Archivo mensual: enero 2014

Construyendo la esperanza colectiva

Organizarnos!

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca
La pregunta no es si las marchas sirven, sino las razones que motivan a marchar. La protesta social en Morelos es creciente. Las autoridades no cumplen con garantizar los derechos humanos de la mayoría de la población. Cuestionar a quienes luchan suele ser una práctica de quienes defienden el poder político y económico, sin atreverse a cuestionar las causas de esta inconformidad social. Una sociedad sin participación política pública en las calles muestra el grado de control policiaco-militar y la imposición de una ideología autoritaria y represiva que va adormeciendo la conciencia de la dignidad. La expresión juvenil en las calles durante las elecciones recientes indicó el resurgir político de un sector fundamentalmente crítico que, sin embargo, cuando no logra cristalizar y fortalecer procesos de emancipación, son factor de mediatización y subordinación a la lógica del poder. Lo mismo ocurre con algunos…

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Construyendo la esperanza colectiva

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca
La pregunta no es si las marchas sirven, sino las razones que motivan a marchar. La protesta social en Morelos es creciente. Las autoridades no cumplen con garantizar los derechos humanos de la mayoría de la población. Cuestionar a quienes luchan suele ser una práctica de quienes defienden el poder político y económico, sin atreverse a cuestionar las causas de esta inconformidad social. Una sociedad sin participación política pública en las calles muestra el grado de control policiaco-militar y la imposición de una ideología autoritaria y represiva que va adormeciendo la conciencia de la dignidad. La expresión juvenil en las calles durante las elecciones recientes indicó el resurgir político de un sector fundamentalmente crítico que, sin embargo, cuando no logra cristalizar y fortalecer procesos de emancipación, son factor de mediatización y subordinación a la lógica del poder. Lo mismo ocurre con algunos participantes en movimientos sociales que tienen el objetivo de incorporarse a la gestión de políticas públicas abandonando principios y programas políticos que se sostuvieron fuera del poder. Pero reducir los movimientos sociales al papel individual de quienes se suman al aparato institucional es perder de vista las raíces históricas, las causas que motivan y las necesidades insatisfechas que impulsan a mantener y profundizar la lucha de los diferentes sectores. Así, vemos que el mes de enero de 2014 en Morelos ha sido escenario de múltiples movilizaciones, marchas, mítines, asambleas, protestas diversas, que van en contra de la lógica autoritaria del gobierno y contra los intereses y ganancias privadas del poder económico capitalista dominante. Decir no a la pena de muerte, como en Miacatlán, es también luchar contra un sistema de injusticia que viola sistemáticamente los derechos humanos. No se puede entender el fondo de la injusticia si no vamos precisamente a las causas estructurales de la violación de los derechos humanos de las y los trabajadores. En lo que va del año ya son siete feminicidios, hay detenciones arbitrarias, torturas y abusos policiacos. Cada vez hay más protestas, todos los días en lo que va de