Legítima aspiración a vivir una vida libre de violencia

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz
Los derechos de la mujer sobre su cuerpo y su participación en la vida política y económica están bajo ataque. Las mujeres mueren por violencia machista en un sistema capitalista y patriarcal. Es difícil entender las causas, por lo tanto, se oculta. Se exhiben cuerpos destrozados, pero se diluye la responsabilidad de quienes cometieron los crímenes. El 97% están impunes. Y se niega información oficial. Por ello, se repiten hechos violentos y crecen ante el azoro de una sociedad que protesta crecientemente y no es escuchada por autoridades e instituciones que prefieren descalificar los esfuerzos por alcanzar la justicia largamente pospuesta. En lugar de que cada 8 de marzo recuerde la historia violenta contra las mujeres trabajadoras, se trata de opacar la realidad con celebraciones que poco dicen y mucho pervierten ideológica y políticamente. Cinismo, se llama, a la actitud que tienen los gobernantes que no cumplen con la legítima aspiración de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Una joven trabajadora de un centro comercial en Cuernavaca sufre un ataque feminicida que le priva de la vida, un día después de que una enfermera trabajadora del sector salud es localizada sin vida en Ocotepec. Los dos casos de feminicidio ocurridos en 24 horas en Morelos. En ninguno de los feminicidios fueron detenidos. Estos actos de violencia feminicida ocurrieron en medio del más amplio despliegue policiaco anunciado como “Meteoro” por el coordinador de seguridad pública del gobierno del Estado, sin que haya resultado ni por parte del gobierno estatal de Graco Ramírez ni del gobierno municipal de Morales Barud, quienes insisten en esquemas policiacos centralizados que no atienden ni las causas que provocan la violencia feminicida ni la inseguridad reinante. Nuevamente constatamos la criminalización de las mujeres que mueren violentamente, el boletín oficial establece a priori que se trata de hechos relacionados con crimen organizado, con lo que se está re-victimizando a quienes fueron privadas de la vida, en lugar de condenar enérgicamente y llevar a cabo una investigación seria, profunda, profesional, inmediata, para ubicar a los autores y llevarlos ante la justicia para impedir que continúe la impunidad. La exhibición del video por parte del periódico cuyo dueño es el vocero del gobierno muestra hasta dónde ha llegado la falta de ética y el daño que se causa a las víctimas, sin que eso conmueva en lo más mínimo a los dueños del poder gubernamental. En el feminicidio concurren, en tiempo y espacio, daños contra mujeres realizados por conocidos
y desconocidos, por violentos, violadores y asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales, que conducen a la muerte cruel de algunas de las víctimas. No todos los crímenes son concertados o realizados por asesinos seriales; los hay seriales e individuales y algunos son cometidos por conocidos: parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, compañeros de trabajo; también son perpetrados por desconocidos y anónimos, y por grupos mafiosos de delincuentes ligados a modos de vida violentos y criminales. Sin embargo, todos tienen en común que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables. Y, desde luego, todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres. Para que surja el feminicidio concurren de manera criminal el silencio, la omisión, la negligencia y la colusión de autoridades encargadas de prevenir y erradicar estos crímenes. Hay feminicidio cuando el Estado no da garantías a las mujeres y no crea condiciones de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa, ni en los espacios de trabajo de tránsito o de esparcimiento. Más aún, cuando las autoridades no realizan con eficiencia sus funciones. Por eso el feminicidio es un crimen de Estado. Durante este gobierno se ha incrementado el número de feminicidios, que de acuerdo al Protocolo de Investigación sobre Feminicidio Vigente en la PGJ y en la ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda muerte violenta de mujeres debe ser investigado en primera instancia como feminicidio, lo que desafortunadamente al no hacerse, ni se sanciona ni se toman medidas preventivas para evitar que se siga cometiendo y poniendo en riesgo la vida de otras mujeres en el Estado de Morelos. Lejos de que se tomen estas acciones, el gobierno ha simulado llevar a la práctica las medidas emergentes que el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres sugirió y que el propio gobierno estatal publicó mediante decreto que no ha cumplido. Las y los funcionarios se han dedicado a realizar campañas de desprestigio de defensoras y defensores de derechos humanos,  Por todo esto, mantenemos la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género que hubiese prevenido y evitado que se siguieran perdiendo vidas de mujeres. No callar, no aceptar, es lo mínimo que se debe hacer para empezar a cambiar esta situación.
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