Imparable violencia institucional contra las mujeres en Morelos

Juliana G. Quintanilla y Marco Aurelio Palma Apodaca
El horror. Crecen las violencias menores al amparo de la impunidad de violencias mayores. Se minimizan casos que alimentan violencia feminicida. En Morelos existe falta de compromiso para hacer cumplir las leyes, la Constitución Federal, así como los Tratados y Convenciones Internacionales en materia de Derechos Humanos. Retomando el documento sobre las recomendaciones emitidas por el grupo de trabajo sobre “AVG” -Alerta de Violencia de Género
(www.inmujeres.gob.mx/inmujeres/images/stories/carrusel/08_AGOSTO/informe%20final%20del%20grupo%20de%20trabajo.pdf), para que el ejecutivo del Estado atienda y aplique 15 recomendaciones, y dada su trascendencia, consideramos importante transcribir literalmente algunos conceptos y partes sustanciales de dicho informe entregado en semanas recientes por la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres) para combatir el feminicidio, ante la violencia institucional existente. Observaron que, en un número importante de casos de feminicidios, el agresor es la pareja o ex pareja sentimental de la víctima, ello sugiere la necesidad de un plan de reforzamiento de atención a la violencia contra las mujeres que permita una mejor atención a las víctimas desde sus primeras manifestaciones y la prevención de un escalamiento de la violencia familiar hasta la violencia feminicida. La investigación hace notoria la falta de efectividad del sistema judicial en el estado para atender la violencia feminicida. El TSJ no ha practicado ninguna evaluación para verificar que las sentencias que emite incorporen perspectiva de género (Pág.57). Como conclusiones finales también dice que es necesario hacer del conocimiento de las autoridades los protocolos de actuación e investigación de delitos cometidos contra las mujeres; institucionalizar los procesos de atención a las víctimas de violencia en todas las instancias del estado.
En dicho contexto es necesario referir que en el municipio de Ocuituco se presentó recientemente una denuncia por violencia familiar contra el respectivo presidente municipal, siendo las victimas en este caso la esposa e hija de dicho edil. El juez penal en dicha circunstancia propicia la impunidad, ya que al momento de resolver el referido asunto pasó por alto el “Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género haciendo realidad el Derecho a la Igualdad” que aprobó en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y donde se señala con toda precisión que busca orientar la actuación de las y los jueces para acabar con los estereotipos que provocan la discriminación en la impartición de justicia y revertir la desigualdad y exclusión sistemática de los grupos históricamente en desventaja, y en donde además claramente se proponen mecanismos para detectar las circunstancias que perpetúan las violaciones a los derechos humanos de las personas, en virtud de su sexo, género u orientación sexual, y enfatiza la relevancia de tomar en cuenta el contexto social, económico y cultural al analizar un caso jurisdiccional. Ante ello es lamentable que dicho juzgador haya argumentado no poder proceder en el caso porque el edil cuenta con fuero. La Constitución es muy clara cuando señala que este fuero se aplica por las opiniones y acciones que manifiesten en el desempeño de su cargo. Fuero no es equivalente de impunidad. En este sentido, el edil de Ocuituco, Juan Carlos Flores Espinosa, es señalado como responsable de actos que deben ser i nvestigados y sancionados como lo marca la propia CEDAW (La Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas) y la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, por lo que no se debe seguir con la práctica política institucional del tráfico de influencias. Los abogados de la afectada denunciaron una serie de actos de impunidad que en todo tiempo han favorecido al munícipe. Ante ello, el TSJ debe de tener mayor responsabilidad para defender a la familia y de la misma forma el juez de Cuautla, quien no hizo su trabajo debidamente para proteger a las mujeres víctimas de violencia dentro de la familia. Ningún cargo les da el derecho a golpear y a ejercer violencia económica, emocional y física a la familia y quedar impunes.
Este caso es claro ejemplo de la violencia institucional e incumplimiento de la obligación de respetar los derechos humanos de las mujeres (Pág. 45). Las instituciones tienen obligación de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres. En la investigación de los casos de violencia contra las mujeres, el cumplimiento del deber de investigar es una obligación que “debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una formalidad. Las autoridades del Estado, en el ámbito de sus competencias, movilicen todos los medios disponibles para conocer las circunstancias específicas de tiempo, modo y lugar en las que ocurren las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y los actos de violencia cometidos en su contra”. En su décima conclusión, el Grupo de Trabajo observó la ausencia de un registro administrativo de órdenes de protección y la falta de implementación de las mismas por parte de las autoridades facultadas para tal efecto. Ahora bien, investigar con la debida diligencia implica que, una vez que las autoridades tengan conocimiento de hechos constitutivos de violencia, inicien una investigación ex officio y sin dilación, y que la misma sea seria, imparcial y efectiva. Asimismo, es necesario que se realice con todos los medios legales posibles y que esté orientada a la determinación de la verdad, y a la persecución, captura, enjuiciamiento.
El derecho humano a la igualdad plantea que deben usarse todos los instrumentos legales internacionales que permitan entender la obligación del estado de garantizar igualdad y garantizar en acciones, las medidas para proteger derechos. En el caso de Ocuituco es claro que los tres poderes y los tres niveles de gobierno están incumpliendo su obligación de proteger los derechos de las mujeres y ejerciendo violencia institucional, podemos decir que no es el primer caso y sienta un mal precedente en la opinión pública. Grave, muy grave que así sea, y de ninguna manera podemos permitirlo como sociedad, a menos de que nuestra indiferencia contribuya a perpetuar la impunidad y la injusticia. Ninguna mujer debe sufrir violencia. Basta de feminicidio en Morelos.

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