Archivo mensual: diciembre 2013

2013: año negro para las mujeres

*Se registraron en tan sólo 10 meses 52 feminicidios
El Sol de Cuernavaca
24 de diciembre de 2013

Israel Mariano

Cuernavaca, Morelos.- Activistas de derechos humanos realizaron un balance en Morelos, donde en medio de la inseguridad, el feminicidio en el 2013 se mantuvo en los más altos niveles, “y no se detiene. Mucho menos si el Gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos. Cincuenta y dos feminicidios de enero a octubre son demasiados, cuando ni uno solo debería ocurrir, si se aplica la Alerta de Violencia de Género”. A pesar del optimismo de quienes están en la administración estatal -entre ellas ex activistas del tema- que con programas mediáticos y anuncios espectaculares intentan decir que el problema solo es de percepción. 

En este análisis, los voceros del organismo, José Martínez Cruz y Juliana Quintanilla, recuerdan a las activistas que “las palabras no alcanzan a dar una noción de todo el dolor que ello representa. O tal vez sí, pero mediante una cantidad cada vez mayor de sinónimos del dolor”.

A la par de estas cifras escalofriantes, cada vez más, los estados hacen poco por deben asegurar acciones que combatan el desprestigio y descrédito de la labor de las defensoras, iniciando con sancionar de forma clara a las propias autoridades que promuevan la hostilidad y la estigmatización de las defensoras. 

Para revertir este escenario de criminalidad de la demanda social, urgieron a establecer mecanismos de protección y mantener un diálogo en condiciones adecuadas con las defensoras y periodistas en riesgo “para de?nir, junto con ellas, medidas integrales de protección que favorezcan su empoderamiento y no inhiban su trabajo en favor de los derechos humanos, así como asegurarse de que la investigación y sanción a los responsables de los ataques contra defensoras sea una prioridad”. 

Por todo lo anterior, estos dos temas, que no pueden separarse, y “no debemos permitir que se extienda durante 2014 como ocurrió durante este año que se va. Tan solo en Guerrero, al sur de Morelos, el recuento es dramático: no hay garantías para que las y los defensores continúen su labor en el estado. Ejemplo de ello, el caso de Nestora Salgado, la desaparición forzada de Eva Alarcón, desde el 7 diciembre de 2011, Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012; Juventina Villa Mojica, ocurrido el 28 de noviembre de 2012, en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán; de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quien fue asesinada el 19 de octubre de 2013, en el municipio de Atoyac de Álvarez; y más recientemente, de Ana Lilia Gatica Rómula, el pasado 10 de noviembre de 2013, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG). Con eventos como los registrados en este 2013, demandaron tener conciencia del peligro para actuar colectivamente y lograr que 2014 sea un año distinto

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2013 en Morelos: la lógica del capital contra los pueblos.

