Archivo mensual: enero 2014

Construyendo la esperanza colectiva

Organizarnos!

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca
La pregunta no es si las marchas sirven, sino las razones que motivan a marchar. La protesta social en Morelos es creciente. Las autoridades no cumplen con garantizar los derechos humanos de la mayoría de la población. Cuestionar a quienes luchan suele ser una práctica de quienes defienden el poder político y económico, sin atreverse a cuestionar las causas de esta inconformidad social. Una sociedad sin participación política pública en las calles muestra el grado de control policiaco-militar y la imposición de una ideología autoritaria y represiva que va adormeciendo la conciencia de la dignidad. La expresión juvenil en las calles durante las elecciones recientes indicó el resurgir político de un sector fundamentalmente crítico que, sin embargo, cuando no logra cristalizar y fortalecer procesos de emancipación, son factor de mediatización y subordinación a la lógica del poder. Lo mismo ocurre con algunos…

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Construyendo la esperanza colectiva

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca
La pregunta no es si las marchas sirven, sino las razones que motivan a marchar. La protesta social en Morelos es creciente. Las autoridades no cumplen con garantizar los derechos humanos de la mayoría de la población. Cuestionar a quienes luchan suele ser una práctica de quienes defienden el poder político y económico, sin atreverse a cuestionar las causas de esta inconformidad social. Una sociedad sin participación política pública en las calles muestra el grado de control policiaco-militar y la imposición de una ideología autoritaria y represiva que va adormeciendo la conciencia de la dignidad. La expresión juvenil en las calles durante las elecciones recientes indicó el resurgir político de un sector fundamentalmente crítico que, sin embargo, cuando no logra cristalizar y fortalecer procesos de emancipación, son factor de mediatización y subordinación a la lógica del poder. Lo mismo ocurre con algunos participantes en movimientos sociales que tienen el objetivo de incorporarse a la gestión de políticas públicas abandonando principios y programas políticos que se sostuvieron fuera del poder. Pero reducir los movimientos sociales al papel individual de quienes se suman al aparato institucional es perder de vista las raíces históricas, las causas que motivan y las necesidades insatisfechas que impulsan a mantener y profundizar la lucha de los diferentes sectores. Así, vemos que el mes de enero de 2014 en Morelos ha sido escenario de múltiples movilizaciones, marchas, mítines, asambleas, protestas diversas, que van en contra de la lógica autoritaria del gobierno y contra los intereses y ganancias privadas del poder económico capitalista dominante. Decir no a la pena de muerte, como en Miacatlán, es también luchar contra un sistema de injusticia que viola sistemáticamente los derechos humanos. No se puede entender el fondo de la injusticia si no vamos precisamente a las causas estructurales de la violación de los derechos humanos de las y los trabajadores. En lo que va del año ya son siete feminicidios, hay detenciones arbitrarias, torturas y abusos policiacos. Cada vez hay más protestas, todos los días en lo que va de