Criminalización de las luchas sociales

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca
Nos colocamos del lado de quienes luchan en defensa de sus derechos. Es parte de la construcción de relaciones sociales basadas en la solidaridad. Nos oponemos al uso de la fuerza pública contra los movimientos sociales. Consideramos que la protesta social ocurre cuando se cierran otras vías legales para hacer valer las demandas. El derecho de petición contemplado en la Constitución que no es respetado por los de arriba. Es un derecho político a la libertad de expresión, de manifestación y de organización. Derechos humanos, que son cada vez más violentados por los dueños del poder y del dinero. No podemos permanecer neutrales. Quien permanece impávido ante un abuso de poder lo convalida. La impotencia es un sentimiento que se genera cuando la rabia acumulada por las injusticias no encuentra opciones de lucha. No callar, no aceptar, no claudicar, es parte de la toma de conciencia de que otro mundo es posible, donde la justicia se siente entre nosotras y nosotros. Así lo entendemos, como parte de nuestra decisión de comprender la irracionalidad del poder para construir una racionalidad distinta. No las razones del dinero, ni de la fuerza del que no le importan las razones. No la razón del poder, sino el poder de la razón. Cuando nos unimos y organizamos con objetivos claros y precisos, podemos desarrollar estrategias y planes que nos coloquen en mejores condiciones y circunstancias que las impuestas por el sistema capitalista. No es fácil. No, en medio de la desinformación y desorganización, así no es posible. Si lo es, cuando nos atrevemos a luchar. Es cierto que los procesos sociales son de largo plazo. Nunca los cambios han sido de un momento a otro. Por eso, nuestra determinación de construir una fuerza organizada desde abajo, que tenga la lucha por los derechos humanos como un objetivo estratégico. Es lo que nos permite resistir y no claudicar. No al uso de la fuerza pública para solucionar conflictos sociales en Morelos.
Hace ya cuatro años se utilizó la PFP para desalojar a los trabajadores del SME y cerrar la Compañía de Luz, a la vez que se detuvo a los dirigentes sindicales y se les acusó de secuestrar a funcionarios, hecho por los que compañeros como Marco Antonio García y Héctor Salazar siguen firmando su libertad provisional y están sujetos a proceso. En Atenco fue utilizado el esquema de acusar a los dirigentes de secuestro y permanecieron años en prisión. Actualmente son víctimas de agresiones por grupos paramilitares y provocadores para imponerles el mismo proyecto que ya fue derrotado.
El anuncio de la creación del nuevo grupo represivo de la Gendarmería y la militarización de 21 de los municipios en Morelos, lejos de ser buenas señales para el pueblo, significa mayor amenaza para la lucha social. Las detenciones de opositores al Plan Integral Morelos y la campaña de desprestigio a opositores a la autopista en Tepoztlán, así como el desalojo del campamento de 5 trabajadoras de la construcción quienes tras 9 días de permanecer en huelga de hambre a las puertas de gobierno, y la detención de Luis Alejo Rosales, del sindicato de la construcción, bajo el montaje de secuestro en contra del Sub Secretario de Gobierno, son una muestra. Por otra parte, a un año de la arbitraria detención y traslado a un penal federal de Nestora Salgado, Comandanta de la Policía Comunitaria en Olinalá, Guerrero recluida en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit exigimos la liberación inmediata de la defensora, quien fue detenida en un operativo mixto por efectivos del Ejército, la Marina, la Policía Estatal y la Policía Municipal el 21 de agosto de 2013.
Estos casos se ubican en el contexto de la aprobación de diversas iniciativas legislativas, a nivel federal, que giran en torno al ejercicio del derecho a la protesta social y a la libertad de expresión. Estas leyes más que proteger y ampliar, buscan inhibir y limitar derechos básicos de las y los ciudadanos en una sociedad democrática, tales como la libertad de expresión, protesta, reunión y asociación, por lo que denunciamos el andamiaje que se construye para criminalizar la protesta social. Encontramos sumamente preocupante el cerco a las libertades democráticas construido desde el Estado para violentar derechos en las calles, y ahora también en internet, así como las acciones violatorias de derechos por parte del gobierno, tales como la censura previa al establecer avisos o permisos para reuniones públicas, la posibilidad de disolver las marchas si bloquean un edificio de gobierno o una vía pública, una sobre burocratización para ejercer derechos en el espacio público, la criminalización del simple aspecto o forma de vestir de las personas, y el aumento desproporcional de penas para delitos relacionados con concentraciones. Este tipo de legislaciones vulneran, coartan y restringen el ejercicio de los derechos humanos de las personas y pueblos, y buscan criminalizar la protesta social en todas sus expresiones. Es el caso de las reformas al Código Penal en materia de terrorismo, la geolocalización en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la inminente aprobación de la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia se suspensión de garantías. Esta forma de cerrazón y autoritarismo político es un pésimo mensaje para toda la clase trabajadora que está en pie de lucha contra las políticas neoliberales y privatizadoras que el gobierno lleva a cabo, por lo que exigimos que no se continúe criminalizando la protesta social en el estado de Morelos.

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Archivado bajo articulos, CIDH, militarizacion, represión, Seguridad ciudadana

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