implementara la Alerta de Violencia de Género, llegando al extremo de adjudicar al propio INM una versión falsa en el sentido de que este decía que la Alerta era innecesaria en Morelos. Desafortunadamente para la vida de muchas mujeres, lo que ha ocurrido entre junio y noviembre es una muestra que la omisión y negligencia repercute en la pérdida de más vidas humanas, ya que en estos 4 meses y medio han ocurrido otros 19 feminicidios, elevándose a 54 feminicidios  en Morelos durante 2013: En Axochiapan uno, Cuautla 5, Ayala 2, Cuernavaca uno, Zacatepec uno, Jantetelco uno,  Jiutepec  4, Tetecala uno, Zapata uno, y Yautepec 2, todo ello hasta inicios de noviembre.   Es cierto que toda muerte violenta de mujeres en principio debe ser considerada feminicidio, como lo establece el Protocolo de Investigación del feminicidio vigente en la PGJ y ahora reconocido en el Periódico Oficial por el propio Ejecutivo Estatal, pero si se constatan las declaraciones públicas de funcionarios del más alto nivel de la PGJ, de la SSP, del IMM y del propio Gobernador y Secretario General de Gobierno, dirán que los casos de feminicidio son mucho menos que los que en la realidad han ocurrido. Por ello, incrementar de 30 a 40 años como el mínimo de penalidad y máximo de 70 años, para quien cometa feminicidio, también puede resultar una medida inoperante si se mantiene la impunidad y no se tipifican los casos de muertes violentas como feminicidios. Es el caso de feminicidio en grado de tentativa que se cometió contra joven mujer cuyo victimario fue exonerado en primera instancia y condenado a solo 6 años de prisión en la casación del juicio. Y es verdad que no es un caso privativo del Estado de Morelos. Es una violencia feminicida que ocurre en todo el país y en la mayor parte del mundo. Lo cual, de ninguna manera justifica inacción y menos aún que sólo con cambiar de color se pretenda enviar el mensaje de “cero tolerancia” como el gobierno asegura. El feminicidio se combate desde sus causas. Algunas de ellas reconocidas por los propios organismos internacionales de los que México forma parte. Así, tenemos que, en su más reciente reporte –“¿Cómo está la vida? 2013”–, la OCDE informa que casi la mitad de las mexicanas (47 por ciento) reportó ser víctima de violencias o agresiones a manos de su pareja, lo que posicionó a México como el país donde más se violenta a las mujeres. Dentro de ese porcentaje están las mexicanas que también informaron hacer sufrido violencia sexual, física o psicológica dentro de sus propios hogares. Así pues, no se trata sólo de “buena voluntad”, sino de instrumentar políticas públicas en donde sean las propias mujeres y la sociedad toda la que participe y sea tomada en cuenta para que el feminicidio en Morelos pueda ser absolutamente eliminado. Si se puede. En verdad. Se trata de una apuesta de un futuro mejor.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Más policía y menos seguridad en Morelos.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

 El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. Un orden social impuesto mediante el uso exclusivo de la fuerza deviene en un régimen contrario a un estado de derechos humanos para la población. Más policía y menos poesía, es el lema de los que usan y abusan del poder, que nos envían el mensaje cotidiano de que solo se impone la ley del más fuerte, del que posee los medios de producción, del que aumenta estratosféricamente sus ganancias mientras se anuncian nuevos efectos apocalípticos por una crisis capitalista que sólo termina afectando a la mayoría de la población. Aumentan las muertes violentas de jóvenes y crece el feminicidio. El caso de una familia completa en los campos de Cuautitla, la madre, su hijo y nieto, asesinados al igual que cuatro trabajadores de la masa en un lote de autos en Jiutepec o un joven chef en la plazuela del zacate, centenares de muertes violentas en Morelos en 2013, en donde el feminicidio no parece tener fin, sin que el gobierno estatal ponga en marcha las 10 medidas emergentes para combatir y erradicar la violencia feminicida a la vez que descalifica la alerta de violencia de género. En Morelos el uso de la fuerza policíaca va en aumento en número, capacidad de fuego, modernización de armas y equipo, patrullas y tecnología, cuarteles y mando centralizado tipo militar, no así en el cuidado de los protocolos para responder que todo ello será utilizado para garantizar la paz y la tranquilidad de la ciudadanía. En el país el uso de esta fuerza represiva tiene una escalada que ni en los peores momentos se había tenido. Un caso nos permite ilustrar lo anterior: una moderna patrulla de la policía acreditable embistió a un taxi donde se desplazaba toda una familia en Alpuyeca. Murió una maestra de educación especial y sus menores hijas están hospitalizadas. El argumento oficial es que iban a exceso de velocidad porque se dirigían a  un operativo. Las protestas de la población incluyeron no solo el bloqueo de la carretera sino ante el moderno cuartel de la policía, recién inaugurado, y ya con muchas quejas en contra de la ubicación de ese cuartel. Otro ejemplo: el pueblo de Tilzapotla se levanta y detiene a policías federales extorsionadores, a quienes desarma y entrega al MP custodiados por el Ejército. Bastan unas horas para que sean liberados argumentando que no hay denuncias contra ellos. Otro caso ilustrativo: detienen a una banda de secuestradores en Jiutepec, el jefe de ellos, un policía acreditable. Ahí mismo, en El Texcal. Incendian 120 casas en la reserva ecológica y la policía reprime a manifestantes, deteniendo a 33 entre quienes están mujeres, menores de edad y dos trabajadores que laboran en Nissan y un lavado de autos que pasaban por ahí. Por si fuera poco, la policía agrede a periodistas y foto reporteros que documentaban estos acontecimientos. Y así podríamos seguir mencionando casos de detenciones arbitrarias de luchadores sociales que protestan por un acueducto o jóvenes estudiantes que no eran los causantes de destrozos el 2 de octubre. Esto significa que cuando se generaliza el uso de la fuerza, sin apegarse a protocolo de respeto de derechos humanos, se cae en abusos y pone en riesgo a cualquier persona que se encuentre en un lugar donde ocurre un hecho en el que no necesariamente está inmiscuido. El clima de temor se generaliza, no ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las medidas de fuerza se imponen ante la ausencia de políticas integrales de respeto a los derechos humanos, porque hay simulación, complicidad, intolerancia y una impunidad a todas luces. Es tiempo de cuestionar y no callar, de continuar luchando por construir una sociedad diferente. Finalmente, agradeciendo a quienes han apoyado esta labor de 24 años de la CIDHM, estamos convocando a personas que conocen nuestras actividades en defensa de los derechos humanos para que nos acompañen y participen en nuestra campaña económica. La cita es a las 7 de la noche el 30 de octubre en La casa de gestión del movimiento ciudadano ubicada en la calle  de la colonia Acapantzingo de Cuernavaca, Morelos. El objetivo es contribuir con la compra de obra de arte y así recabar fondos para mantener esta actividad de manera autónoma  como lo hemos venido realizando. Seguiremos en este camino con su participación consciente y voluntaria así como de quienes han colaborado en mil formas en esta labor de promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos.

cidhmorelos@gmail.com

 

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized