Archivo mensual: febrero 2014

Foro Alterno de Derechos Humanos y megaproyectos el caso huexca, termoeléctrica, gasoducto y acueducto.

Un proyecto depredador en el oriente de Morelos: El caso de la termoeléctrica en Huexca, el gasoducto y el acueducto.

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua hace acto de presencia con compañeros de Amilcingo y Jantetelco en este 25 aniversario de la CIDHM y denuncia la detención arbitraria de 3 habitantes de Amilcingo que en estos días nos hemos estado movilizando para retirar la tubería del gasoducto que ilegalmente quieren construir las trasnacionales españolas en complicidad con el gobierno de Graco Ramírez en Morelos. Así es como quieren normalizar la problemática de Huexca y los pueblos del Popocatépetl, que están a la expectativa del grado de imposición con el que la CFE pretende realizar el Proyecto Integral Morelos. El PIM implica un gasoducto de 160 km, 92 % del trayecto en zona de riesgo volcánico, dos centrales termoeléctricas en Huexca, un acueducto de 12 km y una extracción diaria de 50 millones de litros de agua, afectando directamente a más de un centenar de pueblos.  El problema de la termoeléctrica no sólo es en Huexca, es un problema de desarrollo extractivista que ha afectado gravemente, y en silencio, gran parte del agua que consumimos en México y Estados Unidos. El problema de las termoeléctricas es un problema de distribución, desabasto y contaminación de agua, a la par de una quema de hidrocarburos que ha causado ya graves consecuencias al medio ambiente, y siguen causando en una completa impunidad desatada.  Normalmente cuando se habla de política energética, no se relaciona con una política de aguas nacionales, sin embargo cuando nos dicen generación de luz, nos están diciendo “lugares con agua”. Según el Instituto de Geofísica de los Estados Unidos1, para el año 2000, 40% de su agua fue utilizada para la agricultura, 39% para las termoeléctricas y solo 17 % para una población de 313 millones 914 mil habitantes. Según la Secretaría de Energía en México el 71% de la energía eléctrica es producida por termoeléctricas, 18% las hidroeléctricas, 5% carboeléctricas, 2% nucleoeléctricas y 4% por energías renovables2; en el 99% de todas ellas, el recurso estratégico para que funcionen es: el agua. Pero, bajo la tecnología de las termoeléctricas, en el proceso mucha agua se pierde, y el resto es de difícil recuperación, debido a la evaporación a altos grados de temperatura y la mezcla de químicos lacerantes. Tan sólo la termoeléctrica de Petlacalco, Guerrero consume más agua que el Estado de México y Distrito Federal juntos. Su gasto de agua anual reportado a Conagua es de 3,122 millones de metros cúbicos3, 99 000 litros por segundo, agua suficiente para duplicar el riego de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos. Las termoeléctricas son las industrias de generación eléctrica que mayor impacto causan al agua, con otras tecnologías el gasto de agua sería casi nulo. El agua de Petlacalco fue ocupada para producir en 2010, 16 234 GWh4, cantidad suficiente para iluminar 2770 millones de hogares con 4 focos de 60w, durante 4 horas los 365 días del año, en México somos 25 millones de hogares. Pero para la SENER y CFE esta cantidad de energía solo es el 5% de la energía eléctrica generada en el país. ¿En realidad estamos consumiendo tanta energía? ¿Necesitamos gastar tanta energía? Hablando de regiones del agua, Petlacalco se encuentra en la Cuenca del Balsas y es en esta misma cuenca donde se está imponiendo la termoeléctrica en Huexca. El gasto de agua para el PIM no es nada despreciable, 50 millones de litros de agua, cantidad suficiente para dotar del vital líquido a la ciudad de Cuautla y sus alrededores, agua que es usada por los campesinos del Municipio de Villa de Ayala, Morelos para mantener sus tierras de riego. Estas acciones implican la violación al derecho humano al agua garantizado por el artículo 4° constitucional. El crecimiento de las termoeléctricas es un desperdicio de agua, si tomamos en cuenta que en el país existe un superávit en la producción energética, mientras que las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas del país están produciendo a un 60% de su capacidad, entonces ¿Para qué construir más proyectos de explotación acuífera y de hidrocarburos? ¿Para qué afectar las zonas de vocación agrícola? Ya en Chihuahua se han secado 4 manantiales a causa de las termoeléctricas de Samalayuca5. “Cerrar la llave del agua” es una gran ayuda para “salvar el planeta”, pero más contribución haría cerrar millones de llaves al mismo tiempo, como lo es parar la generación de energía por medio de las termoeléctricas. Sin embargo, las termoeléctricas son las más promovidas en México. De 2001 a 2012, se construyeron 22 termoeléctricas, todas concesiones extranjeras, con una capacidad total de 11 907 MW6, aumentando la generación eléctrica en el país un 20%. Para este año se espera la culminación de otros diez proyectos, 9 de ellos termoeléctricos, que generaran 4109 MW7, un 6% más de energía ya excedente en el país. Este año están en licitación media docena de termoeléctricas más y viene una mayor cascada de ellas, impulsadas muchas de ellas, principalmente, para la generación del mercado del gas natural. Ya lo dijo el Gobernador de Morelos Graco Ramírez, el principal objetivo del Proyecto Integral Morelos es el abasto de gas natural para la inversión industrial en la región. Según datos de la CONAGUA la concesión de agua para las termoeléctricas es 20% más alto que el consumo de agua de toda la industria en el país. Por lo que la instalación de las termoeléctricas con una visión industrial significa un grave impacto a los mantos acuíferos de la región, violando el “Programa de Ordenamiento Ecológico del Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia en el Estado de Morelos”. Ya que la zona es una región estratégica para la recarga de agua que impacta hasta el Distrito Federal, es decir la Cuenca del Balsas. Bajo estas tendencias se deja ver que la generación de energía eléctrica en el país, no es un sector “en necesidad de crecimiento”, sino un negocio energético, y la apertura para un sistemático despojo de la tierra y agua campesina. Pero además, si la generación de energía es un “factor estratégico de crecimiento”, lo es sobre la especulación y la sobreproducción energética, y además no se habla del gasto y contaminación del agua, un eje estratégico de cuidado nacional. Porque hablar de una política energética y crecimiento de la industria eléctrica, significa en los hechos, hablar de una política de aguas nacionales, y por ende de producción agrícola y soberanía alimentaria. La problemática del agua en Morelos se suma a las incongruencias del PIM, debido a los riesgos volcánicos y una política congruente de Protección Civil, se suma a la falta de consulta a los pueblos y la afectación agrícola que causará, como también al medio ambiente y la salud. La lucha por que el agua no se la lleven para la termoeléctrica en Huexca, puede abrir un debate necesario y urgente para el país: “El agua y la generación de energía eléctrica”.  Porque lejos de “hacernos avanzar”, la política energética que se ha implementado en el país, además de las afectaciones ambientales, a la economía local y la salud, existe un descontento nacional por la creación de infraestructura energética de capital privado, un movimiento nacional de usuarios contra las altas tarifas de luz, más de tres millones de quejas contra la CFE y decenas de demandas por autofraude. Y existe todo un movimiento nacional buscando otra política energética. Hoy la instalación de megaproyectos en México son una ley “implícita de desarrollo”, INCUESTIONABLE y el Gobierno solo está dispuesto a negociar “beneficios para la comunidad, como si fuera una reparación previa al daño. Los que no están de acuerdo con los megaproyectos se les pretende imponer por medio de amenazas, desinformación, represiones y asesinatos. Olintla-Puebla, Huexca-Morelos, Ocotlán-Oaxaca o el Istmo de Tehuantepec son claras violaciones a los derechos humanos y la criminalización de la protesta social. Mientras que las autoridades dicen “no es tan grave”, voltean a San Salvador Atenco a ofrecer disculpas amistosas y la promesa de reactivar el proyecto de aeropuerto, atacándolos desde hace más de un año con el despojo de pozos para riego agrícola. En México los megaproyectos y el respeto a los derechos humanos se han convertido en polos opuestos, directamente proporcionales las violaciones que hacen o “están dispuestos a hacer”, a la magnitud del proyecto. 

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Foro Alterno de derechos humanos y megaproyectos en Morelos

En el Foro Alterno se presentaron varias ponencias, aquí el pronunciamiento de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores.

La OPT Morelos apoya a los pueblos que defienden sus derechos contra megaproyectos  privatizadores depredadores.

No hay desarrollo humano posible sin respeto a los derechos humanos de los pueblos en Morelos. La lucha contra las reformas neoliberales y privatizadoras coloca a los pueblos ante una ofensiva del capital privado que pretende ir a fondo en una política de devastación de los recursos naturales para obtener ganancias inmediatas a costa de enajenar el futuro de generaciones enteras. Las empresas privadas trasnacionales son las principales beneficiadas de esta entrega de los recursos naturales. Mientras existe una infraestructura subutilizada para la generación de energía eléctrica, a través de la CFE se pretende realizar el Proyecto Integral Morelos (PIM) que implica un gasoducto de 160 km, 92 % del trayecto en zona de riesgo volcánico, dos centrales termoeléctricas en Huexca, un acueducto de 12 km y una extracción diaria de 50 millones de litros de agua, afectando directamente a más de un centenar de pueblos. Actualmente en México el 71% de la energía eléctrica es producida por termoeléctricas, 18% las hidroeléctricas, 5% carboeléctricas, 2% nucleoeléctricas y 4% por energías renovables2; en el 99% de todas ellas, el recurso estratégico para que funcionen es: el agua. Pero, bajo la tecnología de las termoeléctricas, en el proceso mucha agua se pierde, y el resto es de difícil recuperación, debido a la evaporación a altos grados de temperatura y la mezcla de químicos lacerantes. El gasto de agua para el PIM no es nada despreciable, 50 millones de litros de agua, cantidad suficiente para dotar del vital líquido a la ciudad de Cuautla y sus alrededores, agua que es usada por los campesinos del Municipio de Villa de Ayala, Morelos para mantener sus tierras de riego. Estas acciones implican la violación al derecho humano al agua garantizado por el artículo 4° constitucional. Si tomamos en cuenta que en el país existe un superávit en la producción energética, mientras que las plantas hidroeléctricas y termoeléctricas del país están produciendo a un 60% de su capacidad. Sin embargo, las termoeléctricas son las más promovidas en México. De 2001 a 2012, se construyeron 22 termoeléctricas, todas concesiones extranjeras, con una capacidad total de 11 907 MW6, aumentando la generación eléctrica en el país un 20%. Para este año se espera la culminación de otros diez proyectos, 9 de ellos termoeléctricos, que generaran 4109 MW7, un 6% más de energía ya excedente en el país. Este año están en licitación media docena de termoeléctricas más y viene una mayor cascada de ellas, impulsadas muchas de ellas, principalmente, para la generación del mercado del gas natural. El principal objetivo del Proyecto Integral Morelos es el abasto de gas natural para la inversión industrial en la región, violando el “Programa de Ordenamiento Ecológico del Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia en el Estado de Morelos”. Ya que la zona es una región estratégica para la recarga de agua que impacta hasta el Distrito Federal, es decir la Cuenca del Balsas. Actualmente la política energética que se ha implementado en el país, además de las afectaciones ambientales, a la economía local y la salud, existe un descontento nacional por la creación de infraestructura energética de capital privado, un movimiento nacional de usuarios contra las altas tarifas de luz, más de tres millones de quejas contra la CFE y decenas de demandas por autofraude. Y existe todo un movimiento nacional buscando otra política energética. En Morelos los megaproyectos y el respeto a los derechos humanos se han convertido en polos opuestos, cuando se requiere respetar los derechos de los pueblos más que nunca, como lo entienden los que se oponen a un gasoducto mediante la movilización organizada de los pueblos que merecen contar con nuestra más amplia solidaridad desde la OPT.