enero hemos tenido movilizaciones en Cuernavaca. La violencia se extiende a todo el estado y a todos los sectores, mientras tanto el gobierno está más preocupado por cuidar su imagen a través de los medios de comunicación, que con los hechos. El control de medios de comunicación es muy fuerte en Morelos. Hemos sostenido que el gobierno de Morelos está lejos de ser de izquierda, calificamos al gobierno actual como neoliberal, represivo, intolerante y violatorio de los derechos humanos. Para nosotros izquierda significa justicia social, derechos humanos, combatir privilegios y corrupción. Un ejemplo, está su postura en términos económicos al apoyar las reformas energética, hacendaria, educativa y laboral que violentan los derechos económicos, sociales y culturales de manera muy clara. En el caso de las marchas contra el incremento de los impuestos por servicios municipales en Cuernavaca, las protestas han incluido a un número muy importante de adultos mayores, debido a que resiente directamente el impacto en sus modestas pensiones y jubilaciones. Trabajadores que apenas reciben salarios mínimos, imposible de soportar incrementos de 1500%.
En Yautepec, Morelos, no se duerme. Inseguridad creciente y gobierno omiso. Marcharon desde muy temprano este sábado. Seguridad ciudadana demandan. En Yautepec la movilización ha involucrado a jóvenes, familiares de víctimas y mujeres, que han visto cómo el número de feminicidios, secuestros, extorsiones, violencia criminal e institucional alimenta la impunidad. En el Manifiesto de la comunidad artística y cultural de Yautepec, se expresó con toda claridad: no permitamos que nadie nos robe la paz. Sí a la seguridad como bien colectivo. No más presupuesto para policías ni militares. Queremos resultados. Sí a la solidaridad. Hermandad entre pueblos. Información veraz y oportuna. No a la criminalización de la juventud. Nadie tiene derecho a violentar nuestras casas. Sí a la palabra. Sí a la libertad de expresión. No a la censura. Pasar a la acción por la esperanza. En este panorama, no es ocioso insistir en la distinción entre policías comunitarias y grupos de autodefensa. Aunque las causas del surgimiento público de ambas coinciden y en su accionar se parecen bastante, no son lo mismo. Las policías comunitarias forman parte de las estructuras de gobierno de los pueblos y obedecen a ellos, quienes son los responsables de su funcionamiento; su existencia y modo de operar forman parte de los derechos de los pueblos indígenas. Las autodefensas, en cambio, son grupos de ciudadanos que se organizan y arman para procurarse seguridad, y cuando lo logran desaparecen. En Morelos existen formas de autoorganización históricamente diferenciadas de otras regiones del país como Michoacán o Guerrero, donde el pueblo se levanta ante la violencia cotidiana. Son formas de protesta legítimas, que muestran el grado de explosividad social ante la descomposición que existe en las alturas del poder político y económico, que pueden ir involucrando al conjunto de la sociedad. Se abre paso cada día más la necesidad histórica de contar con un gobierno del pueblo y para el pueblo como lo establece el artículo 39 constitucional, capaz de resolver esta grave crisis institucional del sistema de dominación. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Defendamos la esperanza.
cidhmorelos@gmail.com

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Libertad de expresión bajo ataque en Morelos

 

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

   
     
Somos un pueblo que nace como el sol de cada día, que lucha, resiste, ama, baila y canta, por los techos, calles, caminos de la vida. Por ello, nos formulamos algunas preguntas: ¿Con quién se desarrolla una estrategia de seguridad en Morelos? ¿Con los mismos que han fallado en todo? ¿Con los dueños del dinero y del poder? ¿A ellos les dan el “beneficio de la duda”? ¿Qué les decimos a las víctimas de feminicidio, tortura, desaparición, violación? ¿Que esperen a detener otros 22 chivos expiatorios en los casos más conocidos y cero en los que siguen invisibilizados? ¿Que primero están otros delitos que sí son interés del gobierno? ¿Que pasen a la ventanilla de enfrente? Muchas preguntas y pocas, muy pocas respuestas que de ninguna manera pueden caber en un estado policiaco y militarizado. No, cuando en el reporte sobre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2013, la mayoría están en América, especialmente en territorio latinoamericano. San Pedro Sula, en Honduras, encabeza la lista. Las ciudades mexicanas que se encuentran en la lista son: Acapulco, Culiacán, Torreón, Chihuahua, Victoria, Nuevo Laredo, Juárez, Cuernavaca y Tijuana. Para bajar los índices delictivos, el nuevo responsable de la seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, ya tiene un plan: esconder la realidad delictiva con la ayuda de líderes empresariales que exigirán a las empresas de comunicación esconder lo malo y difundir sólo lo que el gobierno considera bueno. La sociedad y los empresarios deben darle un trato de héroe al policía, sólo así vamos a estar del otro lado, dijo Capella, quien además aseguró que los policías no están dignificados por la sociedad, que debería aplaudirles, tomarlos como ejemplo, por ser una profesión respetable. Censura se llama la “nueva narrativa” en los medios, que tienen el ejemplo en lo peor del periodismo que niega la libertad de expresión, cuando se despide a reporteras que se atreven a publicar notas distintas a la versión oficial, y en menos de un año quitó el carácter público al sistema morelense de radio y televisión para transformarlo en vocero oficial. En realidad, no quieren dejar de publicar la violencia que vende, sino ocultar la protesta social, la crítica, la lucha del pueblo. Las personas y grupos, gobiernos, se ganan el lugar y el prestigio que cultivan con su trabajo, no con discursos vanos. La objetividad ante todo, como la verdad, nos hará libres, no la mentira ni el ocultamiento de lo que en realidad sucede. Y menos con amenazas a periodistas, como la ocurrida en contra del conductor y director de noticias del espacio informativo Zona Centro, Geovanni Barrios, amenazado de muerte por Israel Camacho Huerta, quien era mano derecha del ahora ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de la “Nueva Visión”, David Gómez Basilio, por lo que interpuso denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y ante la Procuraduría General de la República (PGR). El 16 de enero, Geovanni, casi enfrente de la Procuraduría General de Justicia, fue abordado por Israel Camacho Huerta, quien dijo al periodista que los planteamientos hechos en su medio de comunicación no eran verídicos, a lo que el reportero respondió que si gustaba hacer las aclaraciones lo hiciera ante los mismos micrófonos en los cuales se ha dado a conocer los detalles de irregulares que Camacho Huerta y el funcionario estatal hicieron para regularizar unidades del servicio público sin itinerario fijo. Este funcionario arremetió verbalmente en contra del periodista diciéndole que se cuidara, a pregunta expresa del comunicador si se trataba de una amenaza, el aún funcionario dijo una vez que saliera de su cargo se encargaría de él y procedió a irse del lugar. Barrios responsabilizó a este funcionario gubernamental de cualquier situación que pueda sucederle a él, a su familia o algún miembro de la empresa para la que trabaja. “Hago un llamado para que las autoridades tomen en cuenta lo difícil que se ha vuelto esta profesión de ser reportero, periodista, en la vida pensé traer seguridad y lo tengo que hacer porque es una amenaza y advertencia, ojalá y las autoridades hagan algo y se tomen cartas en el asunto”, subrayó. Ante ello, un grupo de reporteros y reporteras firmaron un pronunciamiento, que asumimos también, donde reprueban de manera categórica la amenaza de muerte en contra de nuestro compañero, Geovanni Barrios, a quien expresaron total apoyo y solidaridad. La amenaza en contra de Geovanni fue derivado de su labor periodística ya que dio a conocer probables actos de corrupción en el manejo de las concesiones del servicio de transporte público que otorga el gobierno del estado a particulares. Exigimos al gobierno de Morelos garantice a los representantes de los medio de comunicación el ejercicio de la libertad de expresión consagrada en el artículo 7 de la Constitución mexicana y del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el cumplimiento del derecho a la información dispuesta en el artículo 6 de la Carta Magna. Asimismo, exigimos al gobernador Graco Ramírez ordene a todos los funcionarios que laboran en el poder Ejecutivo y que dependen de éste, que respeten estos derechos humanos y, en caso de que sean violados, se aplique el peso de la ley administrativa y penal en contra de los servidores públicos. No lograrán acallar la verdad con ocultarla, no lograrán impedir la libertad de expresión si la defendemos en la práctica.
 
 

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Basta de Feminicidio y violencia institucional.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Ellas, eran dos mujeres que trabajaban vendiendo en los pasillos del mercado Adolfo López Mateos. Venían de Xoxocotla todos los días. Como muchas mujeres trabajadoras que laboran todo el día, desde muy temprano, y regresan tarde a sus domicilios. No volvieron. Una patada en la puerta y una ráfaga acabó con la vida de ellas y otros dos familiares. En el mismo pequeño lugar quedaron dos bebés que sobrevivieron a este criminal ataque al inicio de este 2014 en Morelos. No merecieron siquiera unas palabras en el Foro Internacional de Víctimas que organizó el gobierno de la muy vieja visión. Dos mujeres más fueron localizadas sin vida en Ocuituco, en una oficina de la Ayudantía Municipal, y en Jiutepec, dentro de su domicilio. 4 hechos que se suman a la violencia feminicida en dos días, son demasiados en Morelos, por lo que no podemos dejar de denunciar esta violencia institucional que ni aplica las medidas emergentes ni mucho menos acepta la necesidad de la Alerta de Violencia de Género. Hemos documentado exhaustivamente el feminicidio durante años y exigido que se tomen las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No bajamos la exigencia y proponemos al conjunto de la sociedad no bajar la guardia, y denunciar esta violencia institucional que pretende seguir culpando a las mujeres de ser las responsables de su propia muerte, cuando se les exhibe o trata de justificar que si las mataron “fue por algo”, en lugar de investigar y sancionar a los culpables. Y estos hechos ocurrieron precisamente el día en que arribaba a Morelos todo el equipo policiaco ex profesamente traído desde Tijuana para sustituir mandos en la Secretaría de Seguridad Pública. Allá en el norte se precian de haber disminuido las delitos de secuestro y extorsión, que son la preocupación principal de un sector  empresarial que ha exigido la implementación de políticas de mano dura militarizadas, a cambio de generalizar las violaciones a los derechos humanos de opositores, críticos, periodistas, ecologistas y migrantes. El gobierno de Morelos ha dado el beneplácito a las peores políticas de seguridad, como las diseñadas por el General Naranjo en Colombia, asesor de Peña Nieto, donde las consecuencias han sido desastrosas para la sociedad, por lo que no es ajena la orientación que ha seguido Capella y que pretende llevar a cabo al frente de la SSP una vez que cambien la ley y le hagan un traje a la medida, como acostumbra cualquier gobierno autoritario, que si la ley  prohíbe hacer algo la aplica con toda la fuerza a los demás y la cambia a su modo cuando así le conviene, como ya lo han anunciado que harán en el Congreso del Estado. Este es el pésimo mensaje que recibimos al inicio del año, aunado al hecho de que voces otrora críticas se sumen al “beneficio de la duda” a estos funcionarios que también se presentaron en su momento como surgidos de la sociedad civil y hasta “apolíticos” que cuando ocupan cargos aplican todo lo contrario de lo que la sociedad requiere. Hemos documentado y denunciado la criminalización de la protesta social, la imposición antidemocrática de las reformas laboral, educativa y energética, que contravienen lo establecido en la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ese doble discurso y esa nefasta práctica de borrar con una mano lo que se firma con la otra, es lo que mantiene en la crisis de credibilidad las instituciones, en Morelos y en todo el país. Por eso crece la protesta y la inconformidad social ante los abusos del poder y de las políticas represivas, neoliberales y privatizadoras que están en la base de la injusticia social. Lejos de una visión acorde a los designios del poder,  partimos del reconocimiento de que los derechos se conquistan mediante la lucha, porque a cada paso que se da para lograr un reconocimiento de los mismos enfrentamos nuevos ataques de las clases dominantes en el sistema capitalista que tratan de echar abajo esas conquistas. El supuesto de la universalidad, integralidad, interdependencia y complementariedad de los derechos humanos, es algo que no está dado por ninguno de los gobiernos como una concesión, sino producto de movilizaciones sociales, levantamientos, rebeliones, revueltas, revoluciones, donde los pueblos asumen la construcción de su propio destino. Defendemos derechos humanos por convicción, no por conveniencia, en ese sentido no prestarse a los designios del poder, ni al mejor postor, porque la historia política personal se construye día a día y la lucha implica compromiso individual y conciencia colectiva, asumir a fondo un proyecto de vida, ni enajenado ni integrado, congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Por ello rechazamos tanta violencia cotidiana, que no puede ser sino estructural, por lo que ninguna medida superficial podrá erradicarla. 

cidhmorelos@gmail.com

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