Libertad de expresión bajo ataque en Morelos

 

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

   
     
Somos un pueblo que nace como el sol de cada día, que lucha, resiste, ama, baila y canta, por los techos, calles, caminos de la vida. Por ello, nos formulamos algunas preguntas: ¿Con quién se desarrolla una estrategia de seguridad en Morelos? ¿Con los mismos que han fallado en todo? ¿Con los dueños del dinero y del poder? ¿A ellos les dan el “beneficio de la duda”? ¿Qué les decimos a las víctimas de feminicidio, tortura, desaparición, violación? ¿Que esperen a detener otros 22 chivos expiatorios en los casos más conocidos y cero en los que siguen invisibilizados? ¿Que primero están otros delitos que sí son interés del gobierno? ¿Que pasen a la ventanilla de enfrente? Muchas preguntas y pocas, muy pocas respuestas que de ninguna manera pueden caber en un estado policiaco y militarizado. No, cuando en el reporte sobre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2013, la mayoría están en América, especialmente en territorio latinoamericano. San Pedro Sula, en Honduras, encabeza la lista. Las ciudades mexicanas que se encuentran en la lista son: Acapulco, Culiacán, Torreón, Chihuahua, Victoria, Nuevo Laredo, Juárez, Cuernavaca y Tijuana. Para bajar los índices delictivos, el nuevo responsable de la seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, ya tiene un plan: esconder la realidad delictiva con la ayuda de líderes empresariales que exigirán a las empresas de comunicación esconder lo malo y difundir sólo lo que el gobierno considera bueno. La sociedad y los empresarios deben darle un trato de héroe al policía, sólo así vamos a estar del otro lado, dijo Capella, quien además aseguró que los policías no están dignificados por la sociedad, que debería aplaudirles, tomarlos como ejemplo, por ser una profesión respetable. Censura se llama la “nueva narrativa” en los medios, que tienen el ejemplo en lo peor del periodismo que niega la libertad de expresión, cuando se despide a reporteras que se atreven a publicar notas distintas a la versión oficial, y en menos de un año quitó el carácter público al sistema morelense de radio y televisión para transformarlo en vocero oficial. En realidad, no quieren dejar de publicar la violencia que vende, sino ocultar la protesta social, la crítica, la lucha del pueblo. Las personas y grupos, gobiernos, se ganan el lugar y el prestigio que cultivan con su trabajo, no con discursos vanos. La objetividad ante todo, como la verdad, nos hará libres, no la mentira ni el ocultamiento de lo que en realidad sucede. Y menos con amenazas a periodistas, como la ocurrida en contra del conductor y director de noticias del espacio informativo Zona Centro, Geovanni Barrios, amenazado de muerte por Israel Camacho Huerta, quien era mano derecha del ahora ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de la “Nueva Visión”, David Gómez Basilio, por lo que interpuso denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y ante la Procuraduría General de la República (PGR). El 16 de enero, Geovanni, casi enfrente de la Procuraduría General de Justicia, fue abordado por Israel Camacho Huerta, quien dijo al periodista que los planteamientos hechos en su medio de comunicación no eran verídicos, a lo que el reportero respondió que si gustaba hacer las aclaraciones lo hiciera ante los mismos micrófonos en los cuales se ha dado a conocer los detalles de irregulares que Camacho Huerta y el funcionario estatal hicieron para regularizar unidades del servicio público sin itinerario fijo. Este funcionario arremetió verbalmente en contra del periodista diciéndole que se cuidara, a pregunta expresa del comunicador si se trataba de una amenaza, el aún funcionario dijo una vez que saliera de su cargo se encargaría de él y procedió a irse del lugar. Barrios responsabilizó a este funcionario gubernamental de cualquier situación que pueda sucederle a él, a su familia o algún miembro de la empresa para la que trabaja. “Hago un llamado para que las autoridades tomen en cuenta lo difícil que se ha vuelto esta profesión de ser reportero, periodista, en la vida pensé traer seguridad y lo tengo que hacer porque es una amenaza y advertencia, ojalá y las autoridades hagan algo y se tomen cartas en el asunto”, subrayó. Ante ello, un grupo de reporteros y reporteras firmaron un pronunciamiento, que asumimos también, donde reprueban de manera categórica la amenaza de muerte en contra de nuestro compañero, Geovanni Barrios, a quien expresaron total apoyo y solidaridad. La amenaza en contra de Geovanni fue derivado de su labor periodística ya que dio a conocer probables actos de corrupción en el manejo de las concesiones del servicio de transporte público que otorga el gobierno del estado a particulares. Exigimos al gobierno de Morelos garantice a los representantes de los medio de comunicación el ejercicio de la libertad de expresión consagrada en el artículo 7 de la Constitución mexicana y del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el cumplimiento del derecho a la información dispuesta en el artículo 6 de la Carta Magna. Asimismo, exigimos al gobernador Graco Ramírez ordene a todos los funcionarios que laboran en el poder Ejecutivo y que dependen de éste, que respeten estos derechos humanos y, en caso de que sean violados, se aplique el peso de la ley administrativa y penal en contra de los servidores públicos. No lograrán acallar la verdad con ocultarla, no lograrán impedir la libertad de expresión si la defendemos en la práctica.
 
 
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