Crece la consciencia social y organización colectiva

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Protestar es un derecho y reprimir es un delito. El primero de diciembre de 2014 el país será escenario de grandes movilizaciones por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y contra las medidas autoritarias y represivas del gobierno de Peña Nieto, avaladas por Graco. El clima de tensión social y polarización política se expresa en todos los sectores y regiones. En momentos de crisis, las contradicciones de clase, aminoradas por el control desde arriba de manera cotidiana, terminan estallando. Se abre un período de inestabilidad social y política que termina definiéndose por el grado de correlación de fuerzas que se logre establecer. El período abierto desde el 26 y 27 de septiembre con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los asesinatos de estudiantes y otras personas en Iguala, ha ido creciendo y se mantiene, ante la nula respuesta del Estado por resolver la demanda principal que se ha extendido por todo el país y por diversas partes del mundo: Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Crece la consciencia social de que únicamente mediante la protesta y la organización colectiva se puede obtener el respeto a los derechos humanos de todas y todos. A la vez, el Estado trata de controlar los daños mediante una estrategia de contención, manipulación y represión que, a pesar de todo, no le ha resultado favorable. El uso de cuerpos policiacos, militares, de la Marina y de la Gendarmería, a través del Mando Único, es la estrategia fundamental de un Estado que hace mucho abandonó las políticas sociales para fortalecer el aparato represivo. Las 10 medidas presentadas por Peña Nieto no responden a la desoladora y grave situación en la que se encuentran miles y miles de familias que tienen personas desaparecidas. La inmensa mayoría de los casos de desaparición no se han esclarecido, por el contrario, siguen aumentando, como es el caso de Guerrero, donde continúan encontrando fosas clandestinas o de Tamaulipas, en donde se han reportado más de 750 nuevos casos tan sólo en este año. Además, no son atendidos con prontitud ni con eficacia en los ministerios públicos. De ahí el grave riesgo de sucesivas oleadas de detenciones arbitrarias, persecución, amenazas, intimidaciones, presos políticos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, con el uso de la tortura y la violencia institucional.
Ayotzinapa es el punto de quiebre de todo un sistema de dominación represivo y antidemocrático, que ha sido develado ante los ojos de millones de personas que ya identifican a los autores de estos crímenes de lesa humanidad. Y por ello, el cuestionamiento a los gobiernos es más fuerte y profundo. Muchas voces de las Doñas de Eureka no fueron escuchadas, ellas han exigido acabar con las desapariciones. El 20 de noviembre se organizó una marcha en el Distrito Federal con el objetivo de demandar justicia y contra la desaparición forzada y fue brutalmente reprimida. Aun cuando ya fueron liberados 11 detenidos, muestran la estrategia represiva. Las manifestaciones que se han organizado a raíz de estos hechos se han extendido en todo el país para mostrar descontento sobre la situación actual que se vive en México y sumar otros reclamos sociales, contra el feminicidio y las desapariciones de mujeres, como en Morelos. Durante la protesta se han documentado violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. El alto índice de impunidad, con la que actúan, la violencia generalizada hacia la población que reclama justicia y la presencia del crimen organizado, ahora más que nunca es necesario el respeto y garantía de los derechos humanos. No es mediante la violación de los derechos humanos, la persecución, intimidación, presión y amenaza como se construye la paz y el diálogo. Ante esto, y ante las recientes declaraciones de Peña Nieto nos vemos en la necesidad de reiterar que no se trata sólo de voluntad discursiva, ni de respuestas coyunturales, sino de hechos concretos que lleven no simplemente a la aprobación de una Ley General para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas en la Búsqueda eficaz e Inmediata de Personas Desaparecidas. Este mecanismo de búsqueda es importante para la localización de los desaparecidos con vida, para lo cual se requieren medidas inmediatas. Para esto, será necesario contar con la asesoría de expertos en el tema de desaparición forzada, así como de los familiares y las organizaciones de derechos humanos que tienen experiencia en el tema. Ante la situación alarmante que estamos viviendo en el país el Estado debe dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas en materia de desaparición forzada hechas por diversos organismos internacionales, así como también que se retire la reserva al Artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, con lo cual se ha limitado la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU para recibir peticiones individuales en el caso de México. La ciudadanía no está dispuesta a seguir permitiendo que las instituciones corrompidas sigan al servicio de los dueños del capital. De ahí la magnitud de la inconformidad que este Primero de Diciembre se expresará, como en Morelos, donde la marcha iniciará a las 5 de la tarde del Calvario al zócalo de Cuernavaca.

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