Detengamos la impunidad y la violencia feminicida

dscf0550  Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

Las causas de la violencia feminicida han sido ampliamente analizadas por organizaciones feministas y de derechos humanos. Se trata de una violencia estructural, sistémica, patriarcal, machista y misógina. Combatirla para detenerla y erradicarla implica una amplia conciencia social y políticas públicas que garanticen la vida y la libertad de las mujeres. Por eso, es importante destacar el informe del Relator de la ONU y la aceptación por parte del Instituto Nacional de las Mujeres del inicio del proceso para la emisión de la Alerta de Violencia de Género en Morelos.

La impunidad constituye el talón de Aquiles del sistema actual. Si realmente es verdad —como parecen indicar las cifras citadas— que solo 1 o 2 millares de los más de 100.000 homicidios de la administración federal anterior dieron lugar a una sentencia condenatoria, no es necesario seguir buscando las causas de la violencia desenfrenada que impera en ciertas regiones del país. La rendición de cuentas conforme a lo previsto en la ley es la clave para reducir el altísimo y alarmante nivel de pérdidas de vidas que se asocia actualmente con México, rebajándolo al menos al nivel que tenía en un pasado no tan lejano, y seguir avanzando a partir de ahí, señaló el Relator de la ONU, quien en su capítulo sobre Mujeres, destacó el hecho de que numerosos interlocutores alertaron al Relator Especial sobre la persistencia de la violencia contra las mujeres, a menudo con resultado de muerte, y la impunidad de que gozan los agresores. El asesinato de mujeres, según las informaciones, a menudo conlleva actos de violencia de género, como agresiones sexuales, y otras formas de brutalidad. También fue informado de que existe una relación directa entre el aumento del número de feminicidios y el despliegue del ejército en actividades policiales, por lo que tomó nota de las mejoras introducidas en el marco legislativo e institucional de México para hacer frente a la violencia contra las mujeres a nivel federal, como la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la codificación del feminicidio a los niveles federal y estatal constituyen avances en la dirección correcta. Sin embargo, la violencia contra las mujeres, especialmente el feminicidio, sigue siendo un problema muy serio en la práctica, como se indicó en las observaciones finales de 2012 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 17). Según la CNDH, desde 2007 se registraron 4.419 feminicidios. Si bien se han adoptado ciertas medidas positivas para aplicar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero, todavía queda mucho por hacer. El Relator Especial hace hincapié en que el feminicidio debería estar tipificado en todos los códigos penales pertinentes, sobre la base de características objetivas y que los protocolos de investigación de la policía en casos de feminicidio también deberían estar normalizados.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), publicaron el pasado 7 de junio la “Convocatoria para el estado de Morelos para conformar el Grupo de Trabajo que investigará si en el estado existe violencia feminicida. –en un plazo de 30 días a partir de su conformación–, como lo documentó la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), instancia que presentó el pasado 27 de mayo la solicitud de AVG. En esa fecha,  enfatizamos que había que poner a prueba la efectividad de la AVG e invitamos a activistas de otras entidades a presentar más solicitudes, o en su caso decretar “alertas ciudadanas”, como lo han hecho grupos civiles de Chiapas y recientemente del Estado de México. Cimacnoticias reportó que la titular de la Conavim, ya había recibido la petición de AVG por parte de la CIDHM. La solicitud para Morelos se basa en un informe reciente de la CIDHM, en el que se asienta que entre 2000 y 2013 han sido asesinadas al menos 530 mujeres, y que el feminicidio va en aumento en la entidad, ya que mientras para junio del año pasado se habían registrado 35 crímenes, hasta noviembre de 2013 la cifra ascendió a 54 casos. La nueva solicitud ocurre a dos meses de que se admitió la solicitud de AVG para el estado de Guanajuato, aún están pendientes de publicación las conclusiones de la indagación que se realizó en esa entidad de las cuales depende una declaratoria de AVG en la entidad.

Para el caso de Morelos, cabe recordar que en septiembre de 2013 la CIDHM solicitó al Inmujeres la activación de la AVG, resultado de ello fue que el INM envió al gobierno de Morelos la activación de las 10 medidas emergentes, que ha incumplido hasta el momento. Hoy se han sumado a esta solicitud las organizaciones del Pacto Morelos por la Soberanía, en oficio enviado para que se acumule al expediente, donde ya existen otras organizaciones y personas que han sumado su voz a esta exigencia en Morelos, donde decimos:  ¡ya basta, ni un feminicidio más!

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