Desaparecidos en campos militares

José Martínez Cruz y Marco Aurelio Palma Apodaca

Campos militares como cárceles clandestinas para desaparecidas y desaparecidos políticos. Desde 1968 el Campo Militar Número Uno en la Ciudad de México fue utilizado por el gobierno priísta de Díaz Ordaz para mantener prisioneros a activistas y dirigentes del movimiento estudiantil y posteriormente llevados a Lecumberri, donde actualmente existe el Archivo General de la Nación, ahí se encuentran documentos clasificados y otros al alcance de periodistas e investigadores, que muestran testimonios, ordenes y correspondencia oficial que dan cuenta pormenorizada de los horrores que representa la práctica política de la desaparición forzada que es una verdadera biotecnología del poder, diseñada, orquestada, planificada y ejecutada por todas las estructuras institucionales del poder político-militar en nuestro país. ¿Acaso ya no existen cárceles clandestinas en las zonas militares en México? El GPS de uno de los normalistas indica que el último sitio donde estuvo fue precisamente en el cuartel de la Zona Militar 27 de Iguala. El mismo cuartel que Gobernación dice que abrirá sus puertas luego de que las madres y padres de desaparecidos y normalistas penetraron a la fuerza y fueron reprimidos por la policía militar resultando varios heridos entre ellos Omar García dirigente de la FECSUM. ¿Acaso encontrarán a alguien ahí después de cuatro meses? La respuesta parece obvia. Más aún cuando Gobernación anunció primero que todos los cuarteles militares se abrirían y luego retrocedió para decir que sólo el de Iguala. Al mismo tiempo, se dio a conocer una resolución de la SCJN para que se permita la búsqueda en campos militares de dos desaparecidos militantes del EPR. ¿Se abrirán realmente las cárceles clandestinas de esos lugares impenetrables bajo resguardo de las fuerzas armadas? Tenemos memoria y conviene recordar que el Cuartel del 48 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, ubicado en Atoyac, Guerrero, fue utilizado inclusive como un lugar de fosas clandestinas y que por resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se obligó a buscar a Rosendo Radilla, Lucio Cabañas y 450 desaparecidos, después de 30 años. De igual manera se utilizó a la Base Aérea Militar Número 7 de Pie de la Cuesta en Acapulco y la base Aérea de Santa Lucía, Estado de México. En Morelos José Ramón sigue desaparecido y no olvidamos que Jehtro Ramses fue desaparecido en la 24 zona militar. Existen documentos de los años 70s, durante la guerra de contrainsurgencia en la sierra de Atoyac, cifrados por los militares donde establecen las coordenadas en donde desaparecieron a personas a quienes mencionan como “paquetes” para tratar de impedir que se sepan los nombres, quienes fueron enviados a los campos militares donde permanecieron días, semanas y meses como prisioneros clandestinos, sin que se les fincaran cargos ni se les sometiera a juicio alguno, privándolos de la libertad y de todos sus derechos humanos, sin derecho a presunción de inocencia ni a un juicio justo, arrancándolos de sus familias que décadas después los siguen buscando. Es el caso de la familia de Lucio Cabañas, donde uno de sus familiares, Cutberto Ortíz Ramos, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, fue víctima de desaparición junto con 42 normalistas, originario de San Juan de las Flores, donde también su abuelo Felipe Ramos Cabañas fue desaparecido en los años 70s. La pregunta no es si pueden estar vivos, porque la respuesta no puede tener la certeza de que estén muertos. Es necesario que los cuarteles militares estén bajo el escrutinio público de misiones internacionales, como lo demandan los familiares de los desaparecidos, para que dejen de ser utilizados como cárceles clandestinas. Y no se puede descartar que alguien esté en esos lugares privados de su libertad en este momento. Testimonios revelan que desaparecidos dejaron algún escrito en un papel o en la pared, y que otros que llegaron y luego pudieron sobrevivir a la tortura y desaparición dieron datos para saber la suerte de los que ahí les precedieron. Un escrito a lápiz o con un clavo en la pared, testimonio crudo y desgarrador, pista que puede ser utilizada, tanto o más que el ADN que ahora pretenden que fue calcinado peor que en una terrorífica hecatombe. En la investigación “Defensoras Somos Todas” de la cidhmor, presentamos el testimonio de Alejandra Cárdenas, quien estuvo desaparecida en el Campo Militar Número Uno, igual que otras mujeres. El Informe Histórico de la Femospp y el Informe de la Comisión de la Verdad de Guerrero documentan ampliamente cientos de testimonios obtenidos en la Sierra de Atoyac. Luchamos por la vida y no vamos a matar ni con el pensamiento a nuestros desaparecidos, nos dicen las madres de los desaparecidos. No vamos a permitir que asesinen la esperanza. No nos quedaremos en silencio ante la brutalidad y el terror de la clase dominante. Nos hundimos en los archivos a buscar una y otra vez las pistas de lo que han tratado de ocultar. No podrán borrar de la mente y de los corazones la sonrisa alegre de quienes han dicho basta y echado a andar. Por todas partes del mundo se suman las voces y cantos de protesta y no dan tregua al poder y su lógica militarista y policíaca. Eso hemos analizado y compartido con sindicalistas, telefonistas, electricistas, magisterio, convocados por el Pacto Morelos por la Soberanía Alimentaria y Energética, y desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos nos sumamos a la marchar este 26 de enero a las 4 de la tarde del Calvario al zócalo de Cuernavaca, en la Jornada de Acción Global por Ayotzinapa, a 4 meses de la desaparición de los 43 y por la presentación de todas y todos los desaparecidos en Morelos y en el país.

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