Seguridad ciudadana sin militarización.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz

Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los tres partidos del pacto por México. No sorprende pero si es un indicador el grado de descomposición de las instituciones del aparato del Estado, que durante años el priismo haya aplicado las peores políticas represivas y que en pocos años el panismo superó con creces y ahora el perredismo se hunda en el pozo del descrédito al continuar con las mismas prácticas represivas, corruptas, autoritarias y aplique las mismas estrategias policiacas y militaristas que sus aliados en la práctica y enemigos en el discurso. Es un juego perverso que los represores criminales sigan impartiendo lecciones de política porque no se les castigó en su momento. Es patético que Carrillo Olea sea tomado como ejemplo por quienes exigen seguridad, así como resulta inaceptable que los dueños del dinero y del poder beneficiarios del sistema quieran encabezar a las víctimas del sistema, como si no fuera precisamente el neoliberalismo capitalista el factor del crecimiento de la inseguridad y la violencia del sistema.  La violencia estructural no se detiene, con la aplicación a rajatabla de las reformas estructurales prvatizadoras, se elevan las ganancias de empresas privadas que aplican toda clase de megaproyectos que dañan el medio ambiente y los derechos a la tierra, al agua y al territorio, a la vez que aumentan los ataques a luchadores y luchadoras sociales, a defensoras de derechos humanos y agresiones a periodistas, como Maciel Calvo quien sufrió esta agresión física enfrente del Congreso, luego de amenazas a reporteras en Amacuzac y a Geovanni Barrios. Mientras el pueblo se autoorganiza en diversas regiones del país, se utiliza todo el poder represivo del Estado contra normalistas y magisterio, contra policías comunitarios y contra todo el que proteste. Actualmente hay muchas voces críticas que se levantan contra los desaciertos del gobierno de Graco en Morelos, de Barud en Cuernavaca y contra Peña Nieto a nivel nacional. Pero no se escuchan, no se toman en cuenta en el diseño de políticas públicas incluyentes. Los niveles de violencia e inseguridad en Morelos han crecido. Y los desatinos también. Siguen siendo asesinados jóvenes en las calles y el feminicidio resulta imparable sin que se aplique la Alerta de Violencia de Género por indolencia burocrática. No hay que olvidar que los gobiernos locales, estatal y federal tienen responsabilidad en el diseño e implementación de las mismas políticas, aun cuando Morales Barud sea del PRI, Graco del PRD y Peña Nieto del PRI, lo mismo hicieron Estrada y Adame del PAN. Nadie se salva. Así que  se trata de manipular con “deslindes” públicos y negociaciones permanentes entre ellos para seguir imponiendo su voluntad contra el pueblo que merece respeto a sus derechos.  La justicia, la seguridad, los derechos humanos deben prevalecer o, en su caso, mejorar, pero nunca retroceder, privilegiando en todo momento el interés público, el bien común, la dignidad y los derechos de las personas. Los primeros resultados, negativos, están a la vista no solo de los “detractores”, sino del pueblo que no comulga con ruedas de molino, pues sabe que  retenes fuertemente armados con la vieja estrategia de militarizar la policía, coloca en mayor riesgo a la ciudadanía en Morelos. Una política de seguridad humana requiere cambiar paradigmas sobre la seguridad pública entendida como protección de las instituciones de gobierno por una seguridad ciudadana, donde la policía esté cercana y controlada por la población, no cada vez más lejana como ocurre con la centralización vertical en un Mando Único en manos de Capella que solo impone el terror pero no la seguridad, cuando lo que se requiere es  un verdadero combate a la impunidad delictiva, así como impedir que las fuerzas armadas del Ejército y la Marina sigan realizando tareas de represión interna que constitucionalmente no les corresponden y que  ha traído un alto costo en vidas humanas, militares y policías incluidos pero sobre todo civiles. El ejército debe estar en los cuarteles y defender la soberanía nacional hoy violada por agentes de la DEA y militares yanquis, y no pasar a ocupar cargos en áreas tan desacreditadas como la procuración de justicia, la que en todo caso requiere cambios reales y no de eternas limpiezas en el pantano de la corrupción. La seguridad y los derechos humanos no están peleados, deben ir juntos para enfrentar la violencia y la impunidad. Ni mano dura ni autoritarismo son la solución. Los derechos de las víctimas forman parte indisoluble de los derechos humanos. Es necesario vincular seguridad ciudadana y derechos humanos mediante una política integral que atienda las causas estructurales de la desigualdad, la injusticia y la violencia, con evitar toda clase de abusos por parte de las autoridades.

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