Derechos humanos y participación ciudadana.

Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

Una sociedad de respeto a los derechos humanos significa el pleno reconocimiento  a la dignidad de todas las personas y no imposición autoritaria desde el poder. En Morelos hay una violación sistemática de los derechos.  Mientras el gobierno gasta recursos públicos en eventos de relumbrón internacional, trata de ocultar y minimizar la grave situación que se vive en la entidad. Por eso llevaremos a cabo un Foro Alterno sobre derechos humanos y participación ciudadana hoy, 24 de febrero en el zócalo de Cuernavaca.  La propaganda desplegada por el gobierno es contraria a su práctica de no dar respuesta a las demandas de la sociedad. ¿En verdad no se entiende lo que significa independencia?  Así parece. Por ello, las 72 organizaciones de derechos humanos con presencia en 20 estados de la república, han expresado su preocupación por lo que ocurre en Morelos, asentando con toda claridad que: Las organizaciones que integramos la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” expresamos nuestra preocupación por la situación de deterioro de derechos humanos y violencia que continua documentándose en el estado de Morelos. Este deterioro se ha hecho evidente en el incremento de los índices de violencia que vive el estado así como las graves violaciones a las que se expone la población morelense. Hoy expresamos nuestra preocupación porque esta violencia se pretende abordar con políticas de seguridad que con anterioridad han tenido consecuencias desastrosas para la sociedad. La orientación policiaco-militar que ha seguido el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Jesús Alberto Capella Ibarra, repercuten de manera fatal en la vida de la población morelense. En especial la denuncia del incremento en los feminicidios habla de una violencia institucional que se encuentra lejos de ser erradicada. La violencia contra las mujeres, así como la ausencia de acciones preventivas y de sanción de los perpetradores ha ocasionado incremento de feminicidios en 2014. Las cárceles ubicadas en el estado de Morelos, son la expresión concentrada de la fuerza institucional, donde finalmente esas contradicciones estallan: violencia, degradación de la condición humana, narcotráfico, hacinamiento, tráfico de influencias, fugas cuidadosamente anunciadas y ejecutadas ante el mayor despliegue policíaco y militar. Morelos es considerado como uno de los estados que opera bajo el nuevo Sistema Penal Acusatorio y que cuenta con instrumentos de justicia alternativa que permitirían la  persecución del delito con pleno respeto a los derechos humanos. Sin embargo se sigue dictando la prisión preventiva de manera oficiosa, lo cual viola el principio de presunción de inocencia. En el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos hay 1,975 personas procesadas por delitos del fuero común, 475 de ellas en prisión preventiva. En cuanto a las acusadas por delitos federales hay 556, de las cuales 304 tampoco han recibido sentencia. El gobierno del estado ha impulsado acciones que publicitan apoyos para las y los jóvenes a través de becas salario, y apoyos a madres solteras. Sin embargo, estas acciones no pueden considerarse soluciones a largo plazo a problemáticas estructurales, cuando se mantienen diferencias abismales entre los ingresos de quienes trabajan y los dueños de los medios de producción. Las becas salario ni son becas para dedicarse plenamente al estudio, ni representan un verdadero salario, ya que no alcanzan ni el 50% de un salario mínimo. ¡Este no puede ser el gran cambio paradigmático que se nos quiere vender como ejemplo de apoyo a los derechos de las y los jóvenes!  La visión empresarial del gobierno que presume de “nueva visión”, ha tenido una confrontación constante con las comunidades por los megaproyectos que favorecen a las trasnacionales como la termoeléctrica en Huexca, el gasoducto con Puebla y Tlaxcala, el acueducto que afecta el derecho al agua en Cuautla y Ayala, la ampliación de la autopista Tepoztlán-La Pera. Los métodos autoritarios y represivos de un gobierno intolerante han significado una confrontación con los pueblos y comunidades que resisten frente a estos megaproyectos. Las detenciones arbitrarias y la criminalización de los movimientos sociales independientes han sido una constante, llegando inclusive al uso de la tortura en contra de activistas y luchadores sociales, así como el uso de las fuerzas policiacas para reprimir a quienes luchan. Las amenazas a periodistas como la ocurrida en contra de Geovanni Barrios de Zona Centro y de mujeres reporteras de la zona sur que cubren noticias de Amacuzac y por ello fueron amenazadas por funcionarios públicos, hablan de la continua política de ataques a la libertad de expresión mediante la censura encubierta o abierta con el despido de periodistas.  Ante lo anteriormente expresado exigimos al gobierno estatal poner fin a la impunidad que rodea todas las violaciones a los derechos humanos, impulsar acciones que aborden de manera integral las problemáticas anteriormente expuestas, así como a implementar acciones preventivas que permitan que la sociedad morelense pueda restituir la paz y con ello el derecho a una vida digna.

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