Ser mujer y asumir la lucha por los derechos humanos.

Juliana G. Quintanilla
Estaban escuchando música por su celular cuando acabaron con sus
vidas. Eran dos mujeres menores de edad. En una colonia obrera,
Tlahuapan, en Jiutepec. Su velorio coincidió con el Miquixtli.
Inadvertidas para las autoridades, ocupadas en festinar los éxitos del
Mando Único en materia de secuestros. Ni una palabra por ellas, ni por
los feminicidios que se han acumulado crecientemente. Son los dos
casos de feminicidio más recientes en Morelos. Entre 2001 y 2010 se
documentaron en México 14991 feminicidios.  Tan sólo 10 entidades
concentraron 80% de esos casos. Y dos de ellas el 45%. A diario sin
asesinadas de 4 a 5 mujeres en el país. De 2000 a 2013 se documentaron
en Morelos 520 feminicidios. No es casual que México haya sido
reprobado en materia de derechos humanos en el Examen Periódico
Universal (EPU) de la ONU.

El pasado 23 de octubre en el marco de la segunda evaluación del
Examen Periódico Universal (EPU), México recibió 176 recomendaciones
de países miembros del Consejo de Derechos Humanos. 33 de las 176
recomendaciones se enfocan en materia de los derechos humanos de las
mujeres, lo que equivale al 18%. EQUIS presentó un informe sombra en
el marco del EPU específicamente sobre el acceso a la justicia para
las mujeres y participó en un informe conjunto con otras
organizaciones de la sociedad civil. Destacamos algunas de las
recomendaciones más relevantes en materia de acceso a la justicia para
las mujeres que si hicieran a México: Reforzar la capacitación a
policías y operadores/as de justicia en el tema de violencia contra
las mujeres con el fin de mejorar la respuesta de las autoridades
Mexicanas; Instalar pronto ‘Centros de Justicia para las Mujeres’
adicionales para mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio
nacional; Redoblar sus esfuerzos para combatir la impunidad y la
corrupción en todo el país a través de la creación de una institución
federal de lucha contra la corrupción, con la capacidad de procesar y
a través de la asignación de recursos suficientes para investigar y
perseguir los crímenes contra las mujeres, niñas y niños; Continuar
los esfuerzos para prevenir y combatir todas las formas de violencia
contra las mujeres y llevar a los responsables ante la justicia,
mientras se garantiza su igualdad de acceso a la justicia y la mejora
de los servicios de apoyo, en particular para las mujeres indígenas;
Así como adoptar un programa integral para combatir la violencia y la
discriminación, con especial atención a las mujeres indígenas.

Y podrían ser más. Por ejemplo, proteger a las mujeres que son
despedidas por discriminación al padecer una enfermedad crónica
degenerativa. En Morelos está el caso de Tania Guadalupe Jasso
Blancas, quien en una carta dirigida al Gobernador Graco Ramírez
(dicha petición circula en
http://www.change.org/es/peticiones/sr-graco-ramírez-gobernador-constitucional-del-estado-de-morelos-evitar-la-discriminación-laboral-por-enfermedad),
esta denunciando que ha sido separada de su trabajo por tener cáncer
de huesos. Y pese a que existe una campaña de prevención y detección
oportuna de cáncer de mama, misma que es para proteger derechos de las
mujeres, Tania Guadalupe es discriminada y violentada en sus derechos
humanos laborales. Por lo que como sociedad y como mujeres debemos
pedir congruencia política y el respeto pleno a los derechos de las
mujeres.

Violencias de todo tipo sufren las mujeres, estructural o
culturalmente, sobre todo aquella que empieza en la casa y estalla en
lugares públicos, en la escuela, en la calle, en la ruta o en el
trabajo, en zonas alejadas de la ciudad o en pleno corazón urbano. Por
ello hemos mantenido una campaña permanente para que se tomen las
medidas emergentes y extraordinarias para preservar la vida y la
libertad de las mujeres. Sin embargo, en cinco años de funcionamiento
del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, nunca ha sido declarada una alerta de género en
ningún estado. La solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género se da cuando se considere que en un territorio determinado se
perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la
libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres o cuando exista
un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos de
las mujeres. La declaración de Alerta por Violencia de Género tiene
por objeto fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese
de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas
por la existencia de un agravio comparado a través de acciones
gubernamentales federales y de coordinación con las entidades
federativas y erradicar la violencia feminicida en un territorio
determinado. Resulta que quienes integran al Sistema son
representantes de los gobiernos estatales, y han votado en contra de
las solicitudes, en aras de no convertir a sus estados en el primero
en decretar la Alerta, y ante el temor de ser señalados políticamente.
No les ha preocupado en lo más mínimo que de 1985 a 2009 hayan sufrido
muerte violenta 34 mil 176 mujeres y que entre 2008 y 2009 aumentaron
los homicidios un 69%. La brutalidad es mayor en los últimos años. El
caso de Izayani, quien logró sobrevivir a la violencia feminicida de
su ex pareja hoy finalmente preso luego de ser exonerado en primera
instancia, es otro ejemplo. Hemos sostenido que el feminicidio de Doña
Petra Benítez Barrios debería ser investigado de acuerdo a los
protocolos de la PGJ para investigar feminicidios, y no ha sido así.
¿Cuántas recomendaciones más espera el Estado mexicano, en sus
diversos niveles de gobierno, para tomar las medidas que permitan a
las mujeres respirar libremente, sin el temor de sufrir una violencia
creciente que tarde o temprano cobra más víctimas de feminicidio?

La alerta de violencia de género en Morelos es urgente y necesaria.

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