enero hemos tenido movilizaciones en Cuernavaca. La violencia se extiende a todo el estado y a todos los sectores, mientras tanto el gobierno está más preocupado por cuidar su imagen a través de los medios de comunicación, que con los hechos. El control de medios de comunicación es muy fuerte en Morelos. Hemos sostenido que el gobierno de Morelos está lejos de ser de izquierda, calificamos al gobierno actual como neoliberal, represivo, intolerante y violatorio de los derechos humanos. Para nosotros izquierda significa justicia social, derechos humanos, combatir privilegios y corrupción. Un ejemplo, está su postura en términos económicos al apoyar las reformas energética, hacendaria, educativa y laboral que violentan los derechos económicos, sociales y culturales de manera muy clara. En el caso de las marchas contra el incremento de los impuestos por servicios municipales en Cuernavaca, las protestas han incluido a un número muy importante de adultos mayores, debido a que resiente directamente el impacto en sus modestas pensiones y jubilaciones. Trabajadores que apenas reciben salarios mínimos, imposible de soportar incrementos de 1500%.
En Yautepec, Morelos, no se duerme. Inseguridad creciente y gobierno omiso. Marcharon desde muy temprano este sábado. Seguridad ciudadana demandan. En Yautepec la movilización ha involucrado a jóvenes, familiares de víctimas y mujeres, que han visto cómo el número de feminicidios, secuestros, extorsiones, violencia criminal e institucional alimenta la impunidad. En el Manifiesto de la comunidad artística y cultural de Yautepec, se expresó con toda claridad: no permitamos que nadie nos robe la paz. Sí a la seguridad como bien colectivo. No más presupuesto para policías ni militares. Queremos resultados. Sí a la solidaridad. Hermandad entre pueblos. Información veraz y oportuna. No a la criminalización de la juventud. Nadie tiene derecho a violentar nuestras casas. Sí a la palabra. Sí a la libertad de expresión. No a la censura. Pasar a la acción por la esperanza. En este panorama, no es ocioso insistir en la distinción entre policías comunitarias y grupos de autodefensa. Aunque las causas del surgimiento público de ambas coinciden y en su accionar se parecen bastante, no son lo mismo. Las policías comunitarias forman parte de las estructuras de gobierno de los pueblos y obedecen a ellos, quienes son los responsables de su funcionamiento; su existencia y modo de operar forman parte de los derechos de los pueblos indígenas. Las autodefensas, en cambio, son grupos de ciudadanos que se organizan y arman para procurarse seguridad, y cuando lo logran desaparecen. En Morelos existen formas de autoorganización históricamente diferenciadas de otras regiones del país como Michoacán o Guerrero, donde el pueblo se levanta ante la violencia cotidiana. Son formas de protesta legítimas, que muestran el grado de explosividad social ante la descomposición que existe en las alturas del poder político y económico, que pueden ir involucrando al conjunto de la sociedad. Se abre paso cada día más la necesidad histórica de contar con un gobierno del pueblo y para el pueblo como lo establece el artículo 39 constitucional, capaz de resolver esta grave crisis institucional del sistema de dominación. Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Defendamos la esperanza.
cidhmorelos@gmail.com

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Libertad de expresión bajo ataque en Morelos

 

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

   
     
Somos un pueblo que nace como el sol de cada día, que lucha, resiste, ama, baila y canta, por los techos, calles, caminos de la vida. Por ello, nos formulamos algunas preguntas: ¿Con quién se desarrolla una estrategia de seguridad en Morelos? ¿Con los mismos que han fallado en todo? ¿Con los dueños del dinero y del poder? ¿A ellos les dan el “beneficio de la duda”? ¿Qué les decimos a las víctimas de feminicidio, tortura, desaparición, violación? ¿Que esperen a detener otros 22 chivos expiatorios en los casos más conocidos y cero en los que siguen invisibilizados? ¿Que primero están otros delitos que sí son interés del gobierno? ¿Que pasen a la ventanilla de enfrente? Muchas preguntas y pocas, muy pocas respuestas que de ninguna manera pueden caber en un estado policiaco y militarizado. No, cuando en el reporte sobre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2013, la mayoría están en América, especialmente en territorio latinoamericano. San Pedro Sula, en Honduras, encabeza la lista. Las ciudades mexicanas que se encuentran en la lista son: Acapulco, Culiacán, Torreón, Chihuahua, Victoria, Nuevo Laredo, Juárez, Cuernavaca y Tijuana. Para bajar los índices delictivos, el nuevo responsable de la seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, ya tiene un plan: esconder la realidad delictiva con la ayuda de líderes empresariales que exigirán a las empresas de comunicación esconder lo malo y difundir sólo lo que el gobierno considera bueno. La sociedad y los empresarios deben darle un trato de héroe al policía, sólo así vamos a estar del otro lado, dijo Capella, quien además aseguró que los policías no están dignificados por la sociedad, que debería aplaudirles, tomarlos como ejemplo, por ser una profesión respetable. Censura se llama la “nueva narrativa” en los medios, que tienen el ejemplo en lo peor del periodismo que niega la libertad de expresión, cuando se despide a reporteras que se atreven a publicar notas distintas a la versión oficial, y en menos de un año quitó el carácter público al sistema morelense de radio y televisión para transformarlo en vocero oficial. En realidad, no quieren dejar de publicar la violencia que vende, sino ocultar la protesta social, la crítica, la lucha del pueblo. Las personas y grupos, gobiernos, se ganan el lugar y el prestigio que cultivan con su trabajo, no con discursos vanos. La objetividad ante todo, como la verdad, nos hará libres, no la mentira ni el ocultamiento de lo que en realidad sucede. Y menos con amenazas a periodistas, como la ocurrida en contra del conductor y director de noticias del espacio informativo Zona Centro, Geovanni Barrios, amenazado de muerte por Israel Camacho Huerta, quien era mano derecha del ahora ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de la “Nueva Visión”, David Gómez Basilio, por lo que interpuso denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y ante la Procuraduría General de la República (PGR). El 16 de enero, Geovanni, casi enfrente de la Procuraduría General de Justicia, fue abordado por Israel Camacho Huerta, quien dijo al periodista que los planteamientos hechos en su medio de comunicación no eran verídicos, a lo que el reportero respondió que si gustaba hacer las aclaraciones lo hiciera ante los mismos micrófonos en los cuales se ha dado a conocer los detalles de irregulares que Camacho Huerta y el funcionario estatal hicieron para regularizar unidades del servicio público sin itinerario fijo. Este funcionario arremetió verbalmente en contra del periodista diciéndole que se cuidara, a pregunta expresa del comunicador si se trataba de una amenaza, el aún funcionario dijo una vez que saliera de su cargo se encargaría de él y procedió a irse del lugar. Barrios responsabilizó a este funcionario gubernamental de cualquier situación que pueda sucederle a él, a su familia o algún miembro de la empresa para la que trabaja. “Hago un llamado para que las autoridades tomen en cuenta lo difícil que se ha vuelto esta profesión de ser reportero, periodista, en la vida pensé traer seguridad y lo tengo que hacer porque es una amenaza y advertencia, ojalá y las autoridades hagan algo y se tomen cartas en el asunto”, subrayó. Ante ello, un grupo de reporteros y reporteras firmaron un pronunciamiento, que asumimos también, donde reprueban de manera categórica la amenaza de muerte en contra de nuestro compañero, Geovanni Barrios, a quien expresaron total apoyo y solidaridad. La amenaza en contra de Geovanni fue derivado de su labor periodística ya que dio a conocer probables actos de corrupción en el manejo de las concesiones del servicio de transporte público que otorga el gobierno del estado a particulares. Exigimos al gobierno de Morelos garantice a los representantes de los medio de comunicación el ejercicio de la libertad de expresión consagrada en el artículo 7 de la Constitución mexicana y del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el cumplimiento del derecho a la información dispuesta en el artículo 6 de la Carta Magna. Asimismo, exigimos al gobernador Graco Ramírez ordene a todos los funcionarios que laboran en el poder Ejecutivo y que dependen de éste, que respeten estos derechos humanos y, en caso de que sean violados, se aplique el peso de la ley administrativa y penal en contra de los servidores públicos. No lograrán acallar la verdad con ocultarla, no lograrán impedir la libertad de expresión si la defendemos en la práctica.
 
 

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Basta de Feminicidio y violencia institucional.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Ellas, eran dos mujeres que trabajaban vendiendo en los pasillos del mercado Adolfo López Mateos. Venían de Xoxocotla todos los días. Como muchas mujeres trabajadoras que laboran todo el día, desde muy temprano, y regresan tarde a sus domicilios. No volvieron. Una patada en la puerta y una ráfaga acabó con la vida de ellas y otros dos familiares. En el mismo pequeño lugar quedaron dos bebés que sobrevivieron a este criminal ataque al inicio de este 2014 en Morelos. No merecieron siquiera unas palabras en el Foro Internacional de Víctimas que organizó el gobierno de la muy vieja visión. Dos mujeres más fueron localizadas sin vida en Ocuituco, en una oficina de la Ayudantía Municipal, y en Jiutepec, dentro de su domicilio. 4 hechos que se suman a la violencia feminicida en dos días, son demasiados en Morelos, por lo que no podemos dejar de denunciar esta violencia institucional que ni aplica las medidas emergentes ni mucho menos acepta la necesidad de la Alerta de Violencia de Género. Hemos documentado exhaustivamente el feminicidio durante años y exigido que se tomen las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No bajamos la exigencia y proponemos al conjunto de la sociedad no bajar la guardia, y denunciar esta violencia institucional que pretende seguir culpando a las mujeres de ser las responsables de su propia muerte, cuando se les exhibe o trata de justificar que si las mataron “fue por algo”, en lugar de investigar y sancionar a los culpables. Y estos hechos ocurrieron precisamente el día en que arribaba a Morelos todo el equipo policiaco ex profesamente traído desde Tijuana para sustituir mandos en la Secretaría de Seguridad Pública. Allá en el norte se precian de haber disminuido las delitos de secuestro y extorsión, que son la preocupación principal de un sector  empresarial que ha exigido la implementación de políticas de mano dura militarizadas, a cambio de generalizar las violaciones a los derechos humanos de opositores, críticos, periodistas, ecologistas y migrantes. El gobierno de Morelos ha dado el beneplácito a las peores políticas de seguridad, como las diseñadas por el General Naranjo en Colombia, asesor de Peña Nieto, donde las consecuencias han sido desastrosas para la sociedad, por lo que no es ajena la orientación que ha seguido Capella y que pretende llevar a cabo al frente de la SSP una vez que cambien la ley y le hagan un traje a la medida, como acostumbra cualquier gobierno autoritario, que si la ley  prohíbe hacer algo la aplica con toda la fuerza a los demás y la cambia a su modo cuando así le conviene, como ya lo han anunciado que harán en el Congreso del Estado. Este es el pésimo mensaje que recibimos al inicio del año, aunado al hecho de que voces otrora críticas se sumen al “beneficio de la duda” a estos funcionarios que también se presentaron en su momento como surgidos de la sociedad civil y hasta “apolíticos” que cuando ocupan cargos aplican todo lo contrario de lo que la sociedad requiere. Hemos documentado y denunciado la criminalización de la protesta social, la imposición antidemocrática de las reformas laboral, educativa y energética, que contravienen lo establecido en la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ese doble discurso y esa nefasta práctica de borrar con una mano lo que se firma con la otra, es lo que mantiene en la crisis de credibilidad las instituciones, en Morelos y en todo el país. Por eso crece la protesta y la inconformidad social ante los abusos del poder y de las políticas represivas, neoliberales y privatizadoras que están en la base de la injusticia social. Lejos de una visión acorde a los designios del poder,  partimos del reconocimiento de que los derechos se conquistan mediante la lucha, porque a cada paso que se da para lograr un reconocimiento de los mismos enfrentamos nuevos ataques de las clases dominantes en el sistema capitalista que tratan de echar abajo esas conquistas. El supuesto de la universalidad, integralidad, interdependencia y complementariedad de los derechos humanos, es algo que no está dado por ninguno de los gobiernos como una concesión, sino producto de movilizaciones sociales, levantamientos, rebeliones, revueltas, revoluciones, donde los pueblos asumen la construcción de su propio destino. Defendemos derechos humanos por convicción, no por conveniencia, en ese sentido no prestarse a los designios del poder, ni al mejor postor, porque la historia política personal se construye día a día y la lucha implica compromiso individual y conciencia colectiva, asumir a fondo un proyecto de vida, ni enajenado ni integrado, congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Por ello rechazamos tanta violencia cotidiana, que no puede ser sino estructural, por lo que ninguna medida superficial podrá erradicarla. 

cidhmorelos@gmail.com

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2013 Entre el espanto y la ternura.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

 Una vida que se va. Casi al terminar el año 2013. Unos campesinos caminan por los campos de Huexca. A lo lejos se ven las torres casi concluidas de la termoeléctrica. Cómo ha cambiado el paisaje, se dicen. Antes destacaban las milpas amarillas recién cosechado el maíz. En la distancia el coloso de blanco con su hilillo de vapor de agua. Los campos de cultivo a punto de transformarse en planchas de cemento. Algo muere, lo piensan. Ven una bolsa de plástico negro al lado del camino de terracería. Descubren, con espanto, que se trata del cuerpo de una mujer. Tiemblan y sudan al darse cuenta del horror y quisieran no poder imaginar el sufrimiento que le causaron a quien en vida fue una joven mujer trabajadora. Avisan como pueden y llegan peritos forenses que perjuran posteriormente que ellos no dieron a conocer, ni mucho menos vender, las fotografías que al día siguiente publica de manera descarnada el diario oficioso de un gobierno que le paga a su dueño millones por publicidad oficial. 53 historias similares se presentaron a lo largo de 12 meses en caminos, pueblos, rancherías, colonias, hoteles, viviendas abandonadas y a orillas de las autopistas, así como en calles céntricas de ciudades que ven cómo crece el número de feminicidios en Morelos.

Una vida que perdura. Junto a sus dos pequeñas hijas, su joven madre celebra el fin de año en compañía de su familia, luego de regresar del trabajo. Las ocho cicatrices que tiene su piel casi no se notan. De acuerdo al médico legista una herida se practicó a centímetros de haber causado la muerte. Otro perito contratado por el agresor trató de demostrar que son heridas que tardan en sanar menos de 15 días. En primera instancia prevaleció el criterio del segundo y el perpetrador fue liberado. En el juicio de casación se obtuvo un fallo apegado al primer dictamen y lo sentenciaron a solo 6 años de prisión. Ella sobrevivió a un ataque feminicida. Y vive para contarlo para que se haga justicia y otras no lo sigan padeciendo.

Don Valentín sabe trabajar de todo. Plomería, electricidad, es lo que más hace. Tuvo que dejar sus clientes luego de que detuvieron a su hijo. El estigma golpea. Una noche su hijo fue detenido por un grupo de policías federales. Lo torturaron. Cuando narra lo que le hicieron no puede evitar la tristeza. Es el dolor que penetra en lo profundo del ser. Su hijo está en una cárcel federal. Sin estudios universitarios, ha tenido que leer lo que significa el Protocolo de Estambul y exigir que se aplique para determinar la tortura. Sabe que hay que seguir luchando. El y su esposa no bajan la guardia. Se trata de su hijo. También, de la justicia.

Joaquina camina de espaldas a la cámara de televisión, desde donde narra un compañero periodista lo ocurrido a Doña Petra, José y Angel. Ella sabe que se va un año más sin encontrar justicia. Voltea a ver de frente al entrevistador y dice: que no haya impunidad. Aprendió de su madre lo que es la lucha desde la sierra. Y cuando habla con el agente del Ministerio Público ya no suplica, exige. Es un derecho. Hay que pelear por ello. Así como la vida sigue, cuando con sus manos expertas levanta muros y pinta paredes.

Teresa vio el video donde sale una persona con una pistola en la mano luego de haberla disparado contra su hijo en un bar en pleno centro de la ciudad. No dudó en apuntar su exigencia de justicia. El fiscal la escuchó y ordenó un peritaje. Los jueces mostraron que había pruebas irrefutables. Y dictaron sentencia. Las lágrimas surcando las mejillas de ella, así como 25 años atrás, cuando el padre de su hijo fue detenido, torturado y asesinado por policías. La vida no es fácil, y menos cuando la historia trágica se repite, lo sabe Tere, por lo que está decidida a luchar para cambiar este mundo para que su nieto hoy huérfano viva una vida diferente.

Historias pequeñas, simples, sencillas, como las de muchas personas que llegan a la oficina de la Comisión Independiente de Derechos Humanos a lo largo de ya casi 25 años. Historias dolorosas, terribles, duras. No siempre se logra esclarecer ni resolver cada caso. No depende solo del esfuerzo, dedicación, tenacidad, voluntad. Se requiere sobre todo de conciencia organizada. Es a lo que apostamos en una perspectiva de lucha, por todas esas mujeres y hombres que exigen que se respeten sus derechos humanos que son de todas y de todos en un 2014 en el futuro inmediato.

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Jorge, Martha y Bertha, siempre solidarios.

Jorge Shulte murió hoy. Colaboró solidariamente con la Comision Independiente Derechos Humanos durante años como lo hicieron sus hermanas Martha y Bertha Shulte, quienes ya también murieron. Si, claro, la vida y la muerte, hermanadas. Tal vez ellas dos y él pudieron decir al final de sus días: vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Y nos quedamos con lo mejor que supieron dar: amor, fraternidad, solidaridad, inteligencia creadora, activismo desde los años 60s y un enorme corazón que sentía todas las tristezas y siempre tenían a la mano el remedio y el trapito para quienes los rodeaban. No puedo decir que no los extrañamos. Si, los extrañamos. Nos dejan algo más que un huequito en el lado izquierdo del corazón.

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Cuando vigilar y castigar es impunidad y pena de muerte.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Vigilar y castigar es la función que asumen los Estados represivos que dejan a un lado su responsabilidad social. Es la doctrina neoliberal y privatizadora, donde impera la impunidad y los métodos autoritarios. La venganza cobra carta de naturalización y se generaliza la violencia institucional. Entre la confusión que socialmente se genera, salen a la palestra las peores justificaciones para aplicar toda suerte de penas crueles, inhumanas, degradantes de la condición humana. La justicia se transforma en una quimera.

Una sociedad en crisis favorece la descomposición de las relaciones humanas y prevalecen los intereses económicos y políticos del capital y la clase dominante, agudizando la lucha para aplastar y sojuzgar a los que menos tienen. La injusticia social y la explotación de la mayoría es la fuente de toda clase de contradicciones que se padece cotidianamente. La ideología dominante encubre, pero no elimina, esa realidad cruel y desgarradora.

En este sentido, las cárceles son la expresión concentrada de la fuerza del aparato del Estado, donde finalmente esas contradicciones estallan: violencia, degradación de la condición humana, narcotráfico, hacinamiento, tráfico de influencias, fugas cuidadosamente anunciadas y ejecutadas ante el mayor despliegue policíaco y militar, cadáveres con mensajes que la autoridad dice que va a investigar, dando acuse de recibo en lugar de un rechazo absoluto a los mismos. Todo ello tiene un tufillo a descompuesto. Lo que está en el fondo es el objetivo de privatizar las prisiones. Ya en Morelos las trasnacionales empezaron a construir la cárcel en Coatlán del Río. La mano de obra de los presos, casi esclavizada, es un apetitoso objetivo. Si, es importante investigar la fuga de 4 internos de Atlacholoaya, pero el problema de fondo es evitado por autoridades para apuntalar este proceso privatizador que está a la vista.

La pena de muerte no es la solución a la crisis del sistema penitenciario que no cumple sus funciones de readaptación ni de reinserción social. La alternativa es la utilización de penas alternativas de prisión. Y muchos sectores de la sociedad así lo entienden. Tenemos actualmente la protesta que ha generado amplia respuesta por la condena a muerte que tiene Edgard Tamayo programada la inyección letal para el 22 de enero. Esto es porque hay conciencia de que este tipo de sentencia es inhumana y brutal. Estados Unidos y China son los Estados donde más reos mueren ejecutados legalmente. En México es ilegal, ya que fue eliminada de la Constitución unos años atrás. Ningún juez puede aplicarla en nuestro país. Por eso, de la misma forma en que condenamos esta ejecución anunciada, denunciamos y nos oponemos a las decenas de miles de muertes que ocurren mediante ejecuciones extrajudiciales, cometidas por militares y policías o grupos para-militares aceptados o tolerados por el Estado y que nos presentan como si fueran producto de supuestos ajustes de cuentas entre bandas criminales. Y por si fuese poco este panorama, vemos como esta sociedad cada vez cree menos en sistemas de procuración y administración de justicia que genera más dudas que certezas. Esto ocurrió el día de 3 de enero del 2014, cuando el Juez consideró que la Procuraduría de Justicia del Estado no acreditó los hechos constitutivos de delito de violación tumultuaria y feminicidio, por los tres jóvenes acusados de drogar, violar y asesinar a una adolescente de 16 años, que fueron puestos en libertad porque un juez de Control y Constitucionalidad consideró en su resolución que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no acreditó el hecho delictivo, de hecho, el Código Penal del Estado de Morelos señala que comete el delito de violación el que sostiene relaciones sexuales con una menor de edad, sin importar que sea con el consentimiento de la víctima. La fiscal Perla Violeta Velázquez insistió que los tres detenidos, de acuerdo a las indagatorias, sí fueron ubicados en tiempo, lugar y circunstancias, y que el peritaje del médico legista demuestra que sí se cometió una doble violación tumultuaria, delito que es castigado hasta con 30 años de cárcel. Finalmente, el juez de Control y Constitucionalidad tomó la decisión de dejar en libertad a los tres hombres de los cargos que se le imputaban.

Todos estos temas están vinculados a esta crisis institucional que no permiten el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos y no permiten que finalmente la justicia se siente entre nosotras y nosotros.

Hoy, queremos enviar un abrazo solidario a Alejandra y Rafael Cuervo Shulte ante la muerte de Jorge Shulte. El, colaboró solidariamente con la Comision Independiente Derechos Humanos durante años como lo hicieron sus hermanas Martha y Bertha Shulte, quienes ya también murieron. Si, claro, la vida y la muerte, hermanadas. Tal vez ellas dos y él pudieron decir al final de sus días: vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Y nos quedamos con lo mejor que supieron dar: amor, fraternidad, solidaridad, inteligencia creadora, activismo desde los años 60s y un enorme corazón que sentía todas las tristezas y siempre tenían a la mano el remedio y el trapito para quienes los rodeaban. No podemos decir que no los extrañamos. Si, los extrañamos. Nos dejan algo más que un huequito en el lado izquierdo del corazón.

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