Archivo mensual: mayo 2014

Comunicado: ¡POR LA DECLARACIÓN INMEDIATA DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL PAÍS!

Ni una más!

Babel Sur/Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales A.C.

la fotoLa aplicación de la Alerta de Género es un asunto de seguridad nacional para todas las mujeres en el país; es un asunto que el Estado mexicano debe asumir como política prioritaria en contra de la violencia feminicida. Hemos llegado a un punto crítico, pues la vida y la libertad de las mujeres están en riesgo.

Según datos oficiales, en los últimos 25 años se han registrado en el país 34,176 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio. Cada día se asesinan a 6.4 mujeres. Entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Nosotras nos preguntamos ¿Para el gobierno federal y gobiernos estatales cuántos asesinatos de mujeres son “suficientes” para aplicar la alerta?
Las abajo firmantes, manifestamos nuestra inconformidad y molestia con la actuación de las instancias correspondientes que han dado largas y han evadido implementar las acciones…

Ver la entrada original 1.257 palabras más

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Estudiantes normalistas bajo ataque

José Martínez Cruz y Juliana G. Quintanilla

Seis estudiantes normalistas de Amilcingo resultaron heridas y una murió cuando realizaban un boteo para obtener fondos económicos para la realización de actividades por el XL  aniversario de la normal. Las normalistas fueron atropelladas por un vehículo en el crucero de Amayuca cuando estaban boteando. Algunas graves, no fueron atendidas en el Hospital de Cuautla y fueron trasladadas al IMSS. Nos informan que son estudiantes de la Normal de Amilcingo. En el lugar Falleció Aurora Tecoanapa, estudiante de primer grado y originaria de Guerrero. Las estudiantes que se encuentran heridas son: Margarita Itzel Loeza Navarrete, Margarita Miranda Lopez, Liliana Vázquez Tablas, Iraida García Perfecta, Lucero Bedolla Gómez y Paola Díaz Brito. El vehículo que las atropelló fue un Tsuru Blanco y el conductor las embistió cuando se encontraban boteando a un lado de la carretera.

Este hecho no puede ser investigado como un accidente, se trata de una acción criminal en la que perdió la vida una de ellas y están en riesgo las demás alumnas que se encontraban a las orillas de la carretera y no la estaban bloqueando. Por ello, es necesario que se lleve a cabo una investigación sobre la forma en que ocurrieron los hechos y lejos de criminalizar a las estudiantes, se castigue a quien cometió este atropello.

La Normal de Amilcingo está cumpliendo su XL aniversario y tenía programas diversas actividades culturales a partir del 26 de mayo, donde participarían junto con maestras y directivos del plantel. Datos del INEGI señalan que  México se encuentra en el último lugar en gasto por alumno, alumna, esto repercute en la mala calidad de la enseñanza, en la falta de oportunidades en diversos programas educativos y culturales a nivel superior. El presupuesto en programas de educación no incluye actividades de esta naturaleza que son importantes de realizar. Las y los jóvenes no tienen garantía de acceso a una educación integral que les permita desarrollar plenamente y con seguridad todas sus actividades educativas, cívicas y culturales que les permita vivir dignamente.  Así que, es tradicional que recaben fondos para llevar a cabo estas celebraciones. Lo hacen precisamente en el crucero de Amayuca, donde muchos choferes y automovilistas ya las conoce e identifica plenamente y se solidarizan con ellas. Por eso, nos llama la atención que durante los últimos meses, estudiantes de diversos planteles normalistas del país, hayan padecido situaciones similares. Tanto en el Estado de Guerrero como en Michoacán, se han dado casos similares, en los que personas con vehículos atentan contra la vida de quienes se están manifestando públicamente en defensa de sus derechos. Aun cuando es comprensible la irritación por  tener que transitar lentamente puede originar molestias en quien conduce un vehículo y se encuentra bloqueado el camino por manifestantes, es claro que la inmensa mayoría de las personas que se enteran de las razones que estos tienen, no las ataca físicamente, por lo que solo una conducta criminal explica que se les arroje un vehículo en marcha.

El contexto en que ocurren estos hechos están marcados por el clima de violencia e inseguridad prevaleciente en Morelos, lo que implica una ruptura del tejido social, y se van imponiendo cada vez más los niveles de agresión que nos coloca en un estado de barbarie permanente. Hoy nos enfrentamos a un grave problema de  inseguridad, de violencia criminal e institucional, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales. Las medidas de fuerza con la violencia se imponen ante la ausencia de políticas integrales de respeto a los derechos humanos de combate a la impunidad y a la complicidad. La seguridad en las calles no es con armas. Es necesario vincular seguridad ciudadana y comunitaria que atienda las causas estructurales de la desigualdad, la injusticia y la violencia contra la población, evitar toda clase de abusos  amparados en la impunidad. Por eso es necesaria una investigación a fondo, el gobierno con todas sus fuerzas policíacas no ha ubicado ni logrado detener al conductor del vehículo identificado como un Tsuru blanco.

Por todo ello, nos solidarizamos con las normalistas de Amilcingo y exigimos que la muerte de la joven estudiante Aurora Tecoanapa no quede impune, y que las estudiantes heridas cuenten con todo el apoyo y solidaridad para atender sus heridas y conseguir que haya justicia y no prevalezca la impunidad en Morelos. . ¡Exigimos justicia!

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

PORQUE SIN JUSTICIA NO HAY OLVIDO DEL DOLOR.

A dos años del múltiple homicidio de Doña Petra Benítez Barrios y familia.

