Tortura generaliza la impunidad.

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Cuando la tortura se generaliza, pierde la justicia su razón de ser. Los métodos ilegales usados por la policía jamás permitirán combatir la ilegalidad. Los testimonios de tortura en Morelos: “Luis, Arturo y Fermín, estaban en la calle en la colonia Constitución del municipio de Jiutepec, elementos del Mando Único a bordo de por lo menos seis camionetas, los sometieron a golpes sin explicación legal. En el traslado a la sede de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), sufrieron quemaduras graves. Ya en el sótano, fueron sometidos a toques eléctricos mientras eran sumergidos a un tambo con agua: “nos metieron a unas jaula como de dos por dos metros. Cuando me sacaron me metieron a un cuarto ahí me dieron toques en los testículos mientras era sumergido en el tambo. A la fuerza querían que aceptara que pertenecíamos a un cartel”, afirma, Fermin y agrega: “ya no aguanté los golpes y pues se me doblaron las piernas, quede inconsciente, termine en el hospital con golpes por todos lados”. El caso más grave es el de Pablo, un contratista cuyas quemaduras han merecido injertos de piel y cirugías reconstructivas. Él recuerda que mientras los subieron a la patrulla sentía como lo quemaban. En el sótano de la CES, recibió la misma dosis de tortura de los elementos; sólo recuerda el dolor de las quemaduras y los toques eléctricos. Abrió los ojos en un hospital, con médicos a su alrededor y policías custodiándolo. “me desmaye y termine en el hospital. Ahí nos dijeron que éramos acusados de ser sicarios, que traíamos una pistola, que éramos criminales pero después nos dejaron en libertad”, asegura Pablo. También otros 4 jóvenes de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas fueron detenidos arbitrariamente, allanaron viviendas, y los torturaron en el trayecto al sector de la policía en Temixco. Daniel quedó con tres costillas fracturadas.
La tortura y los malos tratos en México están fuera de control, como pone de manifiesto el hecho de que las denuncias hayan aumentado en un 600 por ciento en el último decenio, según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional. La organización pide al gobierno mexicano que tome medidas con urgencia para poner fin al uso persistente y generalizado de la tortura por parte de la policía y las fuerzas armadas. El informe, titulado Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México, analiza el preocupante aumento del uso de la tortura y otros malos tratos y el clima imperante de impunidad y tolerancia hacia estas prácticas. Sólo siete torturadores han sido declarados culpables en los tribunales federales. Y el número de perpetradores enjuiciados en los tribunales de ámbito estatal es aún menor.
Las autoridades no pueden seguir mirando para otro lado. El hecho de que apenas se apliquen las salvaguardias para prevenir la tortura y otros malos tratos, y que las investigaciones sobre las denuncias a menudo minimicen la gravedad de los abusos y estén predispuestas contra la persona denunciante, son una clara indicación de que el gobierno no protege los derechos humanos. El alarmante aumento del uso de la tortura significa que existe una amenaza real de malos tratos para cualquier persona en México. En una encuesta encargada por Amnistía Internacional, el 64 por ciento de las mexicanas y los mexicanos encuestados declararon tener miedo de sufrir tortura en caso de ser puestos bajo custodia.
En el informe se explica en detalle cómo, desde 2010 hasta finales de 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 7.000 quejas por torturas y otros malos tratos. Según informes recientes, en 2014 ha disminuido el número de quejas. Pese a ello, sigue siendo mucho más elevado que hace diez años. Víctimas procedentes de distintas partes del país contaron a Amnistía Internacional que habían sido objeto de palizas, amenazas de muerte, violencia sexual, descargas eléctricas y semi-asfixia a manos de la policía o las fuerzas armadas, a menudo con el fin de obtener “confesiones” o para que incriminasen a otras personas en delitos graves. A pesar de que la ley lo prohíbe, el sistema de justicia penal sigue admitiendo pruebas obtenidas como consecuencia de la detención arbitraria o la tortura. Esto no sólo facilita que se siga recurriendo a la tortura y a otros malos tratos, sino que también se traduce en juicios sin garantías y condenas dudosas, socavando aún más la credibilidad del sistema de justicia y los derechos humanos de las personas acusadas en procesos penales.
El procedimiento pericial especial de la Procuraduría General de la República para investigar los casos de torturas y otros malos tratos a menudo incumple las normas internacionales establecidas en el Protocolo de Estambul. Pese a estas deficiencias, los fiscales y los jueces se basan en las investigaciones oficiales defectuosas y se niegan a aceptar otras pruebas de investigaciones independientes. La ausencia de investigaciones creíbles y exhaustivas sobre las denuncias de tortura supone un abuso por partida doble.
Para prevenir, investigar y castigar la tortura y otros malos tratos, en primer lugar, el gobierno debe reconocer la verdadera magnitud de la tortura policiaca en Morelos y comprometerse públicamente a luchar contra esta grave violación de los derechos humanos como máxima prioridad. Basta de tortura que generaliza la impunidad.

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