Venimos a contradecir: Crisis de derechos humanos en Morelos.

 

 

En Morelos se violan sistemáticamente los derechos humanos bajo el gobierno de Graco Ramírez.

Vigilar y castigar es la función que asumen los Estados represivos que dejan a un lado su responsabilidad social. Es la doctrina neoliberal y privatizadora, donde impera la impunidad y los métodos autoritarios. La venganza cobra carta de naturalización y se generaliza la violencia institucional. Salen a la palestra las peores justificaciones para aplicar toda suerte de penas crueles, inhumanas, degradantes de la condición humana. La justicia se transforma en una quimera. Una sociedad en crisis favorece la descomposición de las relaciones humanas y prevalecen los intereses económicos y políticos.

 

La violencia feminicida en Morelos crece, por lo que no podemos dejar de denunciar esta violencia institucional que ni aplica las medidas emergentes solicitadas por el Instituto Nacional de las mujeres, ni mucho menos acepta la necesidad de la Alerta de Violencia de Género. Hemos documentado exhaustivamente el feminicidio durante 13 años y exigido que se tomen las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. La violencia institucional pretende seguir culpando a las mujeres de ser las responsables de su propia muerte, en lugar de investigar y sancionar a los culpables. Hoy más que nunca es necesario denunciar  los feminicidios y fortalecer la lucha por la alerta de violencia de género (8 feminicidios en lo que va de enero de 2014).

 

 El gobierno de Morelos ha dado el beneplácito a las peores políticas de seguridad, como las diseñadas por el General Naranjo en Colombia, ex asesor de Peña Nieto, donde las consecuencias han sido desastrosas para la sociedad, por lo que no es ajena la orientación policiaco-militar que ha seguido Capella y que pretende llevar a cabo al frente de la SSP. Hemos documentado y denunciado la criminalización de la protesta social.

 

Las cárceles son la expresión concentrada de la fuerza del aparato del Estado, donde finalmente esas contradicciones estallan: violencia, degradación de la condición humana, narcotráfico, hacinamiento, tráfico de influencias, fugas cuidadosamente anunciadas y ejecutadas ante el mayor despliegue policíaco y militar. Lo que está en el fondo es el objetivo de privatizar las prisiones. Ya en Morelos las trasnacionales empezaron a construir la cárcel en Coatlán del Río. La mano de obra de los presos, casi esclavizada, es un apetitoso objetivo.  

Morelos es considerado como uno de los estados que ya opera bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio y que cuenta con instrumentos de justicia alternativa que permitirían la  persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo se sigue dictando la prisión preventiva de manera oficiosa, lo cual viola el principio de presunción de inocencia. 

Si no hay vida digna no hay respeto a los derechos humanos. Ni las becas-salario, ni los apoyo a madres solteras son soluciones de fondo, cuando se mantienen diferencias abismales entre los ingresos de quienes trabajan y los dueños de los medios de producción. Las becas salario ni son becas para dedicarse plenamente al estudio, ni representan un verdadero salario, ya que no alcanzan ni el 50% de un salario mínimo. ¡Este no puede ser el gran cambio paradigmático que se nos quiere vender como ejemplo de apoyo a los derechos de las y los jóvenes!  

La visión empresarial del gobierno que presume de nueva visión, ha tenido una confrontación constante con los pueblos por los megaproyectos que favorecen a las trasnacionales como la termoeléctrica en Huexca, el gasoducto con Puebla y Tlaxcala, el acueducto que lesiona el derecho al agua en Cuautla y Ayala, la ampliación de la autopista Tepoztlán-La Pera. Los métodos autoritarios y represivos de un gobierno intolerante han significado una confrontación constante con los pueblos y comunidades que resisten frente a estos megaproyectos. Las detenciones arbitrarias y la criminalización de los movimientos sociales independientes han sido la constante, llegando inclusive al uso de la tortura en contra de activistas y luchadores sociales, así como el uso constante de las fuerzas policiacas para reprimir a quienes luchan, llegando inclusive a obtener amparos (Tepoztlán y Ayala) para detener las obras que causan un fuerte impacto de daño ambiental y social. El gran logro que presume el gobierno muestra precisamente las debilidades y contradicciones en las que se mueve mediante un discurso que no implica transformaciones de fondo. En este sentido, si bien es cierto se ha frenado parcialmente la destrucción del cerro El Jumil por parte de la empresa Esperanza Silver, las concesiones mineras en la mayor parte del estado se mantienen intactas. Y son un riesgo latente. En el caso del Texcal se ha mostrado que este gobierno ha sido incapaz de preservar un área de reserva ecológica sin utilizar medidas represivas.    

Muchas preguntas y pocas, muy pocas respuestas que de ninguna manera pueden caber en un estado policiaco y militarizado. No, cuando en el reporte sobre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2013, la mayoría están en territorio latinoamericano. San Pedro Sula, en Honduras, encabeza la lista. Las ciudades mexicanas que se encuentran en la lista son: Acapulco, Culiacán, Torreón, Chihuahua, Victoria, Nuevo Laredo, Juárez, Cuernavaca y Tijuana. Para bajar los índices delictivos, el nuevo responsable de la seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, ya tiene un plan: esconder la realidad delictiva con la ayuda de líderes empresariales que exigirán a las empresas de comunicación esconder lo malo y difundir sólo lo que el gobierno considera bueno. Y menos con amenazas a periodistas, como la ocurrida en contra de Geovanni Barrios de Zona Centro, amenazado de muerte por Israel Camacho Huerta, asesor del ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de la “Nueva Visión”, así como los ataques a la libertad de expresión mediante la censura encubierta o abierta con el despido de periodistas y la eliminación del carácter público del sistema morelense de radio y televisión para únicamente ser vocero oficial.

Los derechos se conquistan mediante la lucha: la universalidad, integralidad, interdependencia y complementariedad de los derechos humanos, es algo que no está dado por ninguno de los gobiernos como una concesión, sino producto de movilizaciones sociales, y participación consciente y organizada de la sociedad, donde los pueblos asumen la construcción de su propio destino. Defendemos derechos humanos por convicción, no por conveniencia.  Hoy más que nunca se requiere que una sociedad de derechos se garantice en la práctica, sin omisión ni discursos que no corresponden a la realidad.

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