Los ojos de las dos niñas de apenas 3 y 2 años de edad reflejan el candor de quien asoma a la vida, con esa extraña sensación de haber despertado violentamente y conocer lo que nadie quisiera hacer. Ellas permanecieron ocultas por una tenue cortina de tela, en la penumbra del cuarto contiguo, y solo salieron cuando ya había terminado la masacre de su abuela Petra, de su tio José y su hermanito Angel, el mayorcito que ellas, de tan solo 4 años. Su madre sobrevivió al impacto de la bala que se desvió y no dañó el cerebro. Imágenes imposibles de olvidar. Lloran desconsoladamente cuando tienen que ser separadas momentáneamente para que les den terapia a las adultas. Y su dolor no admite explicación posible. ¿Cómo explicar la barbarie? Esa masacre ocurrida un 23 de mayo de 2012 ya ha cumplido dos años. Y permanece en la impunidad. No hay avance en la investigación. Ningún detenido. Ellas no olvidan. Nosotros tampoco. Aún recordamos cómo fueron privados de la vida y a dos años de distancia su familia se reúne en el panteón para depositar flores en las tres tumbas que se encuentran juntas. Hemos realizado una amplia campaña de denuncia a través de la Cidhmorelos con el apoyo de Amnistía Internacional y han llegado muchas cartas y comunicados de diversas regiones del mundo exigiendo al gobierno que este caso, como miles más, no quede en la impunidad. La respuesta solidaria ha llegado sobre todo de redes de mujeres defensoras de derechos humanos y  sobre todo de los derechos de las mujeres. Así como Doña Petra, que fue víctima de ataques sistemáticamente durante más de una década antes de su asesinato, cientos de mujeres han perecido a consecuencia de la violencia feminicida que nos termina azotando de manera despiadada y constante. Recientemente el gobierno ha anunciado la puesta en marcha del Protocolo de Investigación sobre el feminicidio en Morelos. Llama la atención que en este instrumento legal se hace un recuento pormenorizado de las leyes nacionales, locales y los internacionales que deben normar el criterio de las autoridades que investigan casos como estos, ya que se parte precisamente de la consideración de que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada en principio como feminicidio. No lo hacen así. Tenemos un escrito firmado por el fiscal del caso donde señala que no hay elementos para considerar que se investigue como tal. Es excesivo, dicen. Hay cosas más importantes que el feminicidio, dijo recientemente el gobernador del Estado de México. En Morelos más de una ocasión el Gobernador, el Secretario de Gobernación, y la titular del IMM, han considerado que la mayoría de las muertes violentas de mujeres no son feminicidios. Y en ese sentido hay una violencia institucional que termina lacerando gravemente el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia. La aplicación de la Alerta de Género es un asunto de seguridad nacional para todas las mujeres en el país; es un asunto que el Estado mexicano debe asumir como política prioritaria en contra de la violencia feminicida. Hemos llegado a un punto crítico, pues la vida y la libertad de las mujeres están en riesgo. Según datos oficiales, en los últimos 25 años se han registrado en el país 34,176 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio. Cada día se asesinan a 6.4 mujeres. Entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio Nosotras nos preguntamos ¿Para el gobierno federal y gobiernos estatales cuántos asesinatos de mujeres son “suficientes” para aplicar la alerta?  Desde el año de 2009, las y los integrantes del Sistema encargado de decidir la aplicación de la Alerta de Género en los estados solicitantes, no se han podido poner de acuerdo en los criterios para basar su decisión y la violencia feminicida continúa en aumento. A más de seis años que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) entró en vigor, su implementación y la activación de los mecanismos de protección que contempla NO HAN GARANTIZADO LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES EN MÉXICO.  Al mismo tiempo, se han presentado innumerables quejas y denuncias de organismos de la sociedad civil en varios estados del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Morelos,  señalando y llamando la atención del incremento del feminicidio en sus localidades. El mecanismo de la Alerta de Género  se describe muy claramente en la ley: “…son acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.  El objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese a la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”. Ante la ineficacia del Reglamento de la Ley decretado en el 2008,  el 25 de noviembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que modifica entre otras disposiciones, las relativas a la declaratoria de alerta de violencia de género.  El  nuevo reglamento contempla la integración de un Grupo de Trabajo encargado de analizar en los estados en donde se ha solicitado la Alerta de Género si es que existe violencia feminicida, para entonces proceder a declarar esta Alerta. Superadas las trabas burocráticas, el nuevo reglamento debe garantizar la aceptación de las solicitudes de Alerta de Género en todos los estados en donde esta se ha solicitado como es el caso de Guanajuato, Morelos y Chiapas. Asi como seriedad, compromiso y agilidad en el proceso de análisis del Grupo de Trabajo. La vida de muchas mujeres está en riesgo. Estamos convencidas de que la participación de las mujeres, de la sociedad civil organizada y de los amplios sectores populares en el país, son actores fundamentales para enriquecer un amplio movimiento que no calle,  que no avale con su silencio las prácticas sexistas y misóginas, que se solidarice con las mujeres agredidas y sus  familias. Hacemos un llamado para no quitar el dedo del renglón, para mantener en alto la denuncia de la impunidad y la corrupción. Para denunciar sistemáticamente todas las políticas públicas que sólo sirven para simular y que no están realmente incidiendo en cambios verdaderos y profundos. Necesitamos fortalecer la vigilancia social de las políticas públicas y la actuación de las y los funcionarios de las instancias que imparten justicia. Necesitamos unirnos en la lucha para cambiar la cultura patriarcal que desvalora y desprecia la vida de las mujeres. 

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Ponencia ante el Foro sobre Inseguridad convocado por la UAEM

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

MANDO UNICO POLICIAL Y MILITARIZACION NO RESUELVEN INSEGURIDAD

El combate al crimen en el contexto del Estado neoliberal

Basta ya de violencia e inseguridad.

 Duele tanta muerte diaria. No podemos permanecer indiferentes. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado, si bien el Mando Único policíaco se aprobó en Morelos. ¿Acaso se puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana. Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un…

Ver la entrada original 4.400 palabras más

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Mercados, alimentos y forma de vida

Marco Aurelio Palma Apodaca y Juliana G. Quintanilla

El Mercado Popular López Mateos tiene medio siglo. Y resiste al proceso privatizador. Hace 3 años que miles de comerciantes tuvieron que despertar ante el proyecto del gobierno. En el 2011 nació nuestra lucha por la defensa del mercado ALM. Un día 17 de mayo de hace 3 años salimos del estacionamiento “Flores” miles de comerciantes indignados a tomar las calles y reclamar al alcalde Martínez Garrigós y al silencio cómplice de las desacreditadas “Agrupaciones Unidas” el hecho de querer imponer a toda costa el llamado “Proyecto de Rehabilitación Integral para el ALM” que consistía en que la Iniciativa Privada con su dinero obtendría un considerable nivel de participación y negocio en dicha remodelación; significando los primeros intentos históricos por concretar la Privatización del ALM y en consecuencia la pérdida de nuestras fuentes de sobrevivencia y de nuestros espacios públicos. Podemos decir que el injusto “Proyecto Garrigós” al final logramos echarlo abajo, significando sin duda un logro de nuestra conciencia organizada. Esta lucha local forma parte de una lucha internacional ante el crecimiento de los supermercados que impacta en nuestras formas de alimentarnos y de relacionarnos. Los alimentos kilométricos se han convertido en parte de nuestra alimentación cotidiana. Comida cargada de injusticia con las personas, los animales y el medio ambiente. La alternativa radica en el consumo local, ecológico, sin explotación animal, campesina, de proximidad, a pequeña escala. Un informe de Amigos de la Tierra señala que la media de kilómetros que hace un alimento del campo a la mesa es de más de cinco mil, con el consiguiente impacto medioambiental. Si contamos que algunos de estos productos vienen de cerca, significa que otros llegan de muy lejos. Pero lo más paradójico es que una parte importante de los mismos los podemos encontrar producidos, también, a nivel local. ¿Por qué, entonces, los consumimos de lugares tan remotos? Los salarios bajos, la persecución sindical, la legislación medioambiental flexible en numerosos países del sur que da beneficios  importantes a las empresas del sector son la respuesta. Que este modelo genere gases de efecto invernadero, explotación laboral y alimentos de baja calidad, parece que no importa. La desaparición del pequeño comercio es otro de los “daños colaterales” de la proliferación de los supermercados. Y las mujeres tienen un importante papel en la defensa y organización que debe ser revalorado para enfrentar esta situación. Mujeres son la mayoría de las que trabajan en el mercado y en la casa. La alimentación, la cocina en el hogar, ir a comprar comida, las pequeñas huertas para el auto-consumo, ellas forman parte de estos trabajos de cuidados, que no se valoran ni se ven, pero que resultan imprescindibles. Tal vez por eso, no se aprecia ni qué ni cómo ni quién produce lo que comemos: pensamos que cuanto menos gastemos en alimentos, mejor; creemos que cocinar es perder el tiempo; se opta por comida fast-food, “buena-bonita-barata” y rápida; se asocia ser campesino a “ser de pueblo” e ignorante. Nuestros cuidados, parece, no importan. Y acabamos delegando en el gran mercado capitalista, quien, finalmente, hace negocio con estos derechos. Sin embargo, todos estos trabajos son vitales. ¿Qué sería de las personas sin comer? ¿Sin una alimentación sana y saludable? ¿Sin quién cultivara la tierra? ¿Sin cocinar? La “dieta globalizada” es resultado de una “producción-distribución-consumo globalizado”, donde ni pequeños comerciantes ni campesinos ni consumidores contamos. Creemos decidir qué comemos, pero no es así. Como afirmaba el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, en el informe ‘El potencial transformador del derecho a la alimentación’: “La principal deficiencia de la economía alimentaria es la falta de democracia”. Y sin democracia del campo a la mesa, ni elegimos ni comemos bien. De ahí la importancia de la lucha local y la lucha global. Hoy en el 2014 se repite la misma historia y solo cambian algunos personajes, en este caso ahora es el Gobierno de Graco con el llamado “Proyecto-Mitre” que se presentó a la opinión publica en enero del 2013 apoyados en una maqueta arquitectónica plagada de errores y que se trató de imponer todo el tiempo y con todo tipo de argucias, y que para colmo llevaba una perspectiva empresarial y privatizadora que consistiría en concesionar 30 años a los inversionistas privados lo relacionado a la construcción de un estacionamiento de 4 niveles en la conocida área de las “Flores”, además de agregar escaleras y rampas eléctricas en ciertas áreas específicas, no propio de un mercado popular y si de una megatienda de modelo capitalista tipo Walmart, de las mismas que le importa en lo más mínimo dejar a grupos de personas sin local o fuente de trabajo. Pensamos que es necesario mejorar este mercado de casi medio siglo de existencia, pero los posibles proyectos de remodelación que se quieran implementar tienen que ser previamente consultados, socializados y consensuados con todas y todos los comerciantes. Nuestro ALM se encuentra lleno de carencias y el abandono oficial se refleja en cada una de sus áreas y pasillos, somos un tejido social amplio y consciente. Seguiremos defendiendo y luchando cotidianamente por conservar nuestras tradiciones, nuestra identidad popular y nuestra cultura. ¡Ya no lo podemos permitir!  ¡Tenemos que organizarnos con mayor fuerza y con mayor conciencia! ¡Con unidad ahora es tiempo de seguir luchando!  

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Ponencia ante el Foro sobre Inseguridad convocado por la UAEM

MANDO UNICO POLICIAL Y MILITARIZACION NO RESUELVEN INSEGURIDAD

El combate al crimen en el contexto del Estado neoliberal

Basta ya de violencia e inseguridad.

 Duele tanta muerte diaria. No podemos permanecer indiferentes. El debate sobre la estrategia de seguridad no puede ser obviado, si bien el Mando Único policíaco se aprobó en Morelos. ¿Acaso se puede combatir ilegalidad con ilegalidad? La seguridad no surge de más armas en las calles, sino de prevención y medidas integrales, de combate a la impunidad y a la complicidad. Superar la crisis institucional es fundamental para una verdadera seguridad ciudadana. Cuando se prefiere perder libertades a cambio de seguridad se avanza peligrosamente en el terreno del autoritarismo y la antidemocracia. Si no se identifican las causas del crecimiento de la criminalidad y la violencia, se imponen medidas que terminan incrementándolas. Cuando se pretende ocultar la raíz del problema, termina aflorando con mayor fuerza.  En Morelos nos enfrentamos a un grave problema de inseguridad, de violencia criminal e institucional, de impunidad, de silencios cómplices y omisiones gubernamentales que ocultan el hecho de que son los poderosos grupos económicos  quienes son beneficiarios del poder aunque no lo ejerzan directamente sino por medio de sus representantes en los tres partidos del pacto por México.La clase trabajadora sufre la peor violencia desde hace décadas y los patrones no se inmutan: la violencia económica, social y política, las causas de la violencia criminal hay que buscarlas en la injusticia social y económica que beneficia a los dueños del poder y del dinero. ¿Qué violencia mayor que la que nos priva cotidianamente de una vida digna? Es el sistema capitalista violento y destructor de las mejores relaciones humanas, ya que prioriza la ganancia y la competencia antes que la solidaridad y la igualdad de derechos entre todos los seres humanos. Las y los jóvenes en Morelos no tienen garantía de acceso a una educación y a un empleo que les permita vivir dignamente. Según cifras del INEGI, existen 35 mil desempleados en el Estado, principalmente en edades de 18 a 35 años. Por lo que se ocupa el lugar 24, ya que Morelos tiene una tasa de desempleo del 6.49% que representa un total de 183,235 personas. Jornadas de trabajo tan largas como cien años atrás y salarios de hambre que muestran cómo crece la esclavitud asalariada moderna. Carencia de prestaciones sociales como vacaciones, días de descanso, seguridad social, jubilaciones. En cambio, becas-salario menores a un salario mínimo que no alcanza ni para los transportes. Casi 40 mil solicitaron entrar a la Universidad y solo hubo 7 mil espacios. El resto, a buscar empleos mal pagados. El desempleo galopante. La miseria creciente. La violencia cada día peor. Casi 70% de las victimas carecía de educación más allá de la primaria o secundaria. Jóvenes que no tienen opción y son víctimas del sistema, ya sea que se incorporen a la delincuencia o sean discriminados por su forma de vestir o ahora inclusive de viajar en motocicleta. La fotografía de los homicidios de jóvenes y adolescentes en México muestra que el mayor número de los asesinatos violentos ocurren entre la población de 20 a 24 años, la mitad mueren por arma de fuego, y el número de mujeres asesinadas respecto a los hombres es mayor que en otros países de Latinoamérica. México es el País que tiene un mayor índice de asesinatos de mujeres, del total de los homicidios de jóvenes el 12.3 por ciento corresponden al sexo femenino, por encima del 8.9 por ciento de Argentina, 8.7 por ciento de Guatemala, 7.6 por ciento de Colombia y 6.8 por ciento de Brasil.  Factores de riesgos individuales, familiares, escolares y comunitarios son la falta de proyecto de vida, desempleo, exclusión social y discriminación, violencia institucional del Estado, entre otros problemas estructurales del capitalismo actual. El número de policías crece exponencialmente casi a la par de la inseguridad y la violencia. El uso desmedido de la fuerza es propio de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que ven cuestionada su legitimidad ante los pueblos. Lejos de garantizar derechos, el uso sistemático de las fuerzas represivas los va eliminando progresivamente. Un orden social impuesto mediante el uso exclusivo de la fuerza deviene en un régimen contrario a un estado de derechos humanos para la población. Nos envían  mensajes cotidianos de que solo se impone la ley del más fuerte, del que posee los medios de producción, del que aumenta estratosféricamente sus ganancias mientras se anuncian nuevos efectos apocalípticos por una crisis capitalista que sólo termina afectando a la mayoría de la población. Aumentan las muertes violentas de jóvenes y crece el feminicidio. El clima de temor se generaliza, no solo ante la violencia delincuencial, sino ante la presencia de quien usa las armas para imponer su autoridad por encima de cualquier derecho. Las medidas de fuerza se imponen ante la ausencia de políticas integrales de respeto a los derechos humanos, porque hay simulación, complicidad, intolerancia y una impunidad a todas luces. Es claro que los tres niveles de gobierno son responsables de esta grave situación. Las armas de las policías se usan más contra el pueblo que contra los delincuentes. El poder económico de la delincuencia sigue intacto porque así conviene al capital. Las políticas autoritarias y represivas que toman los gobiernos de Peña Nieto, Graco Ramírez y Morales Barud, es la misma política con actores distintos y una sola lógica represiva, violatoria de los derechos humanos. Salir a las calles a exigir seguridad es un derecho que nadie debe coartar, por ello, lo haremos como ya es tradición de la clase trabajadora, el Primero de Mayo, como lo hemos hecho en la movilización constante. Llamamos al pueblo a levantar las banderas de la lucha por las libertades ciudadanas y los derechos a una vida libre de violencia para todas y todos mediante la participación organizada y consciente, organizándonos de manera autónoma e independiente. La ciudadanía requiere de una verdadera seguridad ciudadana, sin militarización de la seguridad pública. En Morelos la estrategia policiaca militar centrada en el Mando Único Policial además de que trastoca al Municipio Libre, es regresiva, pragmática y reactiva; responde a la lógica de la Economía del Mercado más que de un Estado garante de las libertades y del desarrollo económico, social y comunitario. No va al fondo de la inseguridad, conflicto que se agudizó en el mundo a raíz de la instauración del modelo neoliberal en la década de los 80’, terminando así con el “Estado Garante o Estado Benefactor”, instaurado en 1948 con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por todos los países miembros de la ONU, México incluido.  Este cambio conlleva el retiro gradual del Estado de sus responsabilidades para satisfacer los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (principios plasmados en la Constitución y en los tratados internacionales), dejando éstos a merced de un mercado lucrativo, sobre todo en las naciones pobres como la nuestra. Las reservas del Banco de México, por consigna del Banco Mundial, se encuentran en garantía para asegurar la estabilidad cambiaria, en lugar de invertirlas para estimular el progreso social. Mientras, derechos sociales como la educación, la salud, la vivienda, la recreación y cultura, la seguridad social y los servicios públicos (transporte, obra pública, basura, energía eléctrica, seguridad pública, etc.), sufren un gradual proceso de privatización, por tanto de retroceso, en tanto que avanza la pauperización de los trabajadores y de sus familiares, sobre cuyas espaldas recae el costo de la crisis.
Respecto al Derecho a la Educación, México se encuentra en el último lugar en el nivel educativo, en el último lugar en gasto por alumno y en último lugar en inversión en ciencia y tecnología entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE. Este nivel repercute en la mala calidad de la enseñanza, en la falta de oportunidades para que los jóvenes accedan a estudios superiores y en el atraso tecnológico del país. Los niños y jóvenes desertan de la educación básica insertándose en la economía informal, en los puestos de trabajo de más baja calidad y/o en las pandillas. Los egresados de las universidades y de estudios técnicos medios son utilizados como mano de obra barata. Todo ello, de acuerdo a las necesidades del aparato productivo (maquiladoras, comercio y servicios privados), inversiones nacionales y extranjeras alentadas por los gobiernos que no requieren de mano de obra calificada.
Esta situación ha sido aprovechada no sólo por los inversionistas, sino también por la delincuencia organizada al encontrar en las comunidades en descomposición, en las colonias y barrios pobres, en la violencia familiar, en los jóvenes sin oportunidades de estudio y de trabajo seguro con ingreso digno. Ante este panorama, el narco ha penetrado las comunidades rurales y urbanas porque ofrece trabajo e ingreso, por supuesto ilegales, que el Estado es incapaz de generar. A pesar de los decomisos históricos de droga y del abatimiento y aseguramiento de grandes capos, las cifras de crímenes violentos y desaparecidos crecen escandalosamente. Por otra parte, hay que entender que la producción y tráfico de los narcóticos responde a las leyes del mercado, a la oferta y la demanda, tanto en los Estados Unidos como en México y otros países. De ahí que los gobiernos hablen ahora de “administrar” los asuntos de la droga (al igual que la inmigración indocumentada), cuya producción, consumo y tráfico, por ahora, son imposibles de frenar. Por ello, el Estado no puede acabar con una delincuencia organizada que actúa haciéndose de una base social, que rompe la unidad e identidad comunitaria y familiar, que promueve la cultura de la violencia, corrompe a las policías y a otras autoridades, abona a la pérdida de los valores y principios democráticos y trastoca la identidad cultural. Pero la delincuencia organizada no actúa sola, ha penetrado también la estructura del poder político, económico y financiero, promoviendo la complicidad y la simulación, que por supuesto no se combaten con militares y con iniciativas como el Mando Único Policial, medidas que aparecen como un distractor de gobiernos necesitados de legitimación. La centralización no es un antídoto contra la corrupción policial, que no es la más letal y lucrativa aunque sí la más visible. La centralización operativa y administrativa del mando policial puede provocar a su vez la centralización de la corrupción. El pasar de un régimen policiaco municipal a uno estatal no cambia esencialmente las cosas, porque la corrupción y la impunidad son un cáncer en el sistema político mexicano, siendo más graves en los altos niveles de gobierno y en los grandes negocios, incluso los del tipo “concesiones”, “licitaciones” y “subrogaciones”.
Por otra parte, los gobiernos no promueven ni construyen ciudadanía democrática y participativa, que tiene su base en el ámbito comunitario-municipal. Las garantías y la dignidad de las personas se someten al interés central del Estado, en este caso, al combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico. Entonces, estamos hablando de que las razones del Estado se imponen a las razones del Derecho. El Mando Único aborda la reestructuración policíaca desde la perspectiva del combate a la delincuencia organizada, no de la Seguridad Pública como un Derecho Humano, o mejor aún, de la Seguridad Ciudadana. Al contrario, evade el tema de los Derechos Humanos, incluidos los derechos de los policías. En lugar de ello, debería promover la democratización de las policías, proceso que necesariamente tendrá que pasar por la desmilitarización de la Seguridad Pública; comenzar por el Servicio Civil de Carrera en las policías preventivas e investigadoras, para que las plazas de base, mandos y jefes policiales, sean sometidas a Concurso en base a Convocatoria Pública, calificando y certificando por un órgano autónomo y ciudadano, de alta valía moral, la trayectoria, experiencia, formación, honorabilidad y respeto a los derechos humanos mostrados por los postulantes durante su carrera policial.  Existen comités ciudadanos y rondas comunitarias, procesos de autoorganización en pueblos y colonias que pueden ser fundamentales para una verdadera seguridad ciudadana. En cambio, prevalecen estructuras poco efectivas como los “Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública”, municipales y estatales, con un perfil empresarial, que muchas veces son utilizados para legitimar las acciones del gobierno en turno. En realidad el objetivo es hacerse de más poder mediante una fuerza policial única bajo su mando, que amplíe su control económico, político, social y hasta electoral, aunque para ello haya que reformar otra vez la Carta Magna.  Estos postulados son una invitación a politizar la seguridad pública, no sólo de los gobernadores sometiendo a la autoridad municipal, sino también del presidente sometiendo a los gobernadores, y todo ello aprobado por el Congreso de la Unión.
El Estado mexicano aplica la teoría del Derecho Penal del Enemigo para identificar a los enemigos de la nación. En esta visión, es obvio que la delincuencia organizada ocupa el primer lugar. Y tal parece que quienes siguen en esta clasificación son los policías, colocando en una visión maniquea a las corporaciones municipales como eje de la corrupción.  Por lo general, los policías son mal seleccionados, mal capacitados, mal supervisados y mal pagados. Sucumben a la corrupción por los bajos salarios que perciben, pero también por el bajo nivel educativo y cultural que tienen, por la falta de valores y principios democráticos y de solidaridad, por las injusticias que los mandos cometen contra ellos, por las violaciones a sus derechos y porque son sometidos a múltiples presiones diarias (de los mandos, las autoridades judiciales, las Sindicaturas municipales, las comunidades, los medios de comunicación y la opinión pública).  El estar en contacto cotidiano con el conflicto social (adictos, pandillerismo, robos, crímenes, violencia familiar, accidentes, hechos de sangre, etc.) debilita las defensas psicológicas de los policías y sus mecanismos de autocontrol, de resistencia a la frustración y a la agresión y su sensibilidad social. La mayoría de los jefes policiacos omiten atender esta problemática. Difícilmente un mando militar lo entendería y resolvería porque su perfil y formación profesional van en otra dirección. Esto hace que se rompa la confianza, la credibilidad y el respeto mutuo entre el policía, sus directivos, sus mandos, la sociedad, las comunidades y el gobierno. ¿En estas condiciones quieren pasarlos al ámbito estatal y bajo un mando militar, sin resolver antes estos graves rezagos? ¿Desnaturalizar su función y desarraigarlos de sus comunidades, más de lo que ya están? Si todo esto se superara y se apoyara a los municipios más pobres, entonces ¿para qué enviar a las policías municipales al fuero estatal?  De hecho, el gobierno federal mexicano intenta seguir el modelo colombiano de policía única. La cadena de mando de la Policía Nacional de Colombia parte del Presidente de la República, enseguida el Ministerio de Defensa Nacional, luego la Dirección General de Policía Nacional, los gobernadores y al final los alcaldes. Sin embargo, la realidad política, social, económica, cultural e incluso criminal de Colombia, es muy diferente a la de México como para seguir ese modelo. Todo ello a pesar de la intervención norteamericana mediante el Plan Colombia, apoyado en la “Iniciativa Andina Contra las Drogas” y el “Financiamiento para Fuerzas Militares Extranjeras” del Departamento de la Defensa, que desde 1999 ha suministrado a Colombia pertrechos militares, inteligencia militar, alta tecnología, contratistas militares y tropas (el Congreso ha fijado un tope de hasta 1,400) mediante siete bases militares; todo ello con recursos de los contribuyentes norteamericanos. En estricto sentido, dada la composición pluriétnica y pluricultural de la nación mexicana y de sus regiones, no deberían existir policías estatales ni policía federal. La prevención de los delitos, no así los asuntos de Seguridad Nacional y Seguridad Interior, debe seguir siendo una función exclusiva de la autoridad municipal, con policías de proximidad, comunitaria, no reactivas, como hoy. Por otra parte, las policías estatales y federales incurren más que las municipales en violaciones a los derechos humanos. En los hechos actúan con una especia de “fuero” especial que les da mayor estatus, como si fuera una “carta de impunidad”, y no faltan los jefes policíacos municipales que se quejen de la soberbia y prepotencia de aquellos, así como de las fuerzas armadas que actúan por cuenta propia. Cuando agentes estatales o federales violan derechos de ciudadanos o presuntos delincuentes, se ha observado una tendencia de sus superiores a protegerlos de las denuncias que se presentan en su contra, lo que fomenta la impunidad. Incluso, el Ministerio Público se abstiene de tomar de oficio la queja, a pesar de que el acto ilegal haya sido profusamente difundido en los medios.  A nivel municipal, son las Sindicaturas las que vigilan y sancionan la actuación de los policías municipales. Sindicatura Municipal es una institución del Estado cuyo titular es electo mediante el sufragio popular. En cambio, las policías estatales y federal son reguladas por las áreas de Honor y Justicia y de Asuntos Internos de sus corporaciones o dependencias, que actúan bajo la más absoluta discrecionalidad, omisiones que corren el riesgo de reproducirse bajo el modelo de Mando Único que propone el ejecutivo federal.
Seguridad Pública o Derechos Humanos
El gobierno coloca a la población en la falsa disyuntiva de escoger entre Seguridad Pública o Derechos Humanos, ahondando en el desconocimiento y la confusión popular sobre la labor de los defensores.  Esta tendencia explota los sentimientos de la población, alentando las iniciativas orientadas a promover el endurecimiento de las penas, la cadena perpetua, la pena de muerte y, ahora, el Mando Único Policial, medidas que encuentran eco entre una población desinformada, temerosa y ávida de venganza antes que de justicia. La falta de una Cultura de los Derechos Humanos y el incremento de la violencia criminal, permiten la impunidad en las violaciones a los derechos y libertades de los presuntos delincuentes, creándose la percepción popular de que todo es válido, incluso los abusos de autoridad, para hacer cumplir la ley.  “Los buenos”, que por supuesto son las autoridades y las fuerzas armadas, y “los malos”, que son los criminales, los narcos y los policías corruptos (todos los policías, en el imaginario popular), merecen un castigo ejemplar, generalizándose la criminalización hacia los jóvenes, los migrantes, los adictos y los pobres.  Es ahí donde toma vigencia el gastado discurso de que “derechos humanos defiende delincuentes”, que permea entre muchos sectores de la sociedad, ahondando los sentimientos de venganza y de odio antes que los valores y sentimientos de solidaridad, de justicia y de paz. En el fondo lo que se busca es legitimar el exceso y el abuso de la fuerza para incrementar las estadísticas de detenidos, incluso exhibiéndolos cuando a veces ni siquiera se ha iniciado la integración de la averiguación previa, lo que es una flagrante violación al derecho a la presunción de inocencia que ampara el orden jurídico mexicano, y un abuso de la medida cautelar como medida excepcional, cuando la libertad es la regla general.[1]
Así, el Estado evade su responsabilidad de detener, procesar y juzgar a las personas por lo que hicieron, no por lo que son o se presume que sean. Cuando un delincuente, narcotraficante, criminal o simple infractor cae bajo la responsabilidad de los agentes del Estado, éstos se deben “humanizar”, tomar conciencia de que es un ser humano quien está bajo su custodia. Ello es el fundamento de los derechos al Debido Proceso y a la Presunción de la Inocencia, principios que contradictoriamente se promueven por el Estado bajo los fundamentos de la Cultura de la Legalidad.  Hay gobernantes que imponen sus políticas punitivas y de fuerza, una gradual y peligrosa militarización de la vida civil y avanzan en la suspensión de las garantías con apoyo popular, basados en la desinformación de los ciudadanos y en el manejo de una política mediática de miedo como mecanismo de control social.  En un país que se precie de ser democrático, los organismos públicos y privados de Derechos Humanos aparecen como mecanismos de rendición de cuentas y de equilibrios del poder, y que pueden ser un auxiliar efectivo para los gobernantes.
La Seguridad Ciudadana como alternativa
 