Fraternalmente.

Organización Política del Pueblo y los Trabajadores en Morelos.

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Derechos humanos y participación ciudadana.

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

Una sociedad de respeto a los derechos humanos significa el pleno reconocimiento  a la dignidad de todas las personas y no imposición autoritaria desde el poder. En Morelos hay una violación sistemática de los derechos.  Mientras el gobierno gasta recursos públicos en eventos de relumbrón internacional, trata de ocultar y minimizar la grave situación que se vive en la entidad. Por eso llevaremos a cabo un Foro Alterno sobre derechos humanos y participación ciudadana hoy, 24 de febrero en el zócalo de Cuernavaca.  La propaganda desplegada por el gobierno es contraria a su práctica de no dar respuesta a las demandas de la sociedad. ¿En verdad no se entiende lo que significa independencia?  Así parece. Por ello, las 72 organizaciones de derechos humanos con presencia en 20 estados de la república, han expresado su preocupación por lo que ocurre en Morelos, asentando con toda claridad que: Las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” expresamos nuestra preocupación por la situación de deterioro de derechos humanos y violencia que continua documentándose en el estado de Morelos. Este deterioro se ha hecho evidente en el incremento de los índices de violencia que vive el estado así como las graves violaciones a las que se expone la población morelense. Hoy expresamos nuestra preocupación porque esta violencia se pretende abordar con políticas de seguridad que con anterioridad han tenido consecuencias desastrosas para la sociedad. La orientación policiaco-militar que ha seguido el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, repercuten de manera fatal en la vida de la población morelense. En especial la denuncia del incremento en los feminicidios habla de una violencia institucional que se encuentra lejos de ser erradicada. La violencia contra las mujeres, así como la ausencia de acciones preventivas y de sanción de los perpetradores ha ocasionado incremento de feminicidios en 2014. Las cárceles ubicadas en el estado de Morelos, son la expresión concentrada de la fuerza institucional, donde finalmente esas contradicciones estallan: violencia, degradación de la condición humana, narcotráfico, hacinamiento, tráfico de influencias, fugas cuidadosamente anunciadas y ejecutadas ante el mayor despliegue policíaco y militar. Morelos es considerado como uno de los estados que opera bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio y que cuenta con instrumentos de justicia alternativa que permitirían la  persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo se sigue dictando la prisión preventiva de manera oficiosa, lo cual viola el principio de presunción de inocencia. En el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos hay 1,975 personas procesadas por delitos del fuero común, 475 de ellas en prisión preventiva. En cuanto a las acusadas por delitos federales hay 556, de las cuales 304 tampoco han recibido sentencia. El gobierno del estado ha impulsado acciones que publicitan apoyos para las y los jóvenes a través de becas salario, y apoyos a madres solteras. Sin embargo, estas acciones no pueden considerarse soluciones a largo plazo a problemáticas estructurales, cuando se mantienen diferencias abismales entre los ingresos de quienes trabajan y los dueños de los medios de producción. Las becas salario ni son becas para dedicarse plenamente al estudio, ni representan un verdadero salario, ya que no alcanzan ni el 50% de un salario mínimo. ¡Este no puede ser el gran cambio paradigmático que se nos quiere vender como ejemplo de apoyo a los derechos de las y los jóvenes!  La visión empresarial del gobierno que presume de “nueva visión”, ha tenido una confrontación constante con las comunidades por los megaproyectos que favorecen a las trasnacionales como la termoeléctrica en Huexca, el gasoducto con Puebla y Tlaxcala, el acueducto que afecta el derecho al agua en Cuautla y Ayala, la ampliación de la autopista Tepoztlán-La Pera. Los métodos autoritarios y represivos de un gobierno intolerante han significado una confrontación con los pueblos y comunidades que resisten frente a estos megaproyectos. Las detenciones arbitrarias y la criminalización de los movimientos sociales independientes han sido una constante, llegando inclusive al uso de la tortura en contra de activistas y luchadores sociales, así como el uso de las fuerzas policiacas para reprimir a quienes luchan. Las amenazas a periodistas como la ocurrida en contra de Geovanni Barrios de Zona Centro y de mujeres reporteras de la zona sur que cubren noticias de Amacuzac y por ello fueron amenazadas por funcionarios públicos, hablan de la continua política de ataques a la libertad de expresión mediante la censura encubierta o abierta con el despido de periodistas.  Ante lo anteriormente expresado exigimos al gobierno estatal poner fin a la impunidad que rodea todas las violaciones a los derechos humanos, impulsar acciones que aborden de manera integral las problemáticas anteriormente expuestas, así como a implementar acciones preventivas que permitan que la sociedad morelense pueda restituir la paz y con ello el derecho a una vida digna.

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Foro Alterno de Derechos Humanos en Morelos

“La participación ciudadana y los derechos humanos”

Mesa: Derechos Económicos, sociales, culturales y ambientales: La sociedad civil organizada frente a los megaproyectos y la violencia institucional

 Lilián González Chevez

Hace exactamente un año, el 21 de febrero de 2013, la sociedad civil del Estado de Morelos tuvo conocimiento de que una minera canadiense:  Esperanza Silver, pretendía operar en el norponiente de Morelos -más concretamente en el municipio de Temixco-, una mina de oro a tajo abierto localizada a una distancia de entre  2 y 10 km en línea recta, de pueblos, ciudades y colonias densamente pobladas de los Municipios de Temixco, Miacatlán y Xochitepec para ello había adquirido en concesión por parte del gobierno federal, 15025 ha. que abarcan 7 concesiones en estos tres municipios, y estaba por solicitar en ese momento, el permiso de explotación de su concesión no. 1 ubicada en tierras comunales del pueblo de Tetlama, a sólo dos km. de la zona arqueológica de Xochicalco, lo cual acarrearía  graves consecuencias al medio ambiente, la salud y el tejido social para los 196 498 habitantes de estos tres municipios.

A pesar de que la minera canadiense Esperanza Silver llevaba  explorando en esta región desde hacía más de una década, la sociedad civil tuvo conocimiento de este megaproyecto, cuando la minera canadiense  solicita en enero de 2013, permiso a la SEMARNAT para iniciar la etapa de explotación de la mina., de la cual pretende extraer, 50 toneladas de oro y 500 toneladas de plata.

Ante la inminencia del inicio de la explotación de la mina,  la sociedad civil solicita a la SEMARNAT  una consulta pública –conforme al derecho de los ciudadanos de ser informados- donde la empresa presente su Manifestación de Impacto Ambiental para iniciar la explotación minera.

Como resultado de esta petición, se realiza la consulta pública  el 21 de febrero de 2013 en la exhacienda de Temixco, donde se hace evidente que la empresa pretende engañar a la sociedad civil, al hablar exclusivamente de las bondades que acarreará su mina: 400 empleos fijos, pero sin hacer ninguna alusión a los efectos a la salud y al medio ambiente de iniciar su etapa de explotación.

Digno de llamar la atención, fue la presencia de aproximadamente 300 habitantes del pueblo de Tetlama, quienes se presentaron uniformados y aleccionados por la minera sobre cómo conducirse durante la consulta y qué preguntar. Así, su actitud fue en todo momento a favor de los argumentos de la empresa minera y de confrontación con la sociedad civil peticionaria de la consulta pública, actuando como grupo de choque en contra de los académicos y ambientalistas que presentaron informes discordantes a la Manifestación de  Impacto Ambiental presentado por la minera.

Antes de continuar, déjenme explicarles en qué consiste una mina a tajo abierto como la que se pretende hacer en Temixco. A diferencia de las minas subterráneas que seguían una veta de metal concentrada en un lugar, y siendo estas vetas, cada vez  más escasas en el mundo,  lo que se ha desarrollado en el ámbito de la minería,  es una nueva tecnología, que por medio de sustancias químicas, permite extraer cantidades microscópicas de oro esparcidas en grandes superficies de terreno. Entonces, para extraer el oro,  hacen grandes cavidades o tajos en  superficies de-1 a 2 km de diametro-, donde se remueven con pólvora toneladas de piedra, que luego se triturará hasta hacerle  polvo, y este polvo de piedra se meterá a un patio de lixiviados saturado de agua y sustancias químicas altamente tóxicas como el cianuro, para que el oro, presente en cantidades microscópicas, decante.  Se obtienen 3gr. de oro por tonelada de piedra removida y molida, lo que explica la gran debastación ambiental y el por qué esta forma de explotación minera es por definición insustentable.

En el caso de la mina a tajo abierto Esperanza que se pretende ubicar en Temixco,

a)      Primero se ELIMINARÁ 458 HA. de  CUBIERTA VEGETAL, luego se eliminará la tierra fértil y una vez desnudada la piedra, se removerá con pólvora, mas de 100 millones de tonelas de piedra.  

Esta superficie vegetal removida, aumentará   la  EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN SOLAR con la subsecuente alteración climática de la zona afectada.

Además los METALES PESADOS altamento tóxicos removidos del subsuelo, AFLORARÁN A LA SUPERFICIE, volviéndose un foco de contaminación.

La fauna del lugar huirá de la zona Y

LAS DETONACIONES CON EXPLOSIVOS GENERARÁN POLVOS TÓXICOS EN EL AMBIENTE PERMANENTEMENTE, ADEMÁS DE que las detonaciones producen por la vibración CUARTEADURAS A LAS VIVIENDAS CERCANAS.

b. Con RESPECTO AL RECURSO AGUA, LA PERFORACIÓN DE DOS POZOS por parte de la empresa minera para su uso industrial –como es una mina a tajo abierto-,  tiene un  impacto ambiental  a nivel regional, ya que el Acuífero de Cuernavaca -como todos los acuíferos de Morelos- se encuentra en déficit, y este déficit se incrementará en el futuro por efecto del cambio climático, por lo que el acuífero no cuenta con disponibilidad de agua para la actividad minera ni actual ni futura.  Lo más grave de todo, es que CUALQUIER VOLUMEN CONCESIONADO A LA ACTIVIDAD MINERA POR LAS AUTORIDADES SERÁ EN DETRIMENTO DIRECTO AL VOLUMEN DISPONIBLE PARA EL USO DE LA POBLACIÓN.

c. Por otra parte, de dotarse AGUA para la extracción minera, existe el inminentemente RIESGO DE ALTERACIÓN DE LAS CUENCAS HÍDRICAS Superficiales y Subterráneas, tanto por  la disminución en los caudales de agua disponible,  como por la contaminación del suelo y de las aguas, con filtraciones y residuos peligrosos como metales pesados y cianuro en los sistemas de conducción y de almacenamiento.

d. El PATIO DE LIXIVIACIÓN -donde se mezclara la piedra con abundante agua y solución de cianuro para que decante el oro en cantidades microscópicas-, abarca 59 ha., ¡Será la alberca tóxica más grande Morelos! Esta alberca, tiene RIESGO AMBIENTAL CON CATEGORÍA 7    –sólo un punto menos de riesgo que si estalla el volcán Popoatepetl-. Ello puede ocurrir si se fisura la geomembrana que actúa de impermeabilizante o si se reboza la alberca.

e.  Después de la lixiviación, el cúmulo de material ya procesado se transportara a un VERTEDERO DE RESIDUOS cuya superficie es de 141 Ha., ahí la empresa apilará 100 millones de toneladas de material lixiviado con trazas de cianuro y metales pesados a perpetuidad, durane los siete año que dure la explotación de la mina, con el consecuente RIESGO DE CONTAMINAR LOS MANTOS FRIÁTICOS Y LAS CORRIENTES DE AGUA SUPERFICIALES, LA TIERRA Y EL AIRE. Imaginemos ese material apilado, al llover se va desprendiendo y ensolvando las aguas superficiales, en tiempo de secas,  el aire  puede levantar partículas de polvo a una velocidad de 20 km/h e impregnar con cianuro y metales pesados lugares distantes a la ubicación del vertedero de residuos, como son todas las comnidade sy colonias aledañas: Temixco, Acatlipa, Xochitepec, Alpuyeca, Tetlama, Miacatlán, Coatetelco, Cuentepec, además de 17 colonias de Temixco (Santa Úrsula, Santa Mónica,  Lauro Ortega, Alta Palmira, Lomas del Carril, Azteca, Pueblo Viejo, Col. Morelos, Las Brisas, Burgos, Los Laureles, Solidaridad, La Eterna Primavera, Ruben Jaramillo, Nopalera, 10 de Abril, Santa Cruz Milpillas  y El Estribo), 9 colonias de Xochitepec  (Unidad Morelos, La Calera, Loma Bonita, Las Flores, Las Rosas, Benito Juárez, Francisco Villa, Palo Bolero, Miguel Hidalgo), 1 de Cuernavaca (Jardines de cuernavaca) y 3 de Miacatlán (El Rodeo, Xochicalco, Atzompa).,

  Sumado a ello, una vez que se retire la mina, la tierra removida, expuesta, contamnada y sin tierra fertil, ya no tiene calidad satisfactoria para destinarla a otros usos, como el agrícola y el pastoreo, tampoco será susceptiible de construcción ya que queda expuesta a metales pesados dañinos para la salud.

f) Por otra parte, la mina a tajo abierto, impacta negativamente el ámbito de la cultura y el patrimonio histórico de la zona. Ya que las contínuas detonaciones diarias de dinamita, debilitarán los cimientos de piedra caliza de la Zona Arqueológica de Xochicalco, patrimonio de la humanidad, ubicada a sólo dos km. de donde se pretende implantar la mina, al grado tal, que puede desestabilizar su estructura subterránea conformada por cuevas y desplomarse. Además, la mina a tajo abierto afectaría directamente las faldas del cerro el Jumil, localizado frente a la zona arqueológica de Xochicalco, y su afectación es un perjuicio a la integridad funcional de Xochicalco, concretamente en su función de observatorio astronómico…

Ante los argumentos incuestionables del grave deteroro a la salud, el medio ambiente y al patrimonoo cultural de Morelos de llevarse a cabo esta mina a tajo abierto en el municipio de Temixco, surge El Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos el 25 febrero de 2013. Integran el movimiento, gente de las comunidades a afectar de Tetlama, Alpuyeca, Cuentepec, Coatetelco y Cuernavaca, académicos, organizaciones sociales y activistas.

 El Movimiento,  durante este año, se dió a la tarea de informar en asambleas públicas en las comunidades a afectar sobre los efectos a la salud,  el medio ambiente y en tejido social, de instalarse una mina a tajo abierto en la región. Realiza también importantes movilizaciones sociales en contra de que se instale esta mina a tajo abierto  como la Caravana por la Vida el 14 de abril de 2013 y la movilización en la zona arqueológica de Xochicalco el 21 de marzo de 2013. También y expone en foros públicos ante diputados,  empresarios, académicos y ciudadanos, la problemática ambiental y de salud de instalarse una mina en la Zona Metropolitana de Cuernavaca.

Gracias a la movilización social y a la réplica que académicos  y activistas presentaron  en contra de la MIA presentada por la minera,  el 6 de junio de 2013,  la SEMARNAT niega la Manifestación de Impacto Ambiental a la empresa Esperanza Silver de México, impidiéndole iniciar la etapa explotación minera  bajo los siguientes argumentos: cercanía con la zona arqueológica de Xochicalco, Patrimonio de la Humanidad; déficit del Acuífero de Cuernavaca, que no cuenta con agua suficiente para sostener una actividad productiva como una mina a tajo abierto y escasa visibilidad para el pilotaje en el aeropuerto Mariano Matamoros, situado a 1.5 km.

No obstante, este triunfo de la sociedad civil dura muy poco, pues el 30 de agosto de 2013,  es de conocimiento público  que las 7 concesiones  de la empresa Esperanza Silver en Morelos  son compradas por otra  empresa canadiense más poderosa: Alamos Gold. La  compra venta es del orden de $69 000 000 de dólares. La empresa Alamos Gold señala que nuevamente elaborará la Manifestación  de Impacto Ambiental para iniciar la etapa de explotación de la mina. Dado que los argumentos presentados por la Semarnat para negarles la MIA son en cierta manera insalvables -la minera no puede superar el obstáculo del déficit de agua del acuífero de Cuernavaca, ni la cercania de Xochicalco y del aeropuerto-   llama la atención que la empresa  Alamos Gold declare que:

Lo positivo de adquirir un proyecto de “alta calidad” como Esperanza “

supera con creces cualquier riesgo en la tramitación de sus permisos”

Es probable que su lógica de superación de estos obstáculos ,no sea forzosamente por la vía técnica, sino por el poder corruptor de lo único que les sobra: dinero.

Durante este año se ha hecho visible la forma de operar de estas empresas mineras en Morelos. Su compra de voluntades y el poder corruptor del dinero incluye, desde los habitantes de las comunidades a afectar, como es el caso de Tetlama,  hasta la compra de voluntades de presidentes municipales y regidores. Es el caso del presidente Municipal de Temixco Dr. Miguel Ángel Colín Nava cuya anuencia a la instalación de la mina parece tener un signo de pesos, pues en su calidad de médico, es improbable que desconozca  los efectos deletéreos a la salud de implantarse esta mina.  

 

En el caso de los pobladores habitantes de Tetlama, hemos mencionado que la empresa cultiva una relación con ellos desde hace una década. Primero, fue una relación clientelar con los comuneros de Tetlama. Esta relación clientelar, se ha establecido años atrás, a través del contrato por las tierras de uso común correspondientes al cerro el Jumil y Colotepec,  por las cuales la empresa ha pagado anualmente a los comuneros desde 2005, la cantidad de  $1 400 000 pesos, los cuales son repartidos entre 100 comuneros. Además, la empresa paga a los comuneros $2500 pesos por hectárea de sus parcelas de cultivo. Tomando en cuenta, que cada comunero tiene en promedio tres hectáreas, ellos reciben un promedio de $7 500 pesos anuales por aprte de la minera desde hace varios años.

 

A las relaciones clientelares empresa-comuneros, se suman las relaciones de patronazgo, ya que la empresa Esperanza Silver y hoy Alamos Gold, contrata a 70 comuneros o familiares de comuneros a través de su subsidiaria: Compañía Minera Miacatlán. Estas relaciones de patronazgo y clientelar en las que se favorece exclusivamente a un grupo o colectivo de la comunidad por sobre todos los demás, es una estrategia bien conocida para fomentar la división intracomunitaria, mermar la cohesión social y focalizar la resistencia, que Andrés Barreda denomina ingeniería del conflicto.

Ademas, mediante estas relaciones de patronazgo y clientelares establecidas entre comuneros de Tetlama y la empresa Alamos Gold, la empresa cuenta con un grupo de choque que sirve, tanto para intimidar a opositores, como para iniciar una campaña de confrontación abierta y pública contra el gobierno estatal que se ha manifestado en desacuerdo contra la imposición de una mina a tajo abierto en la entidad.

Adicionalmente, la empresa  Alamos Gold, COMPRA VOLUNTADES Y CORROMPE EL TEJIDO SOCIAL DE LA COMUNIDAD de TETLAMA,  MEDIANTE PREBENDAS, RIFAS Y REGALOS, PARA VENCER LA RESISTENCIA DE LOS OPOSITORES Y CONVENCERLOS PARA QUE ACTÚEN A SU FAVOR.

 

En ese sentido, Esperanza Silver y actualmente Alamos Gold, entregó en Tetlama:

 

– El día del maestro un bono de $500 pesos a los maestros de todas las escuelas públicas de Tetlama desde nivel  preescolar hasta secundaria.

– En las clausuras de fin de cursos de las escuelas, la empresa Alamos Gold es el padrino,  también es padrino  en bautizos y bodas.

– Como regalo de navidad Se entregaron despensas y frazadas a todos los comuneros.

– El día d ela amistad, se rifaron 50 pantallas planas en la plaza pública de Tetlama,

– El día de la madre, se regaló una vajilla a cambio de su firma, supuestamente de recibido, pero cuya hoja no tenía rúbrica que confirmara que éste era su fin.

– El 30 de abril, día del niño, en la escuelas públicas de Tetlama se entregaron regalos a todos los niños.

– También realiza donaciones en dinero y en especie el día del santo parrón del pueblo

– Hoy por hoy la empresa abona al deudo $5000 pesos para los gastos fúnebres del difunto.

 

Estas relaciones de mecenazgo, clientelares y de patronazgo explica porqué los habitantes de Tetlama son los primeros en defender la instalación de la mina a tajo abierto en sus terrenos comunales, pretendiendo desconocer los efectos que les acarreará en su salud y en su calidad de vida.

También, LA EMPRESA MINERA ESPERANZA SILVER y hoy Alamos Gold HA INCITADO UNA CAMPAÑA DE INTIMIDACIONES HACIA EL GRUPO OPOSITOR a la mina en tetlama, PROPICIANDO LA DESINTEGRACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL A TRAVÉS DE LA CONFRONTACIÓN ENTRE LOS HABITANTES. 

 

Por otra parte, la empresa ha iniciado también, la compra de voluntades de los núcleos agrarios comprendidos dentro de sus 7 concesiones, es el caso de: PALPAN, TLAJOTLA, PALO GRANDE, MIACATLÁN, COATETELCO, CUENTEPEC Y ALPUYECA,   a quienes la empresa a sometido a CONTRATOS DRACONIANOS CLARAMENTE A FAVOR DE LA MINERA.  Por  un monto irrisorio de 100 000 pesos, sin una consulta previa, libre e informada y aprovechándose de la desinformación reinante en las comunidades, engañan a las autoridades agrarias haciéndoles a firmar un contrato de ocupación temporal anual de sus tierras para iniciar la etapa de exploración por parte d ela minera.

En el que el mismo contrato ANUNCIA EL DESPOJO QUE PRETENDE REALIZAR LA EMPRESA A ESTOS NÚCLEOS AGRARIOS. Así,

 

En la cláusula 7ª. del contrato empresa-núcleo agrario, como de pasadita, se anuncia que este contrato de exploración es prorrogable un año más, con opción a suscribir un contrato que incluya el establecimiento de una mina y la explotación de material por un tiempo mayor. 

-En su cláusula 18º, el contrato anuncia que “al término de ese contrato, la empresa procederá a la entrega de la tierra ocupada y en caso de no hacerlo pagará como pena convencional, la cantidad de 5000 pesos”. En esta cláusula, no especifica si el pago será al otro día de que no entregue la tierra ocupada o a los 15 años. Por eso denunciamos que el contrato, anuncia el despojo que pretende efectuar la empresa a los núcleos agrarios.

 

En síntesis, la empresa Alamos Gold se encarga de  la desinformación sistemática y la instrumentación de la población como objeto, genera conflictos intracomunitarios e intercomunitarios, rompiendo el tejido social de las comunidades.

Por ello, en el marco de este 25 Aniversario de la Comisión Independiente de Derechos Humanos  con la celebración de este Foro Alterno de Derechos Humanos, el Movimiento Morelense en Contra de las Concesiones Mineras de Metales Preciosos,  denuncia nuevamente, el grave riesgo a los derechos humanos ambientales, a la salud y al tejido social de  un megaproyecto minero de esta envergadura  en tierras comunales del pueblo de Tetlama en el municipio de Temixco.

Hoy por hoy, Una mina a tajo abierto como la que se pretende imponer en el municipio de Temixco, vulnera una serie de derechos humanos como los derechos humanos fundamentales, el derecho a la salud y también derechos humanos emergentes, como por ejemplo, el derecho a disponer de agua potable y a la calidad de vida.

La mina a tajo abierto que se nos prertende imponer,

1º. Subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos2 que incluye un derecho humano fundamental, la garantía de una vida digna, por el simple hecho de su condición humana.

2º.  En el ámbito de la salud, están ampliamente comprobados los efectos teratógenos,  abortivos, dermatológicos y cancerígenos que acarrea la exposición continua por aire, agua y tierra al cianuro y otras sustancias como metales pesados durante la explotación de una mina a tajo abierto y al cierre de la misma, pues los residuos peligrosos quedan en la zona a perpetuidad.

3º.  Un derecho humano emergente vulnerado de imponerse una mina a tajo abierto en la región, es el derecho a la calidad de vida.  Se admite  de entrada, que  “todo el mundo tiene derecho a disponer de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona”.  La mina, vulnera este derecho, porque el proceso productivo de una mina a tajo abierto contamina bienes ambientales como lo es el agua, la tierra y el aire,  afectando  su función ecológica y con consecuentes  efectos deletéreos para sus habitantes.

 

Para la defensa de este bien colectivo -el medio ambiente-, hemos de exigir nuevas formas de legitimación y de participación en los poderes públicos, como lo es, el derecho a la información  ambiental y el acceso a la justicia, para impugnar la legalidad de cualquier decisión, acción u omisión respecto a la autorización de las actividades mencionadas.

 

4º.  Por otra parte, el proyecto minero vulnera, en un primer nivel de prioridad,  el derecho humano al agua, un requisito básico para la vida  en funciones  de supervivencia, tanto de los seres humanos como de los demás seres vivos en la naturaleza. Por otra parte, los servicios de abastecimiento de agua cumplen funciones de salud y cohesión social en conexión con los derechos sociales de ciudadanía.  En este caso, se trata de un derecho de prestación, exige la prestación de un servicio por parte del Estado. Si como señala la especialista Andrea Bolongaro cualquier volumen concesionado a la actividad minera por las autoridades será en detrimento directo al volumen disponible para el uso de la población, el gobierno Federal, Estatal y Municipal debe priorizar su compromiso social con los habitantes de esta región, es decir, priorizar este derecho de prestación por encima de sus compromisos industriales y empresariales, siendo injustificable éticamente que tales usos cuestionen derechos y funciones de las categorías anteriores.

 

En síntesis, esta estrategia de intervención económica y ocupación territorial  basada en un megaproyecto minero como el que pretende operar la empresa canadiense Alamos Gold en el municipio de Temixco, impone políticamente un  modelo de desarrollo sobre los habitantes de la zona. Este modelo de desarrollo económico y social, impuesto verticalmente a la ciudadanía, no podría realizarse sin la connivencia del estado a nivel federal, estatal y municipal. 

¿Qué dicen del megaproyecto minero los poderes del estado?

 

En primer instancia, el Gobierno Federal otorgó las 7 concesiones a las empresas  mineras, por un pago irrisorio de 5 pesos por ha.,  sin consulta previa, libre e informada a la población a nivel regional, a pesar de que estos megaproyectos tienen un gran impacto  en la salud, el medio ambiente y los derechos humanos. Es decir, el gobierno federal privilegia los derechos empresariales por sobre los derechos de la ciudadanía.

 

Por otra parte, el gobierno estatal dice no estar de acuerdo con el proyecto minero y que “la mina no va”. No obstante, nada garantiza que, la minera haga una espera prudente y dentro de cinco años pague la campaña del futuro gobernador y entonces, “la mina si va”.

 

Es posible que la verdadera razón por lo que la mina no va, es  el gobierno estatal tiene una propuesta de desarrollo para Temixco, divergente del de la empresa minera. En 2013, el gobernador perredista Graco Ramírez, establece como uno de los proyectos estratégicos en Morelos, la Construcción del Eje Metropolitano de Cuernavaca, el cual incluye las obras: Eje Transversal Poniente y el Distribuidor y Puente Apatlaco.

 

El Eje Transversal del Libramiento Norponiente de Cuernavaca, tiene una longitud de aproximadamente 13 kilómetros y una inversión de 695 millones de pesos, se argumenta que beneficiará a las ciudades de Cuernavaca y de Temixco al contar con una vía de comunicación perpendicular a la autopista México–Acapulco y que permitirá el desarrollo urbano y la comunicación directa del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros con una vía rápida a la ciudad de México. No obstante, se omite que al final,  su trayectoria enlaza a Cuernavaca con elproyecto de una nueva ciudad: Centro Urbano Morelos.

 

El Centro Urbano Morelos (antes Geópolis), bajo la lógica de la nueva planeación urbana, involucra tanto a desarrolladores inmobiliarios, como empresarios y  dependencias federales, estatales y municipales.  Busca crear una nueva ciudad de tamaño medio en la zona norte de Temixco en colindancia con el sur de Cuernavaca bajo el concepto de  Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS)  promovidos por el Gobierno Federal. Se trata de la planeación de una ciudad compacta  con una alta densidad poblacional, que promueve el uso de suelo mixto (comercial, habitacional, usos institucionales y cívicos, servicios como transporte, agua y drenaje, además de una planeación bien definida.  La “Nueva Cuernavaca”, como también se le denomina, albergará los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Un megaproyecto urbanístico y de infraestructura de tal envergadura es, hoy por hoy, prácticamente desconocido por la ciudadanía de la Zona Metroplitana de Cuernavaca. En esa lógica de imposición, no todo lo que es bueno para Geo-Gobierno es bueno para todos nosotros. Nos preguntamos: ¿Más allá de su lógica modernizadora esta iniciativa de Geo-Gobierno va a garantizar el abastecimiento de sus servicios sin afectar a terceros, en paticular el agua? 

 

El proyecto integral  “Geópolis” de Casas Geo, como se denominó originalmente, logró imponerse a pesar de asentarse en una zona de restricción en barrancas y cuerpos de agua con el contubernio de los poderes estatales y municipales,  pasando por alto el POET de Cuernavaca y la negación de la licencia de uso de suelo en Temixco  (Dirección de Regulación de Usos y Destinos del Suelo, mayo de 2010). Finalmente, èste  era un proyecto de la iniciativa privada bajo  el amparo de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Hoy que las acciones bursátiles de Casas Geo han dejado de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, y de que no hay señales claras de que la situación vaya a mejorar en el corto plazo,  es factible que se reestructure la propuesta de creación del Centro Urbano Morelos, no obstante, el Congreso del Estado, ya autórizo la construcción y traslado de su sede, y ya algún diputado protestó porque no le han hecho partícipe de los pingües negocios que se están gestando en la nueva ciudad: Cuernavaca II.

Para concluir, el proyecto de una mina a tajo abierto enTemixco Morelos, por parte d ela empresa canadiense Alamos Gold,  que de implementarse afectará el derecho a la calidad de vida, a la salud y al agua, se trata simplemente un PROYECTO DE MUERTE que por definición es insustentable e incompatible con la vida,  este proyecto afectará por siempre nuestra calidad de vida del norponiente de morelos

 

 

 

 

 

 

 

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Carta al Secretario general de Amnistía Internacional

C. Salil Shetty

Secretario general de Amnistía Internacional.

Nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento la grave y persistente violación a los derechos humanos en el Estado de Morelos, México, y para agradecer las campañas de solidaridad que el prestigiado organismo internacional que usted preside ha llevado a cabo para llamar la atención de la opinión pública mundial sobre los casos que hemos hecho del conocimiento del Equipo para México con sede en las oficinas de Amnistía en Londres, que coordina Rupert Knox, a quien también reconocemos su labor solidaria y fraterna.

 

Defensoras y feminicidio.

 

En Morelos vivimos en peligro constante y no resulta fácil. Cada año de los últimos lo ha sido. Y cada vez peor y cada vez más difícil. Sobre todo cuando es la vida de las personas la que está en riesgo latente. Más allá de cualquier apreciación subjetiva, vale la pena indicar cuáles han sido las tendencias y grados de complejidad en que nos hemos visto envueltos como sociedad. Por ejemplo, las tendencias autoritarias y represivas no han impedido que la impunidad siente sus reales por todos los ámbitos de la sociedad. Como respuesta política ha sido un rotundo fracaso. 

 

Es el caso del feminicidio que en 2013 se mantiene en los más altos niveles de los últimos años y no se detiene. Es obvio que no puede ser un caso aislado, cuando precisamente se establecen causas comunes que indican similitudes que permitieron en su momento tipificarlo penalmente. Hoy no es suficiente. Mucho menos si el gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos. 52 feminicidios de enero a octubre son demasiados, cuando ni uno solo debería ocurrir, si se aplica la Alerta de Violencia de Género. Las palabras no alcanzan a dar una noción de todo el dolor que ello representa. O tal vez sí, pero mediante una cantidad cada vez mayor de sinónimos del dolor. La muerte en su extrema violencia se ha repetido pero expresándose en múltiples formas, lo que va indicando el grado de crisis a que se conduce a una sociedad que se le van inyectando drogas para adormecer, tanto sentimientos como posibles respuestas solidarias. 

 

Y es aquí donde retomamos el papel y la lucha de las defensoras de derechos humanos. Toda la sociedad debe involucrarse en el reconocimiento del aporte de las defensoras de derechos humanos para la superación de la injusticia, la desigualdad y la discriminación de nuestros pueblos. Los Estados deben asegurar acciones que combatan el desprestigio y descrédito de la labor de las defensoras, iniciando con sancionar de forma clara a las propias autoridades que promuevan la hostilidad y la estigmatización de las defensoras. Las organizaciones sociales y civiles deben poner de relieve el aporte y trabajo de las defensoras. Los mecanismos de protección deben mantener un diálogo en condiciones adecuadas con las defensoras y periodistas en riesgo para definir, junto con ellas, medidas integrales de protección que favorezcan su empoderamiento y no inhiban su trabajo en favor de los derechos humanos, así como asegurarse de que la investigación y sanción a los responsables de los ataques contra defensoras sea una prioridad. Las organizaciones y movimientos sociales debemos hacer una revisión crítica de nuestros modelos de activismo y prácticas políticas internas para evitar que estas reproduzcan discriminación, riesgo, violencia, opresión o daño a la salud de las defensoras. Por otro lado, es necesario revisar de manera colectiva el impacto de adoptar proyectos y estrategias de protección en el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos con el objetivo de construir y fortalecer pactos y estrategias que nos permitan favorecer la protección de los y las defensoras y, a la vez, mantener y ampliar nuestras luchas. 

 

Estos son dos temas que no pueden separarse. Cuando decimos que el feminicidio tiene causas estructurales, significa que quienes defienden a las mujeres para que no sufran esta clase de violencia, de alguna manera también están en riesgo. Esta situación no debemos permitir que se extienda durante 2014 como ocurrió durante este año que se va. Tan solo en Guerrero, al sur de Morelos, el recuento es dramático: no hay garantías para que las y los defensores continúen su labor en el estado. Ejemplo de ello el caso de Nestora Salgado, la desaparición forzada de Eva Alarcón desde el 7 diciembre de 2011, Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012; Juventina Villa Mojica, ocurrido el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán; de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quien fue asesinada el 19 de octubre de 2013, en el municipio de Atoyac de Álvarez; y más recientemente, de Ana Lilia Gatica Rómula el pasado 10 de noviembre de 2013, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG).

 

La lógica del capital contra los pueblos.

 

En Morelos este 2013 ha sido de confrontación entre la lógica del capital y los derechos de los pueblos. El paradigma de desarrollo capitalista fundado en la explotación irracional de los recursos naturales parte de la falsa idea de que estos son inagotables, de ahí que el capitalismo extractivista se finque en obtener la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Las consecuencias han sido verdaderamente devastadoras en cualquier lugar del planeta. Morelos no es la excepción. 

 

El gran evento patrocinado por el gobierno y las empresas del capitalismo verde (green solutions) dejó muy en claro que el objetivo fundamental es promover los negocios para las empresas que dicen respetar el medio ambiente, pero no respetar verdaderamente los derechos colectivos de los pueblos. Muy lejos de llevar a cabo una política integral que respete los derechos de la población y garantice niveles dignos de vida, el gobierno morelense ha asumido todas y cada una de las políticas diseñadas por las grandes corporaciones trasnacionales a las que responden las directrices del gobierno federal. 

 

El gran logro que presume el gobierno muestra precisamente las debilidades y contradicciones en las que se mueve mediante un discurso que no implica transformaciones de fondo. En este sentido, si bien es cierto se ha frenado parcialmente la destrucción del cerro El Jumil por parte de la empresa Esperanza Silver, las concesiones mineras en la mayor parte del estado se mantienen intactas. Y son un riesgo latente. En el caso del Texcal se ha mostrado que este gobierno ha sido incapaz de preservar un área de reserva ecológica sin utilizar medidas represivas.  

 

Pero en realidad la visión empresarial del gobierno que presume de nueva visión, ha tenido una confrontación constante con los pueblos por los megaproyectos que favorecen a las trasnacionales como la termoeléctrica en Huexca, el gasoducto con Puebla y Tlaxcala, el acueducto que lesiona el derecho al agua en Cuautla y Ayala, la ampliación de la autopista Tepoztlán-La Pera. Los métodos autoritarios y represivos de un gobierno intolerante han significado una confrontación constante con los pueblos y comunidades que resisten frente a estos megaproyectos. Las detenciones arbitrarias y la criminalización de los movimientos sociales independientes han sido la constante, llegando inclusive al uso de la tortura en contra de activistas y luchadores sociales, así como el uso constante de las fuerzas policiacas para reprimir a quienes luchan.

 

Los pueblos han recurrido a la movilización y la protesta social, política y jurídica, demostrando que no se ha cumplido el derecho a la consulta previa y suficientemente informada, razón por la que se ha incrementado la inconformidad social y la organización de colectivos, coordinaciones y frentes de lucha, llegando inclusive a obtener amparos (Tepoztlán y Ayala) para detener las obras que causan un fuerte impacto de daño ambiental y social. Estos logros han sido sobre todo en la toma de conciencia de la necesidad de luchar por un paradigma distinto de lo que significa el desarrollo, que de ninguna manera puede verse exclusivamente en indicadores económicos, sino sobre todo de justicia social y de inclusión en la toma de decisiones. Una sociedad de derechos debe partir precisamente del respeto absoluto a los derechos humanos!

 

En el seno del movimiento social existen diversas corrientes políticas que reivindican la necesidad de mantener la independencia frente al gobierno, de tal manera que se fortalezca una perspectiva de democracia participativa y no se siga concentrando el poder en la oligarquía y los representantes de la burocracia partidaria, lo que implica avanzar en el fortalecimiento de la conciencia organizada de la sociedad, donde los derechos van de la mano del pensamiento crítico y la práctica social colectiva, amplia, plural, incluyente, que abra nuevas perspectivas en la vida política en Morelos hacia 2014. Esa, en todo caso, es una apuesta a construir con la perseverancia y capacidad que a través de la historia ha demostrado tener el pueblo de Morelos.

 

Derechos económicos y sociales se violan en Morelos.

