Carta al Secretario general de Amnistía Internacional

C. Salil Shetty

Secretario general de Amnistía Internacional.

Nos dirigimos a usted para hacer de su conocimiento la grave y persistente violación a los derechos humanos en el Estado de Morelos, México, y para agradecer las campañas de solidaridad que el prestigiado organismo internacional que usted preside ha llevado a cabo para llamar la atención de la opinión pública mundial sobre los casos que hemos hecho del conocimiento del Equipo para México con sede en las oficinas de Amnistía en Londres, que coordina Rupert Knox, a quien también reconocemos su labor solidaria y fraterna.

 

Defensoras y feminicidio.

 

En Morelos vivimos en peligro constante y no resulta fácil. Cada año de los últimos lo ha sido. Y cada vez peor y cada vez más difícil. Sobre todo cuando es la vida de las personas la que está en riesgo latente. Más allá de cualquier apreciación subjetiva, vale la pena indicar cuáles han sido las tendencias y grados de complejidad en que nos hemos visto envueltos como sociedad. Por ejemplo, las tendencias autoritarias y represivas no han impedido que la impunidad siente sus reales por todos los ámbitos de la sociedad. Como respuesta política ha sido un rotundo fracaso. 

 

Es el caso del feminicidio que en 2013 se mantiene en los más altos niveles de los últimos años y no se detiene. Es obvio que no puede ser un caso aislado, cuando precisamente se establecen causas comunes que indican similitudes que permitieron en su momento tipificarlo penalmente. Hoy no es suficiente. Mucho menos si el gobierno mantiene la cerrazón y la política de oídos sordos. 52 feminicidios de enero a octubre son demasiados, cuando ni uno solo debería ocurrir, si se aplica la Alerta de Violencia de Género. Las palabras no alcanzan a dar una noción de todo el dolor que ello representa. O tal vez sí, pero mediante una cantidad cada vez mayor de sinónimos del dolor. La muerte en su extrema violencia se ha repetido pero expresándose en múltiples formas, lo que va indicando el grado de crisis a que se conduce a una sociedad que se le van inyectando drogas para adormecer, tanto sentimientos como posibles respuestas solidarias. 

 

Y es aquí donde retomamos el papel y la lucha de las defensoras de derechos humanos. Toda la sociedad debe involucrarse en el reconocimiento del aporte de las defensoras de derechos humanos para la superación de la injusticia, la desigualdad y la discriminación de nuestros pueblos. Los Estados deben asegurar acciones que combatan el desprestigio y descrédito de la labor de las defensoras, iniciando con sancionar de forma clara a las propias autoridades que promuevan la hostilidad y la estigmatización de las defensoras. Las organizaciones sociales y civiles deben poner de relieve el aporte y trabajo de las defensoras. Los mecanismos de protección deben mantener un diálogo en condiciones adecuadas con las defensoras y periodistas en riesgo para definir, junto con ellas, medidas integrales de protección que favorezcan su empoderamiento y no inhiban su trabajo en favor de los derechos humanos, así como asegurarse de que la investigación y sanción a los responsables de los ataques contra defensoras sea una prioridad. Las organizaciones y movimientos sociales debemos hacer una revisión crítica de nuestros modelos de activismo y prácticas políticas internas para evitar que estas reproduzcan discriminación, riesgo, violencia, opresión o daño a la salud de las defensoras. Por otro lado, es necesario revisar de manera colectiva el impacto de adoptar proyectos y estrategias de protección en el trabajo de defensa y promoción de los derechos humanos con el objetivo de construir y fortalecer pactos y estrategias que nos permitan favorecer la protección de los y las defensoras y, a la vez, mantener y ampliar nuestras luchas. 

 

Estos son dos temas que no pueden separarse. Cuando decimos que el feminicidio tiene causas estructurales, significa que quienes defienden a las mujeres para que no sufran esta clase de violencia, de alguna manera también están en riesgo. Esta situación no debemos permitir que se extienda durante 2014 como ocurrió durante este año que se va. Tan solo en Guerrero, al sur de Morelos, el recuento es dramático: no hay garantías para que las y los defensores continúen su labor en el estado. Ejemplo de ello el caso de Nestora Salgado, la desaparición forzada de Eva Alarcón desde el 7 diciembre de 2011, Fabiola Osorio Bernáldez, integrante de la organización ecologista Guerreros Verdes, ocurrido el 31 de junio de 2012; Juventina Villa Mojica, ocurrido el 28 de noviembre de 2012 en la comunidad La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán; de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), quien fue asesinada el 19 de octubre de 2013, en el municipio de Atoyac de Álvarez; y más recientemente, de Ana Lilia Gatica Rómula el pasado 10 de noviembre de 2013, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG).

 

La lógica del capital contra los pueblos.

 

En Morelos este 2013 ha sido de confrontación entre la lógica del capital y los derechos de los pueblos. El paradigma de desarrollo capitalista fundado en la explotación irracional de los recursos naturales parte de la falsa idea de que estos son inagotables, de ahí que el capitalismo extractivista se finque en obtener la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Las consecuencias han sido verdaderamente devastadoras en cualquier lugar del planeta. Morelos no es la excepción. 

 

El gran evento patrocinado por el gobierno y las empresas del capitalismo verde (green solutions) dejó muy en claro que el objetivo fundamental es promover los negocios para las empresas que dicen respetar el medio ambiente, pero no respetar verdaderamente los derechos colectivos de los pueblos. Muy lejos de llevar a cabo una política integral que respete los derechos de la población y garantice niveles dignos de vida, el gobierno morelense ha asumido todas y cada una de las políticas diseñadas por las grandes corporaciones trasnacionales a las que responden las directrices del gobierno federal. 

 

El gran logro que presume el gobierno muestra precisamente las debilidades y contradicciones en las que se mueve mediante un discurso que no implica transformaciones de fondo. En este sentido, si bien es cierto se ha frenado parcialmente la destrucción del cerro El Jumil por parte de la empresa Esperanza Silver, las concesiones mineras en la mayor parte del estado se mantienen intactas. Y son un riesgo latente. En el caso del Texcal se ha mostrado que este gobierno ha sido incapaz de preservar un área de reserva ecológica sin utilizar medidas represivas.  

 

Pero en realidad la visión empresarial del gobierno que presume de nueva visión, ha tenido una confrontación constante con los pueblos por los megaproyectos que favorecen a las trasnacionales como la termoeléctrica en Huexca, el gasoducto con Puebla y Tlaxcala, el acueducto que lesiona el derecho al agua en Cuautla y Ayala, la ampliación de la autopista Tepoztlán-La Pera. Los métodos autoritarios y represivos de un gobierno intolerante han significado una confrontación constante con los pueblos y comunidades que resisten frente a estos megaproyectos. Las detenciones arbitrarias y la criminalización de los movimientos sociales independientes han sido la constante, llegando inclusive al uso de la tortura en contra de activistas y luchadores sociales, así como el uso constante de las fuerzas policiacas para reprimir a quienes luchan.

 

Los pueblos han recurrido a la movilización y la protesta social, política y jurídica, demostrando que no se ha cumplido el derecho a la consulta previa y suficientemente informada, razón por la que se ha incrementado la inconformidad social y la organización de colectivos, coordinaciones y frentes de lucha, llegando inclusive a obtener amparos (Tepoztlán y Ayala) para detener las obras que causan un fuerte impacto de daño ambiental y social. Estos logros han sido sobre todo en la toma de conciencia de la necesidad de luchar por un paradigma distinto de lo que significa el desarrollo, que de ninguna manera puede verse exclusivamente en indicadores económicos, sino sobre todo de justicia social y de inclusión en la toma de decisiones. Una sociedad de derechos debe partir precisamente del respeto absoluto a los derechos humanos!

 

En el seno del movimiento social existen diversas corrientes políticas que reivindican la necesidad de mantener la independencia frente al gobierno, de tal manera que se fortalezca una perspectiva de democracia participativa y no se siga concentrando el poder en la oligarquía y los representantes de la burocracia partidaria, lo que implica avanzar en el fortalecimiento de la conciencia organizada de la sociedad, donde los derechos van de la mano del pensamiento crítico y la práctica social colectiva, amplia, plural, incluyente, que abra nuevas perspectivas en la vida política en Morelos hacia 2014. Esa, en todo caso, es una apuesta a construir con la perseverancia y capacidad que a través de la historia ha demostrado tener el pueblo de Morelos.

 

Derechos económicos y sociales se violan en Morelos.

 

Si no hay vida digna no hay respeto a los derechos humanos. En 2013 en Morelos se vivió un retroceso en derechos económicos y sociales. Contrariamente a la imagen propagandizada por el gobierno de que se ha avanzado en una sociedad de derechos, vemos como se aplican las mismas recetas neoliberales y privatizadoras que a nivel nacional. Ni las becas-salario, ni los apoyo a madres solteras son soluciones de fondo, cuando se mantienen diferencias abismales entre los ingresos de quienes trabajan y los dueños de los medios de producción. El ridículo aumento de 3.9 por ciento al salario mínimo, empobrece la vida y la dignidad de las y los trabajadores mexicanos y sus familias. El nuevo monto de la minipercepción, que comenzará a regir desde el primero de enero de 2014, no resolverá los problemas y carencias de los más de 50 millones y medio de mexicanos que integran la población económicamente activa. Además, viola el derecho a un salario justo y suficiente, e incumple el mandato constitucional determinado en el artículo 123, fracción sexta de la Carta Magna, que refiere que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Es tiempo de utilizar nuevos mecanismos para determinar su incremento, unos basados en la redistribución y justicia social, que consideren tanto la productividad como el precio de la canasta básica, ya que las y los trabajadores vemos la caída de 35 por ciento del poder adquisitivo de sus remuneraciones de 1990 a la fecha. Las becas salario ni son becas para dedicarse plenamente al estudio, ni representan un verdadero salario, ya que no alcanzan ni el 50% de un salario mínimo. Este no puede ser el gran cambio paradigmático que se nos quiere vender como ejemplo de apoyo a los derechos de las y los jóvenes!

En Morelos existe una población de un millón 871 mil personas y oficialmente se reconoce la tasa de desempleo en el estado de un 3.9 por ciento, tomando en cuenta que el  43.9 %  (822,384) es económicamente activa (484,508 (58.9 %) hombres y 337,876  (41.1 %) mujeres). Este dato, sin embargo, no puede ocultar el hecho de que el nivel de explotación laboral sigue creciendo ante el empleo informal ahora legalizado por la reforma laboral. Si hay personas que siguen muriendo por desnutrición en el país, Morelos no es la excepción.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2000 y 2011, más de 102 mil 568 personas perdieron la vida por deficiencias nutricionales, un promedio de 8 mil 547 al año. Desde 2004, la desnutrición representa la decimotercera causa de muerte en México. Los más afectados, según el Inegi, son los adultos mayores y los niños: el 75 por ciento de las defunciones se concentra entre personas de 65 años y más, mientras que el 7 por ciento ocurre en menores de un año.

Son ellas las que mayormente están excluidas de la seguridad social y en particular de las pensiones, lo que recarga los trabajos de cuidado que realizan las mujeres en el hogar. El número de personas que están cubiertas con pensiones varía en función de su nivel de ingreso, escolaridad, grupos etarios y tipo de empleo. Este fenómeno se da en toda la región latinoamericana, incluyendo México. Es más que evidente que las mujeres presentan una pérdida de ingreso en la vejez, marcado por sus episodios de empleo, desempleo y subempleo. Afecta sus riesgos relacionados con enfermedad, necesidades de cuidado, determinan el bienestar presente y futuro, su calidad de vida. Los niveles de afiliación a sistemas de pensiones son indicadores de la informalidad en el mercado laboral y provocan mayor pobreza. Por lo que concierne al tipo de empleo y su calidad, son los y las trabajadoras de microempresas los más desprotegidos en toda la región, pero particularmente en México, sólo 9 de cada 100 tienen afiliación a pensión. Hay que recordar que en el país el volumen más alto de empleo se genera justo en las microempresas, mujeres sin afiliación a pensión. En toda la región persisten notables diferencias de afiliación a pensión según el tipo de empleo. Por ejemplo, esta es generalizada (88 de cada 100) en los y las empleadas en instituciones públicas. Sin duda, las que presentan los índices más altos de desprotección son las empleadas del hogar: 99 por ciento no tienen acceso a pensiones.

Estas duras condiciones de vida son las que marcaron este 2013 para la mayoría de la población, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para que 2014 pinte un escenario distinto en materia de vida digna y respeto a los derechos económicos y sociales.

 

Una vida que se va.

 

Casi al terminar el año 2013. Unos campesinos caminan por los campos de Huexca. A lo lejos se ven las torres casi concluidas de la termoeléctrica. Cómo ha cambiado el paisaje, se dicen. Antes destacaban las milpas amarillas recién cosechado el maíz. En la distancia el coloso de blanco con su hilillo de vapor de agua. Los campos de cultivo a punto de transformarse en planchas de cemento. Algo muere, lo piensan. Ven una bolsa de plástico negro al lado del camino de terracería. Descubren, con espanto, que se trata del cuerpo de una mujer. Tiemblan y sudan al darse cuenta del horror y quisieran no poder imaginar el sufrimiento que le causaron a quien en vida fue una joven mujer trabajadora. Avisan como pueden y llegan peritos forenses que perjuran posteriormente que ellos no dieron a conocer, ni mucho menos vender, las fotografías que al día siguiente publica de manera descarnada el diario oficioso de un gobierno que le paga a su dueño millones por publicidad oficial. 53 historias similares se presentaron a lo largo de 12 meses en caminos, pueblos, rancherías, colonias, hoteles, viviendas abandonadas y a orillas de las autopistas, así como en calles céntricas de ciudades que ven cómo crece el número de feminicidios en Morelos.

Una vida que perdura. Junto a sus dos pequeñas hijas, su joven madre celebra el fin de año en compañía de su familia, luego de regresar del trabajo. Las ocho cicatrices que tiene su piel casi no se notan. De acuerdo al médico legista una herida se practicó a centímetros de haber causado la muerte. Otro perito contratado por el agresor trató de demostrar que son heridas que tardan en sanar menos de 15 días. En primera instancia prevaleció el criterio del segundo y el perpetrador fue liberado. En el juicio de casación se obtuvo un fallo apegado al primer dictamen y lo sentenciaron a 6 años de prisión. Ella sobrevivió a un ataque feminicida. Y vive para contarlo para que se haga justicia y otras no lo sigan padeciendo.

Don Valentín sabe trabajar de todo. Plomería, electricidad, es lo que más hace. Tuvo que dejar sus clientes luego de que detuvieron a su hijo. El estigma golpea. Una noche su hijo fue detenido por un grupo de policías federales. Lo torturaron. Cuando narra lo que le hicieron no puede evitar la tristeza. Es el dolor que penetra en lo profundo del ser. Su hijo está en una cárcel federal. Sin estudios universitarios, ha tenido que leer lo que significa el Protocolo de Estambul y exigir que se aplique para determinar la tortura. Sabe que hay que seguir luchando. El y su esposa no bajan la guardia. Se trata de su hijo. También, de la justicia.

Joaquina camina de espaldas a la cámara de televisión, desde donde narra un compañero periodista lo ocurrido a Doña Petra, José y Angel. Ella sabe que se va un año más sin encontrar justicia. Voltea a ver de frente al entrevistador y dice: que no haya impunidad. Aprendió de su madre lo que es la lucha desde la sierra. Y cuando habla con el agente del Ministerio Público ya no suplica, exige. Es un derecho. Hay que pelear por ello. Así como la vida sigue, cuando con sus manos expertas levanta muros y pinta paredes.

Teresa vio el video donde sale una persona con una pistola en la mano luego de haberla disparado contra su hijo en un bar en pleno centro de la ciudad. No dudó en apuntar su exigencia de justicia. El fiscal la escuchó y ordenó un peritaje. Los jueces mostraron que había pruebas irrefutables. Y dictaron sentencia. Las lágrimas surcando las mejillas de ella, así como 25 años atrás, cuando el padre de su hijo fue detenido, torturado y asesinado por policías. La vida no es fácil, y menos cuando la historia trágica se repite, lo sabe Tere, por lo que está decidida a luchar para cambiar este mundo para que su nieto hoy huérfano viva una vida diferente.

Historias pequeñas, simples, sencillas, como las de muchas personas que llegan a la oficina de la Comisión Independiente de Derechos Humanos a lo largo de ya casi 25 años. Historias dolorosas, terribles, duras. No siempre se logra esclarecer ni resolver cada caso. No depende solo del esfuerzo, dedicación, tenacidad, voluntad. Se requiere sobre todo de conciencia organizada. Es a lo que apostamos en una perspectiva de lucha, por todas esas mujeres y hombres que exigen que se respeten sus derechos humanos que son de todas y de todos en un 2014 en el futuro inmediato.

 

Vigilar y castigar es la función que asumen los Estados represivos que dejan a un lado su responsabilidad social.

 

Es la doctrina neoliberal y privatizadora, donde impera la impunidad y los métodos autoritarios. La venganza cobra carta de naturalización y se generaliza la violencia institucional. Entre la confusión que socialmente se genera, salen a la palestra las peores justificaciones para aplicar toda suerte de penas crueles, inhumanas, degradantes de la condición humana. La justicia se transforma en una quimera.

Una sociedad en crisis favorece la descomposición de las relaciones humanas y prevalecen los intereses económicos y políticos del capital y la clase dominante, agudizando la lucha para aplastar y sojuzgar a los que menos tienen. La injusticia social y la explotación de la mayoría es la fuente de toda clase de contradicciones que se padece cotidianamente. La ideología dominante encubre, pero no elimina, esa realidad cruel y desgarradora.

En este sentido, las cárceles son la expresión concentrada de la fuerza del aparato del Estado, donde finalmente esas contradicciones estallan: violencia, degradación de la condición humana, narcotráfico, hacinamiento, tráfico de influencias, fugas cuidadosamente anunciadas y ejecutadas ante el mayor despliegue policíaco y militar, cadáveres con mensajes que la autoridad dice que va a investigar, dando acuse de recibo en lugar de un rechazo absoluto a los mismos. Todo ello tiene un tufillo a descompuesto. Lo que está en el fondo es el objetivo de privatizar las prisiones. Ya en Morelos las trasnacionales empezaron a construir la cárcel en Coatlán del Río. La mano de obra de los presos, casi esclavizada, es un apetitoso objetivo. Si, es importante investigar la fuga de 4 internos de Atlacholoaya, pero el problema de fondo es evitado por autoridades para apuntalar este proceso privatizador que está a la vista.

La pena de muerte no es la solución a la crisis del sistema penitenciario que no cumple sus funciones de readaptación ni de reinserción social. La alternativa es la utilización de penas alternativas de prisión. Y muchos sectores de la sociedad así lo entienden. Tenemos actualmente la protesta que ha generado amplia respuesta por la condena a muerte que tiene Edgard Tamayo programada la inyección letal para el 22 de enero. Esto es porque hay conciencia de que este tipo de sentencia es inhumana y brutal. Estados Unidos y China son los Estados donde más reos mueren ejecutados legalmente. En México es ilegal, ya que fue eliminada de la Constitución unos años atrás. Ningún juez puede aplicarla en nuestro país. Por eso, de la misma forma en que condenamos esta ejecución anunciada, denunciamos y nos oponemos a las decenas de miles de muertes que ocurren mediante ejecuciones extrajudiciales, cometidas por militares y policías o grupos para-militares aceptados o tolerados por el Estado y que nos presentan como si fueran producto de supuestos ajustes de cuentas entre bandas criminales. Y por si fuese poco este panorama, vemos como esta sociedad cada vez cree menos en sistemas de procuración y administración de justicia que genera más dudas que certezas. Esto ocurrió el día de 3 de enero del 2014, cuando el Juez consideró que la Procuraduría de Justicia del Estado no acreditó los hechos constitutivos de delito de violación tumultuaria y feminicidio, por los tres jóvenes acusados de drogar, violar y asesinar a una adolescente de 16 años, que fueron puestos en libertad porque un juez de Control y Constitucionalidad consideró en su resolución que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no acreditó el hecho delictivo, de hecho, el Código Penal del Estado de Morelos señala que comete el delito de violación el que sostiene relaciones sexuales con una menor de edad, sin importar que sea con el consentimiento de la víctima. La fiscal Perla Violeta Velázquez insistió que los tres detenidos, de acuerdo a las indagatorias, sí fueron ubicados en tiempo, lugar y circunstancias, y que el peritaje del médico legista demuestra que sí se cometió una doble violación tumultuaria, delito que es castigado hasta con 30 años de cárcel. Finalmente, el juez de Control y Constitucionalidad tomó la decisión de dejar en libertad a los tres hombres de los cargos que se le imputaban.

