Violencia Institucional en Morelos: El feminicidio una prueba de ello.

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.

El feminicidio en Morelos es sumamente grave y hay responsabilidad oficial al no atenderlo en toda su dimensión, por lo que se confirman los supuestos básicos en el sentido de que hay simulación, omisiones, desconocimiento y descoordinación en las políticas públicas, con lo que se genera la violencia institucional. Las razones y argumentos planteados en la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) son claras. Aun cuando el gobierno falsifica las conclusiones del Informe y minimiza el problema al reconocer una cifra de feminicidios muy menor a la real, el estudio concluye en que no hay garantías para que las mujeres tengan derecho pleno a una vida libre de violencia, porque aún en los casos reconocidos por el gobierno prevalece la impunidad. El informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Morelos y sus 15 conclusiones y recomendaciones al gobierno del Estado de Morelos sobre el feminicidio, es producto de la solicitud realizada por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C., respaldada por 25 organizaciones feministas, defensoras y defensores de derechos humanos, sindicatos y 2,054 firmas autógrafas de personas, así como 260 peticiones a través de la Red Avaaz.ORG y 128 peticiones desde la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos. Mostrando un interés social ante la magnitud del feminicidio en Morelos. Es importante analizar a la luz de este informe las conclusiones y las recomendaciones emitidas al gobierno del Estado de Morelos sobre la violencia feminicida, pues los objetivos de la declaratoria de la AVG es prevenir, investigar, sancionar y erradicar el feminicidio. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, es absolutamente contundente al señalar que en el Gobierno del Estado Morelos existe una descoordinación entre instituciones para prevenir la violencia contra la mujer, no destina recursos económicos y la mayoría de las carpetas de investigación se encuentran inconclusas por la incapacidad de las fiscalías.

Pero nuevamente el gobierno de Morelos ejerce violencia institucional al tergiversar su contenido, enviando el mensaje de que se descarta esta alerta. La obligación constitucional de respetar los derechos humanos de las mujeres consiste en no obstaculizar, no interferir, ni impedir el goce de sus derechos. Implica así, “una noción de restricción al ejercicio del poder estatal”. Es decir, consiste en la obligación de abstenerse de violar los derechos, por ejemplo, mediante acciones u omisiones que impliquen estereotipos de género, prejuicios o que culpabilicen a las mujeres. A lo largo de este informe, el grupo de trabajo ha hecho alusión a diversas actitudes institucionales que se constataron a través de las visitas in situ, y que denotan violencia institucional en contra de las mujeres. Es importante destacar que a lo largo del informe se establece que existe violencia Feminicida y diversos niveles de violencia institucional, lo que agrava la situación y en lugar de detener se corre el riesgo de que se incremente. “La minimización de la violencia es un ejemplo más del maltrato que sufren las mujeres en manos de las instituciones. Esta minimización está muy arraigada en el sector salud, ya que como se mencionó […] un importante número de casos de violencia no son referidos al Ministerio Público. Otra señal de violencia institucional es la falta de atención oportuna de las autoridades respecto de las denuncias previas de actos de violencia hacia las víctimas de feminicidio” (página 45). “Otro ejemplo, es la práctica de la conciliación para resolver por vía amistosa los casos de violencia contra la mujer o violencia familiar, la cual se ha convertido en un procedimiento que arriesga la integridad y la vida de las mujeres porque los agresores se sienten amenazados, además de ser un impedimento para que ellas puedan acceder al goce de sus derechos, en particular, los derechos de acceso a la justicia y a vivir libres de violencia.” (pág. 45). El grupo de trabajo considera que esta clase de conductas constituyen violencia institucional e implican un incumplimiento de la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres y comprometen el ejercicio efectivo de los mismos, específicamente el derecho a una vida libre de violencia y al acceso a la justicia. Como conclusiones finales también dice que es necesario hacer del conocimiento de las autoridades los protocolos de actuación e investigación de delitos cometidos contra las mujeres; institucionalizar los procesos de atención a las víctimas de violencia en todas las instancias del estado, e implementar el Modelo de Atención Único para las Dependencias que Integran el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en el Estado de Morelos, emitido en 2012. Así también recomendó crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y reeducación de personas generadoras de violencia contra las mujeres; reparar el daño a las víctimas de feminicidio; integrar adecuadamente el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres; dictar de manera adecuada órdenes de protección para víctimas de violencia, y asignar el presupuesto adecuado y suficiente para combatir la violencia de género. Si bien estas conclusiones y recomendaciones son importantes, no hay una que establezca la sanción a funcionarios que ejercen violencia institucional y no fija claramente la responsabilidad, investigación y sanción a funcionarios que ejercen la violencia institucional y lo que se debe hacer para resolver todos los casos documentados por nuestro organismo, que, como documentamos una por una, es del doble que la reconocida por el gobierno de Morelos. Mientras que en la CIDHM documentamos 530 (del 2000 y junio de 2013), el gobierno reportó para el mismo periodo 273, los que se desprenden 280 víctimas de feminicidio. De ellos, sólo 108 fueron investigados o enjuiciados como feminicidio, debido a que el tipo penal se creó hasta septiembre de 2011, y las 250 mujeres asesinadas no incluidas, nuevamente se invisibilizan. Ante ello, nuestro máximo criterio de verificación es que no haya un solo feminicidio más, única garantía de no repetición y de prevención para que se avance verdaderamente en la erradicación de la violencia feminicida contra las mujeres. Basta de simulaciones, omisiones, negligencia y complicidades. Ni un feminicidio más, no más impunidad.

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Uncategorized

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s