Archivo mensual: enero 2015

Desaparecidos en campos militares

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Campos militares como cárceles clandestinas para desaparecidas y desaparecidos políticos. Desde 1968 el Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México fue utilizado por el gobierno priísta de Díaz Ordaz para mantener prisioneros a activistas y dirigentes del movimiento estudiantil y posteriormente llevados a Lecumberri, donde actualmente existe el Archivo General de la Nación, ahí se encuentran documentos clasificados y otros al alcance de periodistas e investigadores, que muestran testimonios, ordenes y correspondencia oficial que dan cuenta pormenorizada de los horrores que representa la práctica política de la desaparición forzada que es una verdadera biotecnología del poder, diseñada, orquestada, planificada y ejecutada por todas las estructuras institucionales del poder político-militar en nuestro país. ¿Acaso ya no existen cárceles clandestinas en las zonas militares en México? El GPS de uno de los normalistas indica que el último sitio donde estuvo fue precisamente en el cuartel de la Zona Militar 27 de Iguala. El mismo cuartel que Gobernación dice que abrirá sus puertas luego de que las madres y padres de desaparecidos y normalistas penetraron a la fuerza y fueron reprimidos por la policía militar resultando varios heridos entre ellos Omar García dirigente de la FECSUM. ¿Acaso encontrarán a alguien ahí después de cuatro meses? La respuesta parece obvia. Más aún cuando Gobernación anunció primero que todos los cuarteles militares se abrirían y luego retrocedió para decir que sólo el de Iguala. Al mismo tiempo, se dio a conocer una resolución de la SCJN para que se permita la búsqueda en campos militares de dos desaparecidos militantes del EPR. ¿Se abrirán realmente las cárceles clandestinas de esos lugares impenetrables bajo resguardo de las fuerzas armadas? Tenemos memoria y conviene recordar que el Cuartel del 48 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, ubicado en Atoyac, Guerrero, fue utilizado inclusive como un lugar de fosas clandestinas y que por resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se obligó a buscar a Rosendo Radilla, Lucio Cabañas y 450 desaparecidos, después de 30 años. De igual manera se utilizó a la Base Aérea Militar Número 7 de Pie de la Cuesta en Acapulco y la base Aérea de Santa Lucía, Estado de México. En Morelos José Ramón sigue desaparecido y no olvidamos que Jehtro Ramses fue desaparecido en la 24 zona militar. Existen documentos de los años 70s, durante la guerra de contrainsurgencia en la sierra de Atoyac, cifrados por los militares donde establecen las coordenadas en donde desaparecieron a personas a quienes mencionan como “paquetes” para tratar de impedir que se sepan los nombres, quienes fueron enviados a los campos militares donde permanecieron días, semanas y meses como prisioneros clandestinos, sin que se les fincaran cargos ni se les sometiera a juicio alguno, privándolos de la libertad y de todos sus derechos humanos, sin derecho a presunción de inocencia ni a un juicio justo, arrancándolos de sus familias que décadas después los siguen buscando. Es el caso de la familia de Lucio Cabañas, donde uno de sus familiares, Cutberto Ortíz Ramos, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, fue víctima de desaparición junto con 42 normalistas, originario de San Juan de las Flores, donde también su abuelo Felipe Ramos Cabañas fue desaparecido en los años 70s. La pregunta no es si pueden estar vivos, porque la respuesta no puede tener la certeza de que estén muertos. Es necesario que los cuarteles militares estén bajo el escrutinio público de misiones internacionales, como lo demandan los familiares de los desaparecidos, para que dejen de ser utilizados como cárceles clandestinas. Y no se puede descartar que alguien esté en esos lugares privados de su libertad en este momento. Testimonios revelan que desaparecidos dejaron algún escrito en un papel o en la pared, y que otros que llegaron y luego pudieron sobrevivir a la tortura y desaparición dieron datos para saber la suerte de los que ahí les precedieron. Un escrito a lápiz o con un clavo en la pared, testimonio crudo y desgarrador, pista que puede ser utilizada, tanto o más que el ADN que ahora pretenden que fue calcinado peor que en una terrorífica hecatombe. En la investigación “Defensoras Somos Todas” de la cidhmor, presentamos el testimonio de Alejandra Cárdenas, quien estuvo desaparecida en el Campo Militar Número Uno, igual que otras mujeres. El Informe Histórico de la Femospp y el Informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero documentan ampliamente cientos de testimonios obtenidos en la Sierra de Atoyac. Luchamos por la vida y no vamos a matar ni con el pensamiento a nuestros desaparecidos, nos dicen las madres de los desaparecidos. No vamos a permitir que asesinen la esperanza. No nos quedaremos en silencio ante la brutalidad y el terror de la clase dominante. Nos hundimos en los archivos a buscar una y otra vez las pistas de lo que han tratado de ocultar. No podrán borrar de la mente y de los corazones la sonrisa alegre de quienes han dicho basta y echado a andar. Por todas partes del mundo se suman las voces y cantos de protesta y no dan tregua al poder y su lógica militarista y policíaca. Eso hemos analizado y compartido con sindicalistas, telefonistas, electricistas, magisterio, convocados por el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, y desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos sumamos a la marchar este 26 de enero a las 4 de la tarde del Calvario al zócalo de Cuernavaca, en la Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, a 4 meses de la desaparición de los 43 y por la presentación de todas y todos los desaparecidos en Morelos y en el país.