En Morelos este 2013 ha sido de confrontación entre la lógica del capital y los derechos de los pueblos. El paradigma de desarrollo capitalista fundado en la explotación irracional de los recursos naturales parte de la falsa idea de que estos son inagotables, de ahí que el capitalismo extractivista se finque en obtener la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Las consecuencias han sido verdaderamente devastadoras en cualquier lugar del planeta. Morelos no es la excepción. El gran evento patrocinado por el gobierno y las empresas del capitalismo verde (green solutions) dejó muy en claro que el objetivo fundamental es promover los negocios para las empresas que dicen respetar el medio ambiente, pero no respetar verdaderamente los derechos colectivos de los pueblos. Muy lejos de llevar a cabo una política integral que respete los derechos de la población y garantice niveles dignos de vida, el gobierno morelense ha asumido todas y cada una de las políticas diseñadas por las grandes corporaciones trasnacionales a las que responden las directrices del gobierno federal. El gran logro que presume el gobierno muestra precisamente las debilidades y contradicciones en las que se mueve mediante un discurso que no implica transformaciones de fondo. En este sentido, si bien es cierto se ha frenado parcialmente la destrucción del cerro El Jumil por parte de la empresa Esperanza Silver, las concesiones mineras en la mayor parte del estado se mantienen intactas. Y son un riesgo latente. En el caso del Texcal se ha mostrado que este gobierno ha sido incapaz de preservar un área de reserva ecológica sin utilizar medidas represivas.  Pero en realidad la visión empresarial del gobierno que presume de nueva visión, ha tenido una confrontación constante con los pueblos por los megaproyectos que favorecen a las trasnacionales como la termoeléctrica en Huexca, el gasoducto con Puebla y Tlaxcala, el acueducto que lesiona el derecho al agua en Cuautla y Ayala, la ampliación de la autopista Tepoztlán-La Pera. Los métodos autoritarios y represivos de un gobierno intolerante han significado una confrontación constante con los pueblos y comunidades que resisten frente a estos megaproyectos. Las detenciones arbitrarias y la criminalización de los movimientos sociales independientes han sido la constante, llegando inclusive al uso de la tortura en contra de activistas y luchadores sociales, así como el uso constante de las fuerzas policiacas para reprimir a quienes luchan. Los pueblos han recurrido a la movilización y la protesta social, política y jurídica, demostrando que no se ha cumplido el derecho a la consulta previa y suficientemente informada, razón por la que se ha incrementado la inconformidad social y la organización de colectivos, coordinaciones y frentes de lucha, llegando inclusive a obtener amparos (Tepoztlán y Ayala) para detener las obras que causan un fuerte impacto de daño ambiental y social. Estos logros han sido sobre todo en la toma de conciencia de la necesidad de luchar por un paradigma distinto de lo que significa el desarrollo, que de ninguna manera puede verse exclusivamente en indicadores económicos, sino sobre todo de justicia social y de inclusión en la toma de decisiones. En el seno del movimiento social existen diversas corrientes políticas que reivindican la necesidad de mantener la independencia frente al gobierno, de tal manera que se fortalezca una perspectiva de democracia participativa y no se siga concentrando el poder en la oligarquía y los representantes de la burocracia partidaria, lo que implica avanzar en el fortalecimiento de la conciencia organizada de la sociedad, donde los derechos van de la mano del pensamiento crítico y la práctica social colectiva, amplia, plural, incluyente, que abra nuevas perspectivas en la vida política en Morelos hacia 2014. Esa, en todo caso, es una apuesta a construir con la perseverancia y capacidad que a través de la historia ha demostrado tener el pueblo de Morelos.

Atentamente.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Balance de fin de año 2013: defensoras y feminicidio.

Hacer un balance del año necesariamente nos lleva a señalar que vivimos en peligro constante y no resulta fácil. Cada año de los últimos lo ha sido. Y cada vez peor y cada vez más difícil. Sobre todo cuando es la vida de las personas la que está en riesgo latente. Más allá de cualquier apreciación subjetiva, vale la pena indicar cuáles han sido las tendencias y grados de complejidad en que nos hemos visto envueltos como sociedad. Por ejemplo, las tendencias autoritarias y represivas no han impedido que la impunidad siente sus reales por todos los ámbitos de la sociedad. Como respuesta política ha sido un rotundo fracaso. 
 
Es el caso del feminicidio que en 2013 se mantiene en los más altos niveles de los últimos años y no se detiene. Es obvio que no puede ser un caso aislado, cuando precisamente se establecen causas comunes que indican similitudes que permitieron en su momento tipificarlo penalmente. Hoy no es suficiente. Mucho menos si el gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos. 52 feminicidios de enero a octubre son demasiados, cuando ni uno solo debería ocurrir, si se aplica la Alerta de Violencia de Género. Las palabras no alcanzan a dar una noción de todo el dolor que ello representa. O tal vez sí, pero mediante una cantidad cada vez mayor de sinónimos del dolor. La muerte en su extrema violencia se ha repetido pero expresándose en múltiples formas, lo que va indicando el grado de crisis a que se conduce a una sociedad que se le van inyectando drogas para adormecer, tanto sentimientos como posibles respuestas solidarias. 
 
Y es aquí donde retomamos el papel y la lucha de las defensoras de derechos humanos. Toda la sociedad debe involucrarse en el reconocimiento del aporte de las defensoras de derechos humanos para la superación de la injusticia, la desigualdad y la discriminación de nuestros pueblos. Los Estados deben asegurar acciones que combatan el desprestigio y descrédito de la labor de las defensoras, iniciando con sancionar de forma clara a las propias autoridades que promuevan la hostilidad y la estigmatización de las defensoras. Las organizaciones sociales y civiles deben poner de relieve el aporte y trabajo de las defensoras. Los mecanismos de protección deben mantener un diálogo en condiciones adecuadas con las defensoras y periodistas en riesgo para definir, junto con ellas, medidas integrales de protección que favorezcan su empoderamiento y no inhiban su trabajo en favor de los derechos humanos, así como asegurarse de que la investigación y sanción a los responsables de los ataques contra defensoras sea una prioridad. Las organizaciones y movimientos sociales debemos hacer una revisión crítica de nuestros modelos de activismo y prácticas políticas internas para evitar que estas reproduzcan discriminación, riesgo, violencia, opresión o daño a la salud de las defensoras. Por otro lado, es necesario revisar de manera colectiva el impacto de adoptar proyectos y estrategias de protección en el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos con el objetivo de construir y fortalecer pactos y estrategias que nos permitan favorecer la protección de los y las defensoras y, a la vez, mantener y ampliar nuestras luchas. 
 
Estos son dos temas que no pueden separarse. Cuando decimos que el feminicidio tiene causas estructurales, significa que quienes defienden a las mujeres para que no sufran esta clase de violencia, de alguna manera también están en riesgo. Esta situación no debemos permitir que se extienda durante 2014 como ocurrió durante este año que se va. Tan solo en Guerrero, al sur de Morelos, el recuento es dramático: no hay garantías para que las y los defensores continúen su labor en el estado. Ejemplo de ello el caso de Nestora Salgado, la desaparición forzada de Eva Alarcón desde el 7 diciembre de 2011, Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012; Juventina Villa Mojica, ocurrido el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán; de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quien fue asesinada el 19 de octubre de 2013, en el municipio de Atoyac de Álvarez; y más recientemente, de Ana Lilia Gatica Rómula el pasado 10 de noviembre de 2013, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG).
 
 Por ello, nuestro mensaje es: tener conciencia del peligro, para actuar colectivamente y lograr que 2014 sea un año distinto, con la alegría y la solidaridad que nos permita vivir con la dignidad que todas y todos merecemos. Salvarse en medio de la tempestad resulta más fácil si se responde organizadamente que cuando se actúa en forma desesperada individualmente. Pero no siempre se reacciona colectivamente de manera espontánea, cuando la ideología dominante es el individualismo y el egoísmo fríamente basado en la mercantilización y/o cosificación de las relaciones humanas. Continuar el trabajo por crear una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos en 2014 es mucho más que palabras, es compromiso cotidiano.
 
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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25 años de la desaparición forzada de José Ramón en Cuautla

  Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Ni perdón, ni olvido, ¡justicia! Desde José Ramón a la actualidad hay una historia de desapariciones que lacera la dignidad humana. El 16 de diciembre de 2013 se cumplen 25 años de la desaparición de José Ramón García Gómez en Cuautla. Hasta la fecha no hay esclarecimiento total del caso de desaparición forzada durante los gobiernos priistas de Salinas de Gortari y de Antonio Riva Palacio, quien ahora se desempeña como asesor político del gobierno de Graco Ramírez, a pesar de que en XVIII tomos de la investigación de la Fiscalía Especial se establece claramente la responsabilidad de los gobiernos priistas, estatal y federal en esta desaparición forzada. Recordamos que cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez en 1988 se iniciaba el terrible sexenio de Salinas de Gortari que significó más de 600 asesinatos de activistas de oposición. Fue necesario realizar una marcha por la vida a Gobernación, huelgas de hambre, mítines y foros internacionales, intervención de Amnistía Internacional y la creación de una Fiscalía Especial, para enjuiciar a los responsables directos pero no así a los que ordenaron la creación de una policía represiva y una política violatoria de los derechos humanos, mismos que siguen impunes. El PRI-Gobierno manchado de sangre. El mismo que regresa hoy a los Pinos producto del enésimo fraude, y las desapariciones aumentan por todo el país.
José Ramón nunca se ha localizado, ni vivo ni muerto, sus familiares emigraron o han muerto, sin despejar una duda lacerante sobre lo ocurrido con él. Ante los miles de desaparecidos en México, es necesario seguir exigiendo el respeto pleno a la vida y la libertad, entendiendo que van de la mano la verdad y la justicia como parte sustancial de la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país. Una desaparición forzada ocurre cuando una autoridad, o un particular actuando con la protección de una autoridad, detiene a alguien, luego niega tal detención y no da información sobre la suerte o paradero de la persona afectada, con lo que la sustrae de la protección de la ley. Esto ocurre generalmente en cárceles clandestinas, campos militares, casas “de seguridad”, hospitales psiquiátricos en donde pueden permanecer no solo semanas o meses, sino durante años enteros, como se ha demostrado por las Doñas del Comité Eureka que puede ser consultado en la Casa Museo de la Memoria Indómita, además de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las 

investigaciones en diversos países latinoamericanos, así como en el caso de México durante la llamada guerra sucia en el Informe “Para que Nunca Vuelva a Suceder”. La desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida. El clima de violencia, miedo, falta de solidaridad que crea la militarización tiene un efecto de control social. La descomposición social y política y de instituciones del Estado que se vive actualmente hace que, aunque hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, la impunidad, falta de voluntad política de la autoridad en todos sus niveles, la corrupción y complicidad frente a este delito de lesa humanidad y las demás violaciones a derechos humanos convierte avances legales, en gestos que son utilizados por el poder para ponerse una máscara y hacerse propaganda como respetuoso y preocupado por la vigencia de estos derechos, al mismo tiempo que los atropella y viola sistemáticamente. Por ello, en Morelos es fundamental que se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares, sin que queden en la impunidad las que llevan a cabo particulares sean o no de grupos criminales. Es inaceptable que los cuerpos encontrados en tumbas clandestinas se caractericen como ligados al narco sin que exista investigación previa, ya que se deben cumplir protocolos de investigación y no revictimizarlos. Recientemente han encontrado 23 cuerpos en fosas clandestinas en varios municipios de Morelos y en el país, sin que el gobierno tome las medidas adecuadas para que las investigaciones conduzcan a su esclarecimiento.
Ninguna persona desaparecida debe ser juzgada, y mucho menos enlodar su memoria cuando se localice su cuerpo. Ningún desaparecido puede ser dado por muerto mientras no se localice y se demuestren las causas y los responsables sean llevados a juicio legal. Será la forma de reconocer que a 25 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales

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25 años de la desaparición forzada de José Ramón en Cuautla

Ni perdón, ni olvido, justicia!

De José Ramón a la actualidad hay una historia de desapariciones que lacera la dignidad humana. El 16 de diciembre de 2013 se cumple 25 años de la desaparición de José Ramón García Gómez en Cuautla.

Hasta la fecha no hay esclarecimiento total del caso de desaparición forzada durante los gobiernos priistas de Salinas de Gortari y de Antonio Riva Palacio, quien ahora se desempeña como asesor político del gobierno de Graco Ramírez. Cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez en 1988 se iniciaba el terrible sexenio de Salinas de Gortari que significó más de 600 asesinatos de activistas de oposición. Fue necesario realizar una marcha por la vida a Gobernación, huelgas de hambre, mítines y foros internacionales, intervención de Amnistía Internacional y la creación de una Fiscalía Especial, para enjuiciar a los responsables directos pero no así a los que ordenaron la creación de una policía represiva y una política violatoria a los derechos humanos, mismos que siguen impunes. El PRI-Gobierno manchado de sangre. El mismo que regresa hoy a los Pinos producto del enésimo fraude

De José Ramón nunca se ha localizado, ni vivo ni muerto, sus familiares emigraron o han muerto, sin despejar una duda lacerante sobre lo ocurrido con él. Ante los miles de desaparecidos en México durante la absurda guerra de Calderón, estos ejemplos muestran que es necesario seguir exigiendo el respeto pleno a la vida y la libertad, entendiendo el binomio verdad-justicia como parte sustancial de la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país. Una desaparición forzada ocurre cuando una autoridad (o un particular actuando con la protección de una autoridad) detiene a alguien, luego niega tal detención y no da información sobre la suerte o paradero de la persona afectada, con lo que la sustrae de la protección de la ley. La tipificación debe cumplir con todos los elementos establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos; incluyendo todos los elementos del delito reconocidos por los tratados internacionales y por el derecho internacional consuetudinario: la imprescriptibilidad y el carácter permanente del delito, la imposibilidad de conceder indultos o amnistías, la imposibilidad de considerar la obediencia a superiores como justificación de este crimen

los desaparecidos sean presentados con vida y los responsables sean castigados. Conforme lo establecen los tratados internacionales vinculantes suscritos y ratificados por México, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida. Además del carácter de delitos permanentes que tienen las desapariciones, otro motivo por el cual es indispensable que se investiguen y juzguen los casos ocurridos durante el gobierno anterior es que algunas personas que fueron obligadas a confesar mediante torturas aún se encuentran encarceladas por delitos que no cometieron. El clima de violencia, miedo, falta de solidaridad que crea la militarización tiene un efecto de control social.

La descomposición social y política y de instituciones del Estado que se vive actualmente hace que, aunque hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, la impunidad, falta de voluntad política de la autoridad en todos sus niveles, la corrupción y complicidad frente a este delito de lesa humanidad y las demás violaciones a derechos humanos convierte avances legales, en gestos que son utilizados por el poder para ponerse una máscara y hacerse propaganda como respetuoso y preocupado por la vigencia de estos derechos, al mismo tiempo que los atropella y viola sistemáticamente. Por ello, en Morelos es fundamental que se apruebe la tipificación de la desaparición forzada por el Congreso del estado y se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares. Será la forma de reconocer que a 25 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Los derechos humanos se conquistan mediante la lucha

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

No es verdad que todos nacemos en las mismas circunstancias en igualdad de derechos. Los derechos humanos solo se conquistan mediante la lucha. Históricamente los pueblos han protagonizado revoluciones, levantamientos, insurrecciones, rebeliones y protestas generalizadas para derribar poderes establecidos que impiden el libre ejercicio de todos los derechos. Los derechos son progresivos y se van incorporando en el entramado jurídico legal, como resultado de la lucha entre las clases sociales, como parte de un proceso de normatividad que refleja los cambios en la correlación de fuerzas y en el establecimiento del compromiso social que permite un cierto orden en la superestructura, en ese frágil equilibrio que se rompe de manera constante por las clases dominantes en cuanto pueden imponer reformas regresivas o avanza en el establecimiento de nuevas conquistas cuando las clases dominadas empujan conscientes y organizadamente. En este sentido, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, establecida al término de la Segunda Guerra Mundial luego más de 50 millones de muertos, es un reflejo de esa situación límite que vive la humanidad y que estuvo a punto de conducirla hacia un holocausto final en el que estaban empeñadas las fuerzas políticas y económicas que pretendían dominar el mundo mediante el capitalismo en su expresión nazi-fascista. En su doble significado, esta Declaración es un avance en el establecimiento de derechos y a la vez un intento por disminuir las aspiraciones libertarias y emancipadoras de los pueblos. Antes que un nuevo sistema socialista internacional por el que se levantaron los pueblos para detener el guerrerismo, los demócratas del capitalismo liberal prefirieron pactar con el estalinismo de la Unión Soviética para crear la ONU misma y establecer algunos derechos fundamentales en esta Declaración que este 10 de diciembre cumple ya 65 años. Motivo de celebraciones oficiales y reivindicación de los pueblos con enfoques que, en ocasiones, son diametralmente opuestos. La mayoría de estos derechos están bajo ataque por los propios gobiernos que la firmaron y que deberían ser legalmente los garantes de su aplicación. En muchos de los temas que aborda, esta Declaración aparece muy lejana de la realidad de guerras cotidianas, masacres, violencia estructural, miseria, desempleo, crisis económicas y socio-ambientales que viven miles de millones en todo el planeta. Por ello es importante defender cada conquista establecida, porque si no somos capaces de ello solo veremos cómo los retrocesos nos conducen a la pérdida gradual, y en ocasiones abrupta, de derechos que costaron millones de vidas. Celebramos que se hayan incluido importantes derechos, pero aún se dejaron fuera derechos económicos, sociales y culturales que sólo años después se haría a través de los Pactos y Convenios que en su conjunto forman parte del Derecho Humanitario Internacional. Exigir que se respeten todos los derechos para todas y todos es fundamental para aspirar a una vida digna en todo el planeta. Es inaceptable que el capitalismo siga devorando cotidianamente a pueblos enteros y destruyendo los más variados ecosistemas, hundiéndonos en una crisis sistémica recurrente que sólo se centra en defender un derecho por sobre todos los demás: el derecho de propiedad privada. Esa propiedad privada que nos priva de derechos y que nos hunde en la miseria, a tal grado que diariamente mil quinientos millones de personas padece hambre en todos los cuatro puntos de la tierra. Tan sólo en nuestro Continente latinoamericano la situación muestra que si bien la pobreza se redujo más que la indigencia en la región, pero México es el único país que entre 2011 y 2012 registró crecimiento en ambos rubros. En 2006 México tenía 31.7 millones de personas en pobreza, y 8.7 millones en indigencia. El 2010 tenía 36.3 millones de personas en pobreza y 13.3 millones en indigencia. El año pasado, las personas en pobreza eran 37.1 millones de personas y 14.2 millones en indigencia. En 2010, 47 por ciento de los niños eran pobres, y 19 por ciento lo estaban en situación extrema. En la región de América Latina la pobreza se redujo más que la indigencia. Actualmente el 27.9 por ciento de la población está en pobreza, y en la indigencia 11.5 por ciento. En 2011, 70 millones de niños eran pobres (40.5 por ciento de la población infantil), y en pobreza extrema 28.3 millones de niños, el por ciento de la población infantil. ¿Qué mayor violación de los derechos humanos puede haber que las personas no puedan llevarse un pan a la boca y ver morir de hambre a sus hijos? De esta tremenda injusticia social se derivan problemas de toda clase, como la inseguridad y la descomposición social. Los Estados autoritarios son lo más lejano de los derechos humanos. No hay derechos humanos sin democracia, sin libertades, sin justicia, sin respeto a la dignidad humana. Y cuando los pueblos defienden sus derechos, son condenados a sufrir persecución, hostigamiento, amenazas, represión, prisión, desapariciones y muerte. Millones de muertes en guerras llevadas en nombre de los derechos humanos occidentalizados e impuestos a pueblos que se desangran cotidianamente. Y si antes se trató de acabar con el fantasma del comunismo ahora se usa el terrorismo como sinónimo de luchas sociales. O se crea el fantoche de la guerra contra las drogas para aplicar la doctrina del shock e imponer el militarismo y el estado policiaco, que puede significar solo en nuestro país más de cien mil muertes, donde el feminicidio azota impunemente. A 65 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos que denunció las peores atrocidades cometidas por el fascismo, las cometen los partidarios del sistema capitalista neoliberal de libre mercado y los que imponen políticas privatizadoras y excluyentes, para hacer más ricos a los ricos y a los pobres hundirlos en la miseria. Son muchas razones para seguir luchando de manera cotidiana por un mundo donde los derechos humanos vayan mucho más allá de las declaraciones y los falsos discursos de quienes lucran con el dolor humano. Es un reto, un verdadero motivo y razón de vivir

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