Archivo mensual: junio 2014

Memoria histórica del movimiento obrero.

 Marco Aurelio Palma Apodaca y José Martínez Cruz

La historia del movimiento obrero en el Valle de Cuernavaca tiene acontecimientos muy significativos que merecen ser preservados en la memoria, para alimentar las perspectivas de futuro. Un aspecto que destacamos en esta ocasión son los esfuerzos de coordinación de las luchas. Con anterioridad hemos documentado parte de estas luchas durante los años 70s y 80s. En esta ocasión reunimos algunos materiales en un libro que da cuenta de las posiciones expresadas públicamente durante los años recientes. Cabe mencionar que tenemos tareas pendientes para integrar todas las experiencias y actividades, sobre todo a raíz del surgimiento de la Convergencia Sindical y Social a principios del siglo XX, cuando las trabajadoras de Confitalia protagonizaron un movimiento que de alguna manera representa la continuación de esas luchas de inicios de los 70s, donde las mujeres trabajadoras se incorporan a las movilizaciones de la clase trabajadora y dan un tono particular a las nuevas formas de organización y movilización.

Las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética hemos asumido el compromiso de luchar de manera unitaria por alcanzar los objetivos de construir una nueva sociedad con justicia social para la clase trabajadora. El programa de lucha está contenido en su propio nombre y los principios democráticos y de independencia de clase nos orientan para coordinar un proceso de organización y movilización colectiva, donde el intercambio de información, el análisis de la realidad y las propuestas de acción, se realizan de manera cotidiana, a través de acuerdos y resolutivos en nuestras asambleas plenarias que se llevan a cabo semanalmente. Los documentos que recopilamos a continuación forman parte de nuestra memoria histórica, ya que son elaboraciones colectivas a partir del intercambio de ideas, propuestas y alternativas que vamos construyendo por consenso  en este espacio de coordinación. En conjunto dan una idea de lo que han sido los aportes y contribuciones de cada organización a la lucha en contra de las políticas capitalistas neoliberales y la defensa de los derechos humanos, laborales, colectivos, que llevamos a cabo durante los años y los días en que nos encontramos para construir un mundo sin explotación ni opresión.  Recuperar nuestras raíces nos permitirá también delinear las alternativas de lucha ante los retos que tenemos por la ofensiva neoliberal y privatizadora del capitalismo. Buscamos socializar en este espacio las etapas del proceso unitario, que durante todos estos años hemos logrado posicionar, el trabajo organizativo de las organizaciones del pacto y dar visibilidad a las demandas que enarbolamos. Nuestras acciones han quedado  documentadas en la prensa local, medios escritos, radiofónicos y televisivos, esta ha sido una manera de difundir y  dar a conocer los objetivos y lo que se ha logrado, y en el camino hemos contribuido en la creación de una cultura de la socialización de la información, de la denuncia y la acción unitaria. En el mes de junio, realizamos un acto en homenaje  a los compañeros: Filemón Juárez Palma, Gabriel Muñoz y Sabas Rendón Galicia, quienes participaron de manera destacada en el sindicalismo independiente y democrático en los 70s, ellos contribuyeron con sus aportes y experiencias, por eso consideramos muy importante recuperar testimonios de vida y análisis que nos permitan conseguir el objetivo de preservar la memoria histórica de la clase trabajadora en Morelos. Compartimos materiales informativos y libros: “50 Años de Sindicalismo”, editado por el FAT, las memorias obreras en Nissan, “La Izquierda y los Movimientos Sociales en Morelos. Desde Abajo”, editado por Convergencia Socialista, entre otros. En este foro escuchamos los testimonios de quienes fueron sindicalistas desde los años 70s como Raymundo Jaimes, Máximo Gómez, Margarita Marrufo, Carlos Ezequiel, y Juliana G. Quintanilla, así como testimonios de familiares de los homenajeados, quienes recibieron estos merecidos reconocimientos de quienes  asumieron un compromiso de vida.

Al hacer el balance histórico también se avizora un futuro de lucha contra el mal gobierno que encabezan los partidos del Pacto por México (PRI, PAN, PRD), porque ellos son los responsables de la mayor contrarrevolución al dar por muertas en la Constitución las conquistas sociales históricamente plasmadas en ella, por lo que decimos claramente un rotundo no a las reformas estructurales, y planteamos la necesidad de organizarnos para no permitir que se sigan aplicando este tipo de políticas que terminan dañando los intereses de la mayoría de la población, como se está demostrando con la reforma petrolera que ya abrió las puertas a las voraces trasnacionales o la reforma fiscal que afecta hasta los más pequeños comerciantes y deja sin tocar a las grandes empresas que no pagan impuestos, o la reforma en telecomunicaciones que sigue favoreciendo al gran capital de las televisoras y golpea a los trabajadores telefonistas, además de que pretende avanzar en el control y censura de internet para impedir la libertad de expresión a través de las redes sociales, así como la reforma laboral que legaliza la explotación mayor del trabajo informal. En este balance se planteó la necesidad de fortalecer nuestra lucha en defensa de los derechos de la clase trabajadora, de la tierra y el agua, así como un alto al feminicidio y la inseguridad, un alto a la militarización y al terrorismo de Estado, lo que significa oponernos a la criminalización de los movimientos sociales, al uso de la tortura y las detenciones arbitrarias, un alto a las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, la libertad de las y los presos políticos y alto a la represión contra pueblos y comunidades o activistas y defensoras y defensores, periodistas y quienes se oponen a seguir siendo víctimas de estas políticas neoliberales y privatizadoras. Estas demandas forman un programa de lucha que se recogen en este libro, que es parte de la memoria y futuro de la lucha: “De la movilización del primero de mayo a la organización y lucha permanente”, 2009-2014, 300 páginas, editado por el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales.

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Por un diálogo incluyente y participativo.

Lighting candle at 2007 ICM

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz Una política de hechos consumados aplica el gobierno estatal y federal. Todas las contrarreformas neoliberales se han impuesto sin diálogo con la sociedad. Las formas autoritarias no son democráticas, por más que se quiera manipular el significado de la palabra diálogo. El gobierno establece un monólogo permanentemente. No escucha las múltiples formas de expresión de la sociedad. Hasta las formas elementales de diálogo se pervierten cuando se trata de imponer las peores reformas privatizadoras, como lo vemos en el Congreso de la Unión, donde se aprueban sin discusión alguna las reformas secundarias que tanto daño hacen al patrimonio nacional para entregarlo a las trasnacionales. Las organizaciones independientes han estado dispuestas a dialogar para encontrar caminos de solución a las demandas populares, sindicales, sociales y políticas. Han dado amplias muestras de ello, al elaborar propuestas y hacerlas del conocimiento de las autoridades. Ha sido inútil. La única respuesta que han encontrado es la cerrazón y la intolerancia, la represión y la persecución, el hostigamiento y las campañas de desprestigio. Un diálogo desde el poder para fortalecer las políticas que unos cuantos deciden no es un verdadero diálogo. Es NO-DIALOGO. Es una simulación. Los pueblos piden dialogar para que se respeten sus derechos a la tierra y al agua, y la respuesta es la imposición de mega-proyectos privatizadores. El pueblo pide dialogar para preservar a Pemex como empresa nacionalizada y el gobierno responde entregándola al gran capital. Los campesinos piden dialogar para que no haya destrucción ambiental y el gobierno responde con asesinatos, como el del compañero Antonio Esteban Cruz, encarcelando a Enedina Rosas Vélez, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan; Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDAyT); Abraham Cordero Calderón, Juez de Paz al momento de su detención e integrante de la organización denominada “Los de Abajo” y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada. Los estudiantes exigen derecho a la educación pública gratuita, como lo establece la Constitución, y a cambio recibe beca-salario condicionada políticamente, como la mayoría de programas sociales clientelares. La ciudadanía dialoga en las calles para obtener firmas contra la privatización de la energía y el gobierno niega el derecho a la consulta previamente a las reformas. Se pide dialogar sobre el tipo de impuestos y el gobierno aplica multas y sanciones a quien no puede pagar y sigue aumentando los precios de todos los servicios públicos municipales y elevando cuotas del pago de luz. Las y los trabajadores piden dialogar para que se legisle protegiendo derechos sociales y el gobierno privatiza la seguridad social despojando derechos ya conquistados. El magisterio pide diálogo para mejorar la educación pública y el gobierno les difama acusándolos de guerrilleros y persigue a maestras y maestros que luchan. Feministas y defensoras de derechos humanos pide respeto a la vida y la libertad de las mujeres y el gobierno niega la existencia del feminicidio y la Alerta de Violencia de Género establecida en la Ley. Aun cuando hasta el derecho de petición se niega en muchos casos, la gravedad de la situación nos obliga a insistir en nuestras demandas. Se ha documentado el feminicidio y finalmente el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dieron un primer paso para reconocer la violencia feminicida en el estado de Morelos, al acceder al inicio de una investigación en la materia. Así lo consideramos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), al dar a conocer que el Inmujeres notificó que fue admitida su solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad. Es de vital importancia que haya sido admitida la petición, pues con ello se valora la labor de las organizaciones civiles en el registro y denuncia de los hechos, y se da un paso en el reconocimiento del problema. Lo verdaderamente importante es que se active la AVG, ya que los nuevos casos de feminicidio no admiten más dilación de todas las medidas para erradicar la violencia feminicida y garantizar la vida y la libertad de las mujeres. Familiares piden dialogar para encontrar con vida a las y los desaparecidos y el gobierno continúa desapareciendo la justicia y la verdad. Las organizaciones defensores resaltan que el gobierno reconoce oficialmente la existencia de 7 mil 615 personas desaparecidas en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto. Es decir, que el gobierno reconoce la existencia de 20 mil 810 personas desaparecidas entre 2006 y 2014. Cabe señalar que esta cifra no incluye a las personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, que ascienden a mil 200 personas, lo cual constituye una forma de invisibilización de las víctimas del Terrorismo de Estado. Por su parte, comunidades y pueblos piden dialogar para encontrar solución a la inseguridad y a la violencia y el gobierno impone Mando Único y militarización que solo garantiza impunidad y pérdida en vidas humanas. ¿De qué dialogo se habla? En las calles miles de personas demandan solución a sus demandas populares y en los pasillos del poder los funcionarios hacen caso omiso y aplican cada vez más mano dura y aprueban leyes para criminalizar las protestas sociales. ¡Así no hay diálogo posible! Por todo ello, decimos claramente que no nos prestamos a legitimar un diálogo de los de arriba para seguir engañando a los de abajo. Reclamamos solución a las demandas reales de la población que exige pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos. Por un diálogo incluyente y participativo.

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La admisión de Alerta de Violencia de Género en Morelos es un paso para detener el feminicidio.

1 de mayo 2013 2013-05-01 127Hemos recibido el oficio de INMUJERES/PRESIDENCIA/CAJ/426/2014, donde nos informa que: “De conformidad con lo dispuesto por los artículos 32, párrafo segundo, 33 y 35 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en atención al oficio número CNPEVM/439/2014 y al acuerdo contenido en el oficio CNPEVM/438/2014, ambos de fecha 16 de junio del 2014, signados por el titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, se determinó que su solicitud ha sido admitida (subrayada en negritas en el original) a trámite”.
Por lo anterior, consideramos importante darles copia de dichos oficios a los medios de comunicación, ya que los nuevos casos de feminicidio que día con día ocurren en Morelos no admiten más dilación en tomar todas las medidas para erradicar la violencia feminicida y garantizar la vida y la libertad de las mujeres.
En esta semana se han dado a conocer dos casos más de feminicidio, uno en Jiutepec y otro en Jojutla.
Por ello, consideramos importante dar a conocer los resolutivos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo siguiente:
“1.- Declarar admisible la solicitud de declaratoria de violencia de género por violencia feminicida para el Estado de Morelos, presentada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A.C., cuya representación legal es ejercida por Juliana García Quintanilla.
2.- Con fundamento en el artículo 35 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se solicita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se sirva informar de la presente decisión de admisibilidad a la solicitante y al Gobierno del Estado de Morelos.
3.- Con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se solicita a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que haga del conocimiento de las personas integrantes de dicho sistema el presente acuerdo de admisibilidad. Asimismo, se solicita que coordine y realice las acciones necesarias para la conformación del Grupo de Trabajo al que hace referencia el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.”
Es importante destacar que este Grupo de Trabajo se integra de la siguiente forma: ARTÍCULO 36.- Admitida la solicitud, la Secretaría Ejecutiva lo hará del conocimiento del Sistema, y coordinará y realizará las acciones necesarias para la conformación de un grupo de trabajo a efecto de estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las Mujeres, ya sea por violencia feminicida o agravio comparado, a fin de determinar si los hechos narrados en la solicitud actualizan alguno de los supuestos establecidos en el artículo 24 de la Ley.
Dicho grupo se reunirá en el término de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de admitida la solicitud.
El grupo de trabajo se conformará de la siguiente manera:
I.      Una persona representante del Instituto Nacional de las Mujeres, quien coordinará el grupo;
II.     Una persona representante de la Comisión Nacional;
III.    Una persona representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
IV.    Dos personas representantes de una institución académica o de investigación especializada en Violencia contra las Mujeres ubicada en el territorio donde se señala la violencia feminicida o agravio comparado;
V.    Dos personas representantes de una institución académica o de investigación de carácter nacional especializada en Violencia contra las Mujeres, y
VI.    Una persona representante del Mecanismo para el adelanto de las mujeres de la entidad de que se trate.
Para efectos de las fracciones III y VI del párrafo anterior deberá mediar la aceptación por escrito de dichos representantes para integrarse al grupo de trabajo.
Las instituciones académicas o de investigación referidas en las fracciones IV y V de este artículo, podrán ser públicas o privadas y deberán estar incorporadas a la Secretaría de Educación Pública o a alguna institución de educación superior pública, contar con conocimiento y trabajo relevante sobre el tema de Violencia contra las Mujeres, y con experiencia de por lo menos dos años en la atención y prevención de la Violencia contra las Mujeres en la entidad federativa de la que se trate.
El grupo de trabajo podrá invitar al organismo de protección de los derechos humanos de la entidad federativa que corresponda, así como a expertos independientes que por su experiencia puedan colaborar con el estudio, análisis y conclusiones.
Por acuerdo del grupo de trabajo se podrán invitar como observadores a organismos internacionales en materia de derechos humanos.
ARTÍCULO 36 Bis.- Para la realización del estudio y análisis a que se refiere el artículo anterior, el grupo de trabajo contará con treinta días naturales contados a partir del día en que se reúnan por primera vez para integrar y elaborar las conclusiones correspondientes, para lo cual podrá:
I.      Solicitar, a través de la Comisión Nacional, a las autoridades federales, locales y municipales todo tipo de información y documentación que tengan relación con los hechos de Violencia contra las Mujeres que se afirman en la solicitud;
II.     Solicitar la colaboración de las personas físicas o morales, que resulten necesarias, a fin de que expongan los hechos o datos que les consten;
III.    Solicitar a la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional, para que en un plazo no mayor a tres días naturales analice la posibilidad de implementar, en coordinación con las autoridades federales, locales o municipales que corresponda, las medidas provisionales de seguridad y justicia necesarias que, en su caso procedan, a fin de evitar que se continúen dando actos de Violencia contra las Mujeres en un territorio determinado. Una vez aceptadas las medidas provisionales por parte de las autoridades correspondientes, la Comisión Nacional por conducto de la Secretaría Ejecutiva lo informará al solicitante;
IV.    Realizar visitas en el lugar en donde se señale la existencia de los hechos de violencia, y
V.    Realizar, en su caso, el estudio legislativo para determinar si existe agravio comparado, considerando los datos de procuración e impartición de justicia relacionados con la Violencia contra las Mujeres.
ARTÍCULO 36 Ter.- Las decisiones del grupo de trabajo se tomarán por mayoría de voto de sus integrantes. En caso de empate, la persona coordinadora del grupo tendrá el voto de calidad. Las posiciones minoritarias deberán constar en un apartado del documento para conocimiento del público interesado.
Cuando el grupo de trabajo no encuentre elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, lo hará del conocimiento de la Comisión Nacional, así como de la Secretaría Ejecutiva, para que ésta a su vez lo haga del conocimiento de las partes interesadas. No podrá presentarse una nueva solicitud por los mismos hechos, sin que hubieran transcurrido, por lo menos, tres meses.
La documentación y demás información que genere el grupo de trabajo observará lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y demás normativa aplicable.”
Agradecemos la atención prestada a la presente.
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Detengamos la impunidad y la violencia feminicida

dscf0550  Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Las causas de la violencia feminicida han sido ampliamente analizadas por organizaciones feministas y de derechos humanos. Se trata de una violencia estructural, sistémica, patriarcal, machista y misógina. Combatirla para detenerla y erradicarla implica una amplia conciencia social y políticas públicas que garanticen la vida y la libertad de las mujeres. Por eso, es importante destacar el informe del Relator de la ONU y la aceptación por parte del Instituto Nacional de las Mujeres del inicio del proceso para la emisión de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

La impunidad constituye el talón de Aquiles del sistema actual. Si realmente es verdad —como parecen indicar las cifras citadas— que solo 1 o 2 millares de los más de 100.000 homicidios de la administración federal anterior dieron lugar a una sentencia condenatoria, no es necesario seguir buscando las causas de la violencia desenfrenada que impera en ciertas regiones del país. La rendición de cuentas conforme a lo previsto en la ley es la clave para reducir el altísimo y alarmante nivel de pérdidas de vidas que se asocia actualmente con México, rebajándolo al menos al nivel que tenía en un pasado no tan lejano, y seguir avanzando a partir de ahí, señaló el Relator de la ONU, quien en su capítulo sobre Mujeres, destacó el hecho de que numerosos interlocutores alertaron al Relator Especial sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres, a menudo con resultado de muerte, y la impunidad de que gozan los agresores. El asesinato de mujeres, según las informaciones, a menudo conlleva actos de violencia de género, como agresiones sexuales, y otras formas de brutalidad. También fue informado de que existe una relación directa entre el aumento del número de feminicidios y el despliegue del ejército en actividades policiales, por lo que tomó nota de las mejoras introducidas en el marco legislativo e institucional de México para hacer frente a la violencia contra las mujeres a nivel federal, como la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la codificación del feminicidio a los niveles federal y estatal constituyen avances en la dirección correcta. Sin embargo, la violencia contra las mujeres, especialmente el feminicidio, sigue siendo un problema muy serio en la práctica, como se indicó en las observaciones finales de 2012 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 17). Según la CNDH, desde 2007 se registraron 4.419 feminicidios. Si bien se han adoptado ciertas medidas positivas para aplicar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, todavía queda mucho por hacer. El Relator Especial hace hincapié en que el feminicidio debería estar tipificado en todos los códigos penales pertinentes, sobre la base de características objetivas y que los protocolos de investigación de la policía en casos de feminicidio también deberían estar normalizados.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), publicaron el pasado 7 de junio la “Convocatoria para el estado de Morelos para conformar el Grupo de Trabajo que investigará si en el estado existe violencia feminicida. –en un plazo de 30 días a partir de su conformación–, como lo documentó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), instancia que presentó el pasado 27 de mayo la solicitud de AVG. En esa fecha,  enfatizamos que había que poner a prueba la efectividad de la AVG e invitamos a activistas de otras entidades a presentar más solicitudes, o en su caso decretar “alertas ciudadanas”, como lo han hecho grupos civiles de Chiapas y recientemente del Estado de México. Cimacnoticias reportó que la titular de la Conavim, ya había recibido la petición de AVG por parte de la CIDHM. La solicitud para Morelos se basa en un informe reciente de la CIDHM, en el que se asienta que entre 2000 y 2013 han sido asesinadas al menos 530 mujeres, y que el feminicidio va en aumento en la entidad, ya que mientras para junio del año pasado se habían registrado 35 crímenes, hasta noviembre de 2013 la cifra ascendió a 54 casos. La nueva solicitud ocurre a dos meses de que se admitió la solicitud de AVG para el estado de Guanajuato, aún están pendientes de publicación las conclusiones de la indagación que se realizó en esa entidad de las cuales depende una declaratoria de AVG en la entidad.

Para el caso de Morelos, cabe recordar que en septiembre de 2013 la CIDHM solicitó al Inmujeres la activación de la AVG, resultado de ello fue que el INM envió al gobierno de Morelos la activación de las 10 medidas emergentes, que ha incumplido hasta el momento. Hoy se han sumado a esta solicitud las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía, en oficio enviado para que se acumule al expediente, donde ya existen otras organizaciones y personas que han sumado su voz a esta exigencia en Morelos, donde decimos:  ¡ya basta, ni un feminicidio más!

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FAMILIARES DE TRABAJADORES DE DICONSA (SEDESOL) DESAPARECIDOS EN GUERRERO EXIGEN VERDAD Y JUSTICIA.

Hemos recibido un documento de familiares de trabajadores de DICONSA (SEDESOL) desaparecidos en Guerrero. Narran los hechos y la actuación de las autoridades tendientes a ocultar y desviar información fundamental para el esclarecimiento de los hechos. Temen por la vida de sus familiares y no aceptan las versiones que dan por concluido el caso, ya que no confían en las autoridades ante las contradicciones que ellos han detectado. En un documento fechado el 11 de junio de 2014 en Atoyac de Alvarez, Guerrero, los familiares de los trabajadores de (SEDESOL), Gustavo Abarca Radilla, Héctor López Torres, Carlos López Sánchez; pertenecientes al almacén rural de Alcholoa, ubicado en la carretera Alcholoa, Ixtla, KM.1.5 denuncian que  sus familiares se encuentran desaparecidos desde  el día 24 de abril del presente año, los cuales realizaban sus labores de trabajo en la comunidad de las Compuertas del municipio de Coyuca de Benítez, Gro. En la parte alta de la sierra, y al término de su jornada laboral se dirigían a la sede de su trabajo correspondiente; donde nunca llegaron. Ante este lamentable suceso, solicitamos su intervención debido a que, a partir de que se levantaron las siguientes averiguaciones en Coyuca de Benítez  TAO/COY/04/0067/2014 con fecha 26 de abril y posteriormente la averiguación AP/PGR.GRO/ACA/III/477/2014 con sede en Acapulco, Gro.  El gobierno del estado ha tratado de apresurar las investigaciones de manera amañada para cerrar el caso, ya que el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero hizo algunas declaraciones en los medios de comunicación dando por hecho el reconocimiento de tres cuerpos que presentaron las autoridades, sin aun tener los estudios periciales correspondientes. Al respecto consideran que se han venido dando una serie de irregularidades debido a que presentan a los familiares tres osamentas que no coinciden con los rasgos y características de las personas arriba mencionados. Por citar algunos ejemplos, el supuesto cuerpo de Gustavo Abarca Radilla se identifica tres dientes postizos que no pertenecen a su dentadura. El cuerpo que presentan como Héctor López muestra en su dentadura una placa que fue verificada por su dentista y no coincide con la que éste le adaptó. En el caso de Carlos  López, la ropa no coincide con su talla. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado como un derecho conocer la verdad y éste debe tener como efecto necesario que en una sociedad democrática el estado debe satisfacer, por un lado, mediante la obligación de investigar las violaciones de Derechos Humanos. Así como también sancionar a quienes resulten responsables para que estos hechos no queden en la impunidad.   

Es por ello que exigimos a la PGR y a la SEDESOL que actúen en el marco de su competencia y se apoye a las familias de los 4 trabajadores desaparecidos en todas las actividades tendientes a esclarecer su paradero. Ante la existencia de una averiguación iniciada en el ámbito federal, demandamos que sea la PGR la institución que realice los trabajos periciales en materia genética, con la intervención adicional de forenses independientes, para corroborar si los cuerpos encontrados corresponden o no a los compañeros de Diconsa, y no la Procuraduría de Guerrero debido a que carece de imparcialidad y capacidades técnicas. En ese sentido, demandamos que la SEDESOL coadyuve a que la PGR realice esas labores periciales, debido a que eran sus trabajadores. 

 Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

ACCION URGENTE.

Por todo lo anterior, solicitamos a las organizaciones y personas que envíen cartas al gobierno del estado de Guerrero y al gobierno federal para que se establezca la verdad de los hechos y sean localizadas las personas desaparecidas, aplicando los protocolos forenses de identificación de personas desaparecidas, ya que no se puede dar por concluido un caso de desaparición sin que se establezca con claridad la identificación de los cuerpos y que estos correspondan verdaderamente a sus familiares.

 

Lic. Jesús Murillo Karam.

Procurador General de la República.

Lic. Rosario Robles Berlanga

Secretaría de Desarrollo Social.

Lic. Ángel Aguirre Rivero.

Gobernador del estado de Guerrero.

Lic. Ricardo Francisco García Cervantes.

Subprocurador de Derechos Humanos de la PGR

Lic. Eliana García Laguna.

Coordinadora General de Políticas Públicas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR

Estos casos ocurren en el contexto de una grave impunidad como lo han denunciado organizaciones de familiares de desaparecidos y por los Relatores de la ONU. En México se vive una crisis humanitaria, como efecto de la declaración de guerra a la delincuencia organizada. Tras más de siete años de un combate con tintes de un conflicto armado interno tenemos un saldo de 124,839 víctimas de homicidios violentos y un número indeterminado de miles  de víctimas de desaparición, muchas de las cuales son forzadas, por ser causadas  directamente por agentes del Estado; o por éstos en coparticipación/vinculación con miembros de la delincuencia organizada; o de ésta con la autorización, apoyo y aquiescencia del Estado  Mexicano. El Gobierno de México sigue sin mostrar voluntad, o es incapaz de realizar investigaciones efectivas en casos de desapariciones forzadas. El gobierno mexicano debe reconocer la dimensión del problema de la desaparición forzada en México, de modo que no solo sea un acto enunciativo, sino exponer los extremos  conocidos del problema: el número aproximado de víctimas, las causas de lo sucedido, y las medidas para  abordar la emergencia humanitaria, así como la política presupuestaria para lograr resultados.   Dar a conocer su Plan Nacional de Búsqueda (PNB), decretando una campaña nacional para dicho objeto. Para esto, deberá trabajar simultáneamente en la conformación de un Registro Nacional de Personas  Desaparecidas, poniendo particular atención en los casos de personas migrantes desaparecidas. La labor de búsqueda corresponde al Estado en su conjunto, pero debe recaer en una instancia federal, que cuente con todos los recursos e infraestructura que le permita coordinar a todas las instancias del Estado, y que muy evidentemente no ha logrado la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, de la PGR.   Debe partir de la lógica que una persona desaparecida puede estar en cualquier lugar, por lo que las competencias locales suelen ser limitadas en su función tanto de búsqueda como de investigación, por lo que debe asumir una atención o atracción de todos los casos de desaparición. Aprovechando las modificaciones constitucionales al artículo 102, crear una Fiscalía para las Personas Desaparecidas, encargada de la atención o atracción de todos los casos de desaparición.  Reforzar su capacidad de investigación científica para los casos de desaparición de personas. Al respecto, debe dar prioridad a una Policía de Investigación, más que a una de combate, como caracteriza a la  actual Policía Federal. El Estado mexicano debe garantizar el derecho que tienen las personas desaparecidas a ser buscadas y encontradas, a garantizar la continuidad y vigencia de los derechos de las personas desaparecidas, para la defensa de sus derechos e intereses, y para generar una estructura de apoyo emergente para las familias con integrantes desaparecidos, desde una perspectiva de derechos.

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FORO SOBRE EL SINDICALISMO EN MORELOS: MEMORIA Y FUTURO.

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José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca.

Como un homenaje a la memoria y su historia sindical de Filemón Juárez, Sabás Rendón y Gabriel Muñoz, el viernes próximo 13 de junio a las 5 de la tarde, en el Auditorio de Bandera Cooperativa, calle Carlos Cuaglia 317, cerca de Los Arcos de Gualupita, a dos cuadras del Parque Melchor Ocampo, Cuernavaca, Morelos, con los comentarios de Raymundo Jaimes, ex secretario general del Sindicato Independiente de Nissan, de Margarita Marrufo, Jubilada de la UAEM y sindicalista universitario, Carlos Ezequiel, Jubilado del magisterio, y de Juliana G. Quintanilla, ex trabajadora de Confección. Con el objetivo de preservar la memoria histórica del movimiento sindical independiente y democrático en Morelos y delinear las alternativas de lucha hacia el futuro de la clase trabajadora ante los retos que tenemos por la ofensiva neoliberal y privatizadora del capitalismo, llevaremos a cabo este foro, donde realizaremos un homenaje a la memoria de nuestros compañeros recientemente fallecidos Filemón Juárez Palma, Sabás Rendón Galicia y Gabriel Muñoz, quienes participaron de manera destacada en el sindicalismo independiente y democrático en Morelos desde principios de los años 70s. Compartiremos materiales informativos y libros a la venta: “50 Años de Sindicalismo”, editado por el FAT, las memorias obreras en Nissan, “La Izquierda y los Movimientos Sociales en Morelos. Desde Abajo”, editado por Convergencia Socialista, entre otros. Esperamos su asistencia. Entrada  libre. Nos sumamos a este acto es convocado por las organizaciones integrantes del Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, los Derechos de las y los Trabajadores y las Garantías Constitucionales. Retomamos fragmentos de esta historia que documentamos en su momento, durante los años 60 y 70 el gobierno del estado promueve el desarrollo de la industria otorgando exención de impuestos e infraestructura material para la instalación de nuevas fábricas. En 1971 y 1972 expide decretos que serían aprovechados, sobre todo, por las empresas trasnacionales, las ramas industriales más importantes son la automotriz, la textil, la química y la alimenticia.

La industria automotriz la componen unas cuantas fábricas que son Nissan, IACSA, Firestone, entre otras. En esta industria laboraban 5,033 trabajadores en 1979, los dueños de estas empresas capitalistas son japoneses y norteamericanos, y los niveles de explotación de la fuerza de trabajo son de los más elevados, ya que por ejemplo, según cifras de 1970, por cada 160 mil pesos de inversión por hombre ocupado, la patronal obtuvo 310 mil pesos de producto bruto. Por su parte, el comportamiento que tuvo la industria textil nos muestra que siendo una de las industrias que se instalan en el período conocido como el de sustitución de importaciones, a finales de los años 30s, mantiene un ritmo de desarrollo bastante desigual y contradictorio. Esta rama está en poder de las trasnacionales norteamericanas, requiriendo una inversión de 111 mil pesos por cada persona ocupada para  el año 1970. Los índices de productividad son elevados y esto le reditúa a los patrones 129 mil pesos de producto bruto por hombre ocupado para el mismo año. Más recientemente, debido a la introducción de nuevos sistemas de producción e incremento en las cargas de trabajo, las cuales durante 1977-79 se incrementaron en un 100%, la explotación de la fuerza de trabajo obrera en ese período se había elevado, recordemos que las principales industrias textiles instaladas en Morelos eran del monopolio norteamericano Burlington, Textiles Morelos, Textiles Jiutepec y Nobilis Lees, Hilados Morelos del Grupo Saba, Rivetex y Confección del Grupo Industrial Italo-norteamericano. La irrupción de los obreros en la escena política se dio con un proletariado en expansión debido al crecimiento de la industria, las fuerzas más avanzadas dentro de la propia clase obrera decidieron iniciar el combate por rescatar sus organizaciones sindicales de manos de las burocracias enquistadas. El primer enfrentamiento se realizó en uno de los sindicatos más numerosos, la Sección 51 del Sindicato Textil. En 1969 despidieron a 7 obreros de la Comisión de Honor y Justicia y de ahí se resiste hasta lograr destituir a los charros en 1971 y elegir a Manuel Manzano, como secretario general, lo que marca el ascenso sindical durante 1970-74. Gabriel Muñoz fue sin duda una pieza importante en esta lucha. En Nissan y Confección se dan procesos que llevan a la creación de sindicatos independientes con el apoyo del FAT. El despido de 110 obreras de la confección radicalizó el conflicto y llevó a una huelga de hecho hasta lograr obtener la planta para ellas y luego estalla la revisión de contrato y culmina con la ruptura con la CTM. En Nissan es electo Raymundo Jaimes en 1971 para encabezar el Comité Ejecutivo y emplazan a huelga en 1972 obteniendo un doble triunfo, consiguiendo las plazas y el reconocimiento sindical independiente. Estos reacomodos sindicales fueron fundamentales para el proceso de ruptura con la CTM en el desfile del Primero de Mayo de 1974, tradicionalmente sumiso y controlado, transformándose en una jornada de lucha proletaria independiente y combativa. El papel desempeñado por el Comité Coordinador fue fundamental para avanzar en la democracia e independencia sindical. Sabás Rendón, Gabriel Muñoz y Filemón Juárez, al igual que decenas y tal vez cientos de trabajadores de vanguardia, se transformaron en dirigentes de una de las etapas de lucha sindical en Morelos que marcaría el rumbo histórico en ese período clave para entender el significado de lo que ocurriría política y socialmente en los años 70 y 80 hasta la actualidad, en la perspectiva de construir una clase obrera autónoma y con conciencia de clase.

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Alerta de Género, asunto de seguridad nacional

Paloma Estrada Muñoz y Juliana Quintanilla

En comunicado público Organizaciones feministas y activistas de derechos humanos a nivel nacional, insistimos en la urgencia de que las autoridades pongan en práctica la alerta y reconozcan que su aplicación es tema de seguridad nacional, es un asunto que el Estado mexicano debe asumir como política prioritaria en contra de la violencia feminicida. Toda vez que mientras el mecanismo se encuentra en una espiral burocrática se ha llegado a un punto crítico de violencia feminicida, En los últimos 25 años se han registrado en el país 34,176 muertes de mujeres en las que se presumió un homicidio, entre 2006 y 2012 los feminicidios en México aumentaron 40% . La Alerta de Género  se describe muy claramente en la ley: “…son acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.” El objetivo fundamental es garantizar la seguridad de las mujeres, el cese a la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos. La vida y la libertad de las mujeres están en riesgo. Ante este panorama las organizaciones de mujeres en otros estados como Guanajuato, Oaxaca, Chiapas están llamando a la Alerta Ciudadana, que se reconozca que existe un problema de violencia de género en el país.

En Morelos el gobierno ha anunciado la puesta en marcha del Protocolo de Investigación sobre el feminicidio. Llama la atención que en este instrumento legal se hace un recuento pormenorizado de las leyes nacionales, locales y los internacionales que deben normar el criterio de las autoridades que investigan casos como estos, ya que se parte precisamente de la consideración de que toda muerte violenta de una mujer debe ser investigada en principio como feminicidio. No lo hacen así. Tenemos un escrito firmado por el fiscal del caso donde señala que no hay elementos para considerar que se investigue como tal. Es excesivo, dicen. Hay cosas más importantes que el feminicidio, dijo recientemente el gobernador del Estado de México. En Morelos más de una ocasión el Gobernador, el Secretario de Gobernación, y la titular del IMM, han considerado que la mayoría de las muertes violentas de mujeres no son feminicidios. Y en ese sentido hay una violencia institucional que termina lacerando gravemente el derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia.

Según datos oficiales, Cada día se asesinan a 6.4 mujeres. Nosotras nos preguntamos ¿Para el gobierno federal y gobiernos estatales cuántos asesinatos de mujeres son “suficientes” para aplicar la alerta?. A más de seis años que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) entró en vigor, su implementación y la activación de los mecanismos de protección que contempla NO HAN GARANTIZADO LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y LA INTEGRIDAD DE LAS MUJERES EN MÉXICO.  Al mismo tiempo, se han presentado innumerables quejas y denuncias de organismos de la sociedad civil en varios estados del país: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca y Morelos,  señalando y llamando la atención del incremento del feminicidio en sus localidades. El 25 de noviembre de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que modifica entre otras disposiciones, las relativas a la declaratoria de alerta de violencia de género. Superadas las trabas burocráticas, el nuevo reglamento debe garantizar la aceptación de las solicitudes de Alerta de Género en todos los estados en donde esta se ha solicitado como es el caso de Guanajuato, Morelos, Estado de México y Chiapas. Así como seriedad, compromiso y agilidad en el proceso de análisis del Grupo de Trabajo. Ponemos a prueba el nuevo procedimiento de declaratoria de alerta de género la Comisión Independiente de Derechos Humanos entregó ante el Instituto Nacional de las Mujeres de  nueva cuenta la solicitud de activación del mecanismo en Morelos.

Estamos convencidas de que la participación de las mujeres, de la sociedad civil organizada y de los amplios sectores populares en el país, son actores fundamentales para enriquecer un amplio movimiento que no calle,  que no avale con su silencio las prácticas sexistas y misóginas, que se solidarice con las mujeres agredidas y sus  familias. Hacemos un llamado para no quitar el dedo del renglón, para mantener en alto la denuncia de la impunidad y la corrupción. Para denunciar sistemáticamente todas las políticas públicas que sólo sirven para simular y que no están realmente incidiendo en cambios verdaderos y profundos. Necesitamos fortalecer la vigilancia social de las políticas públicas y la actuación de las y los funcionarios de las instancias que imparten justicia. Necesitamos unirnos en la lucha para cambiar la cultura patriarcal que desvalora y desprecia la vida de las mujeres. Insistimos, La vida y la libertad de las mujeres están en riesgo.

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