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Urge Alerta de Violencia de Género en Morelos

Juliana G. Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz.
Hemos advertido que el feminicidio es creciente en Morelos, hemos documentado casos desde 2001 hasta la fecha y no podemos aceptar más impunidad, ni que se revictimice y criminalice a mujer que sufre feminicidio como el reciente ocurrido en el municipio de Zapata. Una política pública, es lo que se requiere en materia de derechos de las mujeres, para garantizar su vida y la libertad de las mujeres, eso es la Alerta De Violencia de Género (AVG).
El día 13 de enero de 2015 fue recibida la Comisión Independiente de Derechos Humanos por el Secretario General de Gobierno, Dr. Matias Quiróz Medina, para abordar el tema de la AVG. Ahí, durante una hora y media expusimos puntualmente las investigaciones que hemos realizado durante 13 años de feminicidio, que dio origen a la solicitud de AVG, y solicitamos se nos informe las medidas que el gobierno ha tomado para cumplir las 15 recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo, de acuerdo a la ruta critica realizado por la CONAVIM. Ahí entregamos el oficio que les recuerda que el gobierno de Morelos tiene 6 meses a partir del 17 de septiembre de 2014 que concluyen en el mes de marzo para cumplir con las 15 recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre feminicidio, creado ante la solicitud de Alerta de Violencia de Género, entregado a través del CONAVIM. En cada una de las recomendaciones hay medidas de verificación del cumplimiento, mismas que deberán ser notificadas al Grupo de Trabajo. Por nuestra parte, como grupo solicitante no hemos visto que exista voluntad política del gobierno para cumplirlas, ya que ha dado sobradas muestras de simulación y doble discurso sobre los derechos de las mujeres y sigue aplicando una violencia institucional que tiene en el feminicidio su expresión extrema. Por estas consideraciones, es que vemos urgente y necesario conocer directamente cuales son las medidas tomadas por cada una de las instancias señaladas en las observaciones hacia las recomendaciones enviadas para atender la Alerta de Violencia de Género en Morelos, que responda a la necesidad verdaderamente de que se tomen las medidas para investigar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que no haya un feminicidio más en la impunidad y que se garantice una vida libre de violencia a las mujeres.
De acuerdo al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la emisión de la Alerta de Violencia de Género, establece claramente que “El informe del grupo de trabajo debe identificar las violaciones concretas a los derechos humanos de las mujeres, las cuales serán la base para la consolidación de sus conclusiones. En este sentido, el grupo de trabajo analizó las causas y consecuencias de la violencia feminicida, derivada de las violaciones a los derechos humanos a las mujeres. A partir de la definición de tales causas y consecuencias establece, respectivamente, sus conclusiones respecto de las acciones concretas que deberá realizar la entidad federativa para cumplir con sus obligaciones, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 26 de la Ley General de Acceso y las disposiciones que en la materia establece la Ley General de Víctimas.” Son 15 recomendaciones en total las que se hicieron por parte del Grupo de Trabajo al gobierno de Morelos: 1.-En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida.2.-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados. 3.-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Incluso, se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal. 4.-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. 5.-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia. 6.-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación. 7.-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones que le atañe la ley. Actualmente hay fallas en su operación. Corresponde a la secretaría de gobierno. 8.-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes. 9.-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación. 10.-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres.
11.-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia. 12.-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o expareja sentimental de la víctima. 13.-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres. 14.-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género.
15.-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica. Por todo lo anterior, solicitamos ser debidamente informadas de todas y cada una de las medidas tomadas al respecto. Es una necesidad para la sociedad y una obligación para las autoridades. ¡Ni un feminicidio impune más en Morelos!

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Sumar resistencias y alternativas organizadas.

Marco Aurelio Palma Apodaca y Juliana Quintanilla

En el inicio de 2015 mantenemos como ejes principales de nuestra lucha: la presentación con vida de los 43 estudiantes de esta histórica Normal Rural, el castigo a los responsables de esta desaparición y los asesinatos perpetrados contra compañeros; la caída de Peña Nieto, porque es el brazo ejecutor del Estado y no representa los intereses del pueblo; la libertad inmediata e incondicional de todos las presas y presos políticos, contra las reformas neoliberales y contra la criminalización de los movimientos sociales y la militarización, alto al feminicidio y la inseguridad. Continuaremos realizando acciones en todo el territorio nacional y convocando a las organizaciones, sindicatos y colectivos para unificar nuestra lucha en contra de la política federal neoliberal de desmantelamiento que busca desaparecer a las normales rurales misma que ha dejado en el pasado numerosos procesos de conflicto y enfrentamientos entres los estudiantes organizados que defienden a sus propias escuelas y los gobiernos estatales, que han fungido como la mano dura de una política nacional federal. El conflicto de Ayotzinapa no es un problema de seguridad pública y violencia del crimen organizado, es una crisis que representa el deterioro acelerado del Estado mexicano en su conjunto y del régimen político oligárquico y se desarrolla en medio de tres grandes procesos de conflictividad. El primero de ellos es el crecimiento económico explotador que requiere de mayor precarización, desindustrialización, terciarización y destrucción de derechos colectivos que ha reconvertido al país, fragmentándolo en numerosas zonas de mano de obra barata para el mercado mundial. El segundo es el crecimiento económico depredador que requiere expandirse sobre la tierra, el territorio y los bienes naturales comunes, fragmentando el territorio en zonas de abastecimiento de materias primas, y territorios para nuevos mercados. El tercer proceso es el del crecimiento con tintes gigantescos del conglomerado del mercado criminal de narcotráfico, armas y trata de personas que en la última década se constituyó como la tercera gran vía económica de crecimiento capitalista en nuestro país. Mano de obra barata, abastecimiento de materias primas y zona de industria criminal bien pueden ser las tres coordenadas para comprender al México de hoy.
Esta situación no está aislada. Es parte de la ofensiva neoliberal contra el conjunto de la población trabajadora. Reprimir para explotar es parte de la estrategia del capital. Nunca están separados los procesos políticos de los económicos y sociales en la realidad. El gobierno y el capital apuestan a impedir las movilizaciones de protesta porque les urge imponer su política por la vía autoritaria. Por eso, ante el creciente deterioro de la calidad de vida de la mayoría se necesita luchar contra la explotación capitalista. Impusieron un salario mínimo de burla y un aumento a la gasolina al inicio del año. Es falso que “nadie percibe el salario mínimo, sólo se usa como referencia”, pues casi 7 millones de trabajadores (en mayor porcentaje mujeres) sobreviven con ese nivel de ingresos. De 2008 a la fecha se han creado más empleos con ingresos de entre uno y tres salarios mínimos, a la vez que se han perdido empleos con percepciones de tres o más salarios mínimos. México tiene el peor salario mínimo de la OCDE y uno de los peores de todo el planeta. La productividad laboral de nuestro país es la segunda de la región (sólo después de Chile, cuyo minisalario es tres veces el nuestro), pero nuestro minisalario es equivalente al de los países con menor productividad. Es falso que una política activa de recuperación del salario mínimo generaría inflación o destruiría empleos. De hecho, dadas las condiciones de nuestra economía, esta política podría contribuir a la generación de empleos y al aumento en la productividad. Estos y otros temas se abordaron en la Segunda Asamblea Nacional de las Resistencias, que se llevó a cabo este 10 de enero de 2015 en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, ahí se acordaron tareas y actividades tendientes a fortalecer la coordinación de las diferentes iniciativas y espacios de lucha en contra de las políticas neoliberales del gobierno de la oligarquía encabezado por Peña Nieto. Trazamos la ruta a seguir para dotar al movimiento de una perspectiva programática de lucha independiente. Apoyamos la búsqueda ciudadana de los 43 normalistas desaparecidos. Sumamos nuestra acción para el día 12 de enero cuando se realizarán mítines en los cuarteles militares de todo el país ante la evidencia de que el Ejército mexicano ha participado en la desaparición forzada de personas en el pasado y en la historia reciente, como se ha documentado por el Comité Eureka y todo apunta hacia allá en el caso de los 43 desaparecidos normalistas. El 26 de enero, se llevará a cabo la VIII Jornada global nacional e internacional por Ayotzinapa y por México. Se acuerda una concentración nacional en la Ciudad de México con la realización de 4 marchas simultáneas que arriben al zócalo de la capital del país exigiendo la presentación con vida de los desaparecidos de todo el país. Hoy más que nunca mantener la independencia en la lucha y la organización es vital para defender plenamente los derechos humanos de todas y todos. cidhmorelos@gmail.com

