Por un diálogo incluyente y participativo.

Lighting candle at 2007 ICM

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz Una política de hechos consumados aplica el gobierno estatal y federal. Todas las contrarreformas neoliberales se han impuesto sin diálogo con la sociedad. Las formas autoritarias no son democráticas, por más que se quiera manipular el significado de la palabra diálogo. El gobierno establece un monólogo permanentemente. No escucha las múltiples formas de expresión de la sociedad. Hasta las formas elementales de diálogo se pervierten cuando se trata de imponer las peores reformas privatizadoras, como lo vemos en el Congreso de la Unión, donde se aprueban sin discusión alguna las reformas secundarias que tanto daño hacen al patrimonio nacional para entregarlo a las trasnacionales. Las organizaciones independientes han estado dispuestas a dialogar para encontrar caminos de solución a las demandas populares, sindicales, sociales y políticas. Han dado amplias muestras de ello, al elaborar propuestas y hacerlas del conocimiento de las autoridades. Ha sido inútil. La única respuesta que han encontrado es la cerrazón y la intolerancia, la represión y la persecución, el hostigamiento y las campañas de desprestigio. Un diálogo desde el poder para fortalecer las políticas que unos cuantos deciden no es un verdadero diálogo. Es NO-DIALOGO. Es una simulación. Los pueblos piden dialogar para que se respeten sus derechos a la tierra y al agua, y la respuesta es la imposición de mega-proyectos privatizadores. El pueblo pide dialogar para preservar a Pemex como empresa nacionalizada y el gobierno responde entregándola al gran capital. Los campesinos piden dialogar para que no haya destrucción ambiental y el gobierno responde con asesinatos, como el del compañero Antonio Esteban Cruz, encarcelando a Enedina Rosas Vélez, Comisariada Ejidal de San Felipe Xonacayucan; Juan Carlos Flores Solís, vocero del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDAyT); Abraham Cordero Calderón, Juez de Paz al momento de su detención e integrante de la organización denominada “Los de Abajo” y del Frente Campesino del Valle de Texmelucan y Sierra Nevada. Los estudiantes exigen derecho a la educación pública gratuita, como lo establece la Constitución, y a cambio recibe beca-salario condicionada políticamente, como la mayoría de programas sociales clientelares. La ciudadanía dialoga en las calles para obtener firmas contra la privatización de la energía y el gobierno niega el derecho a la consulta previamente a las reformas. Se pide dialogar sobre el tipo de impuestos y el gobierno aplica multas y sanciones a quien no puede pagar y sigue aumentando los precios de todos los servicios públicos municipales y elevando cuotas del pago de luz. Las y los trabajadores piden dialogar para que se legisle protegiendo derechos sociales y el gobierno privatiza la seguridad social despojando derechos ya conquistados. El magisterio pide diálogo para mejorar la educación pública y el gobierno les difama acusándolos de guerrilleros y persigue a maestras y maestros que luchan. Feministas y defensoras de derechos humanos pide respeto a la vida y la libertad de las mujeres y el gobierno niega la existencia del feminicidio y la Alerta de Violencia de Género establecida en la Ley. Aun cuando hasta el derecho de petición se niega en muchos casos, la gravedad de la situación nos obliga a insistir en nuestras demandas. Se ha documentado el feminicidio y finalmente el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) dieron un primer paso para reconocer la violencia feminicida en el estado de Morelos, al acceder al inicio de una investigación en la materia. Así lo consideramos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), al dar a conocer que el Inmujeres notificó que fue admitida su solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad. Es de vital importancia que haya sido admitida la petición, pues con ello se valora la labor de las organizaciones civiles en el registro y denuncia de los hechos, y se da un paso en el reconocimiento del problema. Lo verdaderamente importante es que se active la AVG, ya que los nuevos casos de feminicidio no admiten más dilación de todas las medidas para erradicar la violencia feminicida y garantizar la vida y la libertad de las mujeres. Familiares piden dialogar para encontrar con vida a las y los desaparecidos y el gobierno continúa desapareciendo la justicia y la verdad. Las organizaciones defensores resaltan que el gobierno reconoce oficialmente la existencia de 7 mil 615 personas desaparecidas en lo que va de la actual administración de Enrique Peña Nieto. Es decir, que el gobierno reconoce la existencia de 20 mil 810 personas desaparecidas entre 2006 y 2014. Cabe señalar que esta cifra no incluye a las personas desaparecidas durante la Guerra Sucia, que ascienden a mil 200 personas, lo cual constituye una forma de invisibilización de las víctimas del Terrorismo de Estado. Por su parte, comunidades y pueblos piden dialogar para encontrar solución a la inseguridad y a la violencia y el gobierno impone Mando Único y militarización que solo garantiza impunidad y pérdida en vidas humanas. ¿De qué dialogo se habla? En las calles miles de personas demandan solución a sus demandas populares y en los pasillos del poder los funcionarios hacen caso omiso y aplican cada vez más mano dura y aprueban leyes para criminalizar las protestas sociales. ¡Así no hay diálogo posible! Por todo ello, decimos claramente que no nos prestamos a legitimar un diálogo de los de arriba para seguir engañando a los de abajo. Reclamamos solución a las demandas reales de la población que exige pleno respeto a los derechos humanos de todas y todos. Por un diálogo incluyente y participativo.

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