José Luis Luna Torres, estudiante originario de Amilcingo, Morelos, entre los 43 desaparecidos.

Graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de normalistas, permanecen 43 estudiantes desaparecidos.
José Luis Luna Torres, estudiante originario de Amilcingo, Morelos, entre los 43 desaparecidos.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A. C., recibimos de familiares y habitantes del pueblo de Amilcingo la solicitud de intervención, por la desaparición del joven estudiante José Luis Luna Torres, de 20 años de edad, quien cursaba el primer grado de la Normal de Ayotzinapa. Han solicitado a la vez, la intervención del gobierno de Morelos, del Congreso del estado, para demandar el apoyo para conseguir la presentación con vida de José Luis y de todos los 43 desaparecidos, para que no haya impunidad, firmando más de 300 habitantes de Amilcingo.

Este hecho ocurrió en el marco de las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa en la cabecera municipal de Iguala, Guerrero, siguen en calidad de desaparecidos 43 normalistas. El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, ha incumplido con su obligación de realizar la búsqueda exhaustiva de los jóvenes desaparecidos de manera inmediata, con la debida diligencia y conforme a los más altos estándares internacionales en la materia.
No debe pasarse por alto que en el Informe emitido tras su más reciente visita a México, el Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada de Personas recomendó: “Que se garantice la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar la desaparición forzada de personas”. Señalando además que ante las desapariciones: “Se deben utilizar todos los medios disponibles para garantizar que las investigaciones y procedimientos judiciales sean expeditos, de acuerdo con los protocolos y manuales que cumplan con los lineamientos establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Las diferentes instancias involucradas en los procedimientos de investigación y en los procesos judiciales deben contar con los necesarios recursos humanos y materiales para realizar sus labores adecuadamente, de forma independiente e imparcial.
Aquellas personas involucradas en labores de investigación deben contar con garantías de protección. Las investigaciones deben asumir líneas de investigación específicas de acuerdo con los patrones de la zona, tiempo o período y/o autoridad involucrada. Los resultados de todas las investigaciones deben ser públicos”. Recalcando adicionalmente que se debe: “asegurar que no recaiga en las víctimas y sus familiares la obligación de obtener y proporcionar los elementos de prueba”.
Los familiares, con acompañamiento de los organismos civiles de derechos humanos, han acudido a prácticamente todas las instancias para buscar a los estudiantes, agotando poco a poco los recursos legales disponibles.
Primeramente, la identidad de los normalistas desaparecidos ha sido acreditada y ratificada por los padres de familia dentro de la investigación AEBPNL/49/2014 que realiza la Agencia especializada del ministerio público en búsqueda de personas no localizadas de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Es decir, los padres y las madres han acudido a comparecer formalmente ante el ministerio público a colaborar en la investigación. Así, dentro de la indagatoria ya fueron rendidas las declaraciones de la mayoría de los padres de familia de los 43 estudiantes normalistas que aún permanecen desaparecidos.
De igual forma, luego de que los familiares presentaran también un juicio de amparo y apelaran a la Justicia Federal para encontrar a sus desaparecidos, el actuario del Juzgado Noveno de Distrito en Iguala, concluyó el día de ayer la revisión de los centros de detención en búsqueda de los estudiantes desaparecidos e hizo constar dentro el amparo número 490/2014 que no fueron encontrados los normalistas en ninguno de estos lugares. Es decir, la posibilidad de que los jóvenes se encuentren retenidos en cárceles o recintos oficiales, está con pruebas descartada.
En el mismo sentido, los familiares acudieron también al sistema ombudsman. El mismo 28 de septiembre se interpusieron dos quejas ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, la queja VG/203/2014-II por los hechos de violencia ocurridos el 26 y 27 de septiembre, y la queja VG/204/2014 por la desaparición forzada de los estudiantes normalistas detenidos por la policía preventiva municipal de Iguala. Ninguna de estas ha derivado en la ubicación de los jóvenes desaparecidos; pese a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se ha sumado de forma decidida a los operativos de búsqueda.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió al gobierno mexicano una solicitud de medidas cautelares de protección a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones demanden la presentación con vida de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Como puede advertirse, los familiares han acudido a todas las instancias para pedir su intervención en la búsqueda de los desaparecidos, incluso poniendo su vida en riesgo al desplazarse en el descompuesto contexto de Iguala. Al día de hoy, la búsqueda de los jóvenes desaparecidos tras las agresiones armadas de policías y civiles en Iguala ha sido infructuosa. La situación es de extrema preocupación, dado que con los antecedentes de violencia en Iguala, colocan a los estudiantes en el máximo riesgo.
Llamamos de nuevo a la sociedad civil nacional e internacional a que demanden la inmediata presentación con vida de todos los estudiantes que hoy se encuentran desaparecidos.
Luego de que el sábado 4 de octubre se localizaran seis fosas clandestinas en la colonia Pueblo Viejo en Iguala, la sociedad civil se puso en alerta, pero sobre todo a las familias de los 43 normalistas desaparecidos, ante la posibilidad de que puedan ser los restos de los estudiantes.
Demandamos que se realice una investigación expedita e imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables, que garantice el derecho de los familiares y la sociedad en su conjunto a la verdad y la justicia. En este sentido, exigieron a la Procuraduría General de la República que el proceso de identificación forense se lleve a cabo dentro de los más altos estándares científicos y garantizando el respeto de los derechos de las víctimas en los términos del artículo 21 de la Ley General de Víctimas, que establece, entre otros, el derecho de los familiares a designar peritos independientes.
Este ataque, la ejecución extrajudicial, las desapariciones forzadas en contra de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, es el resultado de la política sistemática de violaciones a los derechos humanos en contra de las y los mexicanos, y una muestra inequívoca de la estrategia de represión dirigida contra el movimiento social organizado, la cual se constituye terrorismo de Estado.
El Sistema de las Naciones Unidas en México (ONU México) condenó “enérgicamente” los hechos de violencia y la desaparición de 43 estudiantes. Difundió mediante un comunicado que están “profundamente conmovidos por lo ocurrido y se une respetuosamente a la zozobra de las familias”. Señalaron que la desaparición de tantas personas, “coloca lo acontecido entre los sucesos más terribles de los tiempos recientes”.
Finalmente, nos sumamos a la convocatoria realizada por padres y madres de familia para llevar a cabo una movilización nacional el 8 de octubre por justicia y verdad y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre quienes se encuentra el joven morelense José Luis Luna Torres, de Amilcingo.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
Atentamente.
Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos A.C.

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