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Reunión de la CIDHM con Secretario de Gobierno en Morelos sobre Alerta de Violencia de Género

El día 13 de enero de 2015 fue recibida la Comisión Independiente de Derechos Humanos por el Secretario General de Gobierno, Dr. Matias Quiróz Medina, para abordar el tema de la Alerta de Violencia de Genero. Ahí, durante una hora y media expusimos puntualmente las investigaciones que hemos realizado durante 13 años de feminicidio, que dio origen a la solicitud de Alerta de Violencia de Género, y solicitamos se nos informe las medidas que el gobierno ha tomado para cumplir las 15 recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo, de acuerdo a la ruta critica realizado por la CONAVIM. Ahí entregamos el oficio que damos a conocer a continuación.

Cuernavaca, Morelos, 13 de enero de 2014.
Dr. Matías Quiroz Medina
Secretario General de Gobierno
Gobierno del Estado de Morelos.
Presente.

Como es de su conocimiento, el gobierno de Morelos tiene 6 meses a partir del 17 de septiembre de 2014 para cumplir con las 15 recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre feminicidio, creado ante la solicitud de Alerta de Violencia de Género, entregado a través del CONAVIM.
En cada una de las recomendaciones hay medidas de verificación del cumplimiento, mismas que deberán ser notificadas mensualmente al Grupo de Trabajo.
Por nuestra parte, COMO GRUPO SOLICITANTE no hemos visto que exista voluntad política del gobierno para cumplirlas, ya que ha dado sobradas muestras de simulación y doble discurso sobre los derechos de las mujeres y sigue aplicando una violencia institucional que tiene en el feminicidio su expresión extrema.
Por estas consideraciones, es que vemos urgente y necesario conocer directamente cuales son las medidas tomadas por cada una de las instancias señaladas en las observaciones hacia las recomendaciones enviadas para atender la Alerta de Violencia de Género en Morelos, que responda a la necesidad verdaderamente de que se tomen las medidas para investigar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que no haya un feminicidio más en la impunidad y que se garantice una vida libre de violencia a las mujeres.
De acuerdo al reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la emisión de la Alerta de Violencia de Género, establece claramente que “El informe del grupo de trabajo debe identificar las violaciones concretas a los derechos humanos de las mujeres, las cuales serán la base para la consolidación de sus conclusiones. En este sentido, el grupo de trabajo analizó las causas y consecuencias de la violencia feminicida, derivada de las violaciones a los derechos humanos a las mujeres. A partir de la definición de tales causas y consecuencias establece, respectivamente, sus conclusiones respecto de las acciones concretas que deberá realizar la entidad federativa para cumplir con sus obligaciones, de conformidad con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 26 de la Ley General de Acceso y las disposiciones que en la materia establece la Ley General de Víctimas.”
Como usted sabe, son 15 recomendaciones en total las que se hicieron por parte del Grupo de Trabajo al gobierno de Morelos, que nos permitimos reproducir a continuación:
