Vivir libres de miserias y temores

Marco Aurelio Palma Apodaca y Juliana G. Quintanilla

El Foro Alterno realizado en Cuernavaca recibió 18 ponencias, denuncias y testimonios. La Declaración universal de derechos humanos -DUDH- considera como la aspiración más elevada del ser humano el advenimiento de un mundo en el que las personas podamos vivir liberadas “del temor y de la miseria”, y para lograrlo considera la integralidad y la indivisibilidad y la interdependencia de los derechos humanos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales. Este espíritu se expresa también en los respectivos preámbulos de los Pactos Internacionales, en los cuales se afirma que no se puede realizar el ideal del ser humano libre, liberado del temor y la miseria, a menos que se cree condiciones. Es claro que los derechos humanos son ínterdependientes y la realización o violación de uno incide en mayor o menor medida en la realización o violación de otros. Los DESCA, están estrechamente vinculados a condiciones para poder vivir libres de miseria, sin necesidades básicas insatisfechas, que inciden en el deterioro de nuestra calidad de vida. Ante un modelo de desarrollo económico global que genera injusticia social y depredación del medio ambiente, diversas organizaciones de la sociedad civil principalmente en Latinoamérica insistimos en los DESCA desde hace algunos años, visualizando al igual los derechos ambientales implícitos en varios instrumentos internacionales. El derecho a la alimentación, al agua, la vivienda, la educación, la salud, a la protección y asistencia a la familia, a la Seguridad Social, los derechos culturales, al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, libertad sindical y de huelga, a un ambiente sano. Si bien los derechos humanos son inherentes a nuestra dignidad como persona su reconocimiento formal, jurídico ha sido resultado de procesos históricos, principalmente producto de luchas sociales y movimientos reivindicatorios que han conseguido la codificación de diversos derechos humanos en instrumentos jurídicos nacionales, regionales e internacional. Afortunadamente el derecho internacional continua evolucionando; las sistemáticas violaciones a los derechos humanos a nivel mundial, las situaciones de discriminación que padecen especialmente algunos grupos y sectores de la sociedad contemporánea, los desafíos económicos, políticos, demográficos y ambientales actuales, el papel cada vez más determinante de los actores no estatales como las empresas privadas nacionales trasnacionales, así como la participación más activa de organizaciones de la sociedad civil y las distintas luchas sociales en diferentes latitudes, entre otros factores demandan del derecho internacional de los derechos humanos un mayor desarrollo y adecuación. En dicho contexto el artículo primero del PIDESC menciona que todos los pueblos tienen el derecho a la libre 

determinación, mientras tanto no podemos ignorar las crecientes demandas que recibimos las organizaciones en materia de derechos humanos de parte de comunidades que están padeciendo limitaciones, obstáculos o violaciones a su derecho de disponer libremente como pueblos, de sus riquezas, así como recursos naturales y que en ningún caso se les puede privar de sus propios medios de subsistencia, de los casos que documentamos de los mismos se desprende una diversidad de situaciones que tienen una constante y es la vulneración de derechos fundamentales como consecuencia de megaproyectos de desarrollo u otros proyectos de inversión pública y privada (nacional y extranjera) en zonas donde la población es altamente dependiente del medio ambiente ya sea por su actividad agrícola o por tratarse de comunidades que habitan zonas de biodiversidad, proyectos que generalmente se imponen sin información y sin consulta oportuna y apropiada, por lo que terminan afectando las condiciones de vida de comunidades rurales y/o indígenas y de distintos derechos humanos entre ellos el derecho a la libre determinación. Las presiones que ejerce este proceso de globalización hacia el interior de los países se traducen entre otras cuestiones en la adopción por parte de los gobiernos de políticas de apertura indiscriminada de las economías tanto en lo que se refiere al comercio como a las inversiones. En este sentido en muchos países incluyendo México se han hecho reformas estructurales que por ejemplo modifican el marco jurídico interno para generar condiciones más atractivas y favorables a la inversión privada nacional y extranjera, sobretodo en áreas estratégicas que en algún momento fueron protegidas por la legislación interna como actividades reservadas de manera exclusiva al Estado y/o nacionales de un país, y es el caso que con las contrarreformas impulsadas por el Ejecutivo Federal y recientemente aprobadas por los respectivos Congresos, se deja hoy el camino libre para favorecer al Capital nacional y principalmente extranjero en dichos aspectos. En este sentido algunos grupos sufren de forma desproporcionada, como por ejemplo personas de bajos ingresos, mujeres, pueblos indígenas y tribales, poblaciones en situaciones de ocupación personas que buscan asilo, refugiados, desplazados internos, minorías, personas mayores, niños/as, campesinos sin tierra, personas con capacidades diferentes, y los desamparados. Compartimos la idea de que toda victima de violaciones a los DESCA, tiene el derecho al resarcimiento adecuado, en la forma de restitución, compensación, rehabilitación o satisfacción o garantías de no repetición.
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