El Mando Único Policial plantea un reforzamiento de la capacidad represora del Estado bajo el principio de que “la violencia es monopolio del Estado”. Pero olvida que la Seguridad Pública es un Derecho Humano con todas las implicaciones que esto conlleva.  La actual estrategia gubernamental es una “reingeniería” de las acciones dirigidas al combate a la delincuencia organizada, basada en la capacidad de coordinación, de disciplina y de depuración de las policías preventivas e investigadoras, sometidas a tácticas militares propias para enfrentar las amenazas a la Seguridad Nacional y la Seguridad Interior, diseñadas con ayuda del Pentágono. No va al fondo y estructura de la inseguridad y la violencia criminal, como es la corrupción, la impunidad oficial y la inequidad en la distribución de la riqueza, que arroja a millones a la pobreza, forzándolos a la economía informal, a la migración y a la delincuencia como recursos extremos de sobrevivencia ante la crisis, con todos los riesgos que esto conlleva. Por el contrario y tomando como base la experiencia de la Policía Federal y las fuerzas armadas, el modelo de Mando Único Policial pudiera desarraigar a los policías de sus comunidades, por tanto de su origen, y enviarlos a plazas y lugares con lo que no se identifiquen, se involucren ni se comprometan, como sucede hoy con los estatales, federales y militares metidos en tareas de prevención e investigación de los delitos, que van de una región a otra sin identidad comunitaria. Si a esto le agregamos que las policías preventivas de seguridad pública no tienen claro el concepto de “PREVENCIÓN”, porque en los institutos y academias de policías no les enseñan que el mantenimiento del orden público y la paz social, la protección de la integridad, la vida, el patrimonio y las libertades, y la prevención de los delitos y las faltas administrativas, se logran con vigilancia, patrullaje, rondines, recorridos, presencia y diálogo, y no estigmatizando a las personas, deteniéndolas por “actitud sospechosa”, “por no traer identificación”, por tener antecedentes, etc. Al detener o asegurar a una persona de manera prejuiciosa por su aspecto, porque “qué tal si va a robar” o por presiones de los propios vecinos, sin que hubiere flagrancia de delito o de falta administrativa, sin existir orden judicial de por medio o “urgencia administrativa” expedida por Agente del Ministerio Público, se incurre en un acto de discriminación, de molestia y de violación a la libertad de tránsito sancionados por los Artículos 1º., 11 y 16 Constitucionales, respectivamente, constituyendo así una DETENCIÓN ARBITRARIA, que es una modalidad de violación a los derechos humanos. Esta práctica es tolerada y en ocasiones promovida por los propios mandos policiales, por interés recaudatorio de la autoridad municipal o para incrementar artificialmente las estadísticas de detención, simulando así efectividad en el combate a la inseguridad y la delincuencia. De no obedecer las órdenes ilegales de sus jefes, los policías son sujetos de sanciones irregulares por los jefes policíacos. De esta manera se les coloca en contra de las comunidades a las que pertenecen y juran proteger. La detención arbitraria es una violación recurrente, sistemática y generalizada, practicada por todas las policías del país. Es por ello que las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Protección promueven, desde finales de los 90, el modelo de la Seguridad Ciudadana con una dimensión de Seguridad Humana, por lo tanto de Desarrollo Humano. Por ello, en materia de Seguridad Pública, se exige a los Estados respetar los estándares internacionales de Derechos Humanos, evitando toda política autoritaria.  La Seguridad Ciudadana propone que la Seguridad Pública no sea sólo responsabilidad de las policías, sino de toda la administración pública en su conjunto. Por lo tanto, las tareas de los policías municipales van más allá de la pura labor punitiva y preventiva del delito (defensa del patrimonio, la integridad, la vida y las garantías y libertades de las personas y la manutención del orden público y la paz social).  Ahora, incluye también el apoyo a las comunidades mediante la gestión, para que la estructura institucional de los tres ordenes de gobierno satisfaga las necesidades de obra pública, los servicios comunitarios y otros derechos como la educación, la salud, la vivienda, la protección social, etc. “La perspectiva de los derechos humanos permite abordar la problemática de la criminalidad  y la violencia, así como su impacto en la seguridad ciudadana, mediante el fortalecimiento de la participación democrática y la implementación de políticas centradas en la protección de la persona humana.”[2]
 
Un elemento que resulta indispensable plantear es la relación entre políticas de seguridad y políticas sociales dentro de la concepción más amplia de la política criminal, pues un riesgo latente es considerar que la criminalidad tiene su base únicamente en el comportamiento individual y que no está relacionada con causas sociales, eximiendo la obligación del Estado de procurar una condición de vida más digna a los sectores marginados en una sociedad profundamente desigual, donde tengan plena vigencia los derechos económicos y sociales.[3] Bajo este paradigma, el modelo de policía comunitaria plantea la necesidad de rediseñar los esquemas de reclutamiento, selección y formación policial en los Institutos y Academias de policía, tanto de los cadetes como de los elementos en activo, equilibrando el acondicionamiento físico y la disciplina con los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, las tácticas y estrategias de operatividad, la capacitación legal, etc., con la formación humana integral. El modelo de Mando Único policial está muy alejado de esta concepción holística, humanista y progresista.Es necesario vincular seguridad ciudadana y derechos humanos mediante una política integral que atienda las causas estructurales de la desigualdad, la injusticia y la violencia, con evitar toda clase de abusos por parte de las autoridades.
Cuernavaca, Morelos, 16 de mayo de 2014.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.
 
Nota: Un estudio de Raúl Ramírez Baena, presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste A.C., con sede en Baja California Norte, sobre el Mando Único Policiaco, realizado en octubre de 2010, aporta las ideas fundamentales de la critica a esta iniciativa presentada por Calderón. Agradecemos sus aportes para este documento.
[1] El 28 de octubre de 2009, la Primera Sala de la SCJN aprobó la Tesis Aislada CLXXXVIII/09 según la cual “es un acto de molestia… la toma de fotografías a quienes no tienen la calidad de detenidos o presuntos responsables”, en virtud de que “menoscaba o restringe derechos de la persona, al hacer uso de su imagen, aunado a que la obtención de fotografías puede resultar violatorias a los derechos a la honra y a la dignidad contenidos en artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, si el Estado incumple con sus obligaciones relativas con la protección de datos personales”. “… mientras el resultado del acto (fotografías) no se elimine, el acto de molestia continúa”.
El 14 de enero de este año, la CNDH determinó que: “La presentación de personas ante medios de comunicación, a quienes se les imputan delitos y más tarde no son comprobados, son flagrantes violaciones a las garantías individuales que vulneran el derecho a la presunción de inocencia”.
[2] “Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH/OEA, Washington, 10 de mayo de 2010.
[3] Pérez Escobedo, Leticia, “La seguridad desde los derechos humanos”, Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, Instituto de Derechos Humanos y Democracia, AC, México, enero de 2010.

1 comentario

Archivado bajo Uncategorized

Podemos detener esta violencia.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Hemos documentado y denunciado ampliamente más de 600 feminicidios de 2001 a 2014. Por eso exigimos la Alerta de Violencia de Genero. Todas tienen nombre. Blanca era Abogada, Sara académica, Petra abuela y luchadora social. Todas conocidas, algunas por sus familiares y otras por más amplios sectores de la sociedad. Hay protestas. Gritos. Conciencia para no permitir que esta violencia continúe, organización para exigir respeto al derecho a la vida, solidaridad para acompañar a quienes sufren, luchar para que no se repita, gritar hasta que haya justicia como lo manifestamos en las calles junto con miles de universitarias y universitarios. También por ellas nos movilizamos, elevamos nuestra voz el Primero de Mayo, como lo hacen en pueblos y comunidades: si el gobierno no cumple con la Alerta de Género, hagamos una en cada lugar donde podamos, por la vida,  la libertad y la justicia para  las mujeres. Cuando señalamos que dos mujeres víctimas de feminicidio fueron encontradas en Ayala, sin que autoridad alguna haya tomado las medidas de emergencia ni mucho menos aceptado aplicar la Alerta de Violencia de Género, escudados en una violencia institucional que garantiza impunidad y que se continúen repitiendo estos crímenes, vemos que en realidad fueron 3 mujeres en un solo día, ya que otra fue localizada en Jojutla,  las que murieron de la manera más atroz en Morelos y ninguna acción gubernamental se hizo para investigar ni sancionar a quienes lo hicieron, por lo que crece el feminicidio en 2014 en Morelos. En este sentido, Sara Rebolledo fue víctima de feminicidio. Porque toda muerte violenta de mujer debe ser investigada como feminicidio en principio, así lo señala la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y el Protocolo de Investigación sobre el Feminicidio vigente en la PGJ (Hoy Fiscalía General) del Estado de Morelos. Invisibilizar los feminicidios ha sido práctica habitual durante los gobiernos en Morelos, sin importar  el signo partidario. No podemos pasar por alto que han ocurrido 150 asesinatos en Morelos durante 2014 y la inmensa mayoría están en la impunidad. Un feminicidio ocurrido el viernes de semana santa, en pleno centro de Cuernavaca, en contra de la Abogada Blanca, permanece también en la impunidad y liberaron al único imputado. Ya basta de violencia estructural: violencia criminal y violencia institucional. Exigimos una seguridad ciudadana y rechazamos la estrategia autoritaria y policiaca de Mando Unico y militarización que nos quieren imponer vendiéndonos miedo para que aceptemos violación a nuestros derechos humanos. La movilización social es fundamental para construir la esperanza de un verdadero cambio, para que haya justicia por las y los asesinados en Morelos en 2014, todos con nombre y rostro, contra la impunidad y la complicidad institucional, porque defender la vida, la libertad, la seguridad ciudadana, es un derecho. Estos crímenes se continúan repitiendo, escudados en una violencia institucional que garantiza impunidad. Ni sanciona ni se toman medidas preventivas para evitar que se siga cometiendo y poniendo en riesgo la vida de otras mujeres en el estado de Morelos. Por todo esto, hemos mantenido la exigencia de la emisión de la Alerta de Violencia de Género que hubiese prevenido y evitado que se siguieran perdiendo vidas de mujeres, y lejos de que se tomen estas acciones, el gobierno ha simulado llevar a la práctica las medidas emergentes que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de las Mujeres que el propio gobierno estatal publicó mediante decreto, que no se ha cumplido en la realidad. La aplicación de la Alerta de Género es un asunto de seguridad nacional para todas las mujeres en el país; es un asunto que el Estado mexicano debe asumir como política prioritaria en contra de la violencia feminicida. Hemos llegado a un punto crítico, pues la vida y la libertad de las mujeres están en riesgo. Según datos oficiales, en los últimos 25 años se han registrado en el país 34,176 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio. Cada día se asesinan a 6.4 mujeres. Entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40%, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Nosotras nos preguntamos ¿Para el gobierno federal y gobiernos estatales cuántos asesinatos de mujeres son “suficientes” para aplicar la alerta? A más de seis años que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) entró en vigor, su implementación y la activación de los mecanismos de protección que contempla no han garantizado la protección de la vida y la integridad de las mujeres en México.   El mecanismo de la Alerta de Género se describe muy claramente en la ley: “…son acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. El objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres, eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos”. La vida de muchas mujeres está en riesgo. Estamos convencidas de que la participación de las mujeres, de la sociedad civil organizada y de los amplios sectores populares en el país, son actores fundamentales para enriquecer un amplio movimiento que no calle, que no avale con su silencio las prácticas sexistas y misóginas, que se solidarice con las mujeres agredidas y sus familias.

cidhmorelos@gmail.com

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized