Cuando vigilar y castigar es impunidad y pena de muerte.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Vigilar y castigar es la función que asumen los Estados represivos que dejan a un lado su responsabilidad social. Es la doctrina neoliberal y privatizadora, donde impera la impunidad y los métodos autoritarios. La venganza cobra carta de naturalización y se generaliza la violencia institucional. Entre la confusión que socialmente se genera, salen a la palestra las peores justificaciones para aplicar toda suerte de penas crueles, inhumanas, degradantes de la condición humana. La justicia se transforma en una quimera.

Una sociedad en crisis favorece la descomposición de las relaciones humanas y prevalecen los intereses económicos y políticos del capital y la clase dominante, agudizando la lucha para aplastar y sojuzgar a los que menos tienen. La injusticia social y la explotación de la mayoría es la fuente de toda clase de contradicciones que se padece cotidianamente. La ideología dominante encubre, pero no elimina, esa realidad cruel y desgarradora.

En este sentido, las cárceles son la expresión concentrada de la fuerza del aparato del Estado, donde finalmente esas contradicciones estallan: violencia, degradación de la condición humana, narcotráfico, hacinamiento, tráfico de influencias, fugas cuidadosamente anunciadas y ejecutadas ante el mayor despliegue policíaco y militar, cadáveres con mensajes que la autoridad dice que va a investigar, dando acuse de recibo en lugar de un rechazo absoluto a los mismos. Todo ello tiene un tufillo a descompuesto. Lo que está en el fondo es el objetivo de privatizar las prisiones. Ya en Morelos las trasnacionales empezaron a construir la cárcel en Coatlán del Río. La mano de obra de los presos, casi esclavizada, es un apetitoso objetivo. Si, es importante investigar la fuga de 4 internos de Atlacholoaya, pero el problema de fondo es evitado por autoridades para apuntalar este proceso privatizador que está a la vista.

La pena de muerte no es la solución a la crisis del sistema penitenciario que no cumple sus funciones de readaptación ni de reinserción social. La alternativa es la utilización de penas alternativas de prisión. Y muchos sectores de la sociedad así lo entienden. Tenemos actualmente la protesta que ha generado amplia respuesta por la condena a muerte que tiene Edgard Tamayo programada la inyección letal para el 22 de enero. Esto es porque hay conciencia de que este tipo de sentencia es inhumana y brutal. Estados Unidos y China son los Estados donde más reos mueren ejecutados legalmente. En México es ilegal, ya que fue eliminada de la Constitución unos años atrás. Ningún juez puede aplicarla en nuestro país. Por eso, de la misma forma en que condenamos esta ejecución anunciada, denunciamos y nos oponemos a las decenas de miles de muertes que ocurren mediante ejecuciones extrajudiciales, cometidas por militares y policías o grupos para-militares aceptados o tolerados por el Estado y que nos presentan como si fueran producto de supuestos ajustes de cuentas entre bandas criminales. Y por si fuese poco este panorama, vemos como esta sociedad cada vez cree menos en sistemas de procuración y administración de justicia que genera más dudas que certezas. Esto ocurrió el día de 3 de enero del 2014, cuando el Juez consideró que la Procuraduría de Justicia del Estado no acreditó los hechos constitutivos de delito de violación tumultuaria y feminicidio, por los tres jóvenes acusados de drogar, violar y asesinar a una adolescente de 16 años, que fueron puestos en libertad porque un juez de Control y Constitucionalidad consideró en su resolución que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no acreditó el hecho delictivo, de hecho, el Código Penal del Estado de Morelos señala que comete el delito de violación el que sostiene relaciones sexuales con una menor de edad, sin importar que sea con el consentimiento de la víctima. La fiscal Perla Violeta Velázquez insistió que los tres detenidos, de acuerdo a las indagatorias, sí fueron ubicados en tiempo, lugar y circunstancias, y que el peritaje del médico legista demuestra que sí se cometió una doble violación tumultuaria, delito que es castigado hasta con 30 años de cárcel. Finalmente, el juez de Control y Constitucionalidad tomó la decisión de dejar en libertad a los tres hombres de los cargos que se le imputaban.

Todos estos temas están vinculados a esta crisis institucional que no permiten el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos y no permiten que finalmente la justicia se siente entre nosotras y nosotros.

Hoy, queremos enviar un abrazo solidario a Alejandra y Rafael Cuervo Shulte ante la muerte de Jorge Shulte. El, colaboró solidariamente con la Comision Independiente Derechos Humanos durante años como lo hicieron sus hermanas Martha y Bertha Shulte, quienes ya también murieron. Si, claro, la vida y la muerte, hermanadas. Tal vez ellas dos y él pudieron decir al final de sus días: vida, nada te debo, vida, estamos en paz. Y nos quedamos con lo mejor que supieron dar: amor, fraternidad, solidaridad, inteligencia creadora, activismo desde los años 60s y un enorme corazón que sentía todas las tristezas y siempre tenían a la mano el remedio y el trapito para quienes los rodeaban. No podemos decir que no los extrañamos. Si, los extrañamos. Nos dejan algo más que un huequito en el lado izquierdo del corazón.

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