Todos estos temas están vinculados a esta crisis institucional que no permiten el respeto pleno a los derechos humanos de todas y todos y no permiten que finalmente la justicia se siente entre nosotras y nosotros.

 

Basta de Feminicidio y violencia institucional.

 

Ellas, eran dos mujeres que trabajaban vendiendo en los pasillos del mercado Adolfo López Mateos. Venían de Xoxocotla todos los días. Como muchas mujeres trabajadoras que laboran todo el día, desde muy temprano, y regresan tarde a sus domicilios. No volvieron. Una patada en la puerta y una ráfaga acabó con la vida de ellas y otros dos familiares. En el mismo pequeño lugar quedaron dos bebés que sobrevivieron a este criminal ataque al inicio de este 2014 en Morelos. No merecieron siquiera unas palabras en el Foro Internacional de Víctimas que organizó el gobierno de la muy vieja visión. Dos mujeres más fueron localizadas sin vida en Ocuituco, en una oficina de la Ayudantía Municipal, y en Jiutepec, dentro de su domicilio. 4 hechos que se suman a la violencia feminicida en dos días, son demasiados en Morelos, por lo que no podemos dejar de denunciar esta violencia institucional que ni aplica las medidas emergentes ni mucho menos acepta la necesidad de la Alerta de Violencia de Género. Hemos documentado exhaustivamente el feminicidio durante años y exigido que se tomen las medidas que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. No bajamos la exigencia y proponemos al conjunto de la sociedad no bajar la guardia, y denunciar esta violencia institucional que pretende seguir culpando a las mujeres de ser las responsables de su propia muerte, cuando se les exhibe o trata de justificar que si las mataron “fue por algo”, en lugar de investigar y sancionar a los culpables. Y estos hechos ocurrieron precisamente el día en que arribaba a Morelos todo el equipo policiaco ex profesamente traído desde Tijuana para sustituir mandos en la Secretaría de Seguridad Pública. Allá en el norte se precian de haber disminuido las delitos de secuestro y extorsión, que son la preocupación principal de un sector  empresarial que ha exigido la implementación de políticas de mano dura militarizadas, a cambio de generalizar las violaciones a los derechos humanos de opositores, críticos, periodistas, ecologistas y migrantes. El gobierno de Morelos ha dado el beneplácito a las peores políticas de seguridad, como las diseñadas por el General Naranjo en Colombia, asesor de Peña Nieto, donde las consecuencias han sido desastrosas para la sociedad, por lo que no es ajena la orientación que ha seguido Capella y que pretende llevar a cabo al frente de la SSP una vez que cambien la ley y le hagan un traje a la medida, como acostumbra cualquier gobierno autoritario, que si la ley  prohíbe hacer algo la aplica con toda la fuerza a los demás y la cambia a su modo cuando así le conviene, como ya lo han anunciado que harán en el Congreso del Estado. Este es el pésimo mensaje que recibimos al inicio del año, aunado al hecho de que voces otrora críticas se sumen al “beneficio de la duda” a estos funcionarios que también se presentaron en su momento como surgidos de la sociedad civil y hasta “apolíticos” que cuando ocupan cargos aplican todo lo contrario de lo que la sociedad requiere. Hemos documentado y denunciado la criminalización de la protesta social, la imposición antidemocrática de las reformas laboral, educativa y energética, que contravienen lo establecido en la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ese doble discurso y esa nefasta práctica de borrar con una mano lo que se firma con la otra, es lo que mantiene en la crisis de credibilidad las instituciones, en Morelos y en todo el país. Por eso crece la protesta y la inconformidad social ante los abusos del poder y de las políticas represivas, neoliberales y privatizadoras que están en la base de la injusticia social. Lejos de una visión acorde a los designios del poder,  partimos del reconocimiento de que los derechos se conquistan mediante la lucha, porque a cada paso que se da para lograr un reconocimiento de los mismos enfrentamos nuevos ataques de las clases dominantes en el sistema capitalista que tratan de echar abajo esas conquistas. El supuesto de la universalidad, integralidad, interdependencia y complementariedad de los derechos humanos, es algo que no está dado por ninguno de los gobiernos como una concesión, sino producto de movilizaciones sociales, levantamientos, rebeliones, revueltas, revoluciones, donde los pueblos asumen la construcción de su propio destino. Defendemos derechos humanos por convicción, no por conveniencia, en ese sentido no prestarse a los designios del poder, ni al mejor postor, porque la historia política personal se construye día a día y la lucha implica compromiso individual y conciencia colectiva, asumir a fondo un proyecto de vida, ni enajenado ni integrado, congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Por ello rechazamos tanta violencia cotidiana, que no puede ser sino estructural, por lo que ninguna medida superficial podrá erradicarla. 

 

Libertad de expresión bajo ataque en Morelos.

 

Somos un pueblo que nace como el sol de cada día, que lucha, resiste, ama, baila y canta, por los techos, calles, caminos de la vida. Por ello, nos formulamos algunas preguntas: ¿Con quién se desarrolla una estrategia de seguridad en Morelos? ¿Con los mismos que han fallado en todo? ¿Con los dueños del dinero y del poder? ¿A ellos les dan el “beneficio de la duda”? ¿Qué les decimos a las víctimas de feminicidio, tortura, desaparición, violación?  ¿Que esperen a detener otros 22 chivos expiatorios en los casos más conocidos y cero en los que siguen invisibilizados? ¿Que primero están otros delitos que sí son interés del gobierno?  ¿Que pasen a la ventanilla de enfrente? Muchas preguntas y pocas, muy pocas respuestas que de ninguna manera pueden caber en un estado policiaco y militarizado. No, cuando en el reporte sobre las 50 ciudades más violentas del mundo en 2013, la mayoría están en América, especialmente en territorio latinoamericano. San Pedro Sula, en Honduras, encabeza la lista. Las ciudades mexicanas que se encuentran en la lista son: Acapulco, Culiacán, Torreón, Chihuahua, Victoria, Nuevo Laredo, Juárez, Cuernavaca y Tijuana. Para bajar los índices delictivos, el nuevo responsable de la seguridad en Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, ya tiene un plan: esconder la realidad delictiva con la ayuda de líderes empresariales que exigirán a las empresas de comunicación esconder lo malo y difundir sólo lo que el gobierno considera bueno.  La sociedad y los empresarios deben darle un trato de héroe al policía, sólo así vamos a estar del otro lado, dijo Capella, quien además aseguró que los policías no están dignificados por la sociedad, que debería aplaudirles, tomarlos como ejemplo, por ser una profesión respetable. Censura se llama la “nueva narrativa” en los medios, que tienen el ejemplo en lo peor del periodismo que niega la libertad de expresión, cuando se despide a reporteras que se atreven a publicar notas distintas a la versión oficial, y en menos de un año quitó el carácter público al sistema morelense de radio y televisión para transformarlo en vocero oficial.  En realidad, no quieren dejar de publicar la violencia que vende, sino ocultar la protesta social, la crítica, la lucha del pueblo. Las personas y grupos, gobiernos, se ganan el lugar y el prestigio que cultivan con su trabajo, no con discursos vanos. La objetividad ante todo, como la verdad, nos hará libres, no la mentira ni el ocultamiento de lo que en realidad sucede. Y menos con amenazas a periodistas, como la ocurrida en contra del conductor y director de noticias del espacio informativo Zona Centro, Geovanni Barrios, amenazado de muerte por Israel Camacho Huerta, quien era mano derecha del ahora ex titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno de la “Nueva Visión”, David Gómez Basilio, por lo que interpuso denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y ante la Procuraduría General de la República (PGR). El 16 de enero, Geovanni, casi enfrente de la Procuraduría General de Justicia, fue abordado por Israel Camacho Huerta, quien dijo al periodista que los planteamientos hechos en su medio de comunicación no eran verídicos, a lo que el reportero respondió que si gustaba hacer las aclaraciones lo hiciera ante los mismos micrófonos en los cuales se ha dado a conocer los detalles de irregulares que Camacho Huerta y el funcionario estatal hicieron para regularizar unidades del servicio público sin itinerario fijo. Este funcionario arremetió verbalmente en contra del periodista diciéndole que se cuidara, a pregunta expresa del comunicador  si se trataba de una amenaza, el aún funcionario dijo una vez que saliera de su cargo se encargaría de él y procedió a irse del lugar. Barrios responsabilizó a este funcionario gubernamental de cualquier situación que pueda sucederle a él, a su familia o algún miembro de la empresa para la que trabaja. “Hago un llamado para que las autoridades tomen en cuenta lo difícil que se ha vuelto esta profesión de ser reportero, periodista, en la vida pensé traer seguridad y lo tengo que hacer porque es una amenaza y advertencia, ojalá y las autoridades hagan algo y se tomen cartas en el asunto”,  subrayó. Ante ello, un grupo de reporteros y reporteras firmaron un pronunciamiento, que asumimos también, donde  reprueban de manera categórica la amenaza de muerte en contra de nuestro compañero, Geovanni Barrios, a quien expresaron total apoyo y solidaridad.  La amenaza en contra de Geovanni fue derivado de su labor periodística ya que dio a conocer probables actos de corrupción en el manejo de las concesiones del servicio de transporte público que otorga el gobierno del estado a particulares. Exigimos al gobierno de Morelos garantice a los representantes de los medio de comunicación el ejercicio de la libertad de expresión consagrada en el artículo 7 de la Constitución mexicana y del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; así como el cumplimiento del derecho a la información dispuesta en el artículo 6 de la Carta Magna. Asimismo, exigimos al gobernador Graco Ramírez ordene a todos los funcionarios que laboran en el poder Ejecutivo y que dependen de éste, que respeten estos derechos humanos y, en caso de que sean violados, se aplique el peso de la ley administrativa y penal en contra de los servidores públicos. No lograrán acallar la verdad con ocultarla, no lograrán impedir la libertad de expresión si la defendemos en la práctica.

 

Por ello, nuestro mensaje es: tener conciencia del peligro, para actuar colectivamente y lograr que 2014 sea un año distinto, con la alegría y la solidaridad que nos permita vivir con la dignidad que todas y todos merecemos. Salvarse en medio de la tempestad resulta más fácil si se responde organizadamente que cuando se actúa en forma desesperada individualmente. Pero no siempre se reacciona colectivamente de manera espontánea, cuando la ideología dominante es el individualismo y el egoísmo fríamente basado en la mercantilización y/o cosificación de las relaciones humanas. Continuar el trabajo por crear una verdadera cultura de respeto a los derechos humanos en 2014 es mucho más que palabras, es compromiso cotidiano, y en ese camino esperamos encontrarnos siempre con el apoyo y la solidaridad  de Amnistía Internacional que hemos recibido en estos años.

 

 

Atentamente.

 

Juliana G. Quintanilla

Coordinadora General de la

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

 

José Martínez Cruz, Coordinador de Comunicación.

 

Marco Aurelio Palma Apodaca, coordinador Jurídico.

 

Paloma Estrada Muñoz, Coordinadora de Archivo y Estadística.

 

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s