Archivo mensual: marzo 2014

Basta ya de violencia e inseguridad.

Marco Aurelio Palma Apodaca, José Martínez Cruz

La clase trabajadora sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Las y los jóvenes en Morelos no tienen garantía de acceso a una educación y a un empleo que les permita vivir dignamente. Según cifras del INEGI, existen 35 mil desempleados en el Estado, principalmente en edades de 18 a 35 años. Por lo que se ocupa el lugar 24, ya que Morelos tiene una tasa de desempleo del 6.49% que representa un total de 183,235 personas. Jornadas de trabajo tan largas como cien años atrás y salarios de hambre que muestran cómo crece la esclavitud asalariada moderna. Carencia de prestaciones sociales como vacaciones, días de descanso, seguridad social, jubilaciones. En cambio, becas-salario menores a un salario mínimo que no alcanza ni para los transportes. Casi 40 mil solicitaron entrar a la Universidad y solo hubo 7 mil espacios. El resto, a buscar empleos mal pagados. El desempleo galopante. La miseria creciente. La violencia cada día peor. Casi 70% de las victimas carecía de educación más allá de la primaria o secundaria. Jóvenes que no tienen opción y son víctimas del sistema, ya sea que se incorporen a la delincuencia o sean discriminados por su forma de vestir o ahora inclusive de viajar en motocicleta. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de mujeres asesinadas respecto a los hombres es mayor que en otros países de latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de asesinatos de mujeres, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil. 
Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. Un orden social impuesto mediante el uso exclusivo de la fuerza deviene en un régimen contrario a un estado de derechos humanos para la población. Nos envían  mensajes cotidianos de que solo se impone la ley del más fuerte, del que posee los medios de producción, del que aumenta estratosféricamente sus ganancias mientras se anuncian nuevos efectos apocalípticos por una crisis capitalista que sólo termina afectando a la mayoría de la población. Aumentan las muertes violentas de jóvenes y crece el feminicidio. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las medidas de fuerza se imponen ante la ausencia de políticas integrales de respeto a los derechos humanos, porque hay simulación, complicidad, intolerancia y una impunidad a todas luces. Es claro que los tres niveles de gobierno son responsables de esta grave situación. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y Morales Barud, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar, por ello, lo haremos como ya es tradición de la clase trabajadora, el Primero de Mayo, como lo hemos hecho en la movilización constante. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.

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Reformas neoliberales, injusticia social.

José Martínez Cruz, Marco Aurelio Palma Apodaca

 El petróleo en manos del capital es como los veneros del diablo que terminan hundiendo en la miseria al pueblo y llenan de lujo y riqueza a las trasnacionales. La reforma energética sólo garantiza que casos de mega-corrupción como el de Oceanográfica se multipliquen hasta el infinito como ya lo vemos con el desmantelamiento de la CFE y el de Pemex.

Diversas organizaciones de la sociedad civil principalmente en Latinoamérica insistimos y Compartimos la idea de que toda víctima de violaciones a los Derechos Económicos Sociales y Culturales, tiene el derecho al resarcimiento adecuado, en la forma de restitución, compensación, rehabilitación o satisfacción o garantías de no repetición.

Recordemos que los derechos humanos, su reconocimiento formal, jurídico ha sido resultado de procesos históricos, principalmente producto de luchas sociales y movimientos reivindicatorios que han conseguido la codificación de diversos derechos humanos en instrumentos jurídicos nacionales, regionales e internacional.

En nuestro país se han hecho reformas estructurales que modifican el marco jurídico interno para generar condiciones más atractivas y favorables a la inversión privada nacional y extranjera, sobretodo en áreas estratégicas que en algún momento fueron protegidas por la legislación interna como actividades reservadas de manera exclusiva al Estado y/o nacionales de un país, y es el caso que con las contrarreformas impulsadas por el Ejecutivo Federal y recientemente aprobadas por los respectivos Congresos, se deja hoy el camino libre para favorecer al Capital nacional y principalmente extranjero.

El petróleo es del pueblo y no del gobierno, la reforma energética y todas las reformas neoliberales pro empresariales violan derechos colectivos. Estamos comprometidos a denunciar que desde el poder y con el apoyo cómplice de panistas y perredistas los priistas venden a las trasnacionales lo que le corresponde al pueblo, El modelo de desarrollo económico global que genera injusticia social y depredación del medio ambiente altera la vida y los derechos de la ciudadanía. La privatización está en marcha desde hace años. No basta ahora reducir todo a reformas secundarias o a oponerse a nuevas privatizaciones soportando las que ya impusieron. Si no hay vida digna no hay respeto a los derechos humanos. La defensa del petróleo y la energía para el pueblo y no para el capital es hoy la demanda de la clase trabajadora.

En Morelos se vivió un retroceso en derechos económicos y sociales. Contrariamente a la imagen propagandizada por el gobierno de que se ha avanzado en una sociedad de derechos, vemos como se aplican las mismas recetas neoliberales y privatizadoras que a nivel nacional.

Obviamente ninguno de los partidos en México, incluso quienes dicen ser de izquierda, está a favor de una perspectiva que va en defensa y recuperación de la soberanía nacional, así como de los intereses del pueblo trabajador. En este momento de grave riesgo para el interés nacional con la nueva ofensiva neoliberal, resalta con mayor claridad la urgencia y necesidad de la independencia política de la clase trabajadora.

La situación es grave. La defensa de la nación exige la más amplia movilización unitaria de todas las organizaciones que se precian de ser defensoras de la soberanía nacional. Movimientos como la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) o de los usuarios de energía eléctrica opuestos a las altas tarifas y cortes de la CFE, así como de los afectados con daños ambientales producto de todas las concesiones mineras, gasera, termoeléctricas, a empresas extranjeras que hoy proliferan por el país. En suma, con todas las organizaciones sindicales, políticas y populares que se precian de ser defensoras de la soberanía nacional, para establecer unidad por la no privatización de Pemex y contra las leyes privatizadoras.

Respaldamos e impulsaremos la Campaña Nacional de Firmas en respaldo a: 1.- Borrón y Cuenta Nueva para todos los usuarios domésticos que adeudan pagos de electricidad y por una Tarifa Social Justa. 2.- La energía eléctrica debe ser considerado un Derecho Humano, elevando su acceso a rango constitucional. 3.- Renacionalización del Sector Eléctrico y Petrolero, alto a su privatización y por la cancelación de todos los permisos otorgados a las transnacionales. Por la defensa de la Soberanía Energética Nacionalizada. 4.- Exigimos Solución al conflicto del SME y de los Usuarios de Energía Eléctrica. Hacemos eco de la convocatoria este 18 de marzo de 2014; y en la ciudad de Cuernavaca, en la Marcha a las 4:00 de la tarde; impulsado acciones para caminar solidariamente. 

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Seguridad ciudadana sin militarización.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los tres partidos del pacto por México. No sorprende pero si es un indicador el grado de descomposición de las instituciones del aparato del Estado, que durante años el priismo haya aplicado las peores políticas represivas y que en pocos años el panismo superó con creces y ahora el perredismo se hunda en el pozo del descrédito al continuar con las mismas prácticas represivas, corruptas, autoritarias y aplique las mismas estrategias policiacas y militaristas que sus aliados en la práctica y enemigos en el discurso. Es un juego perverso que los represores criminales sigan impartiendo lecciones de política porque no se les castigó en su momento. Es patético que Carrillo Olea sea tomado como ejemplo por quienes exigen seguridad, así como resulta inaceptable que los dueños del dinero y del poder beneficiarios del sistema quieran encabezar a las víctimas del sistema, como si no fuera precisamente el neoliberalismo capitalista el factor del crecimiento de la inseguridad y la violencia del sistema.  La violencia estructural no se detiene, con la aplicación a rajatabla de las reformas estructurales prvatizadoras, se elevan las ganancias de empresas privadas que aplican toda clase de megaproyectos que dañan el medio ambiente y los derechos a la tierra, al agua y al territorio, a la vez que aumentan los ataques a luchadores y luchadoras sociales, a defensoras de derechos humanos y agresiones a periodistas, como Maciel Calvo quien sufrió esta agresión física enfrente del Congreso, luego de amenazas a reporteras en Amacuzac y a Geovanni Barrios. Mientras el pueblo se autoorganiza en diversas regiones del país, se utiliza todo el poder represivo del Estado contra normalistas y magisterio, contra policías comunitarios y contra todo el que proteste. Actualmente hay muchas voces críticas que se levantan contra los desaciertos del gobierno de Graco en Morelos, de Barud en Cuernavaca y contra Peña Nieto a nivel nacional. Pero no se escuchan, no se toman en cuenta en el diseño de políticas públicas incluyentes. Los niveles de violencia e inseguridad en Morelos han crecido. Y los desatinos también. Siguen siendo asesinados jóvenes en las calles y el feminicidio resulta imparable sin que se aplique la Alerta de Violencia de Género por indolencia burocrática. No hay que olvidar que los gobiernos locales, estatal y federal tienen responsabilidad en el diseño e implementación de las mismas políticas, aun cuando Morales Barud sea del PRI, Graco del PRD y Peña Nieto del PRI, lo mismo hicieron Estrada y Adame del PAN. Nadie se salva. Así que  se trata de manipular con “deslindes” públicos y negociaciones permanentes entre ellos para seguir imponiendo su voluntad contra el pueblo que merece respeto a sus derechos.  La justicia, la seguridad, los derechos humanos deben prevalecer o, en su caso, mejorar, pero nunca retroceder, privilegiando en todo momento el interés público, el bien común, la dignidad y los derechos de las personas. Los primeros resultados, negativos, están a la vista no solo de los “detractores”, sino del pueblo que no comulga con ruedas de molino, pues sabe que  retenes fuertemente armados con la vieja estrategia de militarizar la policía, coloca en mayor riesgo a la ciudadanía en Morelos. Una política de seguridad humana requiere cambiar paradigmas sobre la seguridad pública entendida como protección de las instituciones de gobierno por una seguridad ciudadana, donde la policía esté cercana y controlada por la población, no cada vez más lejana como ocurre con la centralización vertical en un Mando Único en manos de Capella que solo impone el terror pero no la seguridad, cuando lo que se requiere es  un verdadero combate a la impunidad delictiva, así como impedir que las fuerzas armadas del Ejército y la Marina sigan realizando tareas de represión interna que constitucionalmente no les corresponden y que  ha traído un alto costo en vidas humanas, militares y policías incluidos pero sobre todo civiles. El ejército debe estar en los cuarteles y defender la soberanía nacional hoy violada por agentes de la DEA y militares yanquis, y no pasar a ocupar cargos en áreas tan desacreditadas como la procuración de justicia, la que en todo caso requiere cambios reales y no de eternas limpiezas en el pantano de la corrupción. La seguridad y los derechos humanos no están peleados, deben ir juntos para enfrentar la violencia y la impunidad. Ni mano dura ni autoritarismo son la solución. Los derechos de las víctimas forman parte indisoluble de los derechos humanos. Es necesario vincular seguridad ciudadana y derechos humanos mediante una política integral que atienda las causas estructurales de la desigualdad, la injusticia y la violencia, con evitar toda clase de abusos por parte de las autoridades.

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Legítima aspiración a vivir una vida libre de violencia

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Los derechos de la mujer sobre su cuerpo y su participación en la vida política y económica están bajo ataque. Las mujeres mueren por violencia machista en un sistema capitalista y patriarcal. Es difícil entender las causas, por lo tanto, se oculta. Se exhiben cuerpos destrozados, pero se diluye la responsabilidad de quienes cometieron los crímenes. El 97% están impunes. Y se niega información oficial. Por ello, se repiten hechos violentos y crecen ante el azoro de una sociedad que protesta crecientemente y no es escuchada por autoridades e instituciones que prefieren descalificar los esfuerzos por alcanzar la justicia largamente pospuesta. En lugar de que cada 8 de marzo recuerde la historia violenta contra las mujeres trabajadoras, se trata de opacar la realidad con celebraciones que poco dicen y mucho pervierten ideológica y políticamente. Cinismo, se llama, a la actitud que tienen los gobernantes que no cumplen con la legítima aspiración de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Una joven trabajadora de un centro comercial en Cuernavaca sufre un ataque feminicida que le priva de la vida, un día después de que una enfermera trabajadora del sector salud es localizada sin vida en Ocotepec. Los dos casos de feminicidio ocurridos en 24 horas en Morelos. En ninguno de los femenicidas fueron detenidos. Estos actos de violencia feminicida ocurrieron en medio del más amplio despliegue policiaco anunciado como “Meteoro” por el coordinador de seguridad pública del gobierno del Estado, sin que haya resultado ni por parte del gobierno estatal de Graco Ramírez ni del gobierno municipal de Morales Barud, quienes insisten en esquemas policiacos centralizados que no atienden ni las causas que provocan la violencia feminicida ni la inseguridad reinante. Nuevamente constatamos la criminalización de las mujeres que mueren violentamente, el boletín oficial establece a priori que se trata de hechos relacionados con crimen organizado, con lo que se está re-victimizando a quienes fueron privadas de la vida, en lugar de condenar enérgicamente y llevar a cabo una investigación seria, profunda, profesional, inmediata, para ubicar a los autores y llevarlos ante la justicia para impedir que continúe la impunidad. La exhibición del video por parte del periódico cuyo dueño es el vocero del gobierno muestra hasta dónde ha llegado la falta de ética y el daño que se causa a las víctimas, sin que eso conmueva en lo más mínimo a los dueños del poder gubernamental. En el feminicidio concurren, en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales; los hay seriales e individuales y algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Para que surja el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Durante este gobierno se ha incrementado el número de feminicidios, que de acuerdo al Protocolo de Investigación sobre Feminicidio Vigente en la PGJ y en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda muerte violenta de mujeres debe ser investigado en primera instancia como feminicidio, lo que desafortunadamente al no hacerse, ni se sanciona ni se toman medidas preventivas para evitar que se siga cometiendo y poniendo en riesgo la vida de otras mujeres en el Estado de Morelos. Lejos de que se tomen estas acciones, el gobierno ha simulado llevar a la práctica las medidas emergentes que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres sugirió y que el propio gobierno estatal publicó mediante decreto que no ha cumplido. Las y los funcionarios se han dedicado a realizar campañas de desprestigio de defensoras y defensores de derechos humanos,  Por todo esto, mantemos la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género que hubiese prevenido y evitado que se siguieran perdiendo vidas de mujeres. No callar, no aceptar, es lo mínimo que se debe hacer para empezar a cambiar esta situación.

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Legítima aspiración a vivir una vida libre de violencia

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz
Los derechos de la mujer sobre su cuerpo y su participación en la vida política y económica están bajo ataque. Las mujeres mueren por violencia machista en un sistema capitalista y patriarcal. Es difícil entender las causas, por lo tanto, se oculta. Se exhiben cuerpos destrozados, pero se diluye la responsabilidad de quienes cometieron los crímenes. El 97% están impunes. Y se niega información oficial. Por ello, se repiten hechos violentos y crecen ante el azoro de una sociedad que protesta crecientemente y no es escuchada por autoridades e instituciones que prefieren descalificar los esfuerzos por alcanzar la justicia largamente pospuesta. En lugar de que cada 8 de marzo recuerde la historia violenta contra las mujeres trabajadoras, se trata de opacar la realidad con celebraciones que poco dicen y mucho pervierten ideológica y políticamente. Cinismo, se llama, a la actitud que tienen los gobernantes que no cumplen con la legítima aspiración de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Una joven trabajadora de un centro comercial en Cuernavaca sufre un ataque feminicida que le priva de la vida, un día después de que una enfermera trabajadora del sector salud es localizada sin vida en Ocotepec. Los dos casos de feminicidio ocurridos en 24 horas en Morelos. En ninguno de los feminicidios fueron detenidos. Estos actos de violencia feminicida ocurrieron en medio del más amplio despliegue policiaco anunciado como “Meteoro” por el coordinador de seguridad pública del gobierno del Estado, sin que haya resultado ni por parte del gobierno estatal de Graco Ramírez ni del gobierno municipal de Morales Barud, quienes insisten en esquemas policiacos centralizados que no atienden ni las causas que provocan la violencia feminicida ni la inseguridad reinante. Nuevamente constatamos la criminalización de las mujeres que mueren violentamente, el boletín oficial establece a priori que se trata de hechos relacionados con crimen organizado, con lo que se está re-victimizando a quienes fueron privadas de la vida, en lugar de condenar enérgicamente y llevar a cabo una investigación seria, profunda, profesional, inmediata, para ubicar a los autores y llevarlos ante la justicia para impedir que continúe la impunidad. La exhibición del video por parte del periódico cuyo dueño es el vocero del gobierno muestra hasta dónde ha llegado la falta de ética y el daño que se causa a las víctimas, sin que eso conmueva en lo más mínimo a los dueños del poder gubernamental. En el feminicidio concurren, en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos
y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales; los hay seriales e individuales y algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Para que surja el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Durante este gobierno se ha incrementado el número de feminicidios, que de acuerdo al Protocolo de Investigación sobre Feminicidio Vigente en la PGJ y en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda muerte violenta de mujeres debe ser investigado en primera instancia como feminicidio, lo que desafortunadamente al no hacerse, ni se sanciona ni se toman medidas preventivas para evitar que se siga cometiendo y poniendo en riesgo la vida de otras mujeres en el Estado de Morelos. Lejos de que se tomen estas acciones, el gobierno ha simulado llevar a la práctica las medidas emergentes que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres sugirió y que el propio gobierno estatal publicó mediante decreto que no ha cumplido. Las y los funcionarios se han dedicado a realizar campañas de desprestigio de defensoras y defensores de derechos humanos,  Por todo esto, mantenemos la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género que hubiese prevenido y evitado que se siguieran perdiendo vidas de mujeres. No callar, no aceptar, es lo mínimo que se debe hacer para empezar a cambiar esta situación.

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La CIDH exige un alto al feminicidio en Morelos

Del 2000 al 2012, el organismo no gubernamental documentó 530 casos de feminicidio, muertes que se registraron a lo largo de los 33 municipios del estado

MORELOS, 8 de marzo.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) en Morelos exigió un alto a los de casos de feminicidio en la entidad los cuales han repuntado durante el último año y permanecen en la impunidad.  Juliana Quintanilla integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) informó que “en lo que va del año tenemos documentados 13 casos, pero recordemos que el año pasado 2013 terminamos con 61 casos de mujeres, y que no han sido investigados como tal… creemos que el porcentaje de los casos que están atendiendo es muy bajo”. Asimismo dio a conocer que a lo largo de doce años, del 2000 al 2012, el organismo no gubernamental al que pertenece logró documentar 530 casos de feminicidio, muertes que se registraron a lo largo de los 33 municipios de Morelos. Sentenció que en la atención de la violencia feminicida las autoridades estatales han sido negligentes e indiferentes, pues a pesar de que existe la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia y un protocolo para la atención del feminicidio no las han llevado a cabo y sólo han relacionado los asesinatos con la delincuencia organizada.

En Morelos tenemos incluso el protocolo para que se hagan las investigaciones de violencia feminicida la cual no se está atendiendo, no se está aplicando… no hay un reconocimiento por lo tanto no hay una atención de lo que es la violencia feminicida, se insiste en criminalizar a las mujeres que ya han asesinado que no se pueden defender y desde la institución los funcionarios se han encargado de seguir violando las leyes”, sostuvo.

Finalmente insistió en la emisión de una Alerta de Género, pues aseguró que las 10 medidas emergentes que el gobierno federal pidió establecer al estado no se han llevado a cabo, los responsables de las muertes de mujeres siguen en libertad y el feminicidio continúa en Morelos.

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Historia del 8 de marzo y la lucha actual por los derechos de las mujeres

8 de marzo en Morelos contra el feminicidio!

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

El Día Internacional de la Mujer Trabajadora se celebra el 8 de marzo.

En Morelos es en 1979, cuando mujeres feministas y sindicalistas nos dimos cita para hablar del significado histórico de esta fecha,  esta lucha por difundir el dia internacional de las mujeres trabajadoras, nos llevo a realizar una convocatria abierta y reunidas mas de 60 mujeres en el centro cultural universitario aqui en la ciudad, hablamos de política, del origen de la opresión de las mujeres, de la situación de las mujeres en America Latina. Entonces fuimos 69 las asistentes que llegamos a esa convocatoria realizada desde los sidicatos universitarios, con la activa participación de Cidhal, María Liberación del Pueblo y militantes feministas de los partidos PRT y PCM. Posteriormente en 1980 construimos el frente de lucha y en 1981 la coordinadora de mujeres. De entre los escombros una poderosa organización surgió. Se trataba del Sindicato de Costureras 19…

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