La impunidad es una carta blanca para seguir cometiendo delitos. Es un mensaje de falta de justicia y síntoma de la corrupción imperante en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia. Esta falta de acceso a la justicia que tienen familiares de víctimas en Morelos fue abordado con testimonios, denuncias y exigencias durante el Foro Alterno de Derechos Humanos que se llevó a cabo en Cuernavaca. Uno de esos casos es el que presentaron familiares de Roberto Cruz González, quien sufrió una muerte violenta a manos de varios sujetos el pasado 18 de agosto de 2013 y está asentada la denuncia en la carpeta de investigación SCO1/9057/2013, en la colonia Alta Palmira del municipio de Temixco. A seis meses de este artero asesinato no hay avance alguno en la investigación. No hay detenidos ni sujetos a proceso. Aún más grave, el hecho denunciado por familiares, en el sentido de que habiendo detenido a uno de los victimarios y puesto a disposición de elementos policiacos, en lugar de sujetarlo a proceso, no lo presentaron ante el Ministerio Público, sino ante un Juez que le impuso una sanción administrativa y una multa de $500.00 por dejarlo en libertad, debido a la ingerencia indebida y al tráfico de influencias que se constituye en complicidad, por parte de funcionarios de la administración municipal de Temixco.
También fue presentado el testimonio de los familiares de Ricardo Jaime Garrido Moreno, quien fuera víctima de homicidio en la colonia Alta Vista, Cuernavaca, el 19 de abril de 2013, por un grupo de sujetos que fueron detenidos y que obtuvieron su libertad en el juicio oral, señalando que los jueces explicaron que: “Efectivamente, tenemos una muerte y es lamentable, por sí mismo, pero no solo es tener un hecho delictivo, sino es menester tener investigaciones contundentes, sólidas y sobre todo basadas en testigos y expertos, que no se aparten de la realidad, pero sobre todo de la verdad”, con lo que prácticamente desechó todas las pruebas periciales, testigos y elementos aportados por la PGJ y dejó en libertad a los tres acusados.
En ambos casos se mantiene la impunidad. El debido proceso debe ser garantía jurídica de víctimas y procesados, y no sólo de quienes cuentan con recursos económicos o utilizan tráfico de influencias para cargar la balanza hacia su lado y obtener la libertad por una mala o deficiente carpeta de investigación o por la falta de elementos por parte de los propios jueces en el sistema oral.
Los familiares de estas víctimas han recurrido a todas las instancias de justicia para obtenerla, sin ser debidamente escuchados ni atendidos por las autoridades correspondientes. Por ello, han recurrido a diversos medios para hacer oír su demanda de justicia, y por ello, consideramos que se trata de una serie de violaciones a los derechos humanos que debe ser vigilados en su cumplimiento para evitar que la impunidad siga campeando en el estado de Morelos, con las consecuencias en pérdida de vidas y en ausencia de justicia.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos 