Basta ya de violencia e inseguridad.

Marco Aurelio Palma Apodaca, José Martínez Cruz

La clase trabajadora sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Las y los jóvenes en Morelos no tienen garantía de acceso a una educación y a un empleo que les permita vivir dignamente. Según cifras del INEGI, existen 35 mil desempleados en el Estado, principalmente en edades de 18 a 35 años. Por lo que se ocupa el lugar 24, ya que Morelos tiene una tasa de desempleo del 6.49% que representa un total de 183,235 personas. Jornadas de trabajo tan largas como cien años atrás y salarios de hambre que muestran cómo crece la esclavitud asalariada moderna. Carencia de prestaciones sociales como vacaciones, días de descanso, seguridad social, jubilaciones. En cambio, becas-salario menores a un salario mínimo que no alcanza ni para los transportes. Casi 40 mil solicitaron entrar a la Universidad y solo hubo 7 mil espacios. El resto, a buscar empleos mal pagados. El desempleo galopante. La miseria creciente. La violencia cada día peor. Casi 70% de las victimas carecía de educación más allá de la primaria o secundaria. Jóvenes que no tienen opción y son víctimas del sistema, ya sea que se incorporen a la delincuencia o sean discriminados por su forma de vestir o ahora inclusive de viajar en motocicleta. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de mujeres asesinadas respecto a los hombres es mayor que en otros países de latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de asesinatos de mujeres, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil. 
Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. Un orden social impuesto mediante el uso exclusivo de la fuerza deviene en un régimen contrario a un estado de derechos humanos para la población. Nos envían  mensajes cotidianos de que solo se impone la ley del más fuerte, del que posee los medios de producción, del que aumenta estratosféricamente sus ganancias mientras se anuncian nuevos efectos apocalípticos por una crisis capitalista que sólo termina afectando a la mayoría de la población. Aumentan las muertes violentas de jóvenes y crece el feminicidio. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las medidas de fuerza se imponen ante la ausencia de políticas integrales de respeto a los derechos humanos, porque hay simulación, complicidad, intolerancia y una impunidad a todas luces. Es claro que los tres niveles de gobierno son responsables de esta grave situación. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y Morales Barud, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar, por ello, lo haremos como ya es tradición de la clase trabajadora, el Primero de Mayo, como lo hemos hecho en la movilización constante. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública.