Feministas por la vida y la libertad

Paloma Estrada Muñoz y Juliana G.Quintanilla
 
Mas de 1500 mujeres reunidas en el Encuentro Nacional Feminista en Guadalajara analizaron, debatieron y acordaron manener la lucha y fortalecer la resistencia frente a todas las formas de opresión, discriminación, explotación y violencia que sufren en este sistema. Ahi se escuchó la voz del colectivo de feministas socialistas que recordaron que la lucha en contra del feminicidio ha sido larga, difícil y compleja.  En estos años, señalaron que las organizaciones en Ciudad Juárez han tenido que enfrentar una multiplicidad de problemas y estrategias del propio Estado, que han pasado desde negar el problema, culpar a las mujeres por su forma de vestir. Y como gobierno  no actuar y evadir su responsabilidad; hasta la descalificación, hostigamiento, deslegitimación y persecución de las mujeres organizadas que han estado luchando desde un inicio denunciando esta dolorosa realidad. En el contexto de la guerra de Calderón, la atmosfera enrarecida producto de esta politica llevó incluso al asesinato de compañeras como ha sido el caso de Marisela Escobedo en 2010 y Susana Chávez en 2011, mientras otras han tenido que salir del país por la persecusión y criminalización de su práctica como activistas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres. Hoy con el gobierno de Peña Nieto más que nunca, es evidente la incapacidad del Estado y sus diversas instituciones para asumir las consecuencias de sus políticas públicas y para reconocer el incremento del feminicidio a nivel nacional.  El no reconocimiento de la gravedad del problema por parte del Instituto Nacional de las Mujeres y de algunos institutos estatales, lamentablemente convierte a estas instancias en cómplices de la violencia feminicida. Esta situación es tan similar a lo que ocurre en Morelos, que podemos asegurar que estamos frente a un escenario  alarmante:  se sostiene una política de omisión, se niegan  a asumir y rechazan que el feminicidio y la violencia hacia las mujeres sea una preocupación y un asunto de política nacional.  Actualmente son diez los estados de la república en los que se ha solicitado la emisión de Alerta de Género:  Oaxaca, Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Sinaloa y Chiapas  y no es para menos, ya que de 2005 a la fecha se han cometido 1,500 asesinatos de mujeres con exceso de violencia tan solo en el Estado de México y en los últimos seis años el índice de asesinatos de mujeres se triplicó en el país. El caso emblemático de Campo Algodonero ha hecho historia:  gracias a los esfuerzos incansables de familiares, abogadas y activistas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó el 10 de diciembre de 2009, su sentencia en la que condena al Estado Mexicano por violar los derechos humanos de tres mujeres desaparecidas, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez, en un contexto de violencia contra las mujeres, así como por violar los derechos humanos de sus madres y familiares. Es una sentencia paradigmática e histórica que define acciones de reparación del daño para las personas ofendidas directamente en el caso, así como medidas de no repetición, que se traducen en reformas a las instituciones, programas de prevención y de atención y hasta políticas públicas dirigidas a la población en general, con el fin de realizar los cambios sociales y en el Estado para que los derechos sean una realidad en Ciudad Juárez y en todo el país. Ninguna indemnización paga la vida de las mujeres, nada podrá reparar el daño sistemático hacia nuestras vidas. El acceso a la justicia en los casos de feminicidio ha quedado en letra muerta, hemos sido las mujeres quienes desarrollamos mecanismos, propuestas y salidas alternativas para obtenerla y quienes hemos hecho elaboraciones políticas que aportan en distintos ámbitos, con los que logra obtener la justicia y erradicación del feminicidio y de toda la violencia  hacia las mujeres. Nuestro movimiento necesita desmontar, denunciar y evidenciar las políticas del miedo que intentan paralizar la movilización, la organización y la protesta. Necesitamos superar la dispersión de los esfuerzos, sin demérito de ninguno de ellos y reavivar el activismo político feminista autónomo e independiente, asumiendo compromisos políticos en contra de la violencia, que incluyan sostener una denuncia permanente y sistemática del feminicidio, la corrupción y la impunidad.  Por todo ello, la conclusión de feministas socialistas es apoyar la lucha de las compañeras en los estados donde se ha solicitado la Alerta de Género, mantener el seguimiento a la sentencia de Campo Algodonero, mantener la denuncia de la criminalización de las mujeres por abortar y la exigencia de su libertad, así como exigir la libertad de las presas políticas y el alto a la criminalización de la protesta social, apoyar y dar solidaridad a las defensoras de derechos humanos, periodistas y migrantes amenazadas y hostigadas. Para ello, el compromiso de avanzar hacia una articulación nacional con estrategias y acciones conjuntas. No son tareas imposibles, cuando se trata precisamente de garantizar la vida y la libertad de las mujeres.
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