25 años de la desaparición forzada de José Ramón en Cuautla

  Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Ni perdón, ni olvido, ¡justicia! Desde José Ramón a la actualidad hay una historia de desapariciones que lacera la dignidad humana. El 16 de diciembre de 2013 se cumplen 25 años de la desaparición de José Ramón García Gómez en Cuautla. Hasta la fecha no hay esclarecimiento total del caso de desaparición forzada durante los gobiernos priistas de Salinas de Gortari y de Antonio Riva Palacio, quien ahora se desempeña como asesor político del gobierno de Graco Ramírez, a pesar de que en XVIII tomos de la investigación de la Fiscalía Especial se establece claramente la responsabilidad de los gobiernos priistas, estatal y federal en esta desaparición forzada. Recordamos que cuando desaparecieron a José Ramón García Gómez en 1988 se iniciaba el terrible sexenio de Salinas de Gortari que significó más de 600 asesinatos de activistas de oposición. Fue necesario realizar una marcha por la vida a Gobernación, huelgas de hambre, mítines y foros internacionales, intervención de Amnistía Internacional y la creación de una Fiscalía Especial, para enjuiciar a los responsables directos pero no así a los que ordenaron la creación de una policía represiva y una política violatoria de los derechos humanos, mismos que siguen impunes. El PRI-Gobierno manchado de sangre. El mismo que regresa hoy a los Pinos producto del enésimo fraude, y las desapariciones aumentan por todo el país.
José Ramón nunca se ha localizado, ni vivo ni muerto, sus familiares emigraron o han muerto, sin despejar una duda lacerante sobre lo ocurrido con él. Ante los miles de desaparecidos en México, es necesario seguir exigiendo el respeto pleno a la vida y la libertad, entendiendo que van de la mano la verdad y la justicia como parte sustancial de la lucha contra la desaparición forzada en nuestro país. Una desaparición forzada ocurre cuando una autoridad, o un particular actuando con la protección de una autoridad, detiene a alguien, luego niega tal detención y no da información sobre la suerte o paradero de la persona afectada, con lo que la sustrae de la protección de la ley. Esto ocurre generalmente en cárceles clandestinas, campos militares, casas “de seguridad”, hospitales psiquiátricos en donde pueden permanecer no solo semanas o meses, sino durante años enteros, como se ha demostrado por las Doñas del Comité Eureka que puede ser consultado en la Casa Museo de la Memoria Indómita, además de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las 

investigaciones en diversos países latinoamericanos, así como en el caso de México durante la llamada guerra sucia en el Informe “Para que Nunca Vuelva a Suceder”. La desaparición forzada es un delito de carácter permanente. Este delito persiste en el tiempo y continúa causando sufrimiento a los familiares de la víctima mientras se desconoce el paradero de la persona desaparecida. El clima de violencia, miedo, falta de solidaridad que crea la militarización tiene un efecto de control social. La descomposición social y política y de instituciones del Estado que se vive actualmente hace que, aunque hay ahora una mayor conciencia y preocupación por los derechos humanos en la sociedad que cuando empezamos nuestra lucha por la presentación de los desaparecidos, la impunidad, falta de voluntad política de la autoridad en todos sus niveles, la corrupción y complicidad frente a este delito de lesa humanidad y las demás violaciones a derechos humanos convierte avances legales, en gestos que son utilizados por el poder para ponerse una máscara y hacerse propaganda como respetuoso y preocupado por la vigencia de estos derechos, al mismo tiempo que los atropella y viola sistemáticamente. Por ello, en Morelos es fundamental que se termine con la criminal práctica de la detención-desaparición forzada por parte del gobierno y las corporaciones policiacas y militares, sin que queden en la impunidad las que llevan a cabo particulares sean o no de grupos criminales. Es inaceptable que los cuerpos encontrados en tumbas clandestinas se caractericen como ligados al narco sin que exista investigación previa, ya que se deben cumplir protocolos de investigación y no revictimizarlos. Recientemente han encontrado 23 cuerpos en fosas clandestinas en varios municipios de Morelos y en el país, sin que el gobierno tome las medidas adecuadas para que las investigaciones conduzcan a su esclarecimiento.
Ninguna persona desaparecida debe ser juzgada, y mucho menos enlodar su memoria cuando se localice su cuerpo. Ningún desaparecido puede ser dado por muerto mientras no se localice y se demuestren las causas y los responsables sean llevados a juicio legal. Será la forma de reconocer que a 25 años de la desaparición de José Ramón no haya más impunidad, que la verdad y la justicia vayan de la mano y que nunca más se vuelva a repetir esta represión política contra activistas y luchadores sociales
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