No callar hasta que la justicia sea.

Juliana G. Quintanilla y José Martínez Cruz.

Cuando la violencia se instala en la cotidianidad del cuerpo social, se degradan los más tiernos sentimientos y se normaliza todo tipo de autoritarismo, logrando que se acepten medidas contrarias a los derechos humanos de todas y todos. La descomposición social no puede ser atribuida a una sola causa, sino al conjunto de factores y contradicciones que llegan a estallar: crisis del sistema económico, social, político, civilizatorio. Cuando desde las alturas del poder se pervierten las leyes e instituciones para ponerlas exclusivamente al servicio del capital, no es el diálogo lo que impera, sino el uso de la fuerza, con todo el daño letal que implica. Los hechos ocurridos en Axochiapan, en Tlatlaya, en Iguala, en estos días, nos dan cuenta de este grado de descomposición del sistema.
50 Tlatlayas quieren, para poder decir que la violencia institucional está fuera de control. Cuando en Tlatlaya fueron 22 jóvenes fusilados por el Ejército, una de ellas de 15 años. Es un crimen de lesa humanidad que no debe permanecer impune. Tampoco debemos permitir que continúen ocurriendo, como ahora en Iguala con estudiantes de Ayotzinapa. Ni en Axochiapan. En ninguna parte deben seguir ocurriendo muertes impunes.
El gobierno de Morelos envió a policías y militares para reprimir al pueblo de Axochiapan. Coinciden Graco y EPN en la misma estrategia, encubierta en “labores humanitarias” pretenden enviar a militares mexicanos a cualquier país del mundo, o cualquier municipio, así como lo hicieron en Axochiapan: “Ante el anuncio hecho por el presidente Enrique Peña Nieto de apoyar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con labores de índole humanitario en beneficio de la población civil en países en donde hay conflictos, Graco Ramírez se sumó al proyecto.” Ya que según él, sólo una persona debe decidir por encima del pueblo: ““Requerimos un modelo policial que parta de dos intenciones: un solo mando único, una sola estrategia y una sola coordinación. No podemos seguir hablando del artículo 115 constitucional y decir que es facultad de los municipios la seguridad pública”.
¡Muy grave lo que ocurre cuando policías y militares actúan contra el pueblo!
24 personas detenidas por la policía y el ejército. El gobierno acusa al pueblo de Axochiapan de acciones de “delincuencia organizada”. Una cacería de brujas que genera presos políticos, y criminaliza movimientos sociales, perseguir a quienes buscan ser escuchados, igual sucede a quien se atreve a denuncian los abusos del Mando Único. ¡Y la muerte de una persona ocasionada por policías en Axochiapan, origen de la protesta ¡minimizada y en la impunidad!
Resultados de la política de imposición a fuerza de demostrar poder policíaco: pobladores detenidos, algunos son menores de edad. El pueblo tomó el Palacio y lo incendió. El gobierno respondió con toda la fuerza de policías y militares. Esa es la estrategia del Mando Único. Sin diálogo político, ni justicia, ni respeto a los derechos humanos. Que no haya impunidad en todos los asesinatos en Morelos. No sólo en el caso de los dos policías, cuyas muertes son usadas por Capella para mayor presencia del ejército. ¿Y la mujer asesinada en “fuego cruzado” en Jiutepec entre policías y asaltantes? ¿Y la mujer asesinada y arrojada en el Lago de Tequesquitengo? ¿Y el trabajador muerto en la patrulla del Mando Único? ¿Y la joven trabajadora del TSJ decapitada en Xochitepec? ¿Y el joven en Axochiapan a manos de policías? ¿Y cuantos más de los que ocurren cotidianamente? No podemos dejar de cuestionar: ¿Cuánta violencia feminicida? ¿Cuánta omisión en las investigaciones? ¿Cuánta indolencia en la aplicación de protocolos de identificación de cadáveres? ¿Cuántas mujeres desaparecidas sin que sus familiares sepan su paradero? ¿Cuánto dolor por estas muertes sin fin? ¿Hasta cuándo se sentará la justicia entre nosotros?
¡Basta de tanta muerte impune en Morelos!
Sí. Es una violencia imparable en diversas partes del país. Es el caso de los policías de Guerrero que masacran a 3 estudiantes y tienen presos a 24, cuando realizaban labores de información para invitar a la marcha del 2 de octubre. Demandamos justicia y alto a la represión del gobierno de Ángel Aguirre. Los testimonios son contundentes: Fueron más de 30 policías de las patrullas 018, 020, 027, 028 y la 302 que se llevó a un compañero herido. Cerca de las 24:30 de la madrugada, al momento de que un grupo de normalistas hacían declaraciones a reporteros de diferentes medios de comunicación, un comando armado, del que se desconocen su identidad y policías municipales de Iguala, empezaron a disparar ráfagas en contra de la multitud y de los vehículos que estaban estacionados en la zona. En un primer momento los policías llegaron con los rostros descubiertos pero que se encapucharon cuando los empezaron a rafaguear y a detener. Este es el grado de violencia institucional y criminal. Por ello tratan de ocultar información, como ocurre en casi cualquier asesinato de cientos de hombres y mujeres que ocurren en Morelos y en el país.
Es mediante la participación ciudadana, con información, con conciencia organizada, como se logrará un cambio que se viene gestando décadas atrás y que tiene en el movimiento estudiantil de 1968 un referente histórico en el 2 de octubre, pero sobre todo en la capacidad de lucha de estudiantes, que hoy salen a las calles en defensa del IPN. Hoy más que nunca se requiere poner un alto a esta violencia criminal e institucional. Ni una muerte impune más en Tlatlaya, Axochiapan o Iguala. Elevar nuestra voz por los derechos humanos es parte de la lucha por una vida digna, con justicia y libertad.

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