1.-En ninguno de los casos de feminicidios reconocidos por el gobierno se ha otorgado reparación integral del daño. El estado debe crear un sistema para garantizar que se reparará a las víctimas de violencia feminicida.
2.-Se debe crear un Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres para tener datos confiables y actualizados.
3.-Garantizar que se investiguen los casos de feminicidio en Morelos, pues la mayoría están inconclusos. Incluso, se recomienda proponer la posibilidad de revisar y reabrir los casos en reserva temporal.
4.-Diseñar mecanismos de coordinación entre las fiscalías que atienden a mujeres víctimas de violencia para que se pueda registrar los tipos de violencia que sufren. Actualmente no hay coordinación entre las instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
5.-Se deben dictar órdenes de protección en todos los casos en los que exista un riesgo de daño a mujeres víctimas de violencia. 6.-Realizar acciones para sensibilizar a los medios de comunicación en el tema de violencia de género, derechos humanos y respeto a las víctimas, pues actualmente se usa un lenguaje de estereotipos y discriminación.
7.-Supervisar que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres cumpla con las obligaciones que le atañe la ley. Actualmente hay fallas en su operación. Corresponde a la secretaría de gobierno.
8.-Destinar presupuesto para atender el problema de la violencia contra las mujeres y la desigualdad de género con políticas públicas y programas permanentes.
9.-Dar capacitaciones en materia de perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres que sean eficientes, planeadas y con mecanismos de seguimiento y evaluación.
10.-Que las autoridades encargadas de procuración de justicia conozcan los protocolos de investigación de delitos cometidos en contra de las mujeres.
11.-Diseñar protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia.
12.-Implementar un programa de prevención de violencia para responder a los datos que indican que el agresor es, en la mayoría de los casos, la pareja o expareja sentimental de la víctima.
13.-Crear un programa estatal con perspectiva de género relativo a la atención y re-educación de personas generadoras de violencia contra las mujeres.
14.-Diseñar modelos de comunicación externos (dirigidos a la población en general) e internos (dirigidos a las funcionarias y funcionarios en todos los niveles del sector público) para concientizar en perspectiva de género.
15.-La infraestructura con la que Morelos cuenta actualmente es insuficiente para atender los casos de violencia, se propone fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención (incluyendo al sector salud), investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres pero también crear centros de atención especializados que proporcionen asistencia jurídica y psicológica.

Por todo lo anterior, solicitamos ser debidamente informada nuestra organización de todas y cada una de las medidas tomadas al respecto.

Sin otro particular, atentamente.

Comisión Independiente de Derechos humanos de Morelos A.C.

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