 

Si no hay vida digna no hay respeto a los derechos humanos. En 2013 en Morelos se vivió un retroceso en derechos económicos y sociales. Contrariamente a la imagen propagandizada por el gobierno de que se ha avanzado en una sociedad de derechos, vemos como se aplican las mismas recetas neoliberales y privatizadoras que a nivel nacional. Ni las becas-salario, ni los apoyo a madres solteras son soluciones de fondo, cuando se mantienen diferencias abismales entre los ingresos de quienes trabajan y los dueños de los medios de producción. El ridículo aumento de 3.9 por ciento al salario mínimo, empobrece la vida y la dignidad de las y los trabajadores mexicanos y sus familias. El nuevo monto de la minipercepción, que comenzará a regir desde el primero de enero de 2014, no resolverá los problemas y carencias de los más de 50 millones y medio de mexicanos que integran la población económicamente activa. Además, viola el derecho a un salario justo y suficiente, e incumple el mandato constitucional determinado en el artículo 123, fracción sexta de la Carta Magna, que refiere que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Es tiempo de utilizar nuevos mecanismos para determinar su incremento, unos basados en la redistribución y justicia social, que consideren tanto la productividad como el precio de la canasta básica, ya que las y los trabajadores vemos la caída de 35 por ciento del poder adquisitivo de sus remuneraciones de 1990 a la fecha. Las becas salario ni son becas para dedicarse plenamente al estudio, ni representan un verdadero salario, ya que no alcanzan ni el 50% de un salario mínimo. Este no puede ser el gran cambio paradigmático que se nos quiere vender como ejemplo de apoyo a los derechos de las y los jóvenes!

En Morelos existe una población de un millón 871 mil personas y oficialmente se reconoce la tasa de desempleo en el estado de un 3.9 por ciento, tomando en cuenta que el  43.9 %  (822,384) es económicamente activa (484,508 (58.9 %) hombres y 337,876  (41.1 %) mujeres). Este dato, sin embargo, no puede ocultar el hecho de que el nivel de explotación laboral sigue creciendo ante el empleo informal ahora legalizado por la reforma laboral. Si hay personas que siguen muriendo por desnutrición en el país, Morelos no es la excepción.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 al año. Desde 2004, la desnutrición representa la decimotercera causa de muerte en México. Los más afectados, según el Inegi, son los adultos mayores y los niños: el 75 por ciento de las defunciones se concentra entre personas de 65 años y más, mientras que el 7 por ciento ocurre en menores de un año.

Son ellas las que mayormente están excluidas de la seguridad social y en particular de las pensiones, lo que recarga los trabajos de cuidado que realizan las mujeres en el hogar. El número de personas que están cubiertas con pensiones varía en función de su nivel de ingreso, escolaridad, grupos etarios y tipo de empleo. Este fenómeno se da en toda la región latinoamericana, incluyendo México. Es más que evidente que las mujeres presentan una pérdida de ingreso en la vejez, marcado por sus episodios de empleo, desempleo y subempleo. Afecta sus riesgos relacionados con enfermedad, necesidades de cuidado, determinan el bienestar presente y futuro, su calidad de vida. Los niveles de afiliación a sistemas de pensiones son indicadores de la informalidad en el mercado laboral y provocan mayor pobreza. Por lo que concierne al tipo de empleo y su calidad, son los y las trabajadoras de microempresas los más desprotegidos en toda la región, pero particularmente en México, sólo 9 de cada 100 tienen afiliación a pensión. Hay que recordar que en el país el volumen más alto de empleo se genera justo en las microempresas, mujeres sin afiliación a pensión. En toda la región persisten notables diferencias de afiliación a pensión según el tipo de empleo. Por ejemplo, esta es generalizada (88 de cada 100) en los y las empleadas en instituciones públicas. Sin duda, las que presentan los índices más altos de desprotección son las empleadas del hogar: 99 por ciento no tienen acceso a pensiones.

Estas duras condiciones de vida son las que marcaron este 2013 para la mayoría de la población, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para que 2014 pinte un escenario distinto en materia de vida digna y respeto a los derechos económicos y sociales.

 

Una vida que se va.

 

Casi al terminar el año 2013. Unos campesinos caminan por los campos de Huexca. A lo lejos se ven las torres casi concluidas de la termoeléctrica. Cómo ha cambiado el paisaje, se dicen. Antes destacaban las milpas amarillas recién cosechado el maíz. En la distancia el coloso de blanco con su hilillo de vapor de agua. Los campos de cultivo a punto de transformarse en planchas de cemento. Algo muere, lo piensan. Ven una bolsa de plástico negro al lado del camino de terracería. Descubren, con espanto, que se trata del cuerpo de una mujer. Tiemblan y sudan al darse cuenta del horror y quisieran no poder imaginar el sufrimiento que le causaron a quien en vida fue una joven mujer trabajadora. Avisan como pueden y llegan peritos forenses que perjuran posteriormente que ellos no dieron a conocer, ni mucho menos vender, las fotografías que al día siguiente publica de manera descarnada el diario oficioso de un gobierno que le paga a su dueño millones por publicidad oficial. 53 historias similares se presentaron a lo largo de 12 meses en caminos, pueblos, rancherías, colonias, hoteles, viviendas abandonadas y a orillas de las autopistas, así como en calles céntricas de ciudades que ven cómo crece el número de feminicidios en Morelos.

Una vida que perdura. Junto a sus dos pequeñas hijas, su joven madre celebra el fin de año en compañía de su familia, luego de regresar del trabajo. Las ocho cicatrices que tiene su piel casi no se notan. De acuerdo al médico legista una herida se practicó a centímetros de haber causado la muerte. Otro perito contratado por el agresor trató de demostrar que son heridas que tardan en sanar menos de 15 días. En primera instancia prevaleció el criterio del segundo y el perpetrador fue liberado. En el juicio de casación se obtuvo un fallo apegado al primer dictamen y lo sentenciaron a 6 años de prisión. Ella sobrevivió a un ataque feminicida. Y vive para contarlo para que se haga justicia y otras no lo sigan padeciendo.

Don Valentín sabe trabajar de todo. Plomería, electricidad, es lo que más hace. Tuvo que dejar sus clientes luego de que detuvieron a su hijo. El estigma golpea. Una noche su hijo fue detenido por un grupo de policías federales. Lo torturaron. Cuando narra lo que le hicieron no puede evitar la tristeza. Es el dolor que penetra en lo profundo del ser. Su hijo está en una cárcel federal. Sin estudios universitarios, ha tenido que leer lo que significa el Protocolo de Estambul y exigir que se aplique para determinar la tortura. Sabe que hay que seguir luchando. El y su esposa no bajan la guardia. Se trata de su hijo. También, de la justicia.

Joaquina camina de espaldas a la cámara de televisión, desde donde narra un compañero periodista lo ocurrido a Doña Petra, José y Angel. Ella sabe que se va un año más sin encontrar justicia. Voltea a ver de frente al entrevistador y dice: que no haya impunidad. Aprendió de su madre lo que es la lucha desde la sierra. Y cuando habla con el agente del Ministerio Público ya no suplica, exige. Es un derecho. Hay que pelear por ello. Así como la vida sigue, cuando con sus manos expertas levanta muros y pinta paredes.

Teresa vio el video donde sale una persona con una pistola en la mano luego de haberla disparado contra su hijo en un bar en pleno centro de la ciudad. No dudó en apuntar su exigencia de justicia. El fiscal la escuchó y ordenó un peritaje. Los jueces mostraron que había pruebas irrefutables. Y dictaron sentencia. Las lágrimas surcando las mejillas de ella, así como 25 años atrás, cuando el padre de su hijo fue detenido, torturado y asesinado por policías. La vida no es fácil, y menos cuando la historia trágica se repite, lo sabe Tere, por lo que está decidida a luchar para cambiar este mundo para que su nieto hoy huérfano viva una vida diferente.

Historias pequeñas, simples, sencillas, como las de muchas personas que llegan a la oficina de la Comisión Independiente de Derechos Humanos a lo largo de ya casi 25 años. Historias dolorosas, terribles, duras. No siempre se logra esclarecer ni resolver cada caso. No depende solo del esfuerzo, dedicación, tenacidad, voluntad. Se requiere sobre todo de conciencia organizada. Es a lo que apostamos en una perspectiva de lucha, por todas esas mujeres y hombres que exigen que se respeten sus derechos humanos que son de todas y de todos en un 2014 en el futuro inmediato.

 

Vigilar y castigar es la función que asumen los Estados represivos que dejan a un lado su responsabilidad social.

 

Es la doctrina neoliberal y privatizadora, donde impera la impunidad y los métodos autoritarios. La venganza cobra carta de naturalización y se generaliza la violencia institucional. Entre la confusión que socialmente se genera, salen a la palestra las peores justificaciones para aplicar toda suerte de penas crueles, inhumanas, degradantes de la condición humana. La justicia se transforma en una quimera.

Una sociedad en crisis favorece la descomposición de las relaciones humanas y prevalecen los intereses económicos y políticos del capital y la clase dominante, agudizando la lucha para aplastar y sojuzgar a los que menos tienen. La injusticia social y la explotación de la mayoría es la fuente de toda clase de contradicciones que se padece cotidianamente. La ideología dominante encubre, pero no elimina, esa realidad cruel y desgarradora.

En este sentido, las cárceles son la expresión concentrada de la fuerza del aparato del Estado, donde finalmente esas contradicciones estallan: violencia, degradación de la condición humana, narcotráfico, hacinamiento, tráfico de influencias, fugas cuidadosamente anunciadas y ejecutadas ante el mayor despliegue policíaco y militar, cadáveres con mensajes que la autoridad dice que va a investigar, dando acuse de recibo en lugar de un rechazo absoluto a los mismos. Todo ello tiene un tufillo a descompuesto. Lo que está en el fondo es el objetivo de privatizar las prisiones. Ya en Morelos las trasnacionales empezaron a construir la cárcel en Coatlán del Río. La mano de obra de los presos, casi esclavizada, es un apetitoso objetivo. Si, es importante investigar la fuga de 4 internos de Atlacholoaya, pero el problema de fondo es evitado por autoridades para apuntalar este proceso privatizador que está a la vista.

La pena de muerte no es la solución a la crisis del sistema penitenciario que no cumple sus funciones de readaptación ni de reinserción social. La alternativa es la utilización de penas alternativas de prisión. Y muchos sectores de la sociedad así lo entienden. Tenemos actualmente la protesta que ha generado amplia respuesta por la condena a muerte que tiene Edgard Tamayo programada la inyección letal para el 22 de enero. Esto es porque hay conciencia de que este tipo de sentencia es inhumana y brutal. Estados Unidos y China son los Estados donde más reos mueren ejecutados legalmente. En México es ilegal, ya que fue eliminada de la Constitución unos años atrás. Ningún juez puede aplicarla en nuestro país. Por eso, de la misma forma en que condenamos esta ejecución anunciada, denunciamos y nos oponemos a las decenas de miles de muertes que ocurren mediante ejecuciones extrajudiciales, cometidas por militares y policías o grupos para-militares aceptados o tolerados por el Estado y que nos presentan como si fueran producto de supuestos ajustes de cuentas entre bandas criminales. Y por si fuese poco este panorama, vemos como esta sociedad cada vez cree menos en sistemas de procuración y administración de justicia que genera más dudas que certezas. Esto ocurrió el día de 3 de enero del 2014, cuando el Juez consideró que la Procuraduría de Justicia del Estado no acreditó los hechos constitutivos de delito de violación tumultuaria y feminicidio, por los tres jóvenes acusados de drogar, violar y asesinar a una adolescente de 16 años, que fueron puestos en libertad porque un juez de Control y Constitucionalidad consideró en su resolución que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no acreditó el hecho delictivo, de hecho, el Código Penal del Estado de Morelos señala que comete el delito de violación el que sostiene relaciones sexuales con una menor de edad, sin importar que sea con el consentimiento de la víctima. La fiscal Perla Violeta Velázquez insistió que los tres detenidos, de acuerdo a las indagatorias, sí fueron ubicados en tiempo, lugar y circunstancias, y que el peritaje del médico legista demuestra que sí se cometió una doble violación tumultuaria, delito que es castigado hasta con 30 años de cárcel. Finalmente, el juez de Control y Constitucionalidad tomó la decisión de dejar en libertad a los tres hombres de los cargos que se le imputaban.

Todos estos temas están vinculados a esta crisis institucional que no permiten el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos y no permiten que finalmente la justicia se siente entre nosotras y nosotros.

 

Basta de Feminicidio y violencia institucional.

 

Ellas, eran dos mujeres que trabajaban vendiendo en los pasillos del mercado Adolfo López Mateos. Venían de Xoxocotla todos los días. Como muchas mujeres trabajadoras que laboran todo el día, desde muy temprano, y regresan tarde a sus domicilios. No volvieron. Una patada en la puerta y una ráfaga acabó con la vida de ellas y otros dos familiares. En el mismo pequeño lugar quedaron dos bebés que sobrevivieron a este criminal ataque al inicio de este 2014 en Morelos. No merecieron siquiera unas palabras en el Foro Internacional de Víctimas que organizó el gobierno de la muy vieja visión. Dos mujeres más fueron localizadas sin vida en Ocuituco, en una oficina de la Ayudantía Municipal, y en Jiutepec, dentro de su domicilio. 4 hechos que se suman a la violencia feminicida en dos días, son demasiados en Morelos, por lo que no podemos dejar de denunciar esta violencia institucional que ni aplica las medidas emergentes ni mucho menos acepta la necesidad de la Alerta de Violencia de Género. Hemos documentado exhaustivamente el feminicidio durante años y exigido que se tomen las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No bajamos la exigencia y proponemos al conjunto de la sociedad no bajar la guardia, y denunciar esta violencia institucional que pretende seguir culpando a las mujeres de ser las responsables de su propia muerte, cuando se les exhibe o trata de justificar que si las mataron “fue por algo”, en lugar de investigar y sancionar a los culpables. Y estos hechos ocurrieron precisamente el día en que arribaba a Morelos todo el equipo policiaco ex profesamente traído desde Tijuana para sustituir mandos en la Secretaría de Seguridad Pública. Allá en el norte se precian de haber disminuido las delitos de secuestro y extorsión, que son la preocupación principal de un sector  empresarial que ha exigido la implementación de políticas de mano dura militarizadas, a cambio de generalizar las violaciones a los derechos humanos de opositores, críticos, periodistas, ecologistas y migrantes. El gobierno de Morelos ha dado el beneplácito a las peores políticas de seguridad, como las diseñadas por el General Naranjo en Colombia, asesor de Peña Nieto, donde las consecuencias han sido desastrosas para la sociedad, por lo que no es ajena la orientación que ha seguido Capella y que pretende llevar a cabo al frente de la SSP una vez que cambien la ley y le hagan un traje a la medida, como acostumbra cualquier gobierno autoritario, que si la ley  prohíbe hacer algo la aplica con toda la fuerza a los demás y la cambia a su modo cuando así le conviene, como ya lo han anunciado que harán en el Congreso del Estado. Este es el pésimo mensaje que recibimos al inicio del año, aunado al hecho de que voces otrora críticas se sumen al “beneficio de la duda” a estos funcionarios que también se presentaron en su momento como surgidos de la sociedad civil y hasta “apolíticos” que cuando ocupan cargos aplican todo lo contrario de lo que la sociedad requiere. Hemos documentado y denunciado la criminalización de la protesta social, la imposición antidemocrática de las reformas laboral, educativa y energética, que contravienen lo establecido en la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ese doble discurso y esa nefasta práctica de borrar con una mano lo que se firma con la otra, es lo que mantiene en la crisis de credibilidad las instituciones, en Morelos y en todo el país. Por eso crece la protesta y la inconformidad social ante los abusos del poder y de las políticas represivas, neoliberales y privatizadoras que están en la base de la injusticia social. Lejos de una visión acorde a los designios del poder,  partimos del reconocimiento de que los derechos se conquistan mediante la lucha, porque a cada paso que se da para lograr un reconocimiento de los mismos enfrentamos nuevos ataques de las clases dominantes en el sistema capitalista que tratan de echar abajo esas conquistas. El supuesto de la universalidad, integralidad, interdependencia y complementariedad de los derechos humanos, es algo que no está dado por ninguno de los gobiernos como una concesión, sino producto de movilizaciones sociales, levantamientos, rebeliones, revueltas, revoluciones, donde los pueblos asumen la construcción de su propio destino. Defendemos derechos humanos por convicción, no por conveniencia, en ese sentido no prestarse a los designios del poder, ni al mejor postor, porque la historia política personal se construye día a día y la lucha implica compromiso individual y conciencia colectiva, asumir a fondo un proyecto de vida, ni enajenado ni integrado, congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Por ello rechazamos tanta violencia cotidiana, que no puede ser sino estructural, por lo que ninguna medida superficial podrá erradicarla. 

 

Libertad de expresión bajo ataque en Morelos.

 

Somos un pueblo que nace como el sol de cada día, que lucha, resiste, ama, baila y canta, por los techos, calles, caminos de la vida. Por ello, nos formulamos algunas preguntas: ¿Con quién se desarrolla una estrategia de seguridad en Morelos? ¿Con los mismos que han fallado en todo? ¿Con los dueños del dinero y del poder? ¿A ellos les dan el “beneficio de la duda”? ¿Qué les decimos a las víctimas de feminicidio, tortura, desaparición, violación?  ¿Que esperen a detener otros 22 chivos expiatorios en los casos más conocidos y cero en los que siguen invisibilizados? ¿Que primero están otros delitos que sí son interés del gobierno?  ¿Que pasen a la ventanilla de enfrente? Muchas preguntas y pocas, muy pocas respuestas que de ninguna manera pueden caber en un estado policiaco y militarizado. No, cuando en el reporte sobre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2013, la mayoría están en América, especialmente en territorio latinoamericano. San Pedro Sula, en Honduras, encabeza la lista. Las ciudades mexicanas que se encuentran en la lista son: Acapulco, Culiacán, Torreón, Chihuahua, Victoria, Nuevo Laredo, Juárez, Cuernavaca y Tijuana. Para bajar los índices delictivos, el nuevo responsable de la seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, ya tiene un plan: esconder la realidad delictiva con la ayuda de líderes empresariales que exigirán a las empresas de comunicación esconder lo malo y difundir sólo lo que el gobierno considera bueno.  La sociedad y los empresarios deben darle un trato de héroe al policía, sólo así vamos a estar del otro lado, dijo Capella, quien además aseguró que los policías no están dignificados por la sociedad, que debería aplaudirles, tomarlos como ejemplo, por ser una profesión respetable. Censura se llama la “nueva narrativa” en los medios, que tienen el ejemplo en lo peor del periodismo que niega la libertad de expresión, cuando se despide a reporteras que se atreven a publicar notas distintas a la versión oficial, y en menos de un año quitó el carácter público al sistema morelense de radio y televisión para transformarlo en vocero oficial.  En realidad, no quieren dejar de publicar la violencia que vende, sino ocultar la protesta social, la crítica, la lucha del pueblo. Las personas y grupos, gobiernos, se ganan el lugar y el prestigio que cultivan con su trabajo, no con discursos vanos. La objetividad ante todo, como la verdad, nos hará libres, no la mentira ni el ocultamiento de lo que en realidad sucede. Y menos con amenazas a periodistas, como la ocurrida en contra del conductor y director de noticias del espacio informativo Zona Centro, Geovanni Barrios, amenazado de muerte por Israel Camacho Huerta, quien era mano derecha del ahora ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de la “Nueva Visión”, David Gómez Basilio, por lo que interpuso denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y ante la Procuraduría General de la República (PGR). El 16 de enero, Geovanni, casi enfrente de la Procuraduría General de Justicia, fue abordado por Israel Camacho Huerta, quien dijo al periodista que los planteamientos hechos en su medio de comunicación no eran verídicos, a lo que el reportero respondió que si gustaba hacer las aclaraciones lo hiciera ante los mismos micrófonos en los cuales se ha dado a conocer los detalles de irregulares que Camacho Huerta y el funcionario estatal hicieron para regularizar unidades del servicio público sin itinerario fijo. Este funcionario arremetió verbalmente en contra del periodista diciéndole que se cuidara, a pregunta expresa del comunicador  si se trataba de una amenaza, el aún funcionario dijo una vez que saliera de su cargo se encargaría de él y procedió a irse del lugar. Barrios responsabilizó a este funcionario gubernamental de cualquier situación que pueda sucederle a él, a su familia o algún miembro de la empresa para la que trabaja. “Hago un llamado para que las autoridades tomen en cuenta lo difícil que se ha vuelto esta profesión de ser reportero, periodista, en la vida pensé traer seguridad y lo tengo que hacer porque es una amenaza y advertencia, ojalá y las autoridades hagan algo y se tomen cartas en el asunto”,  subrayó. Ante ello, un grupo de reporteros y reporteras firmaron un pronunciamiento, que asumimos también, donde  reprueban de manera categórica la amenaza de muerte en contra de nuestro compañero, Geovanni Barrios, a quien expresaron total apoyo y solidaridad.  La amenaza en contra de Geovanni fue derivado de su labor periodística ya que dio a conocer probables actos de corrupción en el manejo de las concesiones del servicio de transporte público que otorga el gobierno del estado a particulares. Exigimos al gobierno de Morelos garantice a los representantes de los medio de comunicación el ejercicio de la libertad de expresión consagrada en el artículo 7 de la Constitución mexicana y del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el cumplimiento del derecho a la información dispuesta en el artículo 6 de la Carta Magna. Asimismo, exigimos al gobernador Graco Ramírez ordene a todos los funcionarios que laboran en el poder Ejecutivo y que dependen de éste, que respeten estos derechos humanos y, en caso de que sean violados, se aplique el peso de la ley administrativa y penal en contra de los servidores públicos. No lograrán acallar la verdad con ocultarla, no lograrán impedir la libertad de expresión si la defendemos en la práctica.

 

Por ello, nuestro mensaje es: tener conciencia del peligro, para actuar colectivamente y lograr que 2014 sea un año distinto, con la alegría y la solidaridad que nos permita vivir con la dignidad que todas y todos merecemos. Salvarse en medio de la tempestad resulta más fácil si se responde organizadamente que cuando se actúa en forma desesperada individualmente. Pero no siempre se reacciona colectivamente de manera espontánea, cuando la ideología dominante es el individualismo y el egoísmo fríamente basado en la mercantilización y/o cosificación de las relaciones humanas. Continuar el trabajo por crear una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos en 2014 es mucho más que palabras, es compromiso cotidiano, y en ese camino esperamos encontrarnos siempre con el apoyo y la solidaridad  de Amnistía Internacional que hemos recibido en estos años.

 

 

Atentamente.

 

Juliana G. Quintanilla

Coordinadora General de la

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

 

José Martínez Cruz, Coordinador de Comunicación.

 

Marco Aurelio Palma Apodaca, coordinador Jurídico.

 

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de Archivo y Estadística.

 

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Foro Alterno de derechos humanos en Morelos.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

En Morelos la lucha por los derechos humanos tiene historia. Hace 25 años se formó la Comisión Independiente de Derechos Humanos luego de la represión del gobierno salinista que llevó a la desaparición de José Ramón García Gómez y a la masacre de indígenas en Xoxocotla, así como la violación de la compañera Jean McGuill representante del PRT ante el Instituto Electoral. Previamente había funcionado el Frente Pro Derechos Humanos desde 1977 a 1987. Crear una cultura de respeto a los derechos humanos implica la capacidad de indignación frente a los abusos de poder y a impulsar la conciencia organizada para hacer frente a ello. Por eso, rechazamos la violación sistemática de los derechos humanos que cometen los gobiernos de Morelos, antes del PRI, del PAN y ahora del PRD. No bastan los discursos ni los eventos para el lucimiento de los gobernantes ante invitados internacionales, cuando los excluidos de siempre sufren el embate de la delincuencia, de la violencia y la impunidad, que termina con la vida, la seguridad y la libertad de mujeres y hombres en el estado de Morelos.

Por ello, para dar inicio a una serie de actividades por el 25 aniversario de la CIDHM, estamos convocando a la realización de este Foro Alterno de Derechos Humanos,  para denunciar esta grave situación que prevalece en Morelos y conjuntar esfuerzos de manera independiente a las imposiciones que el gobierno lleva a cabo, encubriendo las violaciones a los derechos humanos con una retórica vacía de contenido.

Hacemos una atenta invitación a todas las organizaciones y personas que se mantienen en la lucha por construir una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos. Este foro alterno de derechos humanos en Morelos abordará diversos temas con integrantes de organizaciones y movimientos que se mantienen luchando de manera autónoma e independiente del poder, que por ello han sufrido hostigamiento, persecuciones, amenazas e intimidaciones, por lo que consideramos fundamental la denuncia y la prevención, pero sobre todo conseguir una vinculación entre la participación ciudadana y los derechos humanos. Este Foro se llevará a cabo el lunes 24 de febrero de 2014 en el zócalo de Cuernavaca, Morelos, de las 10:00 a las 12:30 horas.

Las 76 organizaciones que integramos esta REDTDT en 22 estados del paìs “expresamos nuestra preocupación por la situación de deterioro de derechos humanos y violencia que continua documentándose en el estado de Morelos. Este deterioro se ha hecho evidente en el incremento de los índices de violencia que vive el estado así como las graves violaciones a las que se expone la población morelense.

Hoy expresamos nuestra  preocupación porque esta violencia se pretende abordar con políticas de seguridad que con anterioridad han tenido consecuencias desastrosas para la sociedad. Ante lo anteriormente expresado exigimos al gobierno estatal poner fin a la impunidad que rodea todas las violaciones a los derechos humanos, impulsar acciones que aborden de manera integral las problemáticas anteriormente expuestas, así como a implementar acciones preventivas que permitan que la sociedad morelense pueda restituir la paz y con ello el derecho a una vida digna.“

Este documento lo daremos a conocer integro por parte del equipo de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, quienes formamos parte de esta red desde su origen. También hemos invitado a compañeras y compañeros de diversos sectores para abordar temas como los derechos humanos de las mujeres, sobre todo la justicia que queremos para las mujeres en el estado de Morelos, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), la sociedad civil organizada frente a los megaproyectos y la violencia institucional así como los derechos civiles, políticos y la seguridad ciudadana, de tal manera que concluyamos con las alternativas ciudadanas frente a la crisis política institucional. “Un minuto por los derechos humanos” será un espacio abierto a la participación de todas las personas que deseen expresar unas palabras durante este foro, para denunciar las violaciones a los derechos humanos que han sufrido a manos de las diversas autoridades.

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FORO ALTERNO DE DERECHOS HUMANOS EN MORELOS.

 

“LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LOS DERECHOS HUMANOS” 

 24 de febrero 2014, 10 am, zócalo de Cuernavaca.

En Morelos la lucha por los derechos humanos tiene historia. Hace 25 años se formó la Comisión Independiente de Derechos Humanos luego de la represión del gobierno salinista que llevó a la desaparición de José Ramón García Gómez y a la masacre de indígenas en Xoxocotla, así como la violación de la compañera Jean McGuill representante del PRT ante el Instituto Electoral. Previamente había funcionado el Frente Pro Derechos Humanos desde 1977 a 1987. Crear una cultura de respeto a los derechos humanos implica la capacidad de indignación frente a los abusos de poder y a la conciencia organizada para hacer frente a ello. Por eso, rechazamos la violación sistemática de los derechos humanos que cometen los gobiernos de Morelos, antes del PRI, del PAN y ahora del PRD. No bastan los discursos ni los eventos para el lucimiento de los gobernantes ante invitados internacionales, cuando los excluidos de siempre sufren el embate de la delincuencia, de la violencia y la impunidad, que termina con la vida, la seguridad y la libertad de mujeres y hombres en el estado de Morelos.
Por ello, para dar inicio a una serie de actividades por el 25 aniversario de la CIDHM, estamos convocando a la realización de este Foro Alterno de Derechos Humanos, para denunciar esta grave situación que prevalece en Morelos y conjuntar esfuerzos de manera independiente a las imposiciones que el gobierno lleva a cabo, encubriendo las violaciones a los derechos humanos con una retórica vacía de contenido.
Hacemos una atenta invitación a todas las organizaciones y personas que se mantienen en la lucha por construir una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos.

LA COMISIÓN INDEPENDIENTE DE DERECHOS HUMANOS DE MORELOS A.C. PARA INICIAR LOS FESTEJOS DE SU 25 ANIVERSARIO TE INVITA AL: 
FORO ALTERNO DE DERECHOS HUMANOS EN MORELOS.
“LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LOS DERECHOS HUMANOS” 
FECHA: LUNES 24 DE FEBRERO 2014
LUGAR: ZOCALO DE CUERNAVACA, MORELOS
HORA: 10:00 – 12:30 

PRESENTACIÓN DEL FORO (10:00 AM)
LECTURA DEL COMUNICADO DE LA RED NACIONAL DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS, EQUIPO DE LA CIDHMOR.

MESA 1: DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES
“LA JUSTICIA QUE QUEREMOS PARA LAS MUJERES
EN EL ESTADO DE MORELOS”
COORDINA: JULIANA G. QUINTANILLA, CIDHMOR

CONFERENCIA MAGISTRAL: SYLVIA MARCOS.
CONFERENCISTAS INVITADAS:
-ROSA MARIA PINTOS, UAEM
-VIOLETA LOPEZ, SME
-ADELAIDA PEÑA GONZÁLEZ ARTESANA MAZAHUA.

MESA 2: DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES (DESCA)
“LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA FRENTE A LOS MEGAPROYECTOS Y LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL”
COORDINA: MARCO AURELIO PALMA APODACA, CIDHMOR

CONFERENCIA MAGISTRAL: LILIAN GONZALEZ, ACADEMICA
CONFERENCISTAS INVITADAS/OS:
MARCO ANTONIO GARCÍA, SME
MOVIMIENTO 17 DE MAYO DEL MERCADO ALM
FRENTE EN DEFENSA DE TEPOZTLAN
MARIA TERESA VEGA, SINDICATO DE TELEFONISTAS
ANA BERTHA JIMENEZ, SINDICATO DE LA UNAM
MOVIMIENTO EN DEFENSA DE HUEXCA 

MESA 3: DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS Y SEGURIDAD CIUDADANA
“ALTERNATIVAS CIUDADANAS FRENTE A LA CRISIS POLÍTICA INSTITUCIONAL”
COORDINA: JOSÉ MARTÍNEZ CRUZ, CIDHMOR

CONFERENCIA MAGISTRAL: ALFONSO LEIJA SALAS,
Servicio comunitario LGTBI
OPT MORELOS
YAUTEPEC ES JUVENTUD.

MESA 4: UN MINUTO POR LOS DERECHOS HUMANOS
PARTICIPACION ABIERTA PARA QUE TODAS LAS PERSONAS QUE ASÍ LO DESEEN PUEDAN HACER UNA INTERVENCIÓN

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