Informe oficial del Grupo de Trabajo concluye que feminicidio es grave en Morelos.

Observaciones de la CIDHM al Informe sobre solicitud de AVG en Morelos.

El gobierno de Morelos teme a la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres. Las mujeres no. Se trata de la vida. Y de la muerte no convocada. La que llega cuando se puede evitar. Porque se trata de prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia feminicida. Es un derecho. Y los derechos no se negocian, se defienden. Podemos considerar que las razones y argumentos planteados en la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) permiten llegar a la conclusión de que el feminicidio en Morelos es sumamente grave y que hay responsabilidad oficial al no atenderlo en toda su dimensión, por lo que se confirman los supuestos básicos en el sentido de que hay simulación, omisiones, desconocimiento y descoordinación en las políticas públicas, con lo que se genera la violencia institucional. Aun cuando el gobierno trató de tergiversar las conclusiones del Informe y de minimizar el problema al reconocer una cifra de feminicidios muy menor a la real, el estudio concluye en que no hay garantías para que las mujeres tengan derecho pleno a una vida libre de violencia, porque aún en los casos reconocidos por el gobierno prevalece la impunidad. El INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO CONFORMADO PARA ATENDER LA SOLICITUD DE ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE MORELOS y sus 15 conclusiones y recomendaciones al gobierno del Estado de Morelos sobre el feminicidio, es producto de la solicitud realizada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., respaldada por 25 organizaciones feministas, defensoras y defensores de derechos humanos, sindicatos y 2,054 firmas autógrafas de personas, así como 260 peticiones a través de la Red Avaaz.ORG y 128 peticiones desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. Mostrando un interés social ante la magnitud del feminicidio en Morelos. Es importante analizar a la luz de este informe las conclusiones y las recomendaciones emitidas al gobierno del Estado de Morelos sobre la violencia feminicida, pues los objetivos de la declaratoria de la AVG es prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio. Ni un feminicidio más, no más impunidad. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, es absolutamente contundente al señalar que en el Gobierno del Estado Morelos existe una descoordinación entre instituciones para prevenir la violencia contra la mujer, no destina recursos económicos y la mayoría de las carpetas de investigación se encuentran inconclusas por la incapacidad de las fiscalías. Aun cuando las conclusiones son claras, en el sentido de que forman parte del procedimiento de AVG, nuevamente el gobierno de Morelos ejerce violencia institucional al tergiversar su contenido, enviando el mensaje de que se descarta esta alerta. Es por ello que consideramos importante transcribir literalmente algunos conceptos contenidos en este informe entregado por la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

“[…] Morelos se encuentra entre los seis estados del país con el más alto índice de muertes de mujeres por violencia de género (pág. 23). […] […] Contexto de feminicidios en la entidad que requiere de la urgente intervención del estado para revertir la situación (pág. 26). […] El Estado de Morelos presenta un escenario grave de violencia contra las mujeres que se caracteriza en distintas formas de violencia y en el caso extremo en feminicidios que, en su mayoría, se encuentran impunes […] la violencia contra las mujeres podría agudizarse en el futuro (pág. 31). […] Poca importancia que social e institucionalmente se puede estar dando a determinados tipos de violencia, minimizando las consecuencias de las mismas para la víctima (pág. 36). […] Desarticulación entre el sector salud y las autoridades de la procuración de justicia (Pág. 37). […] Omisión por parte del Estado en la generación y sistematización de información… contribuye a invisibilizar la violencia […] y obstaculiza (pág. 40). […] Invisibilización de la violencia contra las mujeres […] normalización de la violencia extrema (pág. 41). […] Violencia institucional e incumplimiento de la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres (pág. 45). El grupo manifestó su preocupación sobre la discrepancia de cifras existente, no sólo entre los datos aportados por nuestra organización (CIDHM), sino por dependencias como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, lo que “muestra la necesidad de homologar las metodologías para la sistematización de la información y los criterios de organización de la misma, en especial para distinguir entre homicidios de mujeres y feminicidios”. Mientras la CIDHM documentamos –en la solicitud de AVG– que entre el año 2000 y junio de 2013 hubo 530 casos de feminicidio en el estado, el gobierno local, en ese mismo periodo, reportó 273 casos de los que se desprenden 280 víctimas de feminicidio. De ellos, sólo 108 fueron investigados o enjuiciados como feminicidio, debido a que el tipo penal se creó hasta septiembre de 2011. […] Sin importar el número de casos de feminicidios en los que existían denuncias previas por parte de las víctimas, el estado de Morelos no ha cumplido con su obligación de prevenir la violación a los derechos humanos de las mujeres (pág. 47). […] Falta de información… incumplimiento (pág. 51) […] El grupo de trabajo observa que las instancias encargadas de brindar atención a las mujeres víctimas de violencia (Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas, DIF, centros de salud, policía estatal y municipal, entre otras) no cuentan con protocolos de atención y rutas críticas claras que les permitan identificar, por una parte, sus propias funciones con respecto a este tipo de casos, y por otra, qué instancias son las competentes para la canalización adecuada de las víctimas”. Juzga que a pesar de que el gobierno reportó la existencia de protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres, existe desconocimiento de los mismos de los funcionarios encargados de procuración de justicia, lo que impide su adecuada aplicación. No se capacita. En el rubro de capacitación perciben que las capacitaciones no son eficientes, no tienen planeación, ni mecanismos de seguimiento y de evaluación por lo que pide diseñar mecanismos de seguimiento y evaluación tanto de las personas que imparten la capacitación, como de las personas que la reciben. Estrategia de prevención debe ser integral (pág. 53). Observaron que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de atención a la violencia contra las mujeres que permita una mejor atención a las víctimas desde sus primeras manifestaciones y la prevención de un escalamiento de la violencia familiar hasta la violencia feminicida. Y observó que en algunos de estos casos “se describen condiciones de crueldad e inhumanidad que podrían constituir violencia feminicida”. Proponen la implementación de un Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos. Respecto al estado procesal de los casos, el gobierno informó que 95 están “judicializados” y 67 “concluidos”. Asimismo, manifestó que 106 casos están en reserva o archivo temporal, y 72 en investigación. Es decir sólo el 24.54 por ciento están concluidos, lo que para el Grupo de Trabajo hace notoria la falta de efectividad del sistema judicial en el estado para atender la violencia feminicida. Asimismo, alarma que en un 63.5 por ciento de los casos no se haya identificado al agresor. […] 38.83% de casos no se han formulado imputación […] investigaciones no exhaustivas […] impunidad (pág. 55). […] Falta de transversalidad dentro de la PGJ y Fiscalías que explica disparidad de cifras (pág. 55). Identificaron que la inexistencia de una articulación entre las distintas instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres. “resulta preocupante la desarticulación entre las distintas fiscalías pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Morelos. Lo anterior, repercute en el registro de casos de feminicidios y en la prevención e investigación de la violencia de género, así como la sanción de sus responsables”. Para revertir la desarticulación aconseja diseñar mecanismos de articulación entre las distintas Fiscalías para registrar los tipos de violencia que las mujeres sufren para garantizar debidas diligencias en la prevención e investigación de los casos de feminicidio. Observó que no se sistematiza la información de casos de violencia contra las mujeres ni tampoco se alimenta o actualizan el sistema de información. Describió que si bien el Instituto de la Mujer del estado de Morelos (IMEM), es responsable del Banco de datos sobre Caso de Violencia contra la Mujer, no recibe información de las instancias encargadas de la atención y procuración de justicia de las mujeres víctimas de la violencia lo que se agrava más debido a que no cuentan con la infraestructura material y de recursos humanos para cumplir con dicha obligación. En este sentido, consideran que el banco de información estatal sea único con datos actualizados. […] Han sido sancionados con sentencia 59 de un total de 273 casos reconocidos. 47 con sentencia condenatoria y 12 absolutoria (pág. 56). […] Sólo el 21.61% reconocidos como feminicidios obtuvieron sentencia, 17.22% condenatoria (pág. 56). […] El TSJ no ha practicado ninguna evaluación para verificar que las sentencias que emite incorporen perspectiva de género (pág. 57). […] En ningún caso de feminicidio reconocido por el Estado se haya otorgado la reparación correspondiente (pág. 58). Para garantizar la reparación de daño, observa la necesidad de fortalecer las acciones realizadas por el estado de Morelos tendientes a reparar a las víctimas de violencia feminicida pero para ello hacer adecuaciones administrativas y legislativas que garanticen la reparación integral del daño conforme a la leyes en la materia sobre todos en los casos de feminicidios reconocidos por el estado. También dice que está ausente el registro de órdenes de protección y la falta de implementación de las mismas por parte de las autoridades facultadas para tal efecto. Por lo que, juzga conveniente dictar órdenes de protección en casos en los que exista un riesgo de daño a las mujeres víctimas de violencia realizando un análisis de riesgo con medidas idóneas con un mecanismo de seguimiento. […] Se debe tratar a las víctimas como “Titulares de derechos y no como beneficiarios de programas sociales (pág. 60). […] En las campañas se da […] idea de que las personas sufren violencia porque lo permiten (pág. 61). […]Uso de estereotipos en las campañas. Critica al área de comunicación social del gobierno al señalar que las campañas para dar a conocer los derechos humanos de las mujeres y las niñas en la entidad, tienen mensajes que podrían reproducir estereotipos de género. Y exige: “crear modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) que permitan concientizar en perspectiva de género”. Además crear campañas con mensajes claros con el ciclo de la violencia, la visibilización de la misma, sus tipos y modalidades. Señala la existencia de violencia mediática (analiza específicamente los contenidos de la “Extra”) (pág. 62). En una de las conclusiones habla de los efectos que crean los medios de comunicación: “Este grupo considera que la forma en la que los medios de comunicación en el estado de Morelos abordan el tema de la violencia contra las mujeres, contribuye a la reproducción de una cultura que favorece la desigualdad de género y la violencia”. “Lo anterior ocurre a través de la invisibilización, naturalización y justificación de la violencia ejercida en contra de las mujeres, así como de la reproducción de estereotipos y prejuicios relacionados con la materia”, critican las conclusiones. Al respecto, le exige al gobierno acciones para sensibilizar a los medios de comunicación del estado en materia de género, derechos humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres, para ello, le propone elaborar lineamientos para la incorporación de la perspectiva de género en la labor de los medios de comunicación y que éstos sean difundidos y promovidos. […] La violencia obstétrica, por discapacidad y a migrantes, falta incluirlas en la Ley LAMVLVM. (pág. 64). […] Armonización: sobre el tema de la conciliación y abandonar el enfoque asistencialista (Pág. 64). […] Código Penal. Incluir la reparación del daño. (pág. 64). “Más allá de las discrepancias de cifras […] existe evidencia suficiente de un incremento… de la violación de los derechos humanos de las mujeres […] conductas misóginas… impunidad social y del estado […] culminado en feminicidios y otras formas de violencia feminicida (pág. 66). […]”. Como conclusiones finales también dice que es necesario hacer del conocimiento de las autoridades los protocolos de actuación e investigación de delitos cometidos contra las mujeres; institucionalizar los procesos de atención a las víctimas de violencia en todas las instancias del estado, e implementar el Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos, emitido en 2012. Así también recomendó crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y reeducación de personas generadoras de violencia contra las mujeres; reparar el daño a las víctimas de feminicidio; integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; dictar de manera adecuada órdenes de protección para víctimas de violencia, y asignar el presupuesto adecuado y suficiente para combatir la violencia de género. Si bien estas conclusiones y recomendaciones son importantes, no hay una que establezca la sanción a funcionarios que ejercen violencia institucional y no fija claramente la responsabilidad, investigación y sanción a funcionarios que ejercen la violencia institucional y lo que se debe hacer para resolver todos los casos documentados por nuestro organismo, que, como documentamos una por una, es del doble que la reconocida por el gobierno de Morelos.
Ante ello, nuestro máximo criterio de verificación es que no haya un solo feminicidio más en la impunidad, única garantía de no repetición y de prevención, para que se avance verdaderamente en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Basta de simulaciones, omisiones, negligencia y complicidades con esta violencia feminicida social e institucional.
Una cosa es clara, si no se toman medidas contundentes, prevalece el riesgo de que la violencia feminicida crezca en Morelos. Y no debemos ni podemos permitir que así sea. Es la vida y la libertad de las mujeres.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

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Archivado bajo CIDH, derechos de las mujeres, Derechos Humanos, Feminicidio, violencia